Un factor que siempre constituye un referente importante, que fortalece y legitima nuestra democracia, es la participación de las personas observadoras electorales; figuras que dan transparencia a las diversas etapas del proceso electoral incluido, por supuesto, la jornada electoral.
La observación electoral apareció por primera vez en la normativa electoral en 1993 para ciudadanas y ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos políticos y electorales, para presenciar las distintas etapas que conforman los procesos electivos en México. En 1994 una nueva reforma permitió la observación electoral internacional bajo la figura de “visitantes extranjeros”.
Desde entonces la observación electoral ha sido un ingrediente que genera certeza en las acciones que las autoridades electorales y los diversos actores con incidencia en estos procesos realizan para la organización y desarrollo de los procesos electorales.
En este sentido, y toda vez que estamos a unos cuantos días de la celebración de la elección judicial, un ejercicio inédito que se realiza por primera vez en México y en el que las y los ciudadanos podrán elegir a través de su voto a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de Circuito y personas juzgadoras de Distrito, la observación electoral se vuelve un referente importante que se torna más relevante si tenemos en cuenta que los partidos políticos no pueden participar en ninguna etapa de este proceso y, por tanto, no habrá representaciones partidistas en las casillas seccionales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) desde septiembre del año pasado emitió la Convocatoria para que las personas interesadas participaran como observadoras electorales en este proceso electoral extraordinario.
Desde entonces, las y los interesados pudieron registrar sus solicitudes de manera presencial o en la página electrónica que el INE dispuso para ello, advirtiendo los diversos requisitos legales que las y los solicitantes debían cumplir, destacando el ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los últimos tres años; no ser, ni haber sido candidata o candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años; no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales, y no ser representante o militante de algún partido político.
Bajo este contexto, el pasado 22 de mayo se presentó ante el Consejo General del INE el “Informe sobre el desarrollo del procedimiento para la acreditación de la ciudadanía interesada en participar como Observadora Electoral” para esta elección del Poder Judicial de la Federación.
En este Informe, con corte al 21 de mayo, destaca que la autoridad electoral recibió 316,498 solicitudes de registro, de las cuales 192,113 son mujeres, 124,336 hombres, y 49 son personas no binarias.
Es de destacar que la ciudadanía en un rango de entre los 21 y 25 años representan el 12.6% de las solicitudes presentadas (39,774 solicitudes), y en su conjunto el rango de 21 hasta 40 años representa el 49.9% con 151,684 solicitudes; cifras con las que podemos decir, tal cual sucedió en el proceso electoral de 2024, que las personas jóvenes son las que demuestran mayor interés en observar los procesos electorales en nuestro país.
Del total de solicitudes de acreditación, el 19.86%, que equivalen a 62,552 han sido rechazadas porque no cumplen con algún requisito legal; de estos, 47,261, es decir, el 75.55% corresponden a solicitudes de personas que se encuentran registradas como militantes, fueron candidatas o candidatos, o son personas servidoras públicas vinculadas a programas sociales, por lo cual no pueden ser aprobadas sus solicitudes como personas observadoras electorales.
Ahora bien, en virtud de que el INE tiene contemplado contar con una información consolidada al 31 de mayo, solicité ante el pleno del Consejo General que el informe que se presente desglose con más detalle la información sobre las incidencias encontradas, su procesamiento, los resultados e impacto en las cifras.
No obstante, podemos decir que sorprende, y qué bueno que así lo sea, que esta elección judicial será la más vigilada de su historia y que, de los informes que presenten las personas observadoras electorales podamos encontrar áreas de oportunidad para la elección judicial de 2027.
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