La autonomía e independencia del INE, y en su momento del IFE, han permitido que la renovación de los poderes públicos en México se desarrolle con apego a los principios constitucionales y respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Una forma de menoscabar esta autonomía es a través del control presupuestal.
El artículo 41 constitucional establece que el INE es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que conlleva una indiscutible autonomía presupuestal, por eso el Instituto elabora su proyecto de presupuesto con base en requerimientos técnicos y operativos necesarios para cumplir sus funciones constitucionales. A pesar de haber un sustento documental y legal de los requerimientos financieros, desde 2019, la Cámara de Diputaciones ha realizado importantes recortes presupuestales que han puesto en continuo riesgo el cabal cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se han promovido múltiples Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender sus efectos y que se declare su invalidez.
Entre 2019 y 2023, el INE presentó cinco controversias contra los Presupuestos de Egresos de la Federación de estos años, logrando que en una de ellas la SCJN señalara que, aunque la Cámara de Diputaciones tenía la facultad de modificar el presupuesto solicitado, debía cumplir con un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción. En consecuencia, la SCJN declaró la invalidez del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, respecto al presupuesto asignado al INE.
Pese a ese antecedente, la mayoría de Consejerías electorales rechazó la propuesta que formulé el 30 de diciembre de 2024 para controvertir la reducción presupuestal de 13 mil 476 millones de pesos que se hizo para este ejercicio fiscal, a pesar de que una vez más la reducción se realizó sin ninguna motivación reforzada que justificara el recorte, vulnerando así la autonomía institucional. En lugar de ello, se optó por solicitar una ampliación presupuestal, lo que genera una dependencia financiera del Ejecutivo Federal, esa solicitud contrasta con la presentación de una Controversia Constitucional, que busca restablecer el respeto al equilibrio de poderes al evitar que uno de ellos ejerza un control indebido sobre un órgano constitucionalmente autónomo.
Es un hecho obvio que mantener una democracia cuesta dinero, y la constante reducción presupuestal a la autoridad electoral al punto de que ésta tenga que priorizar cuáles funciones constitucionales debe atender y cuales no, o tenga que determinar la reducción de los alcances de los proyectos planeados, pone en riesgo la autonomía constitucional de la que goza el INE. Ante ello, resulta indispensable acudir a los Tribunales constitucionales en defensa de esta autonomía, que en el fondo no es más que la defensa de la democracia misma.
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