Al participar en el programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula, el Consejero Electoral Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo una explicación detallada sobre cómo se lleva a cabo la asignación de diputaciones y senadurías en México bajo el principio de Representación Proporcional, un tema que ha generado amplios debates y discusiones en los últimos días.
El Consejero Espadas aclaró que, en el Sistema Electoral Mexicano, además de los diputados y senadores que se eligen por Mayoría Relativa en cada distrito o entidad, existe una asignación de curules bajo el principio de Representación Proporcional. Para la Cámara de Diputados, por ejemplo, se eligen 300 diputados por Mayoría Relativa y 200 por Representación Proporcional.
“La regla básica es simple: si un partido obtiene el 10 % de los votos, debería tener en principio el 10 % de las diputaciones de Representación Proporcional, es decir, 20 diputados”, explicó. Sin embargo, subrayó que existen ciertas particularidades que complican esta distribución, como el hecho de que no cuentan los votos nulos ni aquellos emitidos por partidos que no alcanzan el 3 % del total de votos.
Otro punto clave, señaló, es el límite de sobrerrepresentación, el cual establece que la suma de diputados obtenidos por Mayoría Relativa y Representación Proporcional no puede exceder en más de un 8 % la proporción de votos que el partido obtuvo. Esto ha generado debate sobre si este límite debe aplicarse a los partidos de manera individual o a las coaliciones como un todo, lo que ha llevado a discusiones jurídicas sobre la interpretación de la ley electoral.
“El criterio aplicado desde 2009 ha sido evaluar a los partidos de manera individual, pero actualmente existe una discusión sobre si este enfoque debiese cambiar para aplicarse a las coaliciones en su conjunto,” añadió. Este tema se encuentra en el centro de un debate que podría llegar a las más altas instancias judiciales del país.
El Consejero Espadas destacó la importancia de aplicar la ley en su literalidad, pero también reconoció que hay situaciones en las que, para proteger derechos humanos, las autoridades deben interpretar la ley de manera que evite violaciones a estos derechos.
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