La función primordial del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) es organizar procesos electorales transparentes y confiables.
Cada elección es única y se define no sólo por las reglas electorales, sino también por el contexto social y político que se vive en el país, así, los últimos procesos electorales han estado marcados por un clima de violencia.
En México, la violencia político-criminal ha ido aumentando significativamente; de acuerdo con los datos de “Votar entre Balas” (estudio de Animal Político, Data Cívica y México Evalúa) desde 2018 han sido agredidas 361 precandidaturas y candidaturas, siendo 2024 el año con mayor número de ataques, con 125 incidentes (35%). Además, de los ataques registrados, 135 resultaron en asesinatos y el 85% ocurrieron en el ámbito municipal.¹
Un dato relevante es que en los municipios con mayor número de ataques a personas candidatas o activistas de partidos políticos hay un mayor porcentaje de sustituciones del funcionariado de las Mesas Directivas de Casilla (MDC) y una disminución en los niveles de participación ciudadana el día de la elección, esto es, la violencia electoral inhibe la participación ciudadana no sólo a la hora de asistir a las urnas, sino incluso para integrar las MDC.
El INE no tiene competencia en materia de seguridad pública, sin embargo, la incidencia de violencia también impacta las labores del Instituto, por ello, aunque es a los gobiernos estatales y federal a quienes les corresponde garantizar la seguridad pública, desde 2022 en el Consejo General aprobamos el “Protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales”, en cumplimiento a las sentencias SUP-JRC-166/2021 y Acumulados y SUP-JRC-101/2022 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.²
Entre los principales objetivos de este Protocolo se encuentran el de regular la coordinación entre las autoridades de seguridad pública, el Instituto y, en su caso, los OPL, para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, y fortalecer la coordinación y colaboración con las autoridades e instituciones con competencia en temas de seguridad pública.
La violencia, en cualquiera de sus expresiones, constituye un impedimento para que las personas ejerzamos plenamente nuestros derechos y afecta un elemento fundamental para la construcción de la democracia: la realización de elecciones.
¹ Disponible en: https://votar-entre-balas.datacivica.org
² Mediante acuerdo INE/CG876/2022
Consulta el artículo en El Heraldo de México.