El ejercicio de la fiscalización es un mecanismo llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE) por conducto de su Unidad Técnica de Fiscalización que busca, conforme a lo establecido por la normatividad electoral, la rendición de cuentas del origen y destino de los recursos que utilizaron precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos, las y los candidatos independientes, y partidos políticos durante el desarrollo de los procesos electorales y, en particular, de las campañas electorales.
Este procedimiento llevado a cabo por el INE en todo el país es un ejercicio permanente que realiza en los procesos electorales federales y, a partir de la reforma electoral de 2014, también para los procesos electorales locales por los que se renuevan distintos cargos de elección popular.
En este sentido, el INE para el caso de la elección federal, es decir, por el que se renovó la presidencia de la República, así como la Cámara de diputaciones y la correspondiente al Senado, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, así como para las elecciones locales por el que se renovaron ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la ciudad de México, diversos diputaciones correspondientes a 31 Congresos locales, así como presidencias municipales, inició el pasado 14 de junio con la notificación de los oficios de errores y omisiones que el INE ha detectado en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campañas para que, los diversos actores políticos contendientes de la elección, en un plazo de cinco días, presenten las aclaraciones y, de ser el caso, las correcciones correspondientes, para poder solventar lo observado por la autoridad electoral nacional.
Bajo este contexto y de acuerdo con la calendarización aprobada por el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, a partir del 5 de julio, la Unidad Técnica de Fiscalización presentará a la Comisión respectiva, los dictámenes y proyectos de resolución sobre la revisión final de los informes de ingresos y gastos que corresponden a los periodos de obtención del apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas.
Será la Comisión de Fiscalización integrada por 5 de 11 consejeras y consejeros electorales del Consejo General quienes, en primera instancia, analizarán y revisarán dichos dictámenes pudiendo hacer las observaciones que consideren pertinentes para que, a más tardar el 12 de julio, sean aprobados por esta instancia y puestos, en su oportunidad, a disposición de la Secretaría del Consejo para que se programe su presentación respectiva ante este máximo órgano deliberativo.
Previamente, el 15 de julio los dictámenes y resoluciones serán conocidos por las 11 consejerías electorales para que el 22 de julio próximo sean presentados ante el Consejo General con el objetivo de que, en una sesión pública, sean discutidos y, por votación mayoritaria se definan las sanciones correspondientes a las que, en su caso, se hagan acreedores diversos actores políticos.
Esta ruta que aquí se describe, constituye una de las fases más importantes de todos los procesos electorales tanto federales como locales, ya que permite a los que participaron en la contienda electoral, conocer el comportamiento de otros actores políticos, revela posibles infracciones y faltas a la normativa electoral, así como, en su caso, las vistas que la autoridad tenga que dar a otras instancias en razón de que pudieron haber incurrido en otro tipo de infracciones pero que no competen al INE investigar.
La fiscalización llevada a cabo por el INE constituye una de las fases más importantes para la transparencia y la rendición de cuentas de las elecciones en México, pilar de nuestra democracia.
Veremos sus resultados.
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