El pasado 20 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de decisión, llevó a cabo una sesión para analizar, conocer, deliberar y aprobar diversos temas encaminados principalmente a la organización del proceso electoral más grande que haya tenido nuestro país.
Entre otros puntos, se analizó el relativo al Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondiente a 2023. Este documento contiene información del presupuesto solicitado por los OPLE y los montos aprobados por los respectivos Congresos locales de las entidades federativas.
Además, el INE, a través de su Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE (UTV) hizo una revisión de la de las ministraciones entregadas con el objetivo de identificar algún posible atraso de acuerdo con el calendario programado; las ampliaciones presupuestales que, en su caso, hayan sido solicitadas y la respuesta o resolución de la autoridad competente y las impugnaciones que, en su caso, se hayan presentado en contra de los decretos en los que se estableció el monto de presupuesto asignado.
A partir de estos análisis, la UTV determinó categorizar, por nivel de riesgo a los OPLE según su situación presupuestal a través de dos variables: riesgo alto, considerando que se tiene una problemática importante en la operación en sus atribuciones y actividades relacionadas con la organización del proceso electoral local, y riesgo moderado en donde los OPLE tendrían un impacto en la ejecución de diversas actividades operativas.
Es así como, ante la proximidad de las elecciones del año que entra en las que 32 entidades federativas renovarán diversos cargos de elección popular, resulta preocupante observar en algunas entidades federativas, entre lo solicitado por el OPLE y lo aprobado, importantes porcentajes de reducción que pudieran poner en peligro algunas actividades y procesos relacionados con las elecciones.
Entre las entidades que registran mayor reducción en sus presupuestos destacan Nayarit, San Luis Potosí y Colima con un 75.87%, 74.35% y 70.28%, respectivamente. Adicionalmente, 22 entidades federativas tuvieron reducciones: Puebla (63.82%), Oaxaca (59.55%), Zacatecas (53.08%), Querétaro (52.17%), Yucatán (49.83%), Nuevo León (49.15%), Jalisco (44.06%), Tabasco (40.87%), Baja California Sur (33.39%), Guerrero (33.32%), Sinaloa (33.16%), Campeche (32.38%), Morelos (31.31%), Ciudad de México (29.76%), Quintana Roo (20.19%), Chiapas (20.06%), Sonora (16.67%), Tamaulipas (15.38%), Durango (13.25%), Veracruz (11.28%), Estado de México (6.57%), y Tlaxcala (6.42%).
Solo los estados de Hidalgo, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila y Baja California no tuvieron afectación alguna entre lo solicitado y aprobado por los Congresos locales.
Esta situación tuvo como consecuencia que algunos OPLE (Campeche, Colima y Morelos), partidos políticos y legisladores y legisladoras locales impugnaran los decretos a través de los cuales se aprobaron los presupuestos de egresos. En el mismo sentido los OPLE de Baja California, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit y Tabasco solicitaron ampliación presupuestal, que en algunos casos, los menos, se otorgó dicha ampliación, en otros fue rechazada y otros más se encuentran pendientes.
En este sentido, la UTV presentó un informe en el que determinó que en riesgo alto se encuentran los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. En tanto, en riesgo medio se ubican la Ciudad de México, Morelos, Nayarit y Puebla.
Ahora bien, algunos OPLE ya han comenzado a aprobar sus anteproyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, por lo que resultará fundamental que los Congresos locales sean sensibles en considerar las peticiones formuladas si se quiere llevar a buen puerto la renovación del poder público, fundamental para nuestra democracia.
En tanto, el INE seguirá informando de forma pública en cada sesión ordinaria de Consejo General la situación presupuestal de los OPLE, con la intención de exponer las problemáticas que la falta de recursos puede implicar en la operatividad y en el cumplimiento en tiempo y forma de diversas atribuciones que tienen los OPLE.
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