- Al 31 de mayo pasado de 2023, el INE ha recibido 65,406 solicitudes de identificación de personas
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo del INE Michoacán, sostuvo que en esa entidad diversas instituciones y agrupaciones solicitaron a las autoridades electorales el apoyo para suscribir un convenio específico para coadyuvar en la búsqueda, localización e identificación de personas.
Ante esa petición, el INE en la entidad materializó un convenio con la Fiscalía General de Michoacán el 20 de abril de 2022 para la localización de personas mediante la comparación de huellas dactilares, a través del uso de la base de datos biométrica más grande del país, anotó el Vocal Ejecutivo.
Este convenio suscrito con las autoridades michoacanas se sumó a los 19 instrumentos jurídicos que el INE ha suscrito desde el 2016 con las fiscalías en las entidades federativas, ante el incremento en el lamentable problema de personas desaparecidas.
Esta ruta fue reforzada con la publicación, el 26 de enero de 2017, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que permite el tratamiento de datos personales para localización de una persona reportada como desaparecida.
Desde 2007 a la fecha, el INE ha contribuido en la identificación de cadáveres de acuerdo con el informe que se presentó ante el Consejo General del INE, que da cuenta del aumento en la demanda de la búsqueda de personas.
Delgado Arroyo precisó que, al corte del 31 de mayo pasado de 2023, el Instituto ha recibido 65,406 solicitudes en términos de identificación de personas, confirmado mediante dictamen la identificación de 6,961 personas.
Por último, indicó que existen situaciones que dificultan la obtención clara de las huellas dactilares, pero el aporte que el INE hace para atender un lamentable problema público doloroso es relevante y constituye un valor social.
Recordó que a partir del 6 de diciembre de 2016 el INE firmó un convenio de colaboración con la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República (FGR), con las procuradurías y fiscalías generales de Justicia de distintas entidades federativas, con el objetivo de que éstos pudieran proporcionar información biométrica de huellas dactilares de personas no localizadas o desconocidas que contribuya a la identificación respecto a la información con la que cuenta el INE, permitiendo también la depuración del padrón electoral.
En este convenio también participó la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y los servicios médicos forenses de las entidades federativas.