- Existe la necesidad de apresurar los tiempos para que a partir de agosto se instale la Mesa de seguridad electoral 2024, con el propósito de recibir información sobre los posibles riesgos que existan en el estado
El Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Michoacán, destacó la necesidad de apresurar los tiempos para que a partir de agosto se instale la Mesa de seguridad electoral 2024, con el propósito de recabar información sobre los posibles riesgos que existan en el estado.
El importante señalar qué, el INE tiene entre sus fines y objetivos, organizar procesos electorales con efectividad y eficacia, así como fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país; entre sus fines está el contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de los procesos electorales; y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Lo anterior, guiado por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.
Es por ello qué el Protocolo para Prevenir Factores de Riesgo en los Procesos Electorales establece que la primera intervención de las autoridades electorales en mesas de seguridad tendrá que ser una vez iniciado el proceso electoral.
El Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, subrayó que el Protocolo de Riesgos establece que las autoridades electorales no son generadoras de información sobre situaciones de riesgo, sino usuarias de esa información que deben de generar las autoridades de Seguridad Pública, a fin de que la autoridad electoral pueda definir estrategias particulares y trabajos operativos.
Asimismo, comentó que se está en espera de que el Consejo General del INE indique las acciones a seguir para la configuración de la Mesa de seguridad electoral en Michoacán, con la finalidad de que cada una de las autoridades administrativas, jurisdiccionales y de seguridad y justicia, intervengan ante posibles delitos electorales.