El Instituto Nacional Electoral (INE) fue el resultado de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas que se materializó con la reforma constitucional en materia político electoral en 2014. El Legislativo, entre otras disposiciones, tuvo a bien otorgarle más de 70 nuevas atribuciones en comparación con su antecesor el Instituto Federal Electoral.
Algunas de las atribuciones más importantes del INE son la de ser la única vía responsable de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, así como de las precandidaturas y candidaturas de todas las fuerzas políticas tanto en el ámbito federal como local; ser la instancia encargada de delimitar criterios y lineamientos generales encaminados a la organización de las elecciones federales y locales y, responsable de la planeación, organización y desarrollo de los procesos electorales federales, y en coordinación con los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, de las elecciones locales.
Desde entonces, el INE ha llevado a cabo 329 procesos electorales tanto federales como locales, 2 dos ejercicios de democracia directa, en total, 331 ejercicios en los que la participación de la ciudadanía ha sido fundamental.
En este sentido y ante una nueva composición por la llegada de dos consejeras (una de ellas su presidenta) y dos consejeros electorales al seno del Consejo General del INE, nuestra institución tiene diversas responsabilidades por delante, entre las que describo las que considero las más sobresalientes:
Estar vigilante de lo que, en su oportunidad, determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reforma electoral, mejor conocida como Plan B que, en caso de instrumentarse, llevaría a la institución a reactivar diversas acciones relacionadas con el rediseño y naturaleza organizacional de su estructura, la revisión y adecuación de su normativa interna, entre otras.
Mientras esto sucede, sería conveniente que el INE integre un diagnóstico institucional que, sin descuidar sus actividades institucionales, le permita observar sus fortalezas, debilidades y oportunidades y, con ello, determinar diversas decisiones para mejorar su andamiaje institucional.
Crear en su oportunidad, una Comisión Temporal de Desarrollo Institucional y Modernización que impulse mecanismos electrónicos que faciliten y eficienten el ejercicio del voto y permitan, en un mediano plazo, abaratar costos en el diseño y la operación electoral.
De cara a las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México, continuar con el seguimiento y la generación de criterios para llevar a buen puerto ambos procesos electivos.
Es necesario revisar la conformación del proceso presupuestario para el ejercicio fiscal correspondiente a 2024 en el que tendremos las elecciones más grandes de nuestra historia, poniendo énfasis en la planeación, ejecución y evaluación de nuestras adquisiciones y obras públicas, ya que, si ofrecemos elecciones íntegras, debemos garantizarle a la población la misma integridad en la transparencia y uso de nuestros recursos públicos.
Será importante que, el rumbo del INE tenga un giro importante en el que pueda dialogarse diversos temas de forma previa a las sesiones de Consejo General con la finalidad de buscar el consenso más amplio sobre temas torales para la institución.
El INE debe seguir impulsando medidas que fortalezcan el empoderamiento de las mujeres, su integración a una vida plena y libre de violencia que permita una sociedad equilibrada, justa e igualitaria.
No obstante, el aspecto más importante que el INE debe conservar y potenciar es la confianza que la ciudadanía le ha depositado que permite señalar que el INE, junto con las universidades, el Ejército y la Marina, son de las instancias en que la población guarda más confianza y este resultado no es gratuito, es consecuencia de la constante labor de organizar elecciones auténticas, libres y legales y en las que todas y todos los mexicanos sabemos que nuestro voto cuenta.
De este tamaño son algunas de las responsabilidades que el INE tiene de cara ante los siguientes procesos electorales y a su trabajo profesional, autónomo e independiente.
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