VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA “RIESGOS Y DESAFÍOS PARA NUESTRA DEMOCRACIA” QUE DICTÓ EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL MARCO DEL IV FORO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE CONTRALORAS Y CONTRALORES DE INSTITUTOS ELECTORALES DE MÉXICO
Muchas gracias.
Ignacio, es un verdadero privilegio, Presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán.
A las y los consejeros del Instituto, al personal del propio IEEM, a la Contralora del Instituto y, por supuesto, las y los contralores de los órganos electorales del país.
Muchísimas gracias por esta, que se está volviendo pues, digo, para mí venturosamente, un buen, y para mí, satisfactorio de invitarme a sus asambleas. Entonces, es un verdadero, es una manera, es un honor y una buena manera de recordar que los órganos electorales incluyen a los órganos de control de los mismos.
Aunque ustedes están dotadas, lo he dicho siempre y dotados de autonomía técnica, son parte de los institutos y, en ese sentido, su destino está, también íntimamente vinculado con el de los propios institutos. Sin institutos no hay OIC para decirlo de alguna manera.
Así que es un verdadero privilegio estar aquí.
Saludo con mucho afecto y agradecimiento a los titulares, a los integrantes de otros órganos electorales de la República, de los de los órganos jurisdiccionales, (inaudible) un gusto estar aquí, Magistrada del Tribunal del estado.
Y a mi colega, Marco Baños, que lo veo sonriente y me permite imaginar que hay vida después del INE, lo cual, a 38 días de culminar mi mandato, la verdad me estimula particularmente.
No, para mí es un verdadero privilegio y de veras agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y, sobre todo, en este espacio que además para mí en lo personal es un espacio íntimo, para decirlo de manera.
Aquí era la Casa del Estudiante, mi padre estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y me contaba que cuando estaba aquí enfrente, en el Colegio estudiando la preparatoria, pues pasaba buena parte de su tiempo aquí departiendo, y creo que, no sé qué, grillando, pero bueno, en fin, suele ocurrir en estos espacios.
Un privilegio, estar de nueva cuenta en esta Universidad, que si bien no es mi alma mater, es una universidad entrañable en muchos sentidos, como ya mencionaba para mí.
Lo que quiero hacer esta tarde con ustedes es, centrar, a diferencia de las ocasiones anteriores, en donde me he permitido hablar de la fiscalización, de la importancia de la rendición de cuentas, para el sistema electoral mexicano, es hablar del contexto.
Es inevitable hoy para mí frente a ustedes no hablar del momento que está viviendo el sistema electoral, un momento complejo, un momento en el que los destinos de los órganos internos de control también, al estar vinculados al de los institutos electorales de los estados, pues evidentemente se verá también influido,, por decir lo menos quiero ser más claro, afectado por un plan de reforma constitucional que está, perdón, de reforma legal, afortunadamente no constitucional, que está en curso y que, pues en cualquier momento puede empezar a generar sus efectos, que desde mi punto de vista son efectos perniciosos para la el mantenimiento, el sostenimiento de un sistema electoral; que si bien es absolutamente perfectible y mejorable, es un sistema electoral que funciona y que funciona bien.
Y que nos ha dado a nuestro país el periodo más largo e inédito de estabilidad democrática y gobernabilidad política.
Nunca antes habíamos tenido, como desde que se instauró con la reforma de 2014 el sistema nacional de elecciones, del cual ustedes forman parte como órganos de auditoría de los organismos públicos locales electorales, un periodo de tan paz pública y gobernabilidad, como decía, como ha ocurrido en esta casi una década.
Para ello, he preparado una presentación en la que pretendo, por un lado, hacer un breve balance del estado de cosas, del estado de salud, para decirlo de alguna manera, de nuestro sistema electoral en este periodo que es el periodo del sistema nacional de elecciones, para poder entender dónde estamos y cuáles son eventualmente las implicaciones que pueden tener estos cambios.
Las reformas electorales siempre deben ser bienvenidas cuando sirven para mejorar lo que se tiene, aunque hay una serie de condiciones, no solamente para determinar si efectivamente mejoran o ponen en riesgo lo que se tiene y ciertas condiciones, también, de tipo político que deben garantizarse para que sirvan para mejorar, para hacer avanzar, en una lógica progresiva, a la institucionalidad electoral, a nuestro sistema electoral, porque de no hacerlo implican, como es el caso, me parece, regresiones que en ocasiones pueden ser graves al grado de poner en riesgo todo lo que hemos construido en los últimos 30 años.
Y después lo que quisiera hacer es hacer un análisis puntual de algunos, no todos, pero de algunos de los efectos, probablemente los que, desde mi punto de vista, son más perniciosos de esta propuesta de cambios legales que será objeto de impugnaciones por las vías institucionales previstas en nuestra Constitución.
Así que, sin más, voy y, no sé. Me habían dicho que, con esto, pero no funciona. No sé si hay alguien que me pueda apoyar con el cambio de las láminas porque no funciona el apuntador, ¿sí?, mil gracias.
Bueno, en primer lugar, quiero hacer justamente el balance que les mencionaba y si alguien me ayuda con la que sigue, les agradezco. Perdóname, ¡ah, ya está! ¡ah, perdóname, ya, ya, necesitaba manos michoacanas para poder funcionar.
Eso es gracias, primer dato que quiero compartir con ustedes.
De 2014 a la fecha, y estamos hablando de la última estación de este largo proceso de cambios electorales que se plasmó a lo largo de ocho grandes reformas, desde la de 1977 en adelante, cambios que tuvieron el propósito de ir resolviendo paulatinamente los problemas que el cambio político, en clave democrática, iba presentando sobre la marcha, en un primer momento la primera gran necesidad viniendo de un sistema repelente a la pluralidad y funcional a un régimen autoritario y de partido único.
La primera gran necesidad fue abrir el sistema de partidos y permitir que la pluralidad, todavía exigua, pero ya germinal que existía en nuestro país pudiera expresarse en los órganos de representación política.
Más tarde, una segunda gran necesidad fue la de construir un sistema electoral, entendido éste como el conjunto de instituciones, procedimientos y reglas que no permitiera inyectar confianza en las elecciones que se realizaban en nuestro país.
Nuestro país, a lo largo del siglo XX, nunca dejó de hacer elecciones, pero difícilmente aquellas elecciones cumplían las condiciones necesarias para ser consideradas democráticas, así que el chiste fue, para resolver este problema, crear un entramado normativo e institucional y procedimental que nos permitiera justamente inyectarle confianza y calidad democrática a nuestros comicios.
En un tercer momento, una necesidad ulterior fue la de construir una, déjenme decirlo coloquialmente, una cancha pareja, es decir, condiciones de equidad entre los distintos contendientes que permitieran que en las elecciones no fueran solamente testimoniales, que dejaran de ser elecciones, como solía decirse hace 30 años, en las cuales, pues no sabía a ciencia cierta cómo se hacían los procesos, pero había una certeza indiscutible: se sabía de antemano quién iba a ganar.
Esas condiciones de equidad se centraron en tres grandes pilares, por un lado, un financiamiento público generoso, que debe ser sin duda objeto de discusión y de revisión, pero que cumplió con creces su objetivo original, que era el de construir condiciones financieras que le permitieran a todos los partidos políticos poder competir efectivamente por el poder; es decir, que el dinero no fuera una condicionante, de los triunfos electorales o de las derrotas predefinidas.
En segundo lugar, un modelo de comunicación política que impidiera justo, que el peso del dinero estuviera detrás de la posibilidad de acceder a la radio y la televisión.
Y, en tercer lugar, un conjunto de reglas y de prohibiciones que impidieran a los gobernantes, a los gobiernos, a los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, irrumpir y distorsionar, en consecuencia, la competencia electoral; bajo una premisa, quienes compiten por los cargos públicos son candidatos, candidatas, partidos políticos y no gobernantes; es decir, no gobiernos.
Que no se convirtiera la contienda electoral, para hacerlo en otra manera, en una competencia entre la oposición y los gobiernos. Y esto pasó por prohibir que los gobernantes, que los servidores públicos interfirieran con sus dichos y, sobre todo, con los recursos públicos en las elecciones y con ellos, tuvieran que apegarse al principio de neutralidad que se plasmó en la Constitución, neutralidad política o neutralidad electoral.
Y, por el otro lado, que la propaganda gubernamental no sirviera como mecanismo para, digámoslo así, promocionar a quienes ocupan cargos públicos con una finalidad política.
Finalmente, una última etapa, una última necesidad, fue la que dio origen al sistema nacional de elecciones, es decir, que la calidad técnica que se había alcanzado en los procesos federales, pudieran replicarse, sin excepción, en todas las contiendas locales a lo largo y ancho del país, y que el modo en el que sean elecciones en un Estado fuera homólogo, homogéneo, estandarizado, con las condiciones con las que se hacían los comicios en el estado de al lado.
Estas son las grandes, digámoslo así, etapas por las que atravesó nuestro proceso de transición. Y los resultados son justamente estos, la última gran reforma a la que dio origen al sistema nacional de elecciones, ha servido para organizar hasta ahora, hablo del INE 331 comicios en el ámbito nacional.
Habló aquí o incluyó aquí: elecciones federales, elecciones locales, elecciones ordinarias, elecciones extraordinarias, los mecanismos de participación ciudadana nacionales y, también, dos procesos de renovación de dirigencias de partidos políticos. 331 procesos, estoy incluyendo aquí el proceso electoral del domingo pasado, el último que, algunos nos tocará organizar, había quienes creíamos hace unos meses que nos íbamos a ir con una cifra redonda, 330 procesos electorales, bueno, fueron 331 y espero que en los 38 días faltantes no tengamos que organizar algún otro comicio.
Pero bueno, parecería que no, pero hay que estar atentos aquí, como se sabe, para administrar lo imprevisto.
El punto que quiero subrayar con ustedes es que estos 331 procesos electorales han traído como consecuencia que no haya existido un solo conflicto postelectoral, con lo que estamos, como mencionaba el arranque, ante el periodo, este casi década, de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia. Un solo conflicto electoral no ha habido en este periodo, litigiosidad hay y mucha, pero toda esa litigiosidad se ha procesado y encausado a través de las rutas previstas para ello: los tribunales electorales locales y federales, y no ha habido en este periodo una sola sentencia, de alguno de estos órganos, que no haya sido acatada puntualmente.
Es decir, el sistema electoral que hoy tenemos sirve para lo que deben servir las elecciones en democracia: para que la disputa por el poder político, con base en ciertas reglas, no haya derramamiento de sangre, es decir, transcurra por los cauces pacíficos y que sean las y los ciudadanos quienes determinen con su voto quienes nos gobiernan y nos representan.
Eso ha traído como consecuencia, en efecto, que haya habido en este periodo también, el periodo de mayor, que haya ocurrido el periodo de mayor alternancia política de nuestra historia.
Nunca antes en nuestra historia, a través de las elecciones, había habido tantos cambios de ganador de un comicio al siguiente. El índice de alternancia en nuestro país, agregado -aquí está en esta tabla diferenciado por los tipos de elecciones-, pero de manera agregada rebasa el 62 por ciento.
Esto qué quiere decir, que en este periodo las probabilidades que existen de que un partido que gana una elección vuelva a ganar la siguiente ronda electoral son apenas una de cada tres, lo que trae como consecuencia o evidencia el hecho de que el voto sirve y cuenta en nuestro sistema electoral, de otra manera no se explicaría este índice de alternancia.
Si no existieran condiciones democráticas en las elecciones, pues quien ocupa un cargo público, quien está en un cargo de gobierno, el partido que gobierna estaría favorecido para ganar y ganar y ganar elecciones consecutivamente; el que hoy la alternancia tenga estos índices, significa que quien decide quién nos gobierna y nadie más, son las y los ciudadanos con su voto.
Además, evidencia que el voto en este periodo ha dejado de ser solamente un derecho mediante el cual, como decía, las y los ciudadanos eligen a sus gobernantes y representantes, sino que también se ha convertido en un poderoso, como debe ocurrir en democracia, mecanismo de rendición de cuentas que le permite a las y los ciudadanos premiar o castigar buenas o malas gestiones de gobierno.
El voto de castigo, como se le llamaba en el año 2000, es parte de la realidad democrática en nuestro país y ¡ay de aquel gobierno que no cumpla con las expectativas en su gestión!, porque en la siguiente ronda electoral, en este mecanismo de rendición de cuentas político, que son las elecciones democráticas, se puede ver, digámoslo así, rechazado por quienes son los que detentan la soberanía en democracia, las y los ciudadanos.
En este periodo, además los órganos electorales hemos cumplido con otras muchas funciones y servicios públicos, además de organizar elecciones libres y auténticas, entre otras cosas, por ejemplo, en estos nueve años el INE ha expedido más de 129 millones de credenciales de elector gratuitas que, como ustedes saben, son el principal mecanismo de identificación en el país.
Eso ha significado construir la base de datos personales más grande, más segura y más precisa, más acuciosa que existe en México; nuestro Padrón Electoral es, si no el mejor, uno de los mejores padrones electorales en el mundo, con índices de cobertura que alcanzan el 99 por ciento e índices de actualización altísimos, dato comparativo, los padrones electorales que se utilizaron el año pasado en los 50 estados norteamericanos, en las elecciones intermedias, rondaban un índice de cobertura del 70 por ciento, lo cual habla, digamos, de la calidad del Padrón Electoral que, por cierto, es digámoslo así, el proyecto, el programa o la responsabilidad del INE que más le cuesta al Instituto en términos del ejercicio de sus finanzas, de su presupuesto, del presupuesto que administra.
Uno de cada tres pesos está destinado a preservar este Padrón, a actualizarlo, depurarlo y, por ende, garantizar que el principio de una cabeza un voto efectivamente ocurra.
Pero además se brindan otros servicios públicos, mediante convenios de colaboración, la base de datos del Padrón Electoral biométrica es utilizada para, por ejemplo, identificar cadáveres desconocidos; o bien combatir el flagelo de las de las personas desaparecidas que lamentablemente aqueja a muchas familias en nuestro país.
Por otra parte, el monitoreo de la radio y la televisión, a pesar de lo complejo que fue instrumentar este modelo, Marco fue uno de los instrumentadores en aquella generación de consejeros y consejeras del IFE.
Es un mecanismo que funciona, que le permite al INE brindar servicios a otros órganos del Estado, ahorrarle dinero a otros órganos del Estado, como a la Secretaría de Gobernación, pero, además, garantizar que las reglas del modelo de comunicación política efectivamente se cumplan.
Y aquí están los índices de cumplimiento, que el monitoreo que realiza el INE permanente, a todas las estaciones de radio y televisión, abierta y cerrada del país arroja.
Más del 99.6 por ciento de cumplimiento, lo cual quiere decir que, más allá del compromiso democrático de los concesionarios el modelo sirve para generar este contexto exigencia y que las reglas establecidas en la Constitución se cumplan puntualmente, garantizando ese segundo eje de equidad en la competencia electoral que mencionaba, hace referencia hace un minuto.
Todo habría traído como consecuencia que los órganos del sistema nacional de elecciones, encabezados por el INE, como órgano rector del mismo, tengamos un altísimo índice de credibilidad y confianza ciudadana.
De hecho, los órganos del sistema nacional de elecciones, somos las instituciones civiles que más confianza pública tienen en este país y del Estado mexicano, en consecuencia.
Aquí hay algunas mediciones que demuestran cómo en los últimos 2 años los índices de confianza de los órganos electorales del INE, en primera instancia, como cabeza insisto del órgano del sistema nacional de elecciones, pues han ido de, van de porcentajes que rondan el 60 por ciento al arranque y, de manera estable, en el último año y medio, entre el 65 y el 76 por ciento, como nos lo hizo saber, por cierto, una encuesta que realizó Morena ¿no?, y que espero, habrá que revisar, espero que hayan reportado porque pues eso se tiene reportar, hablando de rendición de cuentas, no en.
No solemos ver las encuestas de ese partido reportadas en los índices financieros, tal vez será por algo que no logro comprender, pero no importa.
El punto es que en esa encuesta alcanzamos un 76 por ciento, que significa el índice más alto de aprobación de la institucionalidad electoral en los últimos 32 años.
Pero esto no es una cuestión de vanidad o una cuestión de egos.
La confianza ciudadana es el combustible que le permite a los órganos electorales funcionar; sin confianza ciudadana el INE no sería una institución capaz de hacer elecciones, porque de esa confianza depende la capacidad de convocatoria y la aceptación de las y los ciudadanos, que son los responsables de instalar las mesas de votación y recibir los votos de sus vecinas y vecinos durante las jornadas electorales.
Y esta confianza ciudadana se traduce en una vidente, capacidad que nos ha permitido, insisto, que las elecciones tengan altos índices de efectividad, como ha ocurrido en última instancia en Tamaulipas el domingo pasado.
Como pueden ver en esta gráfica, en los últimos tres grandes mecanismos de participación, las últimas tres grandes mecanismos comiciales que ha organizado el INE en el último año y medio, desde la elección Intermedia del 2021, pasando por la Revocación de Mandato y las elecciones del año pasado.
De manera permanente, el número de ciudadanos -los que están en la segunda columna- que no solamente han aceptado, sino que son aptos, es decir, que cumplen los requisitos y han sido debidamente capacitados para poder instalar las mesas de casillas, duplica el número que legalmente necesitamos y, en algunos casos, como en los últimos dos ejemplos aquí descritos, el número alcanza, el número de ciudadanos aptos alcanza un 230 por ciento de los que necesitamos operen las mesas de votación el día de la Jornada Electoral.
Para eso sirve la confianza ciudadana y ahí están los resultados. Dicho lo anterior, en síntesis, el sistema electoral en México funciona y funciona bien, es mejorable, sin duda, no hay sistema electoral que no tenga ámbitos de mejora, pero el nuestro funciona para los propósitos constitucionales para los que fue diseñado.
En ese contexto, ¿para qué una reforma electoral?, o permítanme refrasear la pregunta, ¿es necesaria, era necesaria una reforma electoral?, la respuesta es clara y contundente, no.
Sin reforma electoral, es más, sin los cambios que hoy ha aprobado del Congreso de la Unión y que confío que la justicia constitucional eche abajo, podemos y confío, iremos a las elecciones del 2024 con una institucionalidad electoral, con un conjunto de reglas, con un conjunto de procedimientos que, si bien son complejos, nos permitirán recrear la democracia en condiciones óptimas una vez más, y permitir que sean las y los ciudadanos y nadie más, quienes definan los destinos políticos del país en las urnas en junio de 2024.
Así que, la necesidad de una reforma hay que descartarla, es pertinente, refraseo la pregunta, tener una reforma electoral, bueno, tener una reforma electoral siempre va a ser pertinente si se cumplen al menos tres condiciones: primera condición, que sea producto del consenso, como nos lo enseña la experiencia en los últimos 30 años o por lo menos 25 años.
Las reglas del juego tienen que partir del aval, de la aceptación de todos los actores que van a verse sometidos a las mismas, como una condición de entrada de que las propias reglas no sean fuente de problemas en las elecciones, porque no es lo mismo que de entrada, luego hay algunos jugadores desleales que dicen que aun que hayan perdido, dicen no, yo no perdí, me robaron, pero esa es otra historia, eso es parte de una cultura democrática poco arraigada entre nuestra clase política, de toda la clase política, porque ejemplos, Marco, no me vas a dejar mentir, ejemplos de partidos políticos que han dicho no perdí, me robaron, los hay en todos los partidos, en todas las fuerzas políticas, en los comicios en la última década.
Dicho lo anterior, el consenso es básico, pues, para que las reglas no sean un problema de entrada en una contienda electoral.
Segunda condición, voy a decir una obviedad, que las reglas sirvan para mejorar lo que se tiene, porque si se van a cambiar las reglas para echar algo que funciona bien, pues no tiene sentido.
Y tercera condición, para que lo anterior pueda ocurrir, pues una reforma se tiene que hacer con información, con datos ciertos, con diagnósticos y si se puede, a lo mejor es pedir mucho, pidiendo que los legisladores lean lo que van a votar antes de hacerlo y tres horas para leer una reforma como esta, no son suficientes.
Bueno, lo que ha ocurrido hoy en día es que nos hemos dado cuenta de cómo quienes votaron la reforma, siguen sin saber lo que votaron; en las discusiones del Consejo General, hay algunos que siguen creyendo que la reforma no desapareció las juntas distritales del INE y nos acusan de mentirosos.
Cuando los únicos que mienten, por cierto, también a propósito de las liquidaciones, dado que es un tema muy actual, ¿no?, pues son los de enfrente.
Nadie entendió el chiste y qué bueno, o sea, no lean la prensa hoy, pero bueno.
Pues no es chiste, ojalá y fuera chiste, esto es algo más grave, pero bueno.
Cuando se utiliza el aparato del Estado para mentir flagrantemente y descalificar a personas y a funcionarios públicos, estamos en condiciones de precariedad democrática, pero esa es otra historia.
Vuelvo al punto.
Que una reforma se haga, insisto, tercera condición, con datos, con información y con diagnósticos, por eso el INE, siempre que hay una discusión sobre una reforma electoral, ofrece la información que sea necesaria a las y los legisladores para que tomen las mejores decisiones a partir de datos, e información cierta y verificada.
Bueno, no es casual que en esta reforma, a pesar de ese ofrecimiento, el INE no haya sido consultado en nada. Porque de otra manera, si una reforma es producto, no de la cabeza, sino del estómago, el hígado, si una reforma es producto de filias y fobias, o peor todavía, de rencores personales, podemos tener una certeza de que una reforma, esa reforma va a empeorar lo que se tiene.
Ninguna de estas condiciones se cumplieron, hay muchas más.
Hay una conseja histórica de los últimos 25 años que no es menor: si puedes hacer reformas electorales y probarlas en una elección intermedia, los riesgos en términos políticos y de estabilidad social se disminuyen, así la pones se apruebn en elección presidencial.
Así la reforma de 1996, se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La de reforma de 2007 se puso a prueba en la reelección intermedia de 2009; y la reforma de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015.
En esta ocasión, vamos a poner a prueba el Plan B en caso de prosperar, en una elección como la del 24. Una elección que va a ser la más grande y compleja de nuestra historia. Grande al menos por dos razones: una, porque va a ser la elección con mayor número de potenciales electores. Las cifras del Registro Federal Electoral proyectan un Padrón y un Listado Nomina que rondará los 98 millones de potenciales votantes.
Y, por el otro lado por el número de cargos en disputa, la convergencia de los calendarios electorales implican que en el 24 el número de puestos públicos de elección popular que se van a resolver en las urnas, en junio de ese año, será el más grande de nuestra historia, rebasando más de 22 mil cargos, y estoy hablando de los cargos municipales, no como una sola elección, sino todos los regidores, síndicos y demás.
Nunca antes habíamos ido, hemos ido a una elección de esa naturaleza.
Bueno, no sé si sea el mejor laboratorio para poner a prueba las reformas que no solamente modifican, sino radicalmente alteran el diseño del sistema electoral, son reformas, refundacionales.
Dicho lo anterior, creo que vale la pena, para analizar puntualmente los impactos y la gravedad que hemos advertido desde los órganos electorales y los especialistas de esta reforma, conocida como Plan B, cuáles son, al menos, cinco de los pilares sobre los que se ha construido nuestra institucionalidad electoral, nuestro sistema electoral.
Se trata de pilares que fueron construidos, como decía, con el paso del tiempo, con el paso de reformas y que hoy constituyen garantías de que las elecciones no van a ser un problema, que van a ser auténticas y que van a ser democráticas, que van a cumplir, con las condiciones mínimas de integridad electoral.
Primera condición, primer pilar. La autonomía e independencia de los órganos electorales; segundo pilar, estructuras profesionales que son responsables de organizar las elecciones, es decir, servicios profesionales, tanto en el Instituto Nacional Electoral, como en los órganos electorales, ahora, después de 2014, que son la principal garantía de que las elecciones se realicen.
Marco me va a perdonar la provocación, sé que nos llevó durante mucho tiempo discusiones, pero como siempre es un privilegio discutir con él, sigo por el provocador.
Siempre he dicho que el Servicio Profesional Electoral aguanta todo, aguanta hasta a los consejeros electorales y al Consejero Presidente y lo mismo pasa en el ámbito de las elecciones, de las elecciones locales, de los órganos locales, discúlpame aquí, Ignacio, es decir, lo que quiero decir es que los servicios profesionales electorales son las columnas vertebrales de la institucionalidad electoral.
Las cabezas, no es que sean menores, van y vienen, los consejeros van y venimos y eso es algo positivo y venturoso, los recambios son a veces necesarios, es más son muchas veces indispensables para la buena, digámoslo así, evolución institucional de las instituciones electorales, de los órganos electorales, pero saber que hay una estructura que, con independencia de los cambios que pueda haber en los vértices, es la que conoce cómo se hacen elecciones y seguirá allí garantizando ese hecho, pues constituye una ancla de estabilidad institucional que es, probablemente la principal conquista de la construcción democrática en este país.
Profesionales que entraron a su cargo por concurso, que son evaluados permanentemente y que son capacitados periódicamente para ejercer su función que es una función altamente especializad en términos técnicos y, perdón, esto no lo digo yo, sino lo dice la Constitución, aunque el Plan B diga otra cosa, diciendo dice el Plan B, por cierto, que la función electoral no se podrá asumir como si fuera especializada, pero la Constitución en el artículo 41 dice otra cosa.
Una de las múltiples inconstitucionalidades que adolecen está mal hecha reforma.
Tercera condición, la estructura, una estructura permanente del órgano electoral nacional en todo el país. Una permanencia que no solamente es garantía de que los servicios públicos, como la expedición de la credencial para votar con Fotografía ocurra con puntualidad, precisión y eficiencia, sino que además es condición indispensable para poder construir los nexos de confianza ciudadana a los que he referido, pero todavía más importante o igual de importante, para poder conocer el terreno donde vamos a tener que operar cuando hay elecciones.
Ustedes lo saben bien, hay muchas zonas del país y también de este estado en donde las únicas instancias públicas que pueden entrar, somos los órganos electorales.
Hay zonas del país en donde el INE entra aun cuando las fuerzas de seguridad no pueden hacerlo y eso es producto de la construcción cotidiana de esa confianza, entre la gente de bien y también entre la gente de mal, que nos permite operar y que, en estados como Tamaulipas o Michoacán, las casillas que no se instalan son una situación excepcional y ni siquiera en Michoacán ni en Tamaulipas han dejado de instalarse casillas por cuestiones de inseguridad.
Es más fácil que una casilla no se instale por cuestiones de conflictividad social a que se deje de instalar por cuestiones de inseguridad y esto lo saben bien ustedes, no es porque no haya inseguridad en el país, sino por una capacidad institucional que, en buena medida depende de la permanencia de las estructuras territoriales del Instituto Nacional Electoral.
En cuarto lugar, la existencia de un Padrón Electoral confiable. Un Padrón administrado de manera autónoma, sin sesgos políticos y, por ende, un Padrón que no sea gestionado por instancias gubernamentales.
El Padrón Electoral, hoy por hoy, como decía, es la joya de la corona de la institucionalidad electoral y la base que nos permite que haya elecciones libres y auténticas.
Y, en cuarto, en quinto lugar, perdón, las ya mencionadas condiciones de equidad en la competencia. Estos son los, desde mi punto de vista, los cinco pilares fundamentales, podemos discutir y agregar algunos otros, pero estos me parece que son la condición sine qua non que hemos logrado construir a lo largo de las últimas décadas para garantizar elecciones ciertas y confiables.
Una ventaja, a lo mejor no con la mejor técnica legislativa en términos constitucionales, pero todos estos pilares están en la Constitución.
Marco y yo en uno de las múltiples encuentros que tuvimos fue como, digamos, en los equipos de asesoría, no de la reforma electoral de 2007. Y no me dejará mentir, en aquella reforma que introdujo el sistema de comunicación política a la Constitución, algunos abogados nos escandalizábamos diciendo “oigan, pero esto no tiene que ir en la Constitución, tiene que ir en la ley o en el mejor de los casos, o en un reglamento”.
¿Minutos? Hablar de minutos y segundos en la Constitución no es lo más pertinente; hasta que, algunos de aquellos para los que trabajábamos, para a los que asesorábamos, dijeron “no, si no se trata de técnica legislativa, se trata de meter en la Constitución algo que después no se puede impugnar por la vía del amparo”.
Y, como suele ocurrir, algunos de esos actores han sido, no menciono nombres, pero ha sido figuras de referencia para muchos de nosotros.
Como suele ocurrir, casi 20 años después digo, “Ah, qué razón tenían y qué bueno que lo metieron a la Constitución, porque si no, hoy estaríamos en graves problemas”.
Todos estos pilares están garantizados en la Constitución, por eso era tan grave y advertimos desde el Instituto y en múltiples foros, múltiples actores, la gravedad de la propuesta de reforma constitucional, el así llamado hoy Plan A, que afortunadamente no prosperó.
Y no próspero, gracias a una ciudadanía que el 13 de noviembre pasado salió a las calles y forzó a los actores políticos, a los partidos políticos a no ceder a las eventuales presiones para dejar pasar esa reforma constitucional.
Y lo digo sin medias tintas. Si en diciembre se hubiera aprobado la reforma, constitucional que presente el Presidente de la República, lo digo con muchísimo respeto, hoy no tendríamos nada que hacer para, en el futuro, seguir contando con elecciones libres y auténticas.
El daño mortal habría estado hecho, las cargas se habrían colocado, explosivas se habrían colocado en cada uno de esos cinco pilares, y ninguno de esos cinco pilares hoy tendría garantías hacia el futuro.
Buenas noticias en ese sentido.
Sí, pero no es tanto, porque el Plan B mina, como intentaré ilustrar en los siguientes minutos, con algunos ejemplos, todos y cada uno de estos pilares.
Algunos de ustedes podrán preguntarse, “¿oiga, pero si están en la Constitución y esta es una reforma legal, cómo es que los mina?”. Bueno, precisamente por eso se trata de una reforma profundamente inconstitucional porque altera lo que dice la Constitución y un ejemplo ya lo puse, y hay muchos más que colocaré en la mesa, frente a ustedes en los minutos por venir.
Déjeme hacer un análisis. De una reforma que es profundamente compleja, que altera seis leyes federales, y que, digamos en parte, ya está vigente, en parte todavía no, pero es inminente su vigencia, y que, pues detonara y está ya detonando la que probablemente sea el conjunto de acciones para controvertir la constitucionalidad de una ley o de una reforma más grande de nuestra historia.
EL Plan B, confío en que sea echado abajo por las instancias de control constitucional y pasar a la historia como el intento de, o el intento de reforma legal que violaba la constitución de una manera nunca antes vista en nuestra historia constitucional.
Por el conjunto de violaciones constitucionales, pero también por la enorme cantidad potencial de recursos jurídicos que la misma va a producir, que ya está provocando.
Déjenme ir punto por punto y señalar, escoger -esta presentación está a disposición de ustedes, por supuesto-, pero escoger algunos de los casos más emblemáticos de violaciones, todas ellas constitucionales, a estos cinco pilares a los que he hecho referencia.
Primer punto, la independencia y la autonomía de los órganos electorales. Bueno, es una reforma que altera gravemente las condiciones de funcionamiento y de diseño institucional que hasta hoy han sido garantías de esa independencia ya autonomía.
Algunos ejemplos, al Secretario Ejecutivo del INE, que es la cabeza de la estructura ejecutiva, de la estructura operativa del Instituto, se le destituye ipso facto, se le cesa con un transitorio de esta reforma; esto puede ocurrir en cualquier momento, podría hoy estar, en estos momentos, estarse publicando la segunda parte del Plan B y sus efectos serían inmediatos.
Por cierto, para quien es abogado, o sea abogado aquí, una joyita, como suele ocurrir, un decreto de reforma en el régimen transitorio, lo primero que dice es cuándo entra en vigor la reforma y suele ocurrir que se diga: esta reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación y, cuando eso no es así, pues estamos ante una situación excepcional que tiene que plasmarse claramente.
Bueno esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, ¡ah!, pero al Secretario se le cesa inmediatamente en el momento en que ésta es publicada, o sea, la reforma no está vigente y ya se destituyó al Secretario.
Dicho lo anterior, este punto altera lo que dice el artículo 41 constitucional como una garantía de autonomía e independencia del INE, al Secretario Ejecutivo lo nombra el Consejo General con ocho votos, a propuesta del Presidente y, en consecuencia, el único órgano que lo puede destituir es el Consejo General, si la Cámara de Diputados y el Senado, si el Congreso quisieran destituir al Secretario Ejecutivo, la única vía que tienen es la del juicio político, no la de la reforma legal porque, entre otras cosas, estamos frente y, a lo mejor no aprendí nada en derecho a lo mejor el derecho ya cambió, pero hasta donde me acuerdo, juristas, ayúdenme, las normas, las leyes son generales e impersonales, no pueden ser normas ad hominem.
Segundo punto, que esto es particularmente grave y esto los involucra a ustedes, contralores de los órganos electorales. La Constitución es muy clara, como una condición de garantía y de funcionalidad de los órganos electorales en distinguir cinco tipos de órganos diferentes: los órganos de dirección, los órganos ejecutivos, los órganos técnicos, los órganos de vigilancia y los órganos de fiscalización, los que ustedes encabezan.
Bueno, esta reforma hace un auténtico mazacote, mezcla todo y pone en riesgo a la autoridad electoral, en consecuencia, porque hay órganos de dirección que ahora van a tener funciones ejecutivas, órganos ejecutivos que tienen funciones de dirección; órganos técnicos que ahora son ejecutivos y órganos de fiscalización que ahora ya no solamente auditan el buen manejo de recursos y el cumplimiento de la normatividad, sino que ahora también adquieren funciones sustantivas, no sé quién redactó esto, a lo mejor alguien que no solamente quiere fiscalizar, sino que quiere dirigir.
Pero si alguien quiere fiscalizar, quiere dirigir, pues hay una solución muy sencilla, que se inscriba al concurso que participe. Y no estoy hablando de nadie, estoy hablando en abstracto, porque además, ni conozco las listas de quienes ya se inscribieron el día de ayer, pero bueno.
Dicho lo anterior, el asunto es grave porque, pongo un par de ejemplos, por un lado, se establece que la administración del INE ya no va a estar a cargo de un órgano ejecutivo como es la Junta General Ejecutiva, sino a cargo de una Comisión de consejeros, que son quienes tienen funciones de dirección, con lo cual se pone en un grave riesgo a quienes quieren que fungir como árbitros de las elecciones.
¿Cuál es una de las principales garantías de diseño de la institucionalidad electoral hoy?
Que quien tiene que resolver la fiscalización, quién tiene que resolver sobre multas de partidos, quien tiene que resolver sobre las reglas de la organización electoral no tiene nada que ver con las licitaciones, no tiene nada que ver con la administración de los recursos.
Esta es una garantía política para quienes están en el Consejo General y, en todo caso, el único que en el órgano de dirección está involucrado en la parte ejecutiva es el Consejero Presidente.
Bueno, ahora se crea una Comisión de Administración y, por cierto, el Consejero Presidente o Consejera Presidenta, porque ahora ya sabemos que va a ser Consejera Presidenta, bueno si acaba el proceso ¿no?, no va a participar de la parte de administración, lo cual es un verdadero sin sentido.
Es una reforma hecha para que la gestión institucional sea un problema. Se convierte en un problema.
Otro ejemplo es, por ejemplo, el que el Órgano Interno de Control del INE, que es un órgano de fiscalización, ahora va a tener funciones para avalar, por ejemplo, la planeación institucional o las estructuras del Instituto, y dónde quedaron los órganos de dirección, ahora tendremos órganos de fiscalización, “guion”, dirección, con lo cual se desnaturaliza a los órganos de fiscalización, porque su función no es tomar decisiones, sino vigilar que esas decisiones estén apegadas a la ley y que los recurso que suponen esas decisiones efectivamente se ejerzan conforme a las reglas establecidas.
Ahora vamos a tener juez y parte.
Tercer dato que pongo sobre la mesa, dos más en este punto.
Hay una grave violación a la autonomía presupuestal del Instituto, porque se establece desde la ley que todas las economías que se generen no pueden ser destinadas, más que a su reingreso, su retorno, su reincorporación a la Tesorería de la Federación.
¿De dónde creen que salieron los recursos para que el INE organizará la elección extraordinaria de Tamaulipas? ¿Del presupuesto de Egresos?, pues no.
¿Cómo vas a presupuestar cuántas elecciones extraordinarias vas a hacer? Todas las elecciones extraordinarias del INE se realizan con las economías que se destinan para esta finalidad, y que, por supuesto que si no son ocupadas como lo mandan la normatividad, se reintegran a la tesorería, pero al término del ejercicio, una vez que se han cubierto las presiones de gasto, las diversas necesidades presupuestales de eventos tan extraordinarios, como, por ejemplo, que haya una elección extraordinaria.
A partir de ahora, si hay una elección extraordinaria, lo que el INE va a tener que hacer es pedirle dinero a Hacienda. A ver si Hacienda se lo concede, y no es una buena noticia para la autonomía de las instituciones, como bien lo saben ustedes en los OPLES.
Último punto. Que toca varios de los principios a los que he mencionado.
Ahora resulta, que la Lista Nominal de Electores desde el Extranjero no la va a definir el INE, y esto los involucra a ustedes porque hasta donde me acuerdo hay michoacanos que votan desde el extranjero y la lista de electores de los michoacanos que votan en los comicios locales, la define el INE a partir del Padrón Electoral y del listado de electores que se han registrado fuera de nuestro país.
Ahora, dice el Plan B, esto lo va a definir la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, el gobierno. Y voy más adelante, aunque lo mencionaré, más bien lo menciono de una vez para no repetirlo después. Y lo peor es que por cierto, para inscribirse a la lista de electores desde el extranjero ya no se pide la Credencial para Votar, sino puede utilizarse el pasaporte o la matrícula consular.
Es decir, mecanismos de identificación que no están bajo el control de la autoridad electoral, sino del mismo gobierno. Hoy hay un millón 300 mil mexicanos con Credencial para Votar fuera del país, posibles votantes, pero sabemos que hay más de 12 millones de mexicanas y mexicanos fuera de México.
¿Qué tal que para el 24 resulta que hay un listado de votantes desde el extranjero de siete u ocho millones? Y eso porque nos lo dice Relaciones Exteriores, sin que nosotros tengamos algún mecanismo para constatar si eso es cierto, como autoridad electoral.
Paso a un segundo eje que éste es probablemente el más grave de todos, porque es la afectación dinamitar, insisto, sustraerle a la autoridad electoral su columna vertebral. La afectación al servicio de carrera y a la estructura administrativa del personal del Instituto, es brutal.
Yo no sé si sea cierto lo que dicen que dijo algún alto funcionario cuando fue a cabildear la aprobación del Plan B en el Senado, de que había que destazar al INE como orden. Lo que sí sé es que la reforma electoral, el Plan B, destaza al INE como efecto.
Hoy en el INE, el Servicio Profesional electoral está integrado, hablo sólo del servicio a nivel nacional, el del INE, no hablo del servicio en los institutos locales, está integrado por dos mil 571 funcionarios. dos mil 571 plazas que cumplen todas ellas distintas funciones.
Bueno, la reforma desparece a más de dos mil 100 de esas plazas. Es decir, hay una desaparición del 84.6 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.
Hay quien dice que los únicos que nos vamos a quedar sin trabajo, en los próximos meses, somos Ciro Murayama y yo. Temo decepcionarlos. Ya hice mis trámites para reincorporarme a mi plaza en la UNAM, así que sin trabajo no me voy a quedar.
Pero lo que sí es cierto es que no estaría mal leer la ley, una ley que se busca defender, antes de salir a defenderla, porque uno corre el riesgo de hacer un oso monumental.
Hay dos mil, más de dos mil 100 plazas que desaparecen. Y ésta, por cierto, si tomamos en cuenta el número de plazas no sólo del Servicio, sino también de la rama administrativa que desaparecerían, porque se desaparecen los órganos en los cuales hoy están adscritas estamos hablando cerca de seis mil plazas, cinco mil 900 y algo de plazas que desaparecerían.
Al desaparecer las juntas distritales, hay un diputado que según él, que representa a un partido, no digo a cuál, ante el INE. Y dice que es una mentira que hemos construido desde el INE que desparezcan las juntas distritales.
Pues bueno, basta leer lo que votó ese señor. Las juntas distritales que hoy están integradas por cinco funcionarios del Servicio Profesional Electoral, de hecho por seis porque están los JOSA, pero bueno, déjenmelo en cinco, eso es lo que establece la ley, son sustituidas ahora por una sola Vocalía Operativa.
Y hasta donde yo me acuerdo hablar de juntas significa hablar de un órgano colegiado. No hay juntas individuales, pero bueno, no quiero humillar a nadie con ejercicios de lógica elemental porque pues no vaya a ser que alguien se le ocurra como requisito para ser electo legislador, y entonces, pues nos quedamos sin mucho ¿no?
Pero sí voy al punto que mencionaba este señor, la afectación más grave está justamente en los brazos operativos del Instituto, en las juntas distritales que son las responsables de que el Instituto pueda cumplir con los servicios cotidianos y, además, con la operación electoral. Esos son los centros neurálgicos de toda elección.
Como ustedes saben, el INE está integrado por estructuras nacionales, 32 juntas locales, una en cada Estado y 300 juntas distritales, una en cada distrito, que son, por cierto, permanentes de acuerdo con la ley que todavía está vigente.
Lo que plantea el Plan B es que estas juntas se reduzcan a una sola Vocalía Operativa. Y recapitulo con ustedes, aunque no me detengo demasiado, porque lo saben bien.
Hoy una Junta Distrital se integra por el Vocal Ejecutivo, que es el que coordina los trabajos en ese órgano colegiado; por el Vocal Secretario, que es una especie de director jurídico y director administrativo de la Junta, que es una especie de notario porque llevan las funciones de Oficialía Electoral, que es una especie de Ministerio Público porque es el responsable de sustanciar las quejas, incluidas las de violencia política de género. Y que es un especie de fedatario, digamos de toda la documentación que tiene validez legal, las actas, por no hablar de que también es el responsable de toda la parte administrativa: el responsable de hacer licitaciones, de adquirir los materiales que son necesarios para poder cumplir las funciones en ese distrito.
Luego hay un Vocal de Organización, este es el responsable de toda la lógica, el responsable de identificar en dónde se van a instalar los centros de votación, de hablar con los propietarios de los domicilios o con los directores de las escuelas en donde estos van a instalarse, de vigilar que las condiciones efectivas de accesibilidad estén garantizadas, de adquirir los insumos necesarios para cada una de las casillas, como lonas, mesas y demás insumos materiales. Es el responsable de la logística electoral, en el sentido de definir las rutas de traslado, no solamente para llevar los paquetes a los presidentes de las casillas, sino, sobre todo, esa tarea delicadísima, básica para lo que se conoce como cadena de custodia, que es el regreso en la noche de la elección de los paquetes a las oficinas del Instituto.
Es responsable de operar el PREP en el ámbito distrital y también es el responsable de conducir los trabajos de los cómputos distritales, que son los cómputos legales.
Luego hay un Vocal de Capacitación, que es el responsable de la contratación de los Capacitadores y Asistentes Electorales, de su capacitación, de sortear al 13 hoy, mañana 10 por ciento del Listado Nominal para seleccionar de ahí a quienes serán funcionarios de casilla, de coordinar los trabajos de visita en domiciliaria a esos ciudadanos que fueron insaculados, en lo que constituye, por cierto, a nivel nacional. El trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano solo después del Censo, 12 millones de visitas domiciliarias en una elección federal y hasta 13, como ocurrió en el 2021.
Además, es el responsable de garantizar o de vigilar, o de pero de, capacitar a esos ciudadanos y de proveer que, de ir a buscarlos a sus domicilios en sus casos cuando no acuden al domicilio electoral coordinando el trabajo de los CAE´s.
Y, finalmente, el Vocal del Registro. Funcionarios que tienen bajo su responsabilidad supervisar el funcionamiento de los, en promedio tres módulos que hay en cada distrito electoral, de depurar el Padrón Electoral permanentemente, de realizar, de actualizar la cartografía electoral que es condicionante para que haya elecciones eficazmente organizadas y la cartografía no se puede levantar cada tres años. El Censo que hace el INEGI nos revela dónde está la gente cada 10 años, pero nosotros tenemos que saber todos los días cuáles son los movimientos poblacionales, demográficos, porque si hay zonas o conurbaciones que crecen, pues ahí tenemos que saber quién está, porque hay georreferenciar a los ciudadanos, de modo tal que cuando hay elecciones haya una casilla con el número de boletas necesarias para que quienes viven allí puedan votar.
Si la autoridad electoral hace este trabajo cada tres años, no hay modo de que las elecciones salgan y, finalmente, es el encargado de imprimir los listados de electores que tienen que ir a cada una de las casillas electorales.
Bueno, la reforma lo que dice es que estas cinco figuras claves de operación de las juntas serán sustituidas por un Vocal Operativo y, generosamente, dice que podrá ser auxiliado por una persona.
La cosa es todavía más grave cuando uno piensa en que, para ahorrar dinero, lo que plantea la reforma es que en aquellos distritos que están en zonas urbanas, cuando no haya elecciones, no habrá tantas Juntas Distritales como distritos se traten, sino una única oficina que administre los trabajos fuera de elecciones y cuando hay elecciones, las otras que se instalen serán temporales.
El caso más dramático es el del Estado de México, la conurbación, la zona conurbada, digamos, más grande del país es justamente la zona metropolitana del Valle de México, allí tenemos 28 distritos electorales, estamos hablando de los distritos que van desde Huixquilucan, por un lado, hasta Chalco Solidaridad, del otro lado.
Estamos hablando de 28 distritos en donde operen 75 Módulos de Atención Ciudadana y que hoy son atendidos por 28 juntas distritales y 28 Vocales del Registro.
Fuera de procesos electorales, toda esa zona que implica dar atención a 16 millones de personas estaría a cargo de un funcionario del INE, el Vocal Operativo, uno, con un asistente, eso sí, ¿no?, imagínense una persona haciéndose cargo de la supervisión de 75 Módulos de Atención Ciudadana en una distancia, pues considerable, entre una y otra, aunque, claro, tratándose de una zona urbana pues estamos hablando de una gran concentración de ciudadanas y ciudadanos.
Y lo peor, todo por ahorrar dinero. ¿Saben cuánto costaría, cálculos preliminares, liquidar a casi seis mil funcionarios, cuyas plazas desaparecen, son sobre todo en las jutas, ¿eh?, en las juntas están estos cinco funcionarios, va a quedar, del Servicio va a quedar uno, y hay cerca de 20 personas del servicio administrativo y van a desaparecer, por eso nada más va a haber un auxiliar.
¿Saben cuánto costaría al INE liquidar a esas casi seis mil personas?, la friolera de tres mil 500 millones de pesos, aproximadamente, ¿cuál ahorro?, el propósito me parece, consecuencia, es clave: destazar o mutilar al Instituto, impedirle su capacidad operativa.
Y ustedes pueden decir, titulares de los OPLES, ¡fiu, que bueno que se metieron con el INE y no con los OPLES!, pues sí, pero no se olviden que esa es la estructura que hace las elecciones, de las que ponen las casillas para las elecciones locales y déjenme, y (inaudible).
Déjenme avanzar en este punto e irme al Padrón Electoral.
Ya mencionaba el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Listado Nominal desde el Extranjero, pero hay otra afectación, ahora para ahorrar dinero, se establece que los 900 Módulos de Atención Ciudadana del INE tendrán que ubicarse, dicen preferentemente en oficinas públicas, en oficinas gubernamentales, y en escuelas.
Ahora vamos a volver de donde venimos, me corriges, Marco, hace 30 años, pues los módulos se instalaban en oficinas públicas.
De ahí lo sacamos precisamente para dos cosas, uno, brindar mejor atención a la ciudadanía, con espacios dignos, suficientes. Y, segundo, para resguardar debidamente la información sensible que las y los ciudadanos nos proporcionan, ni más ni menos, sus datos personales.
Problemas de esta decisión. Vamos a depender de la generosidad de las oficinas públicas. Seguramente todas las oficinas públicas, no sé, pienso aquí, en el centro de Morelia, sobran espacios para que el INE pueda instalar sus módulos, y seguramente son espacios muy cómodos para que la ciudadanía pueda acceder a los mismos.
¿Cuándo vamos a trabajar? ¿Con los horarios de las oficinas públicas o con los horarios del propio INE? Porque cuando se acercan los procesos electorales nosotros trabajamos los fines de semana, y ya quiero ver a los directores de las escuelas diciendo. Oigan, la escuela se mantiene abierta en fin de semana y, por cierto, con la seguridad que tenga que tener para garantizar el funcionamiento del Instituto.
Pero lo más grave ¿De veras vamos a resguardar en oficinas cuya responsabilidad no está bajo nuestra tutela las credenciales para votar de quienes no han recogido su mica? ¿Con datos personales? ¿Con la documentación que se ha entregado al INE cuando se hacen registros, o altas y cambios de situación registral? ¿Y vamos a transmitir los datos biométricos a través del módem del municipio? ¿De veras?
Se trata de una reforma que pone en grave riesgo los datos personales de las y los ciudadanos que se los confían al INE. Y por eso, es muy probable que haya miles, decenas de miles, o centenares de miles de amparos de ciudadanos que digan: “espéreme tantito, no pueden poner en riesgo mis datos personales”, y no se trata de amparos en materia electoral, por cierto, no crean que estoy haciendo una invitación, además, estoy diciendo que, si alguien quiere, pues también eso es una afectación personal, que conste, no.
Termino. Hablaba ya de la cartografía. Las condiciones de equidad en la competencia vuelven nugatorio uno de los tres pilares a los que he hecho referencia para construir equidad, que es justamente las garantías de neutralidad con las que deben comportarse los servidores públicos y el impedimento de que la propaganda gubernamental se utilice con fines políticos o, incluso, la promoción de los servidores públicos personalizada.
Esto ya está vigente, como decía, la reforma, el Plan B implica un paquete de cambios a seis leyes electorales, dos de ellas ya se publicaron y ya entraron en vigencia el 27 de diciembre pasado.
La Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Leyes, por cierto, que ya fueron controvertidas mediante acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que tanto el INE como diversos órganos locales interpusimos.
¿En qué afecta la equidad? Bueno, en dos cosas. Primero, todo lo que digan los servidores públicos en el ejercicio de su función ahora resulta que es libertad de expresión, es un derecho fundamental.
Cuando la exposición de motivos de la reforma de 2007, la constitucional, establecía, como lo ha establecido la doctrina de los derechos en los últimos 300 años, que los derechos son para los gobernados, no para los gobernantes. Los gobernantes no tienen derechos, tienen responsabilidades y obligaciones, aquellas que les fija la ley, no tienen derechos. Un gobernante quiere ejercer su libertad de expresión, claro que la puede ejercer, como gobernado, como ciudadano a pie, no como funcionario.
Ahora resulta que todo servidor público podrá denostar al candidato o candidata al partido que quiera, durante las campañas electorales, o hablar bien del que quiera en ejercicio de su libertad de expresión.
Cuando la Constitución dice con toda claridad que los servidores públicos, en aras del principio de neutralidad, no pueden pronunciarse ni a favor ni en contra de ningún partido o candidato, particularmente en ese espacio sensible que son las campañas electorales.
Y, por otro lado, redefinen el concepto de propaganda gubernamental, pasándose, por, híjole, me metí en un problema, obviando, obviando, lo que son tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
Ahora resulta que la propaganda gubernamental es solamente aquel acto publicitario de los logros, en fin, de las funciones de gobierno, que estén plasmadas en los presupuestos. Todo lo que no está en el presupuesto ya no es propaganda gubernamental.
Y me puse a buscar ¿Y qué creen? Las conferencias matutinas del Presidente no están en el presupuesto, entonces todo lo que ocurra ahí ya no va a ser propagan gubernamental, y, por lo tanto, no estaría impedido por una Constitución.
En suma, estos son solamente algunos ejemplos de esta constelación de inconstitucionalidades que contiene el así llamado Plan B. Hoy estamos en la víspera de que la segunda parte, las otras cuatro leyes, la LGIPE, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, perdón, de Medios de Impugnación; la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica del Poder Judicial, puedan poder ser impugnadas, y esto pasa porque sean publicadas.
Una vez que éstas se publiquen, el Secretario Ejecutivo del INE, estoy seguro, una vez que sea restituido en su cargo frente al cese inconstitucional del que hoy será objeto, tiene el mandato del Consejo General de interponer las acciones y los recursos jurídicos correspondiente, es decir, nuevas controversias constitucionales.
Se pedirá la acumulación con las que ya presentamos, se actualizará la demanda de suspensiones y, ojalá, que la Justicia Federal, jueces de amparo que sean invocados, jueces de amparo en materia laboral que sean invocados por nuestro personal.
Por cierto, nuestro personal es sacado de la protección especial que supone el artículo 41, y es colocado en el apartado burocrático, es decir, el Apartado B del artículo 123, con lo cual ahora resulta que el personal del INE va a estar bajo la jurisdicción de la Secretaría del Trabajo, es decir, otro órgano del Gobierno Federal.
En suma, la cascada de acciones, amparos, amparos administrativos, amparos laborales, amparos contra leyes, acciones de inconstitucionalidad, controversiales que se presenten, serán, no una manera de confrontar estas actitudes autoritarias que están plasmadas en el Plan B, sino una manera de invocar a los tribunales constitucionales que en una democracia constitucional son la última instancia para salvaguardar las condiciones democráticas y de Estado de Derecho de una sociedad, quienes hoy salven a nuestra Constitución, salven nuestro sistema electoral y, por ende, salven a nuestra democracia.
Creo que hay que acudir con confianza a estas rutas institucionales. Confiar en el empaque de nuestras cortes constitucionales, y, en consecuencia, arroparlas, generar contextos de exigencia, pero no descalificarlas.
Dejemos el monopolio de la descalificación a otros, no caigamos en el juego de polarización que supone construir las narrativas que son propicias para que germinen pulsiones autoritarias; pero, sobre todo, como funcionarios electorales cumplamos con nuestra responsabilidad constitucional, y como ciudadanos asumamos una cosa, que la democracia, que es una construcción colectiva, que fue responsabilidad de todas y todos construir, hoy requiere que todas y todos también la defendamos.
Porque la defensa de la democracia es también, como su construcción, una responsabilidad de todas y todos, y eso pasa por asumir que haber transitado hacia la democracia no significa que llegamos a ella de una vez para siempre.
Democracias nacen y mueren, como nos lo enseña la historia. Y cuando las democracias han muerto, han muerto, claro, porque hay alguien que las amenaza, alguien que las ataca, pero también otros que por indolencia han dejado pasar esos ataques.
Hoy son tiempos de que, como ciudadanas, como ciudadanos, como funcionarios electorales, defendamos frente a los ataques a nuestra institucionalidad electoral, lo que no significa, como algunos pretenden, ir en contra de algún gobierno, o ir en contra de algún partido.
Nosotros hoy estamos dando una batalla porque las condiciones, para que sea quien sea el que se vea favorecido por el voto ciudadano, pueda acceder pacíficamente al poder.
No estamos en contra de nadie y no estamos a favor de nadie, hoy estamos solamente a favor de la democracia.
Muchísimas gracias.
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