Dagoberto Santos Trigo
En caso de aprobarse el plan B en materia comicial, que está en este momento en la discusión del Senado, traerá consigo una erosión sistémica de los procesos de organización de la elección de 2024 (la más importante de la historia del país).
De igual forma, se pondrán en vilo las garantías constitucionales en torno a comicios libres, transparentes y legales. Aunado a eso, la conformidad de los perdedores se volverá una especie de ira, que desembocará en un leviatán: una judicialización refractaria y barroca, que acentuará el poder nocivo de la pos-verdad
El trabajo electoral de más de 30 años, que consolidó el desarrollo democrático, está en riesgo (como si un excursionista, de modo deliberado, dejara una colilla encendida de cigarro en un campo). Hay que decirlo sin ambages: se tuvo que haber abierto una consulta a expertos en este tópico, para que lo cambios propuestos hayan sido progresivos, mas no recalcitrantemente vetustos.
Estamos inmersos en una polarización de índole político; las disputas entre el régimen y los opositores ha nutrido el discurso inexacto y la escisión conexa (análoga). El INE no se opone a la austeridad, pero ésta no debe suscitarse a través del desmantelamiento de una estructura que ha probado conocimiento íntegro en la sistematización de elecciones: el Servicio Profesional Electoral Nacional.
El poder debe renovarse de manera democrática y pacífica (como lo hemos experimentado en el México contemporáneo). El “gatopardismo” no tiene cabida. Si el Senado aprueba el plan, las instancias recurrentes serán la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En éstos se centrarán las ilusiones de detener una reforma regresiva y, por tanto, inadmisible.
El afán de “despedazar” a áreas determinantes, como las vocalías de las juntas distritales electorales, así como mandar al exilio del desempleo a miles de trabajadores especializados y profesionales en distintos rubros, va a diezmar el sistema comicial.
Mi cavilación en este artículo periodístico no acusa. Al contrario, analiza y pone en evidencia la simulación política. Todas y todos, desde nuestros diferentes flancos, tendríamos que hacerlo. El silencio, ahora, es un enemigo inaudito, cuya cicuta prevé esparcirse en el terreno de la fertilidad electoral.
Pongamos otras acciones que se pondrían en riesgo en 2024 con el plan B:
- La integración de las mesas directivas de casilla.
- El trasiego de los paquetes electorales.
- El conteo de votos.
Es evidente que, en suma, se estarían vulnerando la autonomía e independencia institucionales; sobremanera, se divisa un daño mayor: el debilitamiento de los mecanismos de participación ciudadana, al lacerar el ejercicio de los derechos fundamentales: los políticos.
Todo será un caos: la coordinación entre las autoridades tendería al descontrol y la inoperancia. Se tergiversaría exponencialmente la esencia constitucional de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia del INE. ¡El desbarajuste total!
Por ende, el “oportunismo” siempre ha sido un factor de vanidad, no un signo republicano. Cuidado…