De cara al término de mi mandato como Consejero Presidente del INE el próximo 3 de abril, es para mí un privilegio volver a colaborar periódicamente en la que fue –y sigue siendo– mi casa editorial: EL UNIVERSAL. Mil gracias por la espera y por la renovada oportunidad de ocupar esta trinchera y, desde aquí, seguir defendiendo nuestra democracia.
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El 2023 está llamado a ser un año en el que la batalla por defender las reglas del juego democrático y, con ello las condiciones de integridad electoral que hemos construido a lo largo de tres décadas, entrará en una fase decisiva.
Desde hace tiempo he sostenido que nuestro sistema electoral se funda en cinco grandes pilares: a) la autonomía e independencia de las autoridades electorales; b) el Servicio Profesional Electoral del INE; c) la estructura desconcentrada permanente del Instituto y su colaboración con los OPLEs; d) la gestión de un Padrón Electoral (del que depende la emisión de la credencial para votar) de manera autónoma del gobierno, y e) las condiciones de equidad en la competencia política. Todas ellas son, afortunadamente, garantías que están establecidas y protegidas en la Constitución frente a los vaivenes de la política y de las mayorías simples.
La reforma constitucional que hace meses propuso el Presidente pretendía dinamitar todos esos pilares. Afortunadamente para la salud de nuestra democracia no alcanzó los votos requeridos, lo que puso en marcha el “Plan B”, es decir la modificación a seis leyes secundarias, para el que la mayoría oficialista contó con los apoyos necesarios. Ante la inminente entrada en vigor de esos cambios (cuando el Senado concluya el trámite legislativo a principios de febrero), debe alertarse que éstos contravienen abiertamente las bases del orden constitucional en la materia y abren la posibilidad a que las elecciones ya no tengan las características de confianza y certeza que hoy tienen o que, incluso, su efectiva realización esté en riesgo a causa del desmantelamiento que se propone inculcar al INE y a sus capacidades operativas.
La reforma representa una auténtica constelación de violaciones a la Constitución. Todos y cada uno de los ejes antes mencionados se vulneran de alguna manera. Van solo algunos ejemplos: la autonomía e independencia del INE se transgrede al pretender destituir al Secretario Ejecutivo, cuando esa es una facultad exclusiva del Consejo General; a la par, al titular del Órgano Interno de Control, cuyas afinidades políticas son conocidas, se le confieren atribuciones sustantivas de decisión cuando la Constitución le reserva solo funciones fiscalizadoras. El Servicio Profesional Electoral prácticamente desaparece al eliminarse ¡el 85% de sus plazas! colocando al INE en una condición de incapacidad operativa para organizar elecciones. Un número importante de los órganos desconcentrados del Instituto se vuelven temporales, como si no hubiera actividades permanentes que desarrollar en los distritos (como la credencialización, entre otras). Se establece que el gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea quien valide la lista de los electores de los mexicanos en el extranjero, alterando la naturaleza autónoma y sin sesgos políticos de la misma, además que se establece que los módulos de atención ciudadana deberán ubicarse en escuelas y oficinas gubernamentales y no en espacios independientes. Y finalmente, se cambia el concepto de propaganda gubernamental para permitirle a los funcionarios públicos intervenir directamente en las elecciones, alterando las condiciones de equidad que hoy rigen a los comicios. Es decir, a través de cambios legales se pretende erosionar e incluso nulificar las garantías constitucionales que nos permiten elecciones libres y auténticas.
Ante esa clara embestida contra la democracia, desde el INE no dejaremos de presentar un solo recurso ni acudir a toda instancia jurídica posible, a fin de salvaguardar un sistema democrático que, como toda construcción colectiva, a todas y todos nos corresponde proteger.
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