Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) hemos promovido múltiples mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en igualdad de condiciones y libres de discriminación, gracias –en buena medida–a la facultad de interpretación de las autoridades electorales, la cual ahora se pretende limitar con la reforma electoral que se encuentra aún en proceso legislativo en el Congreso de la Unión.
Hay que recordar que la 3 de 3 contra la violencia como medida para asegurar que no lleguen personas violentadoras a cargos de elección popular, que se instrumentó por primera vez en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, surgió a partir de la facultad de interpretación del INE.
Sin embargo, la reforma que se propone a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no podrán condicionar el ejercicio de derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando mayores requisitos que los que determina expresamente la Constitución y la ley. Esto imposibilita que solicitemos la 3 de 3 en próximos procesos electorales y adicionalmente, evita que solicitemos documentación o elementos adicionales para garantizar que las personas que sean postuladas al amparo de acciones afirmativas pertenezcan efectivamente al grupo en situación de discriminación a favor del cual se creó la acción afirmativa, lo que abre la posibilidad a que esos lugares puedan ser usurpados por personas que no pertenezcan a esos grupos.
Por otro lado, gracias a las facultades interpretativas de las autoridades electorales, desde 2018, ante casos graves y en muchas ocasiones reiterados de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG), las autoridades jurisdiccionales han considerado que personas violentadoras no cumplen con los requisitos de elegibilidad para ser candidatas, específicamente con el requisito de tener “un modo honesto de vida”.
La reforma a la LGIPE propone que en ningún caso podrán suspenderse derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas o judiciales distintas a las penales. Dicha disposición abre la puerta a que una persona que haya cometido actos de VPG que hayan sido sentenciados, en más de una ocasión e incluso cuando incumpla los actos de reparación en las sentencias, pueda aspirar a cargos públicos en los que vuelva a cometer este tipo de conductas, lo que desde luego no abona a inhibir y erradicar la VPG.
Respecto a las acciones afirmativas, la misma facultad interpretativa nos permitió implementar y regular el cumplimiento de las acciones afirmativas que debían adoptar los partidos políticos para la postulación de sus candidaturas. Sin embargo, ahora se establece un número específico de personas de grupos en situación de discriminación que deberán postularse, sin tomar en cuenta criterios de competitividad y dejando menos espacios, dado que se incluyen todas las personas en una misma bolsa. Además de sólo establecer acciones afirmativas para las postulaciones a la Cámara de Diputadas y Diputados, no así para el Senado.
La reforma señala que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir las normas que regulen el proceso de postulación de candidaturas, la cual no podrá ser regulada, contrariada o modificada por otras de carácter secundario como acuerdos, lineamientos o reglamentos, además de que los Estatutos de los partidos políticos establecerán las acciones afirmativas que, dentro del ámbito de su vida interna, determine cada Partido Político y la forma de cumplimiento de éstas. Esto da la posibilidad de que los partidos políticos asignen discrecionalmente los lugares o distritos en los que postularán a personas al amparo de acciones afirmativas, dando pauta a que se les mande exclusivamente a los lugares donde tengan menos oportunidades de ganar.
Estamos en la antesala de las elecciones de 2024 y nuestra democracia está viviendo momentos coyunturales. Hagamos frentes comunes en defensa de los derechos de todas las personas mexicanas, desde el INE buscaremos alternativas y soluciones encaminadas a que no se dé ni un paso atrás en lo que tanto trabajo nos ha costado lograr en conjunto a autoridades electorales, academia y sociedad civil. Las democracias contemporáneas no pueden concebirse sin la garantía plena de los derechos de todas las personas, por lo que debemos redoblar esfuerzos para que las generaciones venideras puedan competir libres de violencia y, sobre todo, en condiciones igualitarias y sin discriminación.
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