VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 5 DE LA SESIÓN ORDINARIA, REFERENTE AL PROYECTO DE DICTAMEN CONSOLIDADO DE RESOLUCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS INGRESOS Y GASTOS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021
Permítame intervenir en este punto.
El día de hoy estamos conociendo el dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización sobre la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2021, mediante los cuales se cumple con una de las funciones constitucionales conferidas al INE, que es la fiscalización de los recursos que ingresan y ejercen los partidos políticos para sus gastos anuales ordinarios, tanto a nivel federal como local.
Hoy es un buen momento para recordar la importancia de esta función de Estado que se le confiere al INE, que puede resumirse, ni más ni menos, que en el propósito común de garantizar la legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos entregados a los partidos políticos y cerrarle así el paso al financiamiento ilegal de la política.
Desde hace más de dos décadas, la autoridad electoral ha venido perfeccionando un sistema de fiscalización, que busca transparentar el financiamiento de las campañas electorales y generar un modelo de rendición de cuentas sobre los cuantiosos recursos que reciben los partidos políticos también para financiar sus actividades ordinarias.
Con la reforma político-electoral de 2014, el modelo de fiscalización se vio beneficiado al incorporarse al menos cinco elementos que se sumaron a la construcción institucional hasta entonces realizada.
Primero, una fiscalización de carácter nacional, en la que el INE asumió la revisión de gastos e ingresos, tanto del financiamiento de los gastos, ingresos y gastos anuales ordinarios, como de los gastos de campaña, tanto a nivel federal como local.
Segundo, una nueva Comisión de Fiscalización, como órgano del Consejo General, integrada por consejeras y consejeros electorales para ejercer las facultades de supervisión, seguimiento y control de la Unidad Técnica de Fiscalización, en la que un equipo robusto de profesionales lleva a cabo las tareas de planeación, revisión e investigación de los ingresos y gastos reportados por los partidos, e incluso los no reportados.
Tercero, un sistema de fiscalización ex durante y no ya ex post, como había ocurrido hasta 2014, lo que se traduce en la obligación de los partidos de reportar en tiempo real sus actos de campaña, sus contrataciones, la identidad de sus proveedores, etcétera. Esto se ha traducido en que, a diferencia de lo que ocurrió hasta 2014, hoy la autoridad electoral emite un dictamen sobre el financiamiento de las campañas, cuando se trata de a revisión de los gastos de campaña, antes de que el Tribunal Electoral califique y valide el proceso electoral. Y, por supuesto, que la fiscalización anualizada de los gastos ordinarios, ocurra en un tiempo razonable, es decir, en el año inmediatamente posterior al ejercicio que se fiscaliza como lo recomiendan las mejores técnicas y prácticas de auditoría.
Cuarto, nuevas causales de nulidad en la elección por violaciones a las reglas de financiamiento. Hoy, en efecto, si un partido o candidato no presenta su Informe de Ingreso y Gasto en periodo de precampaña o campaña puede perder el registro, como lo establece la ley, y la posibilidad, en consecuencia, de contender. Por otro lado, los rebases de topes de gastos de campaña, la compra de cobertura de publicidad en medios de comunicación y el recibir o usar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos son, también, causas de nulidad de las elecciones.
Y, quinto, finalmente, la creación de un Sistema Integral de Fiscalización para el registro y comprobación de todas las operaciones de Ingreso y Gasto de partidos, coaliciones y candidaturas.
Cabe destacar que, hoy, el reglamento de fiscalización del INE, vigente desde noviembre de 2014, establece una serie de parámetros para la contabilidad de los partidos, el registro y reporte de sus operaciones, y una serie de candados para cerrarle el paso al flujo de efectivo; candados tales como la obligación de bancarizar todos sus ingresos y gastos.
Por otro lado, la creación de un Registro Nacional de Proveedores, que opera desde 2015, permite que el INE verifique que todas las personas físicas o morales que quieran venderle productos o servicios a los paridos se encuentren inscritos en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda, que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y que no formen parte de la lista de empresas fachada.
En términos de transparencia, hoy el INE cuenta con un micrositio donde el público en general puede acceder a los informes que reportan los partidos, coaliciones y candidaturas. Un Sistema Integral de Fiscalización que ha fortalecido la rendición de cuentas, y un sistema de monitoreo de campañas que incluye, y de objetos de gastos durante las campañas y también durante los tiempos ordinarios, que incluye desde la supervisión in situ de eventos proselitistas, donde supervisores del INE literalmente contabilizan los costo de un mitin, hasta el registro de bardas, publicidad en infraestructura y anuncios espectaculares con testigos fotográficos, así como un monitoreo en medios impresos e internet.
Todo ello ha permitido que, en los últimos años, el INE haya detectado gastos no reportados por los partidos políticos, es decir, que se haya ido más allá de los que los propios partidos reportan, y se hayan identificado en el terreno con datos verificados y verificables, todos los objeto de gasto que podemos detectar, lo que ha dado pie a la imposición de multas por cantidades muy altas que conforme a las lestes vigentes , por cierto, son todas reintegradas a la Tesorería de la Federación para destinarse a Ciencia y Tecnología. Y este constituye, por cierto, el principal objeto de sanción.
El día de hoy, al discutir y eventualmente aprobar el dictamen consolidado que nos propone la Comisión de Fiscalización, a quien, junto con la Unidad Técnica del ramo agradezco el trabajo realizado, estaremos analizando la legalidad y transparencia en el ejercicio de recursos por parte de los sujetos obligados, los partidos políticos.
Tan solo de ingresos, de acuerdo con los datos que este documento nos arroja para el ejercicio 2021, estos reportaron un total de 25 mil 686 millones de pesos y, tratándose de egresos, en sus informes anuales del ejercicio mencionado, reportaron 27 mil 622 millones de pesos. Definitivamente el trabajo institucional en esta materia no es menor, con lo cual se cae el discurso fácil y simplista de que el INE sólo organiza elecciones, también somos una pieza fundamental en el mecanismos de rendición de cuentas de nuestro sistema democrático y, por supuesto, un engranaje importantísimo junto con los otros del que dispone el Estado mexicano en el combate, en consecuencia, a la corrupción.
De igual forma estaremos aprobando, de ser el caso, nuevas sanciones a los partidos políticos, no por un mero afán de castigar a los actores políticos fundamentales para la recreación de nuestra democracia, sino para mejorar el sistema mismo de fiscalización, seguir avanzando en su perfeccionamiento y acercarnos así, a cumplir con la expectativa ciudadana de una política más limpia, más honesta, más transparente y menos influenciada por poderes fácticos, por poderes públicos o patrocinadores de eventualmente dudosa honorabilidad y legalidad.
En resumen, una política en la que haya legalidad en el ejercicio de los recursos con los que la propia ciudadanía hace posible que los partidos subsistan y cumplan con sus funciones constitucionales, que no son menores, y que puedan competir en condiciones de equidad.
Ése es un reclamo legítimo de la sociedad, y un compromiso que, a juzgar por las conductas que hoy volveremos a sancionar y por los montos de las multas que estaremos discutiendo, todas y todos deberíamos tomarnos con más seriedad y responsabilidad democrática.
-o0o-