Los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones han potencializado el acceso e intercambio de contenidos. Sin embargo, nuestra sociedad digital también enfrenta amenazas causadas por la diseminación de noticias falsas y, en particular, por las campañas de desinformación con sesgos de género que pretenden distorsionar o mermar la credibilidad de las mujeres que incursionan en la política o que ocupan posiciones de liderazgo en distintos ámbitos.
Este tipo de desinformación digital representa una forma de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) que pone en riesgo el entorno igualitario e inclusivo ganado a partir de múltiples batallas. También fomenta la sospecha o desconfianza hacia las mujeres al cuestionar –a partir de estereotipos y roles de género– su capacidad para la toma de decisiones, por lo que menoscaba el ejercicio de sus derechos además de disuadirlas para que abandonen las contiendas electorales. La desinformación con sesgos de género tiene repercusiones devastadoras para las mujeres en la vida pública y, por extensión, para la democracia. El problema central no sólo radica en identificar la falsedad de la información circulada, sino la intención implícita de su propagación.
La “desinformación de género” ha sido definida como la difusión de contenido engañoso con el propósito de mermar la reputación de mujeres políticas utilizando narrativas misóginas que reproducen mensajes sexistas para incidir en la percepción de la ciudadanía, habitualmente con fines políticos o electorales.
Varios estudios realizados en Estados Unidos y Europa develan que la cantidad de ataques virtuales contra las mujeres en el mundo de la política es desproporcional si se compara con los contenidos perniciosos dirigidos hacia figuras públicas masculinas. Según un informe publicado por el Centro para la Democracia y la Tecnología en los Estados Unidos, es menos probable que los ataques se dirijan a ellos, siendo las mujeres afrodescendientes quienes son más propensas que cualquier otro grupo a ser víctimas de contenido misógino, racista y discriminatorio. Las campañas de desinformación con sesgos de género son premeditadas y han servido para silenciar voces críticas o para perpetuar posiciones de poder masculino al representar a las mujeres como poco confiables, sin capacidades suficientes, poco inteligentes, demasiado emocionales o con características poco adecuadas para desempeñar un cargo público, así como para participar activamente en la vida democrática.
Por ejemplo, una excandidata al parlamento iraquí (2018) tuvo que renunciar después de ser acosada por internautas que afirmaron haberla reconocido en un video sexual; o una joven parlamentaria ucraniana (2017) quien denunció ante la ONU los efectos de la guerra sobre las mujeres en su país y días después se orquestó una campaña que buscaba desacreditarla como política a través de mensajes en redes donde se afirmaba que correría desnuda por las calles de Kiev si el ejército ucraniano perdía una batalla contra los rusos. También durante las últimas elecciones generales en Brasil (2022), varias candidatas trans fueron difamadas y violentadas en redes sociales, producto de campañas que buscaban denostar su imagen. La desinformación con sesgos de género erosiona la democracia y favorece la proliferación de mensajes de odio contra activistas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
La mejor forma para combatir la desinformación de género es consultando información verificada de sitios oficiales –como la plataforma Candidatas y Candidatos, Conóceles que se habilita cada proceso electoral–, además de impulsar estrategias sororas para visibilizar que las críticas realizadas no tienen sustento y están basadas en prejuicios de género. En el INE de las 247 quejas que hemos recibido desde 2020 (que entró en vigor la reforma en materia de VPG) al 25 de noviembre, el 32.8% han sido por violencia digital, y cada elección aumenta el número de denuncias por este tema. Espacios como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM), donde confluyen personas e instituciones clave para la atención de este tipo de violencia, tienen especial relevancia para coadyuvar al diseño de estrategias para contrarrestar esta problemática.
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