VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA FIRMA DE CONVENIO COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Muchas gracias.
Muy buenos días tengan todas y todos.
Saludo con mucho afecto, reconocimiento y agradecimiento al licenciado Roberto Moreno, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y, por supuesto, a la ingeniera Magdalena Rodríguez, integrante del Comité de Participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Saludo también al señor Secretario Ejecutivo, cuya firma es la que legalmente vale en este convenio, pero bueno, eso ya nos obliga como institución a cumplir los parámetros, cosa que haremos no solamente muy gustosos y con todo el compromiso.
Y, por supuesto, la presencia de mis colegas, la Consejera Norma De la Cruz y Carla Humphrey, a quienes agradezco, como parte de este órgano colegiado, hayan sido promotoras e impulsoras de que hoy estemos aquí en la forma de este convenio.
A todas las integrantes del sistema, los integrantes, las y los integrantes del Instituto, gracias por acompañarnos.
La historia demuestra que el secreto y la opacidad en e ejercicio del gobierno han constituido instrumentos esenciales del funcionamiento de los sistemas autoritarios que, como nos lo ha enseñado la teoría política, siempre, invariablemente, se han fundado en los arcana imperii y en la corrupción misma.
Esto explica que las prácticas y decisiones gubernamentales del México predemocrático haya favorecido, que no justificado, la existencia de múltiples ámbitos de impunidad, arbitrariedad y elevados niveles de corrupción en el ejercicio del poder público.
La entrega de dinero para agilizar trámites, la simulación en la recepción de algún servicio, el favoritismo en la asignación de contratos o la aceptación de obras de una calidad diferente a la pactada con la intención de recibir un beneficio, son sólo algunas de las prácticas que lamentablemente se han escuchado y se siguen escuchando en diversos ámbitos de la vida nacional y que han afectado, y siguen afectando, tanto a la percepción de la sociedad sobre la probidad de las y los gobernantes, como la idea generalizada de que en México es muy bajo el respeto del Estado de Derecho.
De ahí que, al menos desde los años ochenta, la promesa de combatir y erradicar la corrupción se escuche una y otra vez en las campañas electorales por parte de candidatas y candidatos en todos los niveles de la competencia electoral y por partientes de todos los emblemas políticos.
La sociedad mexicana, para decirlo en una nuez, tiene años, muchos años, de estar cansada de la corrupción en el ámbito político, en el ámbito de la administración púbica, e incluso, en el sector privado.
Para ilustrar lo anterior, permítanme poner sobre la mesa algunos datos: de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional 2021, nuestro país es el peor evaluado de los 38 que integran la OCDE en ese rubro y, en el llamado G20 México tiene lugar número 18.
En el mismo sentido, en un comunicado emitido por el INEGI en diciembre de 2021, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, se menciona, primero, que, del total de personas sancionadas por los órganos internos de control en 2019, el 49.7 por ciento fueron del ámbito federal y el 50.3 de las instituciones de la administración pública local.
Segundo, que de las 105 mil 208 denuncias presentadas ante los OIC por incumplimiento de obligaciones, el 32 por ciento correspondió a la Administración Pública Federal y el 68 por ciento a las instancias locales, de ahí la importancia de, como ya decía Roberto, actuar en el ámbito de este Convenio para fortalecer en una dimensión del federalismo, el combate a la corrupción.
Tercero que, de ese universo de denuncias, nueve de cada 10 presentadas en 2019 respecto a la Administración Pública Federal, se determinaron como no procedentes.
Permítanme poner un último dato sobre la mesa.
De acuerdo con el Informe País 2020, que acabamos de presentar hace apenas unos días aquí en el Instituto Nacional Electoral, de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que, por cierto, nada más para, siempre la hacer pedagogía es útil, algunos articulistas por ahí no entendieron o no han entendido o, como suelo creer, no quieren entender que el INE sí trabajó con el INEGI, lo que pasa es que el Informe País lo hicimos con el PNUD, pero el Informe País se sustentan en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica que levantó el INEGI, digo, porque hay algún despistado que está diciendo ¡ah!, el INE no quiere trabajar con el INEGI, trabaja con instituciones internacionales.
No, trabajamos de la mano de todos los órganos del Estado mexicano y estamos orgullosos de ello, pero bueno, o despistados o malquerientes en estos tiempos abundan.
Decía, de acuerdo con el Informe País, para el 55 por ciento de la población, el principal problema de México es la corrupción y para el 82 por ciento de la población, es el injusto acceso a la justicia que también está invariablemente vinculado con el primer problema.
Los datos anteriores, además de drásticos, deberíamos considerarlos como incentivos para que las instituciones públicas comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas, despleguemos todos los esfuerzos institucionales e interinstitucionales para erradicar la corrupción y la percepción de ésta sobre la vida pública.
De ahí la importancia del Convenio de Colaboración que hoy suscribimos entre el Instituto Nacional Electoral y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para e INE, este convenio constituye una herramienta más, privilegiada, sin duda, que contribuirá a elevar el contexto de exigencia de las actividades y operaciones comerciales y financieras que lleven a cabo los partidos políticos, empresas, organizaciones sociales, simpatizantes de las fuerzas políticas, y también, los actores gubernamentales cuando están relacionadas con las contiendas electorales.
Este convenio además contribuirá a desarrollar metodologías, mecanismos y sistemas informáticos, así como modelos de riesgo que permitan prevenir, detectar y sancionar eventuales actos de corrupción en el ámbito electoral, en el ámbito local, administrado por los OPLES y contribuir, de nuevo al federalismo. Y contribuir con ello, no sólo a la transparencia y rendición de cuentas, en dichas autoridades locales, sino que también podría generar materiales que ayuden a mejorar la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos a cargo de dichas autoridades y que son competencia de los sistemas estatales anticorrupción.
Estoy convencido de que este convenio fortalecerá el circuito de exigencia financiera y comercial que los últimos años hemos venido desarrollando en el INE, en colaboración con otras instituciones del Estado mexicano para fiscalizar el dinero invertido en la competencia política.
Permítanme señalar que el INE y lo decimos con orgullo, es probablemente el ente público más auditado del Estado mexicano. A nosotros nos audita no solamente un Órgano Interno de Control que, por cierto, en el INE, en el IFE entonces, sirvió como modelo a partir del cual se construyeron toda la estructura de los órganos de control en el resto de los órganos constitucionales autónomos.
Nosotros tuvimos un OIC designado por la Cámara en este modelo que hoy se replica y está establecido constitucionalmente mucho antes que cualquier otro órgano autónomo del Estado mexicano. Nos audita la Auditoría Superior de la Federación, nos auditan a través de, nos auditamos a través de auditorías externas y además tenemos la vigilancia permanente de los partidos políticos y de la ciudadanía.
No hay un solo acto del Instituto Nacional Electoral que no pueda ser impugnado por fuerzas políticas o por cualquier ciudadano. Eso no pasa con ninguna otra autoridad del Estado mexicano. Y, sin embargo, y lo decimos con orgullo, pero también no sólo somos vigilados, sino somos parte fundamental del engranaje estatal para combatir la corrupción.
Es cierto, no somos formalmente parte integrante del Comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y aquí Roberto ya me obliga a hacer una pausa para poder explicar lo que en corto mencionaba.
Es que, cuando la primera presidenta ciudadana del Comité de participación ciudadana, la doctora Jacqueline Peschard me invitó al acto formal en el que se instaló por primera vez el Comité Coordinador, yo como público, porque no formamos parte como institución, empecé a ver esa mesa que se parecía a una mesa de poli buró soviético con tantas instituciones y dije “híjole, esto va a estar difícil que funcione, y quien vaya a tener que hacerlo funcionar va a tener mucho trabajo, si además le sumamos al INE vamos a tener un problema adicional”.
Y hay una discusión abierta en este sentido, ya lo sé, formalmente no somos parte del Sistema Nacional Anticorrupción, de su Comité Coordinador, pero siempre hemos sido y seguiremos siendo parte de la alianza institucional para combatir ese flagelo que sigue siendo uno de los más ominosos y nocivos pendientes de la transición democrática: el efectivo combate a la corrupción.
No somos formalmente parte del sistema, este convenio nos ayuda a reforzar los mecanismos de colaboración, pero somos parte del engranaje de combate a la corrupción que la construcción institucional de la transición a la democracia fue elaborando.
Estoy convencido que elevar los niveles de transparencia, perdón, por lo anterior, confío que las sinergias que generamos las autoridades electorales ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, a la luz de este convenio, contribuirán también a mejorar la percepción pública de los partidos ojalá; de las personas que aspiran a obtener cargos públicos mediante el sufragio, ojalá; así como erradicar cualquier posible práctica o acto de corrupción en partidos, candidatas, candidatos, proveedores, personas que están involucradas en la política, y empresas que se relacionan con las contiendas electorales.
Reivindicar eso significará también reivindicar la democracia, pero para ello necesitamos fortalecer el foco de atención y de vigilancia.
Estoy convencido que elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de las personas morales y de los particulares que participan en las elecciones incidirá en el establecimiento en el corto plazo de diques administrativos que impidan el acceso de dinero ilegal a las contiendas, y en el mediano plazo incidirá en la entera sustentabilidad de la democracia mexicana.
Concluyo recordando que transparencia y democracia son dos fenómenos de las sociedades modernas que se retroalimentan mutuamente, por lo que las reformas electorales y las disposiciones jurisdiccionales y administrativas emitidas en los últimos años han elevado poco a poco las exigencias y el compromiso en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en el ámbito electoral.
Falta mucho por hacer sin duda, de la misma manera he sostenido en todos los foros posibles que no hay democracia sin partidos políticos, así como hoy sostengo que sin transparencia y rendición de cuentas tampoco puede haber sustentabilidad democrática.
Especialmente ante los niveles de corrupción, insatisfacción, y desencanto que están experimentando las democracias en el mundo, en América Latina, y también en México.
Contribuyamos todas y todos a erradicar la corrupción en el país y a mejorar la percepción de la democracia mexicana haciendo pedagogía sobre el cumplimiento de las normas y evitando dar pie a noticias falsas en materia electoral, que sólo dañan el presente y el futuro de la democracia mexicana.
De nueva cuenta, Roberto, al Sistema, al Comité de Participación Ciudadana, muchísimas gracias por confiar en el INE, que es también su INE.
Gracias.
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