Hablar del voto de las mujeres es referirnos a una larga lucha por lograr una sociedad más justa y con retos para lograr una nación igualitaria respecto a los derechos fundamentales que hoy se encuentran integrados en nuestra Constitución Política y que, por la misma lucha para combatir este contexto de discriminación y desigualdad, ha sido necesaria la generación de diversas leyes que han empoderado y garantizado la presencia de las mujeres en los todos los ámbitos en la sociedad mexicana.
El inicio de esta lucha tuvo su origen en 1916, cuando se lleva a cabo el Primer Congreso Feminista en Yucatán en el que se reflexionó sobre los derechos que les permitieran a las mujeres estar en igualdad de condiciones de los hombres. Este Congreso es un antecedente fundamental para que en 1935 se conformara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización vital para el movimiento en favor del sufragio de la mujer.
En 1922, en ese mismo Estado se reconoció el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales. En San Luis Potosí, en 1923, es aprobada la ley que permite a las mujeres alfabetizadas participar en elecciones. Estos son algunos de los primeros logros obtenidos por las mujeres en su lucha permanente por participar en política.
En el año 1923 se celebró el Primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres en el que, entre otros aspectos, se resolvió turnar al Congreso de la Unión la petición para que el Legislativo considerara la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.
En 1934 es presentada una iniciativa de reforma constitucional que, al ser aprobada, se otorgó a la mujer el derecho a votar y a poder lograr un cargo de elección popular, pero al no realizarse el proceso legislativo de la declaratoria correspondiente dicho proceso no se materializó. Es hasta 1953 que el entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines publicó el decreto que anunciaba la promulgación de las reformas que dieron el derecho de las mujeres votar y ser votadas.
Posteriormente en 1974, se reforma la Constitución Federal para establecer garantías de no discriminación e igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 19 años después fueron adoptadas las llamadas cuotas de género como medidas especiales de carácter temporal dirigidas a ir equilibrando la representatividad política. Así, los primeros intentos de su establecimiento datan de 1993 con la legislación electoral federal que solamente recomendaba a los partidos políticos promovieran la participación de las mujeres en la postulación de cargos de elección popular.
En la reforma de 1996 se incluyó la recomendación de que en las candidaturas a diputaciones no excedieran el 70% de un mismo género, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Esta disposición quedaría fortalecida en 2002. Para 2008 la reforma a la normatividad electoral determinó que las candidaturas propietarias de mujeres debían ser al menos del 40%.
Con la reforma constitucional de 2014 se establece el principio de paridad de género por la que los partidos deben postular paritariamente sus candidaturas; a la par se incrementó de 2% al 3% los recursos que los partidos debían asignar para la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
En 2019 se reformaron nueve artículos constitucionales para garantizar la llamada “paridad en todo”, que ha fortalecido la adopción de acuerdos por parte del Instituto Nacional Electoral y la emisión de sentencias por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor de la paridad de género.
De 2015 a 2020 se registraron 226 candidaturas a gubernaturas, de las cuales 41 han correspondido a mujeres (18.14%) y 185 a hombres (81.86%). Si bien hoy contamos con 9 mujeres ejerciendo al mismo tiempo el poder ejecutivo de su entidad aún tenemos importantes retos en materia de igualdad material. En los congresos locales la participación de mujeres rebasa el 53%.
Para el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados este se integra, por primera vez en su historia con 251 mujeres por 249 hombres. Para el caso del Senado de la República se conforma por un total de 64 mujeres por 63 hombres (un senador, el suplente del gobernador de Tamaulipas, desafortunadamente falleció recientemente en un accidente por lo que deberá llevarse a cabo una jornada comicial para elegir un senador o senadora por ese Estado).
Como podemos ver, la lucha por alcanzar una igualdad ha recorrido un largo trecho y falta mucho por lograr aún, tan es así que el Índice global de Brecha de Género 2022 reportó que se necesitarían 132 años para alcanzar la paridad total.
Está en el Legislativo seguir impulsando reformas que empoderen a las mujeres y a las instituciones del Estado mexicano les queda la alta responsabilidad de conformar estructuras paritarias que generen los cimientos para una sociedad más justa, igualitaria y con plenitud de derechos tanto para hombres como mujeres.
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