VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO, EN EL SEMINARIO REFORMA POLÍTICA-ELECTORAL “RIESGOS Y OPORTUNIDADES”, EN EL MARCO DE LA CÁTEDRA FRANCISCO I. MADERO
Muchísimas gracias.
Qué gusto estar aquí. Saludo a todas las personas en el auditorio, y también, saludo a quienes nos siguen por las redes sociales.
Desde luego, saludo con muchísimo gusto a Patricia Martínez, muchísimas Patricia por darnos esta bienvenida tan importante a este espacio que siempre es reconfortante y revitalizante visitar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
También, al doctor Miguel Armando López Leyva, miembro también de la Cátedra, muchísimas gracias, doctor.
Saludos con muchísimo gusto, desde luego, a mi amigo y colega Francisco Morales, muchísimas gracias por estar por acá.
Al doctor Fernando Ayala Blanco, muchísimas gracias por compartir y el privilegio de poder conversar en esta mesa con ustedes.
Y desde luego, al líder de la Cátedra, al líder en el sentido formal, pero también en el sentido del impulso, del compromiso a la Cátedra Madero, al doctor Fernando Castañeda Sabido, que ha sido el responsable de llevar a esta Cátedra como un espacio hoy en vía importantísimo, un referente, de hecho, en los temas de reflexión en materia político-electoral.
Pues quisiera platicar con ustedes a cerca de este importante Seminario “Riesgos y oportunidades de la reforma electoral”, en un momento que, además, es clave para discutirlo. En este momento, como ustedes saben en el ámbito nacional, en la discusión pública se da este debate sobre la pertinencia sobre la reflexión en materia de reforma electoral, que no son otra cosa más que las reglas del juego, de acceso y distribución del poder político en el país.
Siempre es pertinente, desde luego, reflexionar sobre el sistema electoral, en una democracia pues las elecciones son la condición mínima de aquella, es decir, el sufrago universal, igualitario, el voto libre y secreto son la precondición básica para el sistema de sostenibilidad de la democracia en todo el mundo.
Las instituciones electorales en México, tanto a las administrativas, como a las jurisdiccionales, han alcanzado un estándar, un alto estándar internacional en términos de independencia, certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, esto desde un punto de vista de cualquier forma es importante seguir avanzando y evolucionando en estos sistemas.
Este reconocimiento se ha alcanzado además, en el caos de México, de la mano de las y los ciudadanos, que son realmente quien en este país son quienes hacen las elecciones. El INE solo organiza las elecciones, pero quienes realmente las hacen son las y los ciudadanos.
Entonces, esta construcción de cuatro décadas a las que se referían, tanto Patricia, como Miguel Armando, tiene que ver con este acompañamiento de la ciudadanía y sus instituciones para transitar en un régimen de democracia electoral sólido.
En estos últimos 30 años de transición y la consolidación democrática se han accedido a estos cargos políticos más importantes de nuestro país de manera pacífica y en estricta obediencia al marco legal. Representantes de todas las corrientes ideológicas en todos los ámbitos del gobierno y la representación han sido los protagonistas.
No obstante, estamos en el contexto de un fenómeno de escala mundial, reconocido también como la regresión, o la erosión democrática también, explicado generalmente como resultado del descontento de la población hacia los gobiernos democráticos y los resultados que han producido, más no un descontento con la democracia en sí.
A diferencia del último cuarto de siglo pasado, cuando la quiebra de las democracias provenía de hegemonías externas o credos no democráticos, en esta ocasión se ha imputado que el mismo régimen democrático permite el acceso a liderazgos que minan sus cimientos, asumiendo la perspectiva de Nadia Urbinati, pensemos por un momento que este proceso se ubica en la frontera del sistema democrático, hasta que una vez que la transgreden, devienen las autocracias.
Aún más, podemos pensar que la des democratización presenta dos fases de deconstrucción, una primera, que profundiza el carácter oligárquico de los gobiernos representativos modernos hasta su clímax que propicia la hora del Ejecutivo, tal como Carl Schmitt argumentaba la concentración del poder por condiciones de emergencia.
Dicho de otra manera, la democracia deviene el Gobierno de pocos, que los muchos rechazan y se pronuncian por su desmantelamiento, sea por la razón o por la fuerza.
Desde mi punto de vista, éste es el reto de cualquier reforma electoral en un régimen democrático como el nuestro, no sólo pensar en los procedimientos electorales en sí mismos, sino también contribuir al incremento de la calidad democrática.
Así, la reforma electoral debe, en el ámbito de sus atribuciones, procurar la restricción del carácter oligárquico del gobierno representativo, como eludir la consolidación de una hegemonía que lacere la efectiva división de poderes, la eficaz gestión de los poderes estatales, la vigencia del Estado de Derecho y, sobre todo, la salvaguarda y protección de todos los derechos humanos para cada integrante de la sociedad.
En materia de oportunidades, me parece que la reforma electoral tiene la gran oportunidad de consolidar y fortalecer las instituciones autónomas e independientes con las cuales contamos a nivel nacional y de las entidades federativas.
Asimismo, deben proteger un aspecto singular que distingue nuestro sistema electoral, es decir, la ciudadanización de los procesos de recepción y conteo de los votos.
Elecciones a cargo de las ciudadanas y ciudadanos que voluntariamente aceptan la encomienda de la autoridad electoral en la casilla.
La insaculación posibilita que las personas con capacidad para asumir esta tarea provengan de los más diversos sectores de la población de los más diversos cultos religiosos o incluso sin él y con la más diversa preferencia ideológica, incluso también sin ella.
En suma, al ser la selección al azar, reproducen a la sociedad mexicana en su más amplia pluralidad y esto es un elemento clave y distintivo de la democracia mexicana.
Como nunca en este milenio, México alcanza la plena universalidad del sufragio, pues toda la población de 18 años o más tiene, en principio, la posibilidad de participar como autoridad electoral y sufragar en los procesos electorales de manera auténtica.
No obstante, se ha alcanzado un tope de participación que no trasciende los 65 puntos porcentuales, debemos incorporar alternativas de participación electoral que trasciendan la comparecencia de la persona en la casilla electoral, en un día específico.
Me refiero a modalidades, por ejemplo, de voto anticipado. En la actualidad, el grupo etario de mayor nivel de participación lo hallamos en personas adultas mayores, pero a partir de los 70 años, decrece de manera importante por las limitaciones de movilidad física, la población adulta, en cambio, ve limitada su asistencia por cuestiones de movilidad social, es decir, las actividades que deben atender, que les alejan de la casilla cercana a su residencia.
Sin duda, un déficit evidente de nuestra democracia concierne a los mecanismos de democracia directa, a lo más, se convoca a la ciudadanía para facultar a la autoridad a tomar decisión de manera finalmente discrecional.
En el caso de la iniciativa ciudadana a nivel federal, desde su instauración en 2012, reporta el inicio de 21 trámites, 16 de los cuales han cumplido con el requisito de firmas y han sido enviados al Legislativo, de las cuales sólo una ha llegado a ser sancionada por el Congreso de la Unión, la Ley Tres de Tres.
Falta mucho aún por llegar al referéndum constitucional, al plebiscito facultativo y a la iniciativa ciudadana en todos los niveles, por mencionar sólo los más relevantes; falta también consolidar una cultura política en el uso de estas herramientas de democracia directa que respeten las reglas constitucionales y legales establecidas para ello y con ello posibiliten la finalidad para la que fueron creadas.
Los riesgos que representa toda reforma electoral en un régimen democrático, es asumir que la democracia electoral sea sinónimo de calidad de la democracia. En México hemos avanzado mucho en cuanto a la elección de representantes, pero ha sido deficitaria en cuanto al empoderamiento de la ciudadanía, es decir, la viabilidad también de ser votada y su capacidad, desde luego, para ejercer efectivamente el escrutinio y sanción de gobernantes y representantes.
México avanzó mucho en cuanto a la especialización de las funciones estatales, con la creación de organismos autónomos y la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil; sin embargo, quedó pendiente el marco institucional que protegiera esos avances, expuestos a la discrecionalidad de las mayorías políticas durante estos 30 años de transición.
Otro aspecto relevante concierne a los ámbitos de la información y la educación cívica, los actores políticos atribuyen a la democracia ser una solución simple para problemas complejos.
La dinámica de las sociedades modernas no sólo requiere representantes y autoridades con principios morales que se traduzcan en actos sociales, sino también, con ética profesional.
Se requiere la participación sistemática de la ciudadanía en el diseño, implementación, supervisión, y evaluación de las acciones de gobierno. Resulta también de principal interés establecer la obligatoriedad de la consulta y sanción de expertas y expertos que guíen la toma de decisiones cuando se requiera, cuando sea necesario.
La experiencia con la pandemia de COVID-19 nos advirtió justamente de estos elementos necesarios y de este desafío para la gobernanza democrática, no sólo a nivel nacional, a nivel global, pero es una alerta que es importante atender.
Por último, el mayor riesgo consiste en escatimar el costo de la democracia. Se dice que la democracia es cara, pero es cara respecto a qué. En un régimen autocrático, no es posible conocer ni el costo de las acciones del gobierno, ni de las elecciones, si es que las hay, así como no procede también pretender siquiera la comparación que se hace en algunos elementos sin tener en cuenta la diversidad en los componentes de los modelos electorales.
No es posible hablar del costo de las elecciones, por ejemplo en Estado Unidos, sin homologar los términos de la organización de las elecciones en México, al menos en aquellos procedimientos cruciales, por ejemplo los centros de votación, la identificación electoral, el financiamiento de partidos políticos y candidaturas, procesos jurisdiccionales, supervisión de gastos de campaña, por mencionar sólo algunos.
En México, se concentran en un organismo diversas atribuciones, esa concentración permite transparentar cuánto se asigna presupuestalmente a la institución y cuánto gastamos las y los mexicanos en elecciones que llega a ser una inversión también, no sólo en el derecho a votar y ser votados, sino en el derecho a tener estabilidad, certeza, sobre el proceso de distribución del poder político.
La pregunta que considero que finalmente se debe de responder de toda tentativa de reforma electoral, es sobre si es viable la organización de las elecciones bajo el control ciudadano que incremente los actuales estándares de independencia, certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad.
Todos estos componentes del actual sistema, todos estos componentes que pueden evolucionar para tener un mejor resultado; sin embargo, todos estos componentes, que deben estar presentes en cualquier tipo de modificación normativa, porque eso nos va a garantizar la sostenibilidad de la democracia electoral como hoy la conocemos.
Muchas gracias.
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