A raíz de la reforma Constitucional en materia político electoral de 2014 el Instituto Nacional Electoral, tiene la obligación de recibir y revisar, entre otros aspectos, los informes respecto al origen, monto, destino y aplicación que reciban por cualquier tipo de financiamiento los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas, candidaturas, precandidaturas y candidaturas independientes, así como investigar las quejas que se presenten en esta materia.
Este ejercicio de fiscalización tiene por objeto asegurar que el origen de los recursos que reciban en todo el país partidos políticos, candidatos y candidatas acaten la normativa en la materia, es decir, el Reglamento de Fiscalización que deriva de la legislación electoral, que los mismos provengan de las fuentes permitidas por la ley, que se realicen a través del sistema bancario mexicano y que se apliquen en los términos señalado por la normatividad.
En este sentido, con la finalidad de que los sujetos obligados cumplan cabalmente con las reglas respecto al origen y destino de sus recursos, en el Reglamento de Fiscalización se dispone que “Los sujetos obligados podrán solicitar a la Unidad Técnica de Fiscalización, la orientación, asesoría y capacitación necesaria en materia del registro contable de los ingresos y egresos, de las características de la documentación comprobatoria correspondiente al manejo de los recursos y los requisitos de los informes”.
Los sujetos obligados deben presentar informes anuales, de campaña y trimestrales de conformidad con lo establecido por le ley. En sesión pública realizada el viernes pasado, entre los 29 puntos agendados, el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, conoció el resultado de la revisión de los informes ordinarios de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y se determinó la imposición de sanciones a los partidos políticos nacionales y locales por cerca de 700 millones de pesos por diversas irregularidades detectadas. El destino del monto al que ascienden estas sanciones será -una vez que se resuelvan por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las impugnaciones presentadas- por disposición legal, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Estas sanciones derivan de la revisión integral de 721 informes presentados por un total de 84 sujetos obligados tanto del ámbito federal como local que correspondieron a 10 partidos políticos con registro nacional en 2021, así como a 74 partidos políticos con registro local, respecto al origen y destino de los recursos a su cargo.
En este sentido, el INE fiscalizó los recursos por un monto de 15 mil 160 millones 334 mil 295 pesos de ingresos, así como 12 mil 188 millones 459 mil 363 pesos de gastos.
Las conductas más frecuentes registradas indican transferencias indebidas de recursos; egresos no reportados; así como egresos que no fueron comprobados que, en su conjunto representan el 41% de las sanciones impuestas.
Consecuentemente, el resultado de las sanciones por partido político se distribuyó de la siguiente manera:
Morena le fue impuesta una sanción de 315 millones 339 mil 442 pesos, que corresponden al 46% del total de los 689 millones 176 mil 003 pesos de multa impuestos a dichas instancias de interés público.
Al Partido del Trabajo (PT) se le impuso una multa de 94 millones 504 mil 383 pesos, 13% del monto global.
Al Partido de la Revolución Democrático (PRD), 83 millones 675 mil 658 pesos, 12% del total del monto.
Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 54 millones 485 mil 091 pesos, 8% del monto total.
Al Partido Verde Ecologista de México, 52 millones 360 mil 834 pesos, 8% del total.
Al Partido Acción Nacional (PAN) 47 millones, 047 mil 107 pesos, 7% del total.
Al Partido Movimiento Ciudadano (MC) 14 millones 436 mil 586 pesos, 2% del total.
Finalmente, fueron sancionados los partidos Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México con montos de 705,495, 165,371 y 101,792 pesos, respectivamente.
La fiscalización de los recursos con los que cuentan los partidos políticos permite garantizar la equidad en las contiendas electorales pero también, que la fuente de ingresos de los sujetos obligados se ajusta a la norma y que las erogaciones tienen un fin partidista. La fiscalización es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía y constituye una invaluable fuente de información para conocer el manejo financiero de los partidos políticos que hace posible que la autoridad nacional electoral otorgue certeza en el manejo de los recursos públicos y privados que se destinan a los partidos políticos.
Los actores políticos podrán recurrir a las instancias jurisdiccionales a interponer un medio de impugnación y será el TEPJF, la instancia que resuelva en definitiva, salvaguardando el Estado de Derecho en nuestro sistema democrático.
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