VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA, RELATIVO AL PROYECTO DE DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INE RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS INGRESOS Y GASTOS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020
Revisar los ingresos y gastos ordinarios de los partidos políticos es una atribución del Instituto Nacional Electoral, que tiene la finalidad de transparentar el dinero invertido en la política, más allá de los procesos electorales.
Claramente, el financiamiento del pluralismo político expresa una concepción de la democracia en la que los partidos son indispensables para su recreación, pero eso no significa que sea un cheque en blanco para que los partidos hagan cualquier cosa con el dinero que reciben.
Es por ello que, desde los años 90, la legislación ha evolucionado paulatinamente para hacer más y más rigurosa y oportuna la fiscalización.
Pasamos de un periodo en el que las elecciones se caracterizaban por la opacidad financiera, en el cual la sociedad mexicana prácticamente estaba a expensas de lo que quisieran reportar o no los partidos políticos sobre sus ingresos y sus gastos, a una nueva etapa en la que predomina el rigor y el detalle en la revisión del dinero que financia la política y la oportunidad de los resultados de la fiscalización.
De ahí, que a lo largo de ocho años hemos conformado un robusto modelo de fiscalización, que con el apoyo de herramientas tecnológicas y de una red de colaboración interinstitucional nos permite seguir, como nunca antes, las huellas del dinero público y privado que cursa por el sistema financiero y en la economía formal para ser invertido en la competencia electoral.
Este circuito de exigencia financiera ha posibilitado al INE detectar cuentas bancarias no reportas y los montos que éstas involucran, como operaciones comerciales, realizadas con empresas que caen en el supuesto de empresas fachada; transferencias financieras no permitas entre los mismos partidos políticos; la evolución del pago de las obligaciones fiscales a las que están obligados los partidos, egresos efectuados sin fines partidistas y gastos no comprobados; entre otras conductas que podrían dar lugar algún tipo de sanción.
Gracias a la consolidación de este modelo de fiscalización, la Comisión de Fiscalización propone a este Consejo General los dictámenes y proyectos de resolución sobre los ingresos y gastos ordinarios realizados en el año 2020 por 84 sujetos obligados, es decir, por 10 partidos políticos nacionales con actividad en todo el país, entonces, y 74 partidos políticos nacionales y locales con actividad circunscrita a alguna entidad federativa.
Los dictámenes y proyectos de resolución reflejan el resultado de la revisión minuciosa de dos mil 172 informes correspondientes al ejercicio fiscal 2020, que en conjunto implicaron la fiscalización la revisión de 15 mil 160.3 millones de pesos de ingresos y 12 mil 188.4 millones de pesos de gastos.
De esta revisión, y una vez ejercido puntualmente el derecho de audiencia de los partidos, se propone aplicar un total de sanciones por un monto de 689.1 millones de pesos.
De entre los aspectos relevantes de los resultados de esta revisión de ingresos y gastos ordinarios, permítanme destacar lo siguiente:
Del monto total de sanciones propuestas, 242.4 millones, que significan el 35 por ciento del planteamiento que se le hace a este Consejo, corresponden a los partidos políticos nacionales.
Y 420, el 61 por ciento del total, corresponden a los partidos políticos nacionales, pero en su dimensión local, es decir, con la acreditación local.
Y 25 millones de pesos, el 4 por ciento de las sanciones propuestas a este Consejo el restante, corresponden a los partidos políticos locales.
En relación con las conductas sancionadas, las más relevantes y que implican los más graves intentos de engañar a la autoridad electoral son cuatro:
Primero, transferencias financieras indebidas de las oficinas locales de un partido al Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido; segundo, egresos no reportados, que implica intentos por ocultar información de gastos a la autoridad electoral; tercero, egresos no comprobados; y cuarto, cuentas por cobrar y por pagar con antigüedad mayor a un año no comprobadas.
Aquí es importante mencionar, que la revisión de los informes de ingresos y egresos de 2020 mostró una incongruencia en las practicas internas de un partido político y sus planteamientos públicos, ya que mientras que se ha sostenido públicamente un discurso con un sistemático ataque a los fideicomisos que utilizan distintas instituciones públicas, ese partido sí los utiliza para el manejo de los recursos financieros que reciben.
En tal sentido, creo que en congruencia habría que reconocer que los fideicomisos son instrumentos financieros, que no son malos per se, sino que son instrumentos que pueden ser útiles para transparentar el uso de recursos asignados a una institución si se manejan conforme a la ley y con probidad.
Además, cabe señalar que en 2020 se experimentó un cambió en las conductas sancionadas y en las prácticas administrativas de los partidos. En efecto, los datos contenidos en este dictamen y en estos proyectos, los datos derivados de la fiscalización ordinaria de ese año permiten pensar que la intensa labor de capacitación que por años ha desplegado la Unidad de Fiscalización, para que los responsables administrativos de los partidos se profesionalicen y cumplan de mejor manera sus obligaciones en materia de transparencia y de acatamiento de las reglas de fiscalización, está generando algunos buenos resultados.
Conforme a la información contenida en los dictámenes, que están a nuestra consideración, tres partidos políticos concentran el 72 por ciento de las sanciones y el 28 por ciento restante se distribuye entre los partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos locales.
Más aun, si se comparan las sanciones propuestas en 2020 con las aplicadas en 2019, se observa que cuatro de los siete partidos políticos nacionales con registro vigente disminuyen sus sanciones en un 56 por ciento en promedio, mientras que los partidos políticos locales las disminuyen en un 28 por ciento.
Esta evolución diferenciada de las sanciones, desde el punto de vista administrativo y de rendición de cuentas, demuestra que vamos por buen camino y que la fiscalización no solamente es un mecanismo sancionatorio con una intencionalidad sancionatoria, es decir, un mecanismo punitivo, sino por el contrario, un mecanismo que busca, por un lado, tener una función preventiva; y, por otro lado, una función correctiva.
Es decir, que cada día, los partidos políticos y particularmente los órganos de cada uno de ellos, responsables del manejo de sus finanzas, sean, estén mejor capacitados y estén en una condición de cumplir de mejor manera con las reglas de esta materia que, vale la pena insistirlo una vez más, no son reglas establecidas por el INE, en todo caso hay reglas en el Reglamento de Fiscalización desarrolladas por el INE, a partir de lo que han sido los grandes consensos políticos entre los partidos en los últimos, por decir lo menos, 15 años.
Es decir, las reglas de la fiscalización, el compromiso con la transparencia y la efectiva rendición de cuentas que define una democracia está expresada como voluntad del pacto político que los partidos han llevado a la Constitución y a la ley.
Otra cosa es el cumplimiento de las reglas que se han dado los propios partidos, y aunque todavía hay irregularidades, como lo demuestran estos documentos que conocemos, que se cometen en términos generales, la fiscalización avanza por el buen camino.
Estos datos muestran que es posible que los partidos políticos se acerquen a los niveles de probidad, pulcritud administrativa y transparencia que la sociedad mexicana exige, y que lo que hemos dicho una y otra vez en este Consejo, en el sentido de que la fiscalización, como mencionaba, no tiene fines punitivos, sino contribuir a la profesionalización, es un propósito alcanzable con tiempo, dedicación y disposición de los propios partidos políticos.
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