El pasado lunes 21 de febrero, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobamos las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022, así como los criterios específicos para su ejecución, control y seguimiento respectivos dispuestos en la ley de la materia.
Aun en el marco de nuestras autonomías constitucionales, el INE acató oportuna y seriamente los mandatos de la norma presupuestaria y de responsabilidad hacendaria así como los derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Como todas y todos sabemos, la autonomía presupuestal de un órgano del Estado reside en la facultad que el Constituyente le otorgó para realizar una estimación propia de los recursos económicos que requiere para realizar las actividades tendentes al cumplimiento de los fines que constitucionalmente tiene encomendados. Del mismo modo, para realizar las actividades y gestiones necesarias para allegarse de recursos y ejercerlos en un marco de discrecionalidad acorde con las reglas que rigen el ejercicio del gasto público dentro de los parámetros constitucionales.
En efecto, la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los órganos que cuentan con ella ejerzan sus funciones con plena independencia, pero siempre condicionada al cumplimiento de sus fines, y a una administración de los recursos de sus presupuestos eficiente, eficaz, y con economía, transparencia y honradez.
El acuerdo aprobado es una muestra más del compromiso del Instituto con las exigencias sociales de austeridad republicana y con una convicción permanente de mejora continua, como lo dispone la planeación estratégica que rige al INE desde 2019 en su versión más actualizada.
Con la finalidad de generar ahorros que puedan destinarse a los programas prioritarios del Instituto, las referidas medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria buscan alcanzar un ahorro total de $416.6 MDP, en los que ya está incluida la meta de ahorro primaria de $227 MDP y su adicional por $64.5 MDP, aprobadas previamente y cuyos montos se destinarán a la organización de la Revocación de Mandato.
No debo soslayar los imprevistos a que ha estado sujeto el INE recientemente, como los inherentes a la pandemia que aqueja al mundo y las determinaciones de otros órganos y poderes estatales, que se han vuelto una constante que ha impedido fijar montos más precisos de ahorro. Sin embargo, el monto referido se encuadra dentro de los límites de riesgos controlados de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Instituto.
Sin embargo, en la votación expresé ciertas reservas, porque creo que podíamos ahorrar aún más. Creo que se debe poder hacer más con menos. Por ejemplo, en materia del gasto referido a la Revocación de Mandato podemos y deberíamos hacer más por defender y garantizar el derecho a la participación ciudadana, considerando instalar más casillas especiales, quizá 2 o 3 por distrito, en lugar de solo una. Esto es así sobre todo pensando que el domingo de la jornada cívica, el 10 de abril, es un domingo de vacaciones en la que muchas electoras y electores están de viaje o fuera de su distrito, de su ciudad o entidad federativa.
Por eso regreso a un tema en el que insisto desde que llegué al Consejo General en julio de 2020. Este momento particular, el de pandemia y adversidad presupuestal, era el adecuado para mostrar más arrojo contra la inercia burocrática y las viejas prácticas de planeación y ejercicio del gasto. No habrá otro tan propicio para dar los saltos cuánticos que la sociedad y la administración pública del siglo XXI demandan.
Las dos crisis debieron abrirnos los ojos a ejercicios de imaginación estratégica y no solo presupuestal, sino de modernización e innovación integral; de la reingeniería de procesos que nuestro modelo de planeación institucional exige.
Esa reingeniería bien podría ser encabezada por una comisión temporal de modernización y mejora institucional cuya conformación propuse hace 19 meses y que aun no se ha podido constituir.
Las pulsiones y resistencias a la mejora, fueron más enérgicas esta vez y por eso perdimos la oportunidad de reforzar nuestro liderazgo en muchas materias a nivel nacional e internacional.
En el mismo sentido, el uso de instrumentos electrónicos para votar avanza de nuevo con timidez, lentitud, incoherencia y a golpe de jurisprudencia, en lugar de emerger de nuestras propias convicciones de modernidad y ahorro y de nuestros propios impulsos de eficacia, eficiencia y economía.
Voté a favor del proyecto porque implica un acatamiento de disposiciones constitucionales, legales y presupuestarias y porque debe haber austeridad y racionalidad en el gasto, pero me separé de algunas consideraciones, medidas y criterios porque me parecen insuficientes, tímidas, tardías y francamente, contradictorias y, simplemente, porque debimos haber hecho más.
Consulta el artículo en La Silla Rota.