Estamos a 54 días del primer proceso de revocación de mandato en México, un inédito ejercicio de democracia participativa consagrado como un derecho de la ciudadanía en el artículo 35 de la Constitución, que tendrá su punto culminante en la jornada de votación del domingo 10 de abril, pero que está precedido de una larga historia no exenta de polémica.
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Es muy lamentable que todo este proceso se haya prestado para intentar descalificar a la autoridad electoral, tratando de apuntalar la falsa narrativa de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no quiere la revocación de mandato.
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Nada más lejano de la realidad: si hoy estamos listos para que la ciudadanía participe y tenga una boleta esperándole en la casilla, es gracias a que el INE, en medio de esas múltiples controversias, nunca detuvo sus trabajos.
La historia inició desde agosto de 2021, cuando el Consejo General del INE aprobó un proyecto de presupuesto en el que, de manera responsable, fue incorporada una partida precautoria para que, si así lo promovía la ciudadanía, el INE pudiese contar con los recursos presupuestales para llevar a cabo una eventual revocación de mandato.
El INE tenía que solicitar a la Cámara de Diputados esa partida precautoria, no solo para garantizar el derecho a participar en ese probable ejercicio, sino porque existía el antecedente de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo ordenaba.
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El INE solicitó una partida de 3,830 millones de pesos (186.2 millones de dólares) para llevar a cabo la revocación de mandato. Se calculó que, a diferencia de la consulta popular de 2021, que pudo llevarse a cabo con solo 522 millones de pesos al aprovechar gran parte de los esfuerzos y de los gastos institucionales hechos para realizar las elecciones federales del 6 de junio, en esta ocasión el proceso arrancaría de cero.
Este proceso, además, debía contar con todas las garantías de legalidad, certeza y profesionalismo, dadas sus consecuencias legales posibles: la conclusión anticipada del mandato de quien fue electo presidente en 2018.
El INE siempre ha tenido sobre la mesa esos dos parámetros: por un lado, la gravedad de las consecuencias del ejercicio y, por otro, la generación de las mejores condiciones para que toda la ciudadanía tenga garantizado su derecho a participar.
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Por eso, aún antes de que las Cámaras del Congreso cumplieran con su obligación constitucional de generar la ley federal en la materia (cosa que hicieron con 454 días de retraso), el Consejo General emitió una primera versión de los lineamientos de revocación de mandato en el mismo mes de agosto de 2021.
A esos dos acuerdos de hace ya seis meses, el Consejo General y la Junta General Ejecutiva del INE han sumado una veintena más de resolutivos —incluidos dos ajustes presupuestales— para hacer posible la revocación de mandato. Pero Morena, el partido político oficialista y mayoritario en esas cámaras, ha ido presentando igual número de impugnaciones contra las decisiones tomadas por el Instituto Nacional Electoral.
A cada paso que el INE ha dado para hacer posible este inédito ejercicio de democracia directa ha correspondido una traba o un obstáculo interpuesto por el partido Morena y el gobierno federal, quienes se dicen interesados en que el ejercicio ocurra por medio de recursos judiciales, descalificaciones públicas o la negativa de entregarle al instituto los recursos financieros necesarios para poder cumplir con el mandato legal en esta materia.
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Y, en el colmo del absurdo, al mismo tiempo se ha desplegado una campaña desde circuitos gubernamentales y oficialistas para acusar a las consejeras y consejeros del INE de pretender obstaculizar el proceso, llegando al extremo de amenazar, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, con encarcelar a seis consejeras y consejeros, y al secretario ejecutivo del INE.
En esa cadena de paradojas, destaca la controversia generada por la negativa de entregarle al INE los recursos necesarios para llevar a cabo la revocación de mandato en los términos que establece la ley, tanto por la mayoría de la Cámara de Diputados —compuesta por Morena y sus aliados políticos Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo— como por la Secretaría de Hacienda. Una situación que resulta incomprensible, pues es esa mayoría y el propio gobierno quienes han promovido la realización de este proceso, y han impulsado las leyes que mandatan las características y amplitud que debe tener el ejercicio.
Es decir, por un lado, se aprobaron leyes que maximizan los derechos de la ciudadanía, pero por otro se autorizaron presupuestos insuficientes que minimizan las capacidades institucionales; a pesar de los inéditos ejercicios de diálogo que sostuvimos con las y los diputados para explicar, incluso ante el pleno, los requerimientos presupuestales de 2022 y, en particular, la partida precautoria para la revocación de mandato.
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Lamentablemente, la mayoría legislativa no escuchó nuestros argumentos jurídicos, técnicos y presupuestales y, sin mediar explicación alguna, solo se nos otorgaron poco más de 800 millones de pesos (38.9 millones de dólares) para llevar a cabo el proceso.
En ejercicio de sus derechos y atribuciones, y con el único fin de no poner en riesgo los derechos políticos de la ciudadanía, el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la decisión de la Cámara de negarle los recursos que requiere para cumplir con sus funciones. Ese es el fondo de una discusión trascendental que, por cierto, va mucho más allá de este proceso de revocación de mandato: ¿puede la Cámara usar su legítimo derecho a aprobar el presupuesto de egresos para impedir financieramente las condiciones de que otro órgano del Estado garantice derechos ciudadanos? Es un tema en el que el Poder Judicial tendrá la última palabra.
En paralelo, el INE ajustó dos veces su presupuesto para lograr una partida total de 1,567 millones de pesos para llevar a cabo el proceso y, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ajustó a la baja el costo de la revocación de mandato.
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Aun así, los recursos son insuficientes para cumplir con la Ley Federal de Revocación de Mandato, que expresamente ordena instalar el mismo número de casillas de la elección federal anterior; esto es, alrededor de 161,000 casillas. Así se lo explicamos a la Secretaría de Hacienda en una solicitud formal de ampliación presupuestal. Pero nos fue negada.
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Hoy, gracias a resoluciones de la SCJN, estamos ya avanzando hacia una revocación de mandato, lamentablemente con menos casillas, en una decisión que constituye un delicado y peligroso precedente para la integridad de futuros procesos electorales, pero con la misma calidad técnica y condiciones de legalidad, certeza, transparencia y objetividad que el INE imprime a todos los procesos democráticos.
La revocación de mandato va: el INE la sacará adelante, de la mano de la ciudadanía.
Consulta el artículo en The Washington Post.