El pasado 9 de febrero la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 480 votos -96% de sus miembros- una reforma al artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con la finalidad de establecer que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tenga la facultad de promover que a los organismos de mujeres de cada partido político le sea asignado el 10% de su financiamiento público ordinario para capacitar, promocionar y desarrollar el liderazgo político de las mujeres.
También se modifican los artículos 30, 43, 50, 51 y 72 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) para determinar que cada partido tenga un órgano interno encargado de la perspectiva de género. De igual forma, se impone la obligación de tener un órgano responsable de la capacitación y promoción de dichos liderazgos (link del documento aprobado: https://acortar.link/JEIqlp).
Aunado a lo anterior, se deberá establecer un término para que los partidos modifiquen sus documentos básicos, a fin de cumplir con el establecimiento de los órganos que se proponen en la LGPP. Esto obedece a que en el régimen transitorio se disponen de 180 días para que el INE emita las disposiciones administrativas necesarias para hacer realidad la reforma. Dichas modificaciones se suman a diversos cambios ordenados por el Consejo General del INE desde octubre de 2020, en esta misma materia.
El dictamen se encuentra ahora en el Senado para su revisión y, de ser el caso, aprobación. Confiamos en que existe el mismo sentir de impulsar los derechos políticos y electorales de las mujeres en la Cámara Alta.
Con estas modificaciones se aumenta el financiamiento a más del triple de lo que actualmente es. Sin embargo, no echemos campanas al vuelo, aún tenemos mucho que hacer en el empoderamiento político de las mujeres.
De concretarse la reforma, el reto para los partidos políticos y para la propia autoridad electoral será cumplir con dicho porcentaje. El INE – a través las Unidades Técnicas competentes- tendrá que poner especial énfasis en su cumplimiento.
La historia nos ha enseñado que son muchas las resistencias para cumplir con esta obligación. Los informes y, sobre todo las impugnaciones, nos han demostrado que se continúan negando recursos a las mujeres dentro de los mismos institutos políticos y, peor aún, se pretende cumplir la norma con diversas simulaciones y fraudes con lo que se violenta la participación política de las mujeres. Por ejemplo, hace unos años hubo partidos que intentaron cumplir con el 3% con la justificación de que entregaron manteles, baberos y utensilios de cocina a las mujeres. Hecho que no capacita, ni desarrolla, ni promociona ni empodera los liderazgos femeninos y, por el contrario, estereotipa y menoscaba el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Así queda evidenciado que uno de los principales problemas en alcanzar la igualdad de género en política son la falta de compromiso y respeto por lo que establece el marco normativo vigente, en detrimento de los derechos humanos de las mujeres en México. El desafío que tenemos es entender a la capacitación y promoción de liderazgos de mujeres como una forma de potenciar su participación y empoderamiento. Es decir, como un impulso al desarrollo de sus habilidades, así como a su liderazgo.
De ahí la importancia de que se haga de forma estratégica, focalizada, diferenciada y dirigida al objetivo que se pretende conseguir. Su éxito estará en que sea vista como un agente potenciador de los partidos políticos como instituciones políticas comprometidas con el liderazgo político de las mujeres, la igualdad de derechos, la paridad entre géneros y la no discriminación y que, además, tiene como finalidad brindar a los partidos ventajas para la competencia que, de manera indubitable, incluya a las mujeres.
Falta mucho por hacer, pero este es un paso en la dirección correcta. Mientras tanto en el INE nos preparamos para seguir garantizando y potenciando los derechos de las mujeres.
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