Cada vez está más cerca la revocación de mandato del Presidente, pues todo indica que se reunirá el número requerido de firmas. La incógnita principal, ahora, está en cuántas casillas podrá instalar el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que está en función de los recursos con que cuente al final para el ejercicio. Esto es crucial, pues la Constitución, en su artículo 35, señala que ha de participar, al menos, el 40% de los ciudadanos del listado nominal para que resulte vinculante. Por ello, el INE ha sido persistente en solicitar recursos para poner tantas casillas como manda la ley en una elección nacional: 161 mil.
Como se sabe, hay un diferendo por el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados impuso al INE y que generó que no se tuvieran los recursos para organizar la revocación de mandato en términos legales. Por fortuna, hay varias decisiones jurisdiccionales que han pavimentado el camino a una salida por la vía legal, como debe ser en democracia.
En un primer momento, el INE acudió a la Suprema Corte para solicitar que el máximo tribunal pudiera pronunciarse sobre la ausencia de recursos, pues se puso en riesgo una obligación del Estado mexicano. Un segundo paso del INE fue posponer las actividades de organización de la revocación, para, así, dar pie a que el Tribunal Electoral tomara cartas en el asunto.
La Corte ya dijo que está en espera de que se reúnan las firmas para pronunciarse sobre el tema, pues formalmente, hasta el momento, la revocación es todavía un hecho incierto. Su fallo será clave.
El Tribunal Electoral, por su parte, emitió una sentencia muy relevante, en la que instruyó al INE realizar las adecuaciones presupuestales internas “sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales” para liberar recursos para la revocación. Pero, aquí lo más importante, el Tribunal facultó al INE para realizar una nueva solicitud presupuestal a la Secretaría de Hacienda, la cual deberá: “responder a la brevedad”, “de manera fundada y motivada, en la que, de manera pormenorizada, atienda de manera completa la petición”, ha de “considerar que se está en presencia de una obligación de todo el Estado mexicano, que involucra la participación de la ciudadanía en la vida pública del país” y “deberá tomar en cuenta el deber que tiene de hacer efectivo el ejercicio del derecho político-electoral de los mexicanos para participar en la revocación”.
Se trata de una sentencia histórica porque el Poder Judicial obliga al Ejecutivo federal a responder con precisión al INE en aras de cumplir con una obligación democrática de todo el Estado mexicano, no sólo de la autoridad electoral.
Pues bien, ayer el Consejo General del INE aprobó los ajustes internos que le ordenó el Tribunal. Por un lado, con recursos propios, alcanzó una cifra de disponibilidad de 1,567.5 mdp. Además, dado que se acotaron los tiempos del trabajo de campo, no se imprimirá en papel seguridad la boleta y otras medidas, se redujo el costo original del ejercicio en 523.4 mdp. De esta forma, frente a la solicitud original de 3,830 mdp, el INE ha hecho un esfuerzo que alcanza más de dos mil millones de pesos (2,091 mdp). Pero son necesarios todavía 1,739 mdp para lograr instalar las 161 mil casillas previstas.
Por ello, en cumplimiento con la sentencia del Tribunal, el Consejo del INE acordó solicitar el monto faltante a Hacienda: 1,739 millones. Que haya 161 mil casillas para la revocación de mandato el 10 de abril depende hoy de la Secretaría de Hacienda, del gobierno federal. El balón está en su cancha.
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