El Consejero Jaime Rivera, explicó que el acuerdo que tomó el Consejo General, por mayoría, fue una salida por falta de recursos necesarios para organizar la revocación de mandato. Detalló que el Instituto ya ha iniciado varias actividades del ejercicio, pero no se puede llevar a cabo la contratación de capacitadores asistentes electorales, quienes preparar a quienes fungirán como funcionarios de casillas. En ese sentido, el Instituto acordó posponer ciertas actividades, con base en sus atribuciones.
Recordó que esa decisión disgustó y la convirtieron en un delito que debe seguirse penalmente, lo que no tiene precedentes ni sustento jurídico, por lo que seguramente no prosperará. Si alguien está inconforme con una decisión del INE, debe recurrir al TEPJF, dijo.