VERSIÓN ESTENOGRÁFICA PRELIMINAR DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA DE MANERA SEMIPRESENCIAL
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenas tardes, señoras y señores consejeros y representantes.
Damos inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo General que fue convocada al término de la sesión que concluyó hace unos minutos.
Por lo que le pido al Secretario verifique si hay quórum para sesionar.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Presidente.
Procederé, como ya es tradicional en este tipo de sesiones, pasando lista quienes se encuentran conectados virtualmente.
Consejera Norma De La Cruz.
Consejera Electoral del INE, Norma De la Cruz Magaña: Presente.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejera Adriana Favela.
Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: Presente.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejero Martín Faz.
Consejero Electoral del INE, José Martín Fernando Faz Mora: Presente.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejera Carla Humphrey.
¿Consejera Humphrey?
Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
El C Consejero del Poder Legislativo del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín: Presente.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Senador Juan Manuel Fócil.
Diputado Pedro Vázquez.
Consejero del Poder Legislativo del PT, Pedro Vázquez González: Presente, Secretario. Buenas tardes.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Diputada Karen Castrejón.
Diputada Ivonne Ortega.
Licenciado José Eduardo Calzada.
Representante del PRI, José Eduardo Calzada Rovirosa: Presente.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Licenciado Silvano Garay.
Maestro Fernando Garibay.
Representante del PVEM, Fernando Garibay Palomino: Presente. Buenos tardes.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Presidente, tenemos quórum, están conectados siete consejeras, consejeros y representantes; y en la sala tenemos una asistencia inicial de 13 consejeras, consejeros y representantes, por lo que para iniciar la sesión tenemos una asistencia de 20 miembros de este órgano colegiado, por lo que hay quórum, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.
Continúe con la sesión.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto, Presidente, se refiere al orden del día.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.
Colegas, está a su consideración el orden del día.
Dado que no hay intervenciones, señor Secretario, consulte si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de lectura del documento que se hizo circular previamente.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura del documento que contiene el asunto previamente circulado, para así entrar directamente a la consideración del mismo en su caso.
Consejera De La Cruz.
Consejera Electoral del INE, Norma De la Cruz Magaña: A favor.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejera Adriana Favela.
Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejero Martín Faz.
Consejero Electoral del INE, José Martín Fernando Faz Mora: A favor.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejera Carla Humphrey.
¿Consejera Humphrey?
En la sala, quienes estén a favor.
Gracias.
Es aprobado, tanto el orden del día como la dispensa, por unanimidad de los presentes, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario.
Dé cuenta del punto único del orden del día.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Éste se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, ante la insuficiencia presupuestal derivada de la reducción aprobada en el anexo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se determina posponer temporalmente la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor Secretario.
Señoras y señores consejeros y representantes, permítanme intervenir en este punto.
Hace dos años, se llevó al artículo 35 constitucional la figura de participación ciudadana conocida como Revocación Mandato.
Como saben, la Constitución establece que el proceso de Revocación de Mandato será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, siempre y cuando, en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la Lista Nominal de Electores de cada una de ellas.
Dicha reforma previó, además en su artículo quinto transitorio que, cito, “el ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al INE en materia de Revocación de Mandato se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y subsecuentes”.
Posteriormente a esta reforma, en septiembre de este año, las Cámaras del Congreso aprobaron la Ley Federal de Revocación de Mandato, que aterrizó varios de los conceptos establecidos en la reforma constitucional; entre otros, la obligación del INE de, cito de nueva cuenta la ley, “habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior”; esto es, en los hecho y para el ejercicio que nos ocupa, la obligación de instalar o de realizar la Revocación de Mandato si la ciudadanía así lo decide, instalando más de 161 mil casillas.
Como todos ustedes saben, actualmente estamos dentro del plazo previsto en la Constitución y la citada Ley para la recolección y presentación de apoyos ciudadanos por parte de quienes promueven la Revocación de Mandato del titular del Poder Ejecutivo por haberle perdido la confianza. Un procedimiento que inició el pasado 1º de noviembre, y que concluirá el próximo 25 de diciembre.
Las firmas entregadas al INE, en este periodo, serán cotejadas y revisadas escrupulosamente para confirmar s autenticidad en un procedimiento que iniciará el 26 de diciembre y concluirá el 3 de febrero de 2022. Este proceso, dicho sea de paso, se llevará a cabo con todas las condiciones de certeza y transparencia, y a la vista de los representantes de las organizaciones promoventes, quienes han manifestado ya su intención de observar la verificación.
Esto quiere decir que, en tanto no concluya la recolección de firmas y, sobre todo, la verificación de las mismas para confirmar los parámetros constitucionales para que la Revocación de Mandato sea convocada, la misma sigue siendo una eventualidad y no un hecho consumado.
Así lo ha estipulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un acuerdo reciente, emitido al aceptar a revisión la demanda de Controversia Constitucional interpuesta por este Instituto la semana pasada.
Recordemos que el INE recurrió a la Suprema Corte ante la inédita y grave situación en la que nos colocó la mayoría de la Cámara de Diputados, que decidió -sin justificación, ni argumentación técnica alguna- negar las partidas precautorias que este Consejo General aprobó solicitar para poder llevar a cabo los eventuales procesos de Consulta Popular, hoy sabemos que es una certeza que no habrá Consulta Popular en 2022 y, el de Revocación de Mandato previstos para el próximo años, que está, como mencionaba, en un proceso de recopilación y en seguida de validación de las firmas.
Además, el INE cumplió con lo estipulado en la Ley Federal de Revocación de Mandato, haciendo justo hace una semana, un ajuste presupuestal importante para tratar de garantizar la realización de este proceso. Pero, como ya se comentó en este Consejo General hace ocho días, haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro, se logró concretar una bolsa de apenas mil 503 millones de pesos, que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se establecen, que se ordenan, no es una potestad de esta institución hacerlo así, sino una orden que se le da en la Ley Federal de la materia, y que implica un costo de tres mil 830 millones de pesos, con los que el INE simple y sencillamente hoy no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa al aprobar el presupuesto para el próximo año.
Dicho de otra manera: a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que costaría ese ejercicio en caso de realizarse, de tener que realizarse, lo que llevaría obligadamente a este Instituto a violar las disposiciones de la Constitución y la ley de la materia en relación con las características y garantías específicas que debe tener la Revocación de Mandato, en primer término, el número de casillas que la propia ley establece si decidiéramos avanzar con el presupuesto con el que hoy contamos.
Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar y en esto hay que ser categóricos y claros, no se puede realizar un ejercicio como la Revocación de Mandato en los términos establecidos por el propio Legislador Federal en la ley de la materia.
Ante este déficit de dos mil 327 millones de pesos, y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de Revocación de Mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este Consejo un Proyecto de Acuerdo para la posposición de algunas, y en esto quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justica de la Nación resuelve el fondo de la Controversia Constitucional que el INE ha interpuesto, o bien, las autoridades competentes fondeen a este Instituto de los recursos necesarios, o bien, instruyendo a este Instituto que, a partir de enero se haga un esfuerzo adicional para generar economías, este propio Instituto destine las mismas a fondear la bolsa para llevar a cabo la Revocación de Mandato.
Hasta entonces, lo que se está planteando es posponer estas actividades.
Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana.
En ese sentido, también es importante dejar en claro que, independientemente del acuerdo que se pone a nuestra consideración en esta sesión, el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyo que están llegando, ya sea vía la App o en formatos físicos. Esta revisión nos dará certeza sobre la convocatoria que deberá emitir el INE y el inicio formal del proceso de Revocación de Mandato en su momento, y será entonces, por cierto, cuando la Suprema Corte de Justicia esté en condiciones de resolver el fondo de esta controversia; es decir, ante la certeza de que este ejercicio se realizará.
Desde antes incluso, de la aprobación y la publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE ha aprobado lineamientos, adoptado medidas y destinando recursos de su presupuesto de este año para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente.
En este objetivo, no hemos escatimado recursos ni esfuerzos institucionales.
Quiero ser claro, hoy no es el INE el que pone en riesgo la celebración de una eventual Revocación de Mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza, y que se convierta efectivamente en un ejercicio de pedagogía pública útil para la ciudadanía.
Quiero terminar diciendo que todo parece indicar que el Presidente de la República quiere que se haga la Revocación de Mandato, todo parece indicar, si se juntan el tres por ciento de firmas, que la ciudadanía quiere la Revocación de Mandato, si eso es así, el INE también quiero la Revocación de Mandato, pero quiere hacerla conforme a la ley y para eso, las condiciones en las que se nos ha colocado hoy nos colocan en una imposibilidad.
¿Alguna otra intervención?
Tiene la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional, el maestro Sondón.
Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: Muchas gracias, Presidente.
En el presente asunto se devela una situación sumamente relevante, pues se determina una medida extraordinaria derivada de acciones necias y contradictorias de poder presidencial.
No debe sorprendernos ni alarmarnos, mucho menos lloriquear y decirse defensores proclives de la democracia.
En este pleno se ha venido señalando y criticando la forma en que se ha pretendido minar el trabajo de este órgano electoral, nos viene a la mente la siguiente frase dicha por Winston Churchill, “la crítica puede ser no agradable, pero es necesaria, se cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano, llama la atención sobre un estado poco saludable”.
En alusión al citado personaje ante malestar y síntomas presentados por este órgano era eminente derivar en una patología que pusiera en crisis el desarrollo del procedimiento de revocación de mandato.
En este sentido es muy importante señalar que tal y como lo hemos venido diciendo el estrangulamiento presupuestal que lleva a cabo el Gobierno Federal está poniendo en riesgo y comprometiendo seriamente el actuar de nuestras instituciones.
Es sumamente contradictorio que por un lado se promueva abierta y descaradamente desde el Palacio Nacional el proceso de revocación de mandato, en tanto por otro lado se reduzcan los recursos para la implementación de la misma.
Nos parece tendencioso, macabro y abusivo, se pretende poner en jaque a este órgano del Estado Mexicano.
El punto que se presenta para posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022 nos parece acertado dado que es un remedio que sirve para poder esclarecer la ruta a seguir, pues obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver las controversias planteadas respecto al contenido de la pregunta y el presupuesto asignado a este instituto, lo que implica clarificar el rumbo y la ruta que debe llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.
Acción Nacional entiende y promueve las nuevas formas de ejercicio de la democracia directa. Sin embargo, estamos en contra del uso faccioso de los instrumentos de participación ciudadana a favor de una persona y su partido político.
Hacemos un llamado a la congruencia, a la conciliación, al respeto al Estado de Derecho, es primordial el funcionamiento de las instituciones del Estado Mexicano, los órganos autónomos son un elemento importante en nuestro sistema político, como ha señalado recientemente Julio Centela, los organismos autónomos permiten separar decisiones técnicas de intereses políticos, reducir conflictos de interés, actuar con especialización y fungir como contrapesos de los poderes.
Esperamos que, de aprobarse esta suspensión, se puedan alcanzar los consensos y acuerdos que permitan otorgar a este Instituto las garantías mínimas para organizar y desarrollar este ejercicio ciudadano en las condiciones que mandata la Constitución, la propia ley adjetiva, la Ley Federal de Revocación de Mandato, al igual como si se tratara de un proceso electoral federal con la misma calidad, compromiso y profesionalismo.
Este ejercicio ciudadano, sin duda, implica el ejercicio de derechos políticos propios de las democracias participativas, y a la vez constituye un mecanismo de control político de la ciudadanía sobre sus gobernantes, donde se podría determinar la conclusión del mandato del Presidente de la República antes de que finalice el periodo para el que fue electo.
Sin embargo, hay actores que se empeñan a ser de este ejercicio una campaña electoral.
Por ello quiero dejar claro que esta situación tiene una causa, y sin duda, responsables, pues debemos recordar que la intención del gobierno y sus dependencias partidistas ha sido desvirtuar este ejercicio ciudadano y que tiene la intención clara, de acuerdo con el texto constitucional, y es el reprochar el mal ejercicio de gobierno y no como lo han venido planteando, como una ratificación.
No, señores, es una revocación de mandato.
En México, el sistema democrático ha tenido una evolución muy importante y el actuar de este Instituto que lo ha colocado como uno de los órganos electorales más importantes del mundo.
Sin duda, debemos de seguir trabajando en mejorar los mecanismos, tanto administrativos como operativos en los procesos electorales, que nos permitan reducir los costos, costos que hay que reconocer, se han generado por la desconfianza de los que hoy gobiernan.
Por ello, el uso de las tecnologías y simplificación de diversos tramos procesales en las etapas de preparación de las elecciones hoy se ven como un área de oportunidad.
Es una pena que la razón y discurso demagógico nos coloque en esta situación, donde una vez más, la democracia puede estar en riesgo por caprichos e intereses mezquinos.
Es cuanto, señor Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante.
Señor Secretario, le pido que, para efectos de actas, dé cuenta de la presencia de la consejera Humphrey.
La consejera Norma De La Cruz me pide la palabra, adelante, por favor.
Consejera Electoral del INE, Norma De la Cruz Magaña: Gracias, Presidente.
Buenas tardes a todos y a todas, colegas.
El acuerdo que hoy se pone a consideración, desde mi perspectiva, carece de la debida fundamentación y motivación.
El primer aspecto que llama mi atención es que no se considera el antecedente del incidente de suspensión de la controversia constitucional 209/2021, mismo que fue negado, aspecto, que fue un hecho público y notorio en el cual, claramente, señala que es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo 4° transitorio del decreto, por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como se exime al Instituto y a su personal de las sesiones administrativas, penales o diversas índoles a que hubiera lugar.
Los hechos que pretende el Instituto actor que sean materia de suspensión son futuros de realización incierta, ya que no se tiene la seguridad de que se vayan a cumplir los requisitos para realizar la jornada de la cual la ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación el procedimiento de revocación de mandato”.
Termino la cita.
Cabe señalar que, aunque el acuerdo del proyecto se remite a señalar los costos presupuestados, pero no se precisan los montos que se asignarán a cada una de las actividades con motivo de la modificación del presupuesto.
Me parece innecesaria la adopción de este acuerdo para posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República. Simple y llanamente era atendible con un acuerdo para reprogramar algunas actividades, por ejemplo, la instalación de los consejos y las oficinas municipales.
Ya se ha realizado en algunas elecciones locales porque no se contaba con recursos suficientes.
Considero que sí se pudiesen realizar algunas actividades previas que no implicarían un gran desembolso, en el caso de reclutamiento, selección y capacitación de supervisoras y supervisores electorales, así como las capacitadoras y los capacitadores electorales en la difusión, procedimiento de contratación de equipamiento, la fase de examen, entrevistas y, por supuesto, reprogramar su contratación.
Otro ejemplo es que se podrían iniciar los trabajos administrativos en los procesos de contratación de materiales y el procedimiento de adjudicación a talleres gráficos para la documentación electoral sin que se tenga que formalizar los contratos o las adendas correspondientes.
Considero que sí es una obligación del Instituto garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, como es el de participar en la revocación de mandato, y que es posible hacer un mayor esfuerzo para generar más ahorros y economías.
Y esa fue una de las razones por lo cual me aparté de la aprobación del presupuesto.
Aunado a lo anterior, nos hace falta un análisis más profundo por parte de las áreas ejecutivas, para considerar cómo sí, sí, cómo sí realizar la revocación de mandato cumpliendo, por supuesto, con todos los requisitos legales.
Por estas razones, me aparto del sentido del proyecto, por lo que manifiesto que votaré en contra.
Gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera De La Cruz.
Tiene la palabra el licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
En un país que se dice vivir en democracia, la simulación de autoridades y actores políticos es corrupción, se ha tergiversado la naturaleza jurídica de la revocación de mandato por quienes deberían andar pregonando los logros del gobierno y no pretendiendo poner en tela de juicio su ejercicio.
Todos los aquí presentes comprendemos la importancia y trascendencia del principio de certeza en materia electoral.
Por tal motivo, le solicito al Secretario Ejecutivo, dé lectura a un oficio que hace unos días Movimiento Ciudadano le presentó, en la parte conducente, por favor.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, señor Secretario, atienda en los términos reglamentarios la solicitud del señor representante.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Presidente.
Efectivamente, se trata de un oficio dirigido al Secretario Ejecutivo que a la letra señala lo siguiente:
“Considerando que se tiene prevista la recolección de firmas para el proceso de revocación de mandato hasta el próximo 25 de diciembre del año en curso, que el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por la reducción del presupuesto programado para el ejercicio 2022, en el que se contempla tal evento de participación ciudadana, así como que en el calendario respectivo se establecen como fechas de instalación de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral para atender el referido proceso de revocación, los próximos 3 y 10 de enero del año 2022, respectivamente, fechas que es de importancia referir, porque aún no se tendrá la certeza de que se llevará a cabo o no el proceso revocatoria y, en su caso, en qué forma se hará. Motivo por el cual, solicitamos de la manera más atenta que permita a Movimiento Ciudadano ejercer su derecho sin que exista prejuicio alguno de acreditar a sus representantes ante los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral que funcionaría para el ya citado proceso de revocación”, hasta ahí la cita.
Gracias.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón: Como pueden ver, compartimos la naturaleza de lo que se presenta del proyecto de acuerdo, con la salvedad que solicitamos se anteponga donde se menciona por insuficiencia presupuestal la del principio de certeza, atendiendo el principio de certeza, por certeza.
En ese sentido, en los resolutivos también primero, tercero que se agregue esa situación, así como en el tercer considerando en cuanto a la validez de las firmas.
Todo ello lleva a Movimiento Ciudadano a pedirle al Instituto Nacional Electoral que verifique que la autenticidad de las firmas que se presentan e informe pormenorizadamente de la validez que en ellas se constriñen.
Es cuánto, Consejero Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante.
Tiene la palabra ahora el licenciado Clemente Ávila, representante del PRD.
Representante del PRD, Ángel Clemente Ávila Guerrero: Muchas gracias, Presidente.
Hoy a nombre de nuestro partido, el de la Revolución Democrática, queremos expresar que acompañamos de manera muy responsable el sentido del presente acuerdo que se nos pone a consideración a este Consejo General.
Por supuesto que hoy estamos viendo uno más de los desenlaces de esa guerra absurda, llevada a cabo desde la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados a través del partido político Morena y sus partidos satélites que lo acompañan para estar golpeteando la autoridad del Instituto Nacional Electoral.
El acuerdo que se nos presenta hace un recuento pormenorizado sobre cada una de las etapas previas de la jornada electoral de la revocación de mandato y posterior a la jornada electoral.
Creo que es un documento imperdible, porque con lujo de detalle nos va narrando cada una de las etapas y lo que cuestan las etapas de este proceso de revocación de mandato.
Hoy hay que decirlo, garantizar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en México no es un juego, la autoridad que tiene el Instituto Nacional Electoral ganada a lo largo de los años tiene que ver con llevar a cabo procesos con una pulcritud y una legalidad que son incuestionables.
No podemos olvidar que parte de la desconfianza de los ciudadanos hacia a la política y hacia los procesos político-electorales devenía que no teníamos una autoridad autónoma ciudadana, sino que durante muchos años en el antiguo régimen dependía del poder presidencial o en este caso del gobierno en turno.
Después de más de 30 años el Instituto Nacional Electoral ha logrado acercar a los ciudadanos a la política a través de procesos que generan confianza en las y los ciudadanos en su participación.
Hoy lo que el INE tiene que cuidar, como siempre lo ha hecho en cada proceso electoral, en cada consulta popular o, en su caso, en la revocación de mandato, que se puede dar o no, son los principios que nos mueven y nos marcan de manera constitucional, el principio de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad, de máxima publicidad y de objetividad.
Esos principios se van cumpliendo paso a paso si uno sigue de manera metódica las actividades que realiza este Instituto Nacional Electoral y que se van concluyendo etapa por etapa con la ciudadanía participando tanto en los consejos distritales, como capacitadores asistentes electorales y, en su momento, como representantes las y los ciudadanos en las mesas directivas de casilla.
Hay que recordar que los artículos transitorios, cuarto y quinto de la propia Ley de Revocación de Mandato establecen en términos de presupuestos asignados cuáles debieran ser las capacidades que debiera tener este Instituto Nacional Electoral para poder llevar a cabo de una manera pulcra y cumpliendo la ley y la Constitución esta revocación de mandato.
El poder exponer 161 mil 490 casillas no es nada fácil, eso requiere una logística similar a la de una elección federal. Y con el recurso que se les dio desde la Cámara de Diputados y los grandes ahorros de más de mil 500 millones de pesos llevados a cabo por el propio Instituto Nacional Electoral, no se cumple con la meta para que las y los ciudadanos que vayan a participar en una consulta de revocación de mandato puedan tener la certeza de que su voto en ese caso será debidamente contado y que tendrá todas las garantías de una elección federal.
Aquí hay que decirlo fuerte y claro, el partido político Morena y el presidente de la República quieren un proceso de revocación de mandato similar a la consulta patito que hicieron para echar atrás el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, quieren que el Instituto Nacional Electoral se preste a una conducta que no tiene límites ni asideros legales y que quieren llevar a cabo una consulta con esas faltas de certeza.
Todo mundo recuerda que esa consulta patito del nuevo aeropuerto ponía las urnas, nadie sabía cuántas boletas había, se podía votar una o 20 veces en esa misma casilla o en otra, se llevaron las urnas a su casa y luego las volvieron a poner durante dos o tres días. Y después se estableció un resultado mágico que era el que el presidente electo en esos momentos, Andrés Manuel López Obrador, quería y con esa justificación decir no al Aeropuerto de Texcoco.
Hay que decirlo bien, el Instituto Nacional Electoral es una institución ciudadana que ha costado mucho a la vida pública de México, y que no se puede prestar a este tipo de juegos, de consultas patitos y de simulación para que el inquilino del palacio pueda medir el tamaño de su ego y de su popularidad, costándole al país 4 mil millones de pesos.
Por eso hoy, hay que decirlo, el Partido de la Revolución Democrática acompaña este resolutivo responsable, que está poniendo sobre la mesa el Instituto Nacional Electoral.
A todos nos consta el esfuerzo que ha realizado este Instituto en términos de la preparación para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.
A todos nos consta cómo se ha ido cumpliendo cada una de las etapas para arribar a un buen puerto.
Pero llega un momento en que, finalmente, los recursos no son lo suficientes, y es preferible para la vida pública del país no hacer una simulación de revocación de mandato que, tratar de llevarla a como dé lugar, sin que las y los ciudadanos tengamos las garantías de que será un correcto método para poder decidir algo tan trascendente que es que siga o no un Presidente de la República.
Y finalmente decir, este caso puede generar un antecedente muy pernicioso para la vida pública, que desde la Cámara de Diputados se pretenda ahogar de manera presupuestaria a los órganos autónomos constitucionales sería una de las peores cosas que pueden pasar en este país; que el Ejecutivo Federal, controlando al Poder Legislativo, quiera someter a otros organismos autónomos, llámese el INE, llámese el INAI, a través de ahogarlos de manera presupuestal para que de una forma u otra entren a la órbita y voluntad del Presidente de la República sería un antecedente terrible para quienes hemos luchado porque en este país sea un estado de derecho, y podamos vivir en una democracia plena.
Nosotros lo decimos fuerte y claro, el Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de las y los ciudadanos a participar de manera libre en esta consulta de revocación de mandato, y el INE y los ciudadanos tiene todo el derecho de poder tener una revocación de mandato con los mejores estándares de calidad para que sea confiable el resultado.
De no tener esas condiciones, está muy claro quién no quiere que haya revocación de mandato, y que no nos extrañe, los ataques a este Instituto Nacional Electoral van a seguir y van a continuar, porque ésa es la instrucción del Jefe máximo que hoy se sienta en el Palacio Nacional.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez, consejero del poder legislativo del Partido del Trabajo.
Consejero del Poder Legislativo del PT, Pedro Vázquez González: Buenas tardes de nueva cuenta a todos y a todas.
Bueno, el día de hoy, y con carácter de urgente, se presenta el proyecto de acuerdo de este Consejo General del Instituto Nacional Electora, por el que ante lo que denominan ustedes insuficiencia presupuestal, derivada de una supuesta reducción, misma aprobada en el anexo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.
Y determinan posponer temporalmente la realización del Proceso de Revocación de Mandato 2021-2022.
El Partido del Trabajo hace un llamado muy respetuoso, pero muy firme a esta autoridad administrativa electoral para que reconsidere la propuesta que trae en la mesa este Consejo General, en su página resolutiva primera, establece que como medida extraordinaria propondrá de manera temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo 2018-2024, (…) salvo la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y entrega del informe que contenga el resultado de una verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía, así como interrumpir los plazos respectivos, derivado del reporte, “recorte presupuestal”, aprobada por la Cámara de Diputados al INE, para el ejercicio 2022, hasta en tanto se tengan condiciones presupuestarias que permitan su reanudación.
En el mismo resolutivo primero del proyecto en discusión, se establece que la posposición estará vigente hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada en la controversia constitucional presentada por el INE, o cuando la autoridad competente le genere a este Instituto la suficiencia presupuestaria originalmente solicitadas, para llevar a cabo dicha revocación de mandato, conforme a lo previsto en la constitución y en las leyes aplicables.
Creo, soy un convencido de ello, que no podemos, ni debemos de llegar a posturas extremas que obstaculicen el cumplimiento de una obligación constitucional y legal, insisto en hacer un llamado muy respetuoso a este órgano autónomo del estado para que reconsideren su postura, a través de este proyecto de acuerdo.
No todo está dicho, ni tampoco está grabado en piedra, repito, no todo está dicho, ni tampoco está grabado en piedra, primero que nada falta la verificación de las firmas por parte del Instituto Nacional Electoral, conforme lo establece el artículo 35, Fracción IX de nuestra Carta Magna, más aún, hacemos voto porque la sociedad organizada cumpla y se pueda realizar este instrumento democrático que permitirá que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta, con lo cual se cumple, incluso con lo que marca en nuestra Constitución.
Así también, parte de lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia con la supuesta reducción presupuestal de que fue objeto por parte de la Cámara de Diputados al aprobar presupuesto 2022, y que fue radicado en el expediente 2209/2021, y que fue promovido por este Instituto.
Aclaro y señalo, nada está definido hasta el momento y es por lo que nos extraña sobre manera, la presentación de este punto de acuerdo de algunas y algunos consejeros electorales de este Instituto.
En este momento tan crucial para la vida democrática de México, todos los actores políticos debemos ajustarnos con nuestras capacidades a lo que la Constitución y la ley nos obliga no podemos dinamitar el diálogo, el diálogo, no podemos dinamitar el diálogo con facturas ineludibles que sólo nos llevan a la confrontación de manera totalmente innecesaria.
En estos momentos se dirime en el máximo órgano jurisdiccional una controversia que se pone en la mesa de la discusión prácticamente a los 3 Poderes de la Unión.
No es un asunto menos sino de gran trascendencia para el país el tema que se trae a esta mesa sobre la revocación de mandato y es por ello que desde el Partido del Trabajo, reiteramos nuestro llamado para que recapaciten sobre la aprobación de este acuerdo que hoy nos presentan y esperemos que el órgano de su resolutor juridicial se pronuncie a través de una sentencia.
No podemos ni debemos hacer eco a voces con lisonjas que solo quiere exacerbar el ambiente entre el poder del Estado y este organismo autónomo.
Ustedes, consejeras y consejeros, se deben por mandato constitucional a ceñirse, entre otros principios rectores de su función electoral, a la certeza y legalidad.
Todo lo demás constituiría un grave quebranto al estado de derecho que todos los mexicanos nos hemos dado.
Por eso, reitero y hago un llamado más al diálogo, a esperar las resoluciones legales pendientes y al informe de esta misma autoridad administrativa electoral que deberá de emitir en unos días sobre la validación de la recolección de firmas.
Por una postura conciliadora y sin filias ni fobias para dirimir a estas diferencias planteadas, es que el Partido del Trabajo expresa su extrañeza y no acompañamos al presente proyecto de acuerdo.
Por su atención muchas gracias, integrantes de este Consejo General.
Es cuánto, Consejero Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor consejero.
¿Alguna otra intervención?
Con gusto, tiene la palabra el diputado Mario Llergo, representante de Morena.
Representante de MORENA, Mario Rafael Llergo Latournerie: Muchas gracias, Presidente. Nuevamente muy buenas tardes consejeras y consejeras, representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo.
Si el primer deber de un pueblo ante un gobierno que viola sus derechos es la rebelión, el primer deber de un gobierno que sirve al pueblo es preguntarle a la nación si va por el camino de la justicia y el progreso.
Ese es el espíritu de la revocación de mandato. Ese es el sentido profundo de este ejercicio.
Y hoy vemos que los consejeros de este Instituto que se supone es el pilar de la democracia de nuestro país, de manera permanente y sistemática han hecho todo lo posible por torcer la ley e intentar por todos los medios tropezar el ejercicio de revocación de mandato dictado por la Constitución.
Han amagado a poderes de la unión, dígase la Cámara de Diputados o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atiendan y solventen caprichos, escuchándose en una falta de presupuesto que más bien es insuficiencia de voluntad para hacer cumplir la ley.
Desde la representación de Morena ante este consejo repudiamos, rechazamos el intento de posponer o cancelar el ejercicio de revocación de mandato, se debe hacer cumplir la ley y respetar la voz de millones de mexicanos que esperan poder ser parte de este ejercicio histórico para la nación.
El INE carece de argumentos válidos para negar esta oportunidad al pueblo de México, en Morena no vamos a permitir que se pisoteen los derechos de los mexicanos.
De acuerdo con el considerando 23 del único anteproyecto de revocación de mandato, el INE expone la situación excepcional de insuficiencia presupuestal para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato con estándares de calidad óptimos. La única solución que le resta al INE es recurrir a la posposición temporal del proceso de revocación de mandato.
Por otra parte, ya la Suprema Corte de Justicia le indicó al INE que mientras no se cuente con el tres por ciento de los 17 estados del país, me refiero a la recabación de firmas, pues no procede su recurso, porque señalan que la recaudación de firmas es una acción futura e incierta.
El llamar a suspender, posponer o el término que le quieran dar, poniendo como excepción la verificación de firmas y el informe final, en el tema de los trabajos de revocación de mandato, nos parece que son incorrectos. Hay que respetar la soberanía popular, que en la consulta seguramente se expresará libre, directa y espontáneamente sin la mediación de poderes fácticos y de representaciones ajenas a la voluntad de las grandes mayorías de la nación, votarán directa y llanamente las y los ciudadanos, votarán los hombres y mujeres de México, lo harán libre y voluntariamente para expresar un mandato directo, un mandato que no admite interpretaciones, mediaciones y menos aún negociaciones turbias en los todavía más oscuros pasillos de los grupos de poder que aún influyen en este país.
Señores consejeros y consejeras, en 2018 el pueblo se reveló cívica y democráticamente en contra de los malos gobiernos y en contra del viejo régimen y los echó del poder.
En 2018, el proyecto para tener una nación con justicia social, progreso y democracia llegó a Palacio Nacional y surgió en la persona del hoy, nuestro Presidente de la República, licenciado André Manuel López Obrador, surgió la Cuarta Transformación.
No hay argumentos para posponer este ejercicio, si fuera el caso de que es real la insuficiencia presupuestaria que alegan las y los consejeros, se debería tener la voluntad de recortar recursos en donde todos sabemos que sobra.
Muchas gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Al contrario, muchas gracias a usted, señor representante.
Solamente permítanme indicar el orden en que tengo anotados, porque hay algunos colegas que lo han hecho por distintas, integrantes del consejo que lo han hecho por distintas vías.
Tengo anotado de inmediato al Diputado Silvano Garay, después tengo al Senador Juan Manuel Fócil, después a la Diputada Ivonne Ortega, y después al consejero Uuc-kib Espadas.
Hasta el momento, esa es la lista.
Por favor, el señor representante del Partido del Trabajo, el Diputado Silvano Garay.
Representante del PT, Silvano Garay Ulloa: Gracias, señor Presidente.
Consejeras y consejeros, compañeros representantes del Poder Legislativo.
Bueno, creo que es importante decir lo siguiente, posponer la revocación de mandato es posponer el avance democrático de este país, así de importante es este tema.
En los años del siglo pasado había la prohibición de que la mujer votará, venía por ley que la mujer se dedicaba a ser ama de casa. Hemos avanzado demasiado en estos años, ya 20, ya en 50 y 50 hemos participado, hemos adquirido derechos muy importantes, y estamos en esa ampliación de derechos.
El día 10 de abril, que no tengo la menor duda, se va a definir el significado de revocación o ratificación, pero aquí no se va a definir ni se va a discutir aquí, va a ser allá afuera con la ciudadanía y con el pueblo de México.
Bien lo dijo el compañero representante de MORENA, justicia social, Morelos, 1812, sentimientos de la nación, sin justicia social no hay democracia.
Necesitamos buscar la forma de que el día 10 de abril se lleve a cabo este importante instrumento democrático, ha sido una lucha de mucho tiempo, hemos llegado, lo dije anteriormente, hemos avanzado ya en una revocación o ratificación, como quieran decirle, pero eso lo va a decir allá afuera.
El día 10 el ciudadano va a tener la opción de decir ratifico o revoco, que ya lo hicieron varios países, ya lo hizo Ecuador, lo ha dicho Venezuela, otros países, pero bueno.
Creo que tenemos que llevar a cabo esta revocación, no frenarla, no posponerla y buscar la forma de cómo llevarla a cabo.
Muchas gracias, señor Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted, señor representante.
Tiene la palabra el senador Juan Manuel Fócil, consejero del poder legislativo del PRD.
Consejero del Poder Legislativo del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez: Sí, muchas gracias, Presidente.
Y buenas tardes a todos.
Pues miren, mi opinión como representante del PRD es que este instrumento de revocación de mandato, el espíritu que lo mueve, es que el pueblo de México pueda, en un momento determinado, retirar por mal gobierno a su Presidente de la República al perdérsele la confianza por corrupción o malas decisiones.
Ése es el espíritu de la revocación de mandato que aprobamos Cámara de Diputados y Senadores hace dos años aproximadamente.
No es un ejercicio de ratificación, es cómo quitarle el poder a una persona que no está sirviendo en la Presidencia de la República.
Por eso, es muy importante este ejercicio que cuente todos los instrumentos necesarios para que nos dé confianza, nos dé certeza y no nos vaya a llevar a un retroceso social en nuestro país.
Me refiero a que, si el Instituto Nacional Electoral, quien ya lleva muchísimos años haciendo elecciones, nos está señalando la importancia de contar con recursos económicos porque la revocación de mandato es una elección, es, bueno, una instrumentación de casillas y de toda una organización, capacitación, selección de funcionarios de casilla, representantes de partidos, etcétera. Es como una elección a nivel nacional, y eso cuesta y siempre nos ha costado a partir de que tenemos democracia en el país.
Por eso, este Instituto Electoral es el que nos puede generar la confianza de que el proceso salga adecuado, de que se cumpla con toda la calidad que debe de tener una decisión popular de esta magnitud.
Estamos hablando que el voto ciudadano que es la fuente del poder en nuestro país, porque somos un país democrático, se manifieste para retirarle el poder a un mal Presidente, eso es.
Entonces, este proceso electoral tenemos entre todos que darle la garantía a nuestro pueblo, darle todas las posibilidades de que se lleven de manera correcta al Instituto Nacional Electoral, y que México quede satisfecho de un resultado de revocación de mandato.
Así que, en el PRD, que votamos a favor de que exista este ejercicio de revocación de mandato, en este momento sentimos una incertidumbre, porque todo este tipo de ejercicios cuestan dinero, y debe dotárseles al Instituto Nacional Electoral del recurso suficiente.
No hacerlo es como querer condenar este ejercicio a que no funcione, es como si quisiéramos que ante la falta de recursos salga un proceso muy mal instrumentado que inclusive se pueda aprovechar para que en casillas ante la carencia de la calidad suficiente de representantes de oposición, de funcionarios bien capacitados, pues puedan inflar los votos de más, así que eso generaría muchísima incertidumbre y no nos podemos dar ese lujo, al contrario, yo estoy seguro que si el Presidente desea sentirse ratificado él en lo personal, utilizar este recurso indebidamente como propaganda electoral para su partidos y para su persona, pues bueno, que procuren hacerlo bien, no hagamos cosas malas que parezcan buenas y el estar queriendo con el pretexto de la austeridad, retirarle dinero a los órganos autónomos que es estar también tratando de entrometerse en su vida.
Los órganos autónomos, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó cómo deben de administrarse y con qué recursos deben de contar.
Entonces este recurso de revocación que es nuevo, que no existía, que por primera vez se va a hacer, es obvio que tiene un costo y es obvio que nuestro país lo tiene que pagar y que ha sido un grave error de los diputados de MORENA, del PT y del Verde no otorgarle el recurso suficiente al Instituto Nacional Electoral, así que yo los invito a los representantes de estos partidos a que platiquen entre ellos, que platiquen con su presidente y vean cómo garantizar que haya certidumbre y certeza de los resultados de este ejercicio de revocación de mandato.
Hasta ahí mi comentario.
Muchas gracias a todos.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, senador.
Tiene ahora la palabra la diputada Ivonne Ortega, por favor.
Consejera del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracely Ortega Pacheco: Muchas gracias, Presidente.
Compañeros, consejeros, compañeros representantes.
A mí me gustaría hacer varias precisiones respecto a las diferentes posturas que se han plateado, particularmente del representante de MORENA, precisamente hace un mes exactamente, un mes y un día en el que estábamos discutiendo el presupuesto de las mil 800 y fracción, artículos que se reservaron en la discusión para el presupuesto, muchos de esos artículos hablaban particularmente del tema de la revocación de mandato, porque todos queremos que este órgano que representa la ciudadanía que es el órgano electoral, que es el INE, y a lo largo que hemos construido todos los mexicanos, la credibilidad del Instituto, tendríamos que darle el recurso suficiente para que este mandato constitucional se pueda llevar a cabo.
Ésa es uno, no se le otorgó por más que se debatieron en muchas ocasiones por diferentes partidos, no se le otorgó al INE el recurso que hoy fuera necesario, apenas la semana pasada el INE presentó un esfuerzo de reducción de gastos, bastante importante, mil y fracción de millones de pesos, pero que no son suficientes para llevar la revocación de mandato, y coincido con el representante de Movimiento Ciudadano, en la postura que presentaba hace un momento, respecto a que no se están en condiciones de certeza, o sea, estamos ahorita en este momento en una condición de incertidumbre, puesto que la ley nos mandata a que tenemos que llevar un proceso, como si fuera un proceso electoral federal en el que tendrían que estar instaladas mil 200 y fracción de casillas en el que se tiene que estar capacitándose a los ciudadanos que fueran representantes y una serie de condiciones, porque es lo que dice la ley, llevar un proceso electoral como si fuera un proceso electoral federal.
Hace un momento comentaba el representante de Morena que sobra dinero y que sabemos dónde está.
Por lo menos yo no lo sé, ojalá pudiera ilustrar al pleno y también ilustrar y decirnos dónde se puede encontrar ese recurso para llevar a cabo la revocación de mandato que es lo que dice la Constitución. La Constitución no dice ratificación de mandato, dice revocación de mandato.
Y no arriesguemos a un órgano que le tiene confianza a la ciudadanía a poderla perder en esta condición, porque si no cumplimos con lo que dice la Constitución, si no cumplimos con lo que mandata la ley, pues estaremos cayendo en condiciones complejas.
Lo que está pidiendo el órgano electoral, me parece y coincido que debe ser a favor, porque lo que está pidiendo es una prórroga para que determine la Corte si no hay los recursos suficientes cuál sería el método en el que pudiéramos llevar el mecanismo de revocación de mandato, si al 25 de diciembre se cumple con el 3 por ciento de las firmas que nos mandata también la ley que se tienen que cumplir y que en este momento no lo sabemos.
Y si esos dos supuestos se dan, entonces ya poder estar en condiciones de poder discutir una revocación de mandato y llevar un acto democrático que debiera de venir a solicitud de los ciudadanos, que en este caso viene a solicitud del gobierno en turno.
Es cuánto, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, diputada Ortega.
Tiene la palabra el consejero Uuc-kib Espadas.
Consejero Electoral del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Prepárate para cortar una libra de carne, pero ten cuidado de no derramar ni de quitar de una enorme más del peso estipulado.
Se dice falsamente que el INE tiene dinero suficiente para realizar la revocación de mandato de acuerdo con las exigencias legales.
Para ello, se propone incluso imponer reducciones salariales a sus 17 mil trabajadores, en especial a los consejeros.
Démosle un poco de aritmética al planteamiento.
Si un consejero renunciara al 50 por ciento de su salario como se ha planteado, se requerirían tres mil 566 años para reunir los tres mil 830 millones de pesos necesarios para el proceso de revocación.
Pero los consejeros son 11, así que si todos lo hicieran ese tiempo se reduciría a tan solo 324 años.
Y si los 11 renunciaran no al 50, sino al 100 por ciento de su sueldo, serían necesarios 162 años para reunir los recursos financieros requeridos. Pero son más los que ganan salarios elevados.
Pues bien, si todas ellas donaran todo su sueldo de un año, apenas se cubriría menos del 3 por ciento del costo de la consulta.
El acuerdo dictado por el ministro González Alcántara Carrancá es explícito al ordenar al INE que sus previsiones presupuestarias deben garantizar los salarios y las prestaciones de quienes en él trabajan, no es casual.
En la constitucionalidad mexicana los adeudos salariales de personas físicas o morales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación económica.
Eso quiere decir que este instituto antes tendría que vender sus edificios que derramar una gota de sangre de los derechos laborales de 17 mil trabajadoras. Una parte sustancial de estos derechos es, por cierto, limitar las horas de trabajo exigibles a 48 horas a la semana, de eso depende, decía allá en el Congreso Constituyente Heriberto Jara, “la libertad misma de quienes viven de su salario y no solo su nivel de ingreso”.
Prácticamente la totalidad de los trabajadores del INE entrega al servicio público más y mucho más que eso, recibiendo por ello compensaciones salariales menores a las que resultarían del pago de horas extra, los consejeros, desde luego, no reciben estas compensaciones.
Estamos ante no otra cosa que el estrangulamiento financiero de la autoridad que a lo largo de 24 años ha garantizado elecciones libres a la nación. No se trata de un mecanismo novedoso, por el contrario, cuando tan temprano como en los años 60´s y 70´s algún partido opositor lograba el reconocimiento de un triunfo electoral, la trituración presupuestal de los electos se ejercía implacablemente.
Así pasó cuando en 1967 Víctor Manuel Correa Rachó ganó la alcaldía de Mérida y cuando en 1972 Alejandro Gascón Mercado logró lo mismo en Tepic. El grotesco fraude electoral de la subsiguiente elección de gobernador tuvo en ambos casos sus cimientos en estos despojos.
No, no se trata de un mecanismo novedoso, pero lo alarmante es que hoy se use en contra de la institución custodia de elecciones íntegras construida por la sociedad a lo largo de cuatro décadas de lucha, quien crea que asfixiar presupuestalmente al INE sirve a la austeridad, quien desde fortunas amasadas al amparo del poder lo exige, hace gala de cinismo; quien crea que con el presupuesto aprobado se puede realizar una consulta de revocación con las garantías que la ley da a la sociedad, se equivoca, quien lo afirma quienes lo dirigen a sus jefes o a quienes dirige sus subordinados o seguidores, miente, quien pretende imposibilitar una revocación de mandato íntegra con el fin de devaluar las elecciones y aniquilar al INE, traiciona a la democracia y la República.
Considerando la incertidumbre sobre la realización de la revocación de mandato de la que la Corte habla por la boca del ministro ponente, yo me pregunto cuál es la materia de esa incertidumbre, cómo puede el INE garantizar la certeza y la autenticidad del proceso tal como la Constitución lo exige.
En países con regímenes parlamentarios existen dos procesos diametralmente opuestos, el voto de confianza y el voto de censura. En el sistema político mexicano el voto de confianza se da por sufragio universal directo y secreto de la ciudadanía cada seis años en el caso del presidente de la República, en tanto que el voto de censura se realiza solamente a petición de ciudadanas que consideren que han perdido la confianza en el jefe del estado y promueven su remoción, son procesos opuestos imposibles de identificar, y me pregunta nuevamente, si interrogáramos a las ciudadanas firmantes de las solicitudes de revocación, ¿nos dirían que han perdido la confianza en el Presidente?, ¿qué quieren su remoción?, encuentro intrigante que el estado donde mayor porcentaje de firmas se reportan, más del 200 por ciento de las necesarias sea Tabasco, ¿se ha desplomado la aceptación del Presidente en su patria chica?, cuántos de quienes han firmado creen que el proceso se trata no de intentar la remoción del Presidente, sino de lo contrario.
El documento firmado expresa una voluntad auténtica o se trata de una simulación ejecutada por otras personas.
Si se les dijo que el proceso era para otra cosa, ¿eso no sería mentir?, y si una simulación derivara en un gasto público de 3 mil 830 millones de pesos, ¿eso no sería robar?, pese a todo, la revocación de mandato sigue siendo legal y un evento futuro de realización legal y realmente un evento futuro de realización incierta y esto sin duda impone límites más que relevantes a lo que el INE puede y no puede hacer.
El Instituto Nacional Electoral no puede acordar nada que derive de una aún hipotética insuficiencia presupuestal para la realización de la revocación de mandato, esa obligación presupuestal no ha nacido, no es que así me parezca, es que así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Concluiré en mi próxima intervención.
Muchas gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Espadas.
No tengo a nadie más anotado, colegas.
El consejero Ciro Murayama.
Consejero Electoral del INE, Ciro Murayama Rendón: Estamos en una situación de anormalidad democrática que nos lleva a tomar una decisión extraordinaria, lo atípico, lo delicado es que la Constitución ya contempla el ejercicio de revocación de mandato, hay ya una ley que estipula que se deben instalar tantas casillas como en una elección federal, y sin embargo el presupuesto de egresos de la federación de 2022, sin motivación y justificación alguna, redujo 4 mil 913 millones de pesos al monto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, incluso aunque exista el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la propia Cámara de Diputados, ni las comisiones, ni el pleno acudieron a ese órgano técnico para evaluar la solicitud presupuestal del INE.
Se tomaron decisiones a ciegas, sin análisis, sin estudio, sin medir las implicaciones de recortar por recortar, con toda oportunidad el INE alertó de los riesgos de un recorte desmesurado y carente de responsabilidad, lo transmitimos con responsabilidad a nuestros interlocutores, tratamos de persuadir de las consecuencias de una determinación que pusiera en riesgo la revocación de mandato, quisimos apelar al clásico Max Weber, la ética del político es la de la responsabilidad, sus actos generan consecuencias, y la consecuencia de un recorte desproporcionado, motivado por la animadversión a la autonomía del INE era dañar la calidad de una eventual revocación de mandato.
A pesar de las alertas, de las evidencias, los legisladores no siguieron las enseñanzas del sabio sociólogo alemán; siempre dijimos, desde que aprobamos el proyecto de presupuesto para 2022, que un ejercicio de revocación en términos constitucionales y legales implica sortear y visitar al 13 por ciento del padrón electoral, es decir, llamar a la puerta del domicilio de 12 millones de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional para lograr instalar 161 mil casillas.
Ese proceso que los partidos políticos conocen muy bien, el de capacitación electoral, implica contratar 32 mil 400 capacitadores y a cinco mil 400 supervisores.
Cada capacitador tendrá su cargo en la instalación de cinco casillas, y deberá visitar en promedio a 370 personas; a su vez, los supervisores coordinarán a seis capacitadores.
Pues bien, este despliegue de trabajo de campo en cada palmo del territorio implica recursos por mil 800 millones de pesos.
Eso es lo que cuesta tener 161 mil casillas instaladas por ciudadanos de pie, por los vecinos de los propios electores, como corresponden el modelo mexicano de ciudadanización de las elecciones.
El INE previó que los primeros días hábiles de enero se instalaron los 32 consejos locales, y después los 300 consejos distritales desde los que se opera la organización de los comicios.
La primera tarea de los consejos distritales era convocar a la contratación de capacitadores y supervisores, pero no hay recursos para pagarles, es decir, no hay fondos para visitar a la ciudadanía e invitarla a hacerse cargo de la votación en la revocación de mandato en términos constitucionales y legales.
Y sin dinero para capacitación, sin recursos para integrar las mesas directivas de casilla, simplemente no hay votación posible.
Además de la capacitación, se requieren recursos adicionales hasta llegar a los 3 mil 830 millones de pesos que hemos documentado, cuesta hacer un ejercicio de revocación en términos constitucionales.
Nos dirán “pues instalen menos casillas, incúmplase la ley, no acerquen las mesas de votación a donde vive la ciudadanía, abaraten el ejercicio y no pasa nada”, pero sí pasa.
Hacer procesos electorales por fuera de los estándares legales y constitucionales no es una salida válida, no desde los principios de certeza, legalidad, imparcialidad.
No nos pidan que hagamos remedos de elecciones, aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno.
Estamos también ante un precedente grave para la democracia, la pretensión de que pueden hacerse elecciones sin suficiencia presupuestal; no podemos condescender con esa idea, sería lesivo que la mayoría parlamentaria que impuso el recorte para 2022 lo aplique para 2024, y no asegure una elección presidencial con todas las garantías que ofrece la Constitución.
Cuidado con esos supuestos ahorros que ponen en riesgo el sufragio efectivo y las elecciones genuinas.
Dado que el INE tiene que organizar la revocación, si se juntas las firmas con estándares legales, lo que estamos proponiendo con este proyecto es buscar una salida jurídica.
MORENA ha manifestado su oposición al acuerdo, adelantan una impugnación, bienvenido, porque sí el Poder Judicial, el Tribunal Electoral se pronuncia podremos tener claridad.
Si nos dice que con los recursos disponibles hay que hacer el proceso, aunque no se cumplan con los estándares legales, adelante. A nadie nos gusta hacer la revocación con menos casillas, pero si hay una orden judicial no quedará de otra.
Otra salida puede consistir en que, una vez reunidas las firmas, la Suprema Corte se pronuncie y conviene leer lo que determinó el ministro González Alcántara en su documento, leo textualmente:
“El procedimiento de revocación está compuesto de diversas etapas, ahora al momento en el cual se emite este proveído, aún está en curso la etapa de captación de apoyo ciudadano y están pendientes la presentación de la solicitud, la verificación de las firmas y el cumplimiento de los requisitos.
“Por ello, en este momento los hechos que pretende el Instituto actor que sea en materia de suspensión son futuros de realización incierta, ya que no se tiene la seguridad de que se vayan a cumplir los requisitos para realizar la jornada en la cual la ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación en el procedimiento de revocación de mandato”, y más adelante añade: “Por tanto, como la suspensión solicitada versa sobre un hecho futuro de realización incierta, es que se debe negar la medida cautelar.
“Lo anterior, sin menoscabo de que conforme al artículo 17 de la Ley Reglamentaria de la Materia, en el supuesto de haber un hecho superviniente que lo fundamente el ministro instructor estará en posibilidad de modificar o revocar lo determinado en este proveído”.
Eso dijo el ministro. Hay quien lo ha intentado tergiversar y poner en su documento cosas que el juez constitucional no escribió.
Con la controversia buscamos defender la autonomía del INE y también generar un precedente para evitar que decisiones presupuestales hagan nugatorio el texto constitucional, sea contra facultades y atribuciones de órganos autónomos, de universidades públicas o de poderes que no se someten a las pretensiones autoritarias.
Esperemos, pues, a que ante el diferendo los jueces constitucionales ya sea en la Suprema Corte o en el Tribunal Electoral, indiquen cómo salimos de esta inédita y lamentable situación.
Votaré a favor del proyecto porque nadie está obligado a lo imposible, porque es necesario salir de la trampa presupuestal con un pronunciamiento jurisdiccional en este momento.
Muchas gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, consejero.
Tiene la palabra la Consejera Carla Humphrey.
Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidente.
Quisiera expresar las razones por las cuales estoy en contra del acuerdo que se nos presenta hoy a consideración.
Estamos en una situación en la que no existen ganadores, solo perdedores, las y los mexicanos.
Lo hago convencida de que estamos viviendo una situación atípica e innecesaria para el Instituto como para la ciudadanía.
No es común que esta autoridad suspenda una actividad por falta de recursos, incluso estoy segura de que si se aprueba sería la primera vez en que esto ocurriera.
El acuerdo propone la suspensión de la revocación de mandato hasta en tanto la Corte no resuelva la controversia constitucional, presentada por este Instituto en cuanto al recorte presupuestal realizado por la Cámara de Diputados y Diputadas.
Esta situación pone en incertidumbre al propio ejercicio de revocación de mandato, puesto que no existe certeza legal ni jurídica de cuándo estaría en condiciones de resolver la controversia constitucional la Corte. Lo mismo puede ser en unas semanas que en meses o incluso años.
Así es el diseño previsto tanto en el Artículo 105 Constitucional, como en su ley reglamentaria.
En cambio, de lo que sí tenemos certeza es de que estamos obligados por la Constitución, la reforma constitucional del 20 de diciembre del 19 y por la legislación secundaria a realizar el ejercicio de revocación de mandato.
En ese sentido lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 14 de diciembre al resolver el incidente por el que negó la suspensión relativo a la adecuación presupuestal para la revocación de mandato.
Respecto del avance de las actividades que tenemos la Corte ha dicho que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios porque todavía no existe afectación alguna al instituto, lo que en criterio de la Corte ocurrirá hasta que se emita la convocatoria prevista para el 4 de febrero y después podría analizarse dicha afectación.
La Corte negó la suspensión, por tanto, debemos seguir con el plan y calendarización aprobado atendiendo el presupuesto que tenemos y con los mejores esfuerzos institucionales y presupuestales.
Nuestra obligación es caminar a la realización de la revocación con los recursos que tenemos, más cuando la semana pasada este consejo conoció el avance de las actividades programadas el cual hasta ese momento era de un 26 por ciento de las 221 actividades programadas.
Dicho lo anterior no quiere decir que desconozca la afectación presupuestal de la que fue objeto este organismo autónomo.
Estoy consciente de que al aprobar el presupuesto la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un recorte de casi cinco mil millones de pesos. Es decir, se dejó de considerar en el apartado de ejercicio eventuales de participación ciudadana.
Pese a los esfuerzos que se han hecho por generar economías, los cuales han ido desde la cancelación de proyectos, hasta la reducción de montos de proyectos que existen, son insuficientes para el ejercicio diseñado y aprobado por el Poder Legislativo.
Esta situación hace muy difícil la realización de este ejercicio, es cierto, no podemos permitir que se ahogue presupuestalmente a los institutos electorales tanto locales, como al nacional. Y deben buscarse otras formas para asignar presupuesto a estos institutos como, por ejemplo, un porcentaje del presupuesto definido desde la ley.
Sin embargo, reconozco que podemos segur en el camino de la organización con algunas medidas ajustadas y optimizando los recursos, lo cual, aclaro, no da para cumplir con todas las características determinadas por la ley.
Podemos seguir avanzando con medidas de austeridad y potenciando las fortalezas de nuestra institución, como aquellas áreas en donde la tecnología y la comunicación pueden resultar fundamentales para tener mayores y mejores resultados.
Asimismo, considero fundamental determinar que no podemos realizar más actividades y acciones sin los recursos necesarios, necesitamos mayores recursos para garantizar un mejor ejercicio. Hay que decirlo así, no se pueden poner o establecer más obligaciones sin más presupuesto, por ejemplo, el costo de elección federal inmediata de este año fue de ocho mil 200 millones, donde la ubicación e instalación de casillas fue de 223 millones, los materiales electorales fueron de 334 millones, la documentación electoral de 150 millones, entre otros.
Aquí presento algunos de los aspectos que detecto que pudiéramos hacer para reducir el costo y seguir caminando en la organización de la revocación de mandato.
Eliminar el conteo rápido, dicha de actividad de plano no está establecido n en la Constitución ni en la ley, así que se podría quitarse ya que incluso, se tiene previsto que los cómputos distritales comienzan el mismo día de la revocación de mandato y se tendría al sistema de cómputo corriendo el mismo domingo por la noche.
La instalación de casillas, debemos ser responsables de ver cómo y en qué condiciones se podrán instalar las casillas, incluso alcanzaría para pensar en instalar centros de votaciones en escuelas, o en instalaciones de nuestros órganos distritales locales, con el auxilio de los CAES y supervisores electorales.
La implementación de nuevas tecnológicas, bastaría en pensar en cuando menos mil urnas electrónicas que se tienen previstas en este Instituto y en todo el país, así como el desarrollo de una aplicación que permita tener toda la información de los manuales de capacitación en los teléfonos móviles, y con ello, ahorrar en el costo de impresión de dichos materiales; limitar la producción e impresión de documentos electorales, y en algunos casos, eliminar la producción, por ejemplo, de actas de escrutinio y cómputo, el acta de instalación de casilla, el acta de incidentes.
Lo anterior en el sentido de eliminar todo aquel material electoral que no sea indispensable para organización de esta revocación de mandato.
Repito, la revocación de mandato no es un proceso electoral y así tenemos que verlo. Incluso pensar en la eliminación de la sábana o el cartel que se publica fuera de las casillas con los resultados.
También, por supuesto, eliminar el papel seguridad en las boletas o de las papeletas; actualmente la impresión de boletas en papel seguridad tiene un costo de 2.5 pesos por boleta, el cual se podría reducir si se opta por otro tipo de papel.
Además, me permito proponer que Talleres Gráficos de México, al ser un organismo descentralizado del gobierno federal, también incurra en los costos o elimine los costos por imprimir los materiales necesarios y las papeletas para la realización de esta revocación de mandato como una parte fundamental de los gastos que se erogan también para este ejercicio.
También podría pensarse en cambiar o ajustar la integración de las mesas directivas de casilla, la Ley de Revocación de Mandato establece que sean cuatro funcionarios, presidencias, secretaría y escrutador y la suplencia, peros, sin embargo, dicho umbral puede reducirse a dos funcionarios de nuestro Instituto y dos ciudadanas y ciudadanos electorales.
También lo propuse en la sesión anterior, pensar en otras formas para difundir este ejercicio, como solicitar mayores tiempos de radio y televisión de los tiempos del estado, y explorar nuevas vías para difundir la revocación de mandato como los mensajes por telefonía celular vía SMS, que desafortunadamente, se rechazó en la sesión anterior, en el punto del orden del día.
También creo que en este sentido debemos considerar seguir adelante con actividades que podemos realizar con el presupuesto que tenemos.
No es deseable, no nos gustan estas medidas, pero es con los que tenemos que avanzar para cumplir con nuestro mandato.
Estaremos incumpliendo con nuestro mandato constitucional al dejar de realizar esta jornada de revocación de mandato, y mucho menos podemos suspender un derecho político y electoral como éste.
No es nuestra función, y mucho menos nuestra facultad. Hay cuestiones con las que podemos avanzar, con la misma calidad y eficiencia.
Como dije, un procedimiento de participación ciudadana no es igual a un proceso electoral; no es momento de confrontaciones y discusiones vanas, es momento de pensar en cumplir con la ley, que no se nos olvide que los grandes beneficiarios son y serán las y los mexicanos.
Gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Humphrey.
Tiene ahora la palabra el consejero Martín Faz.
Consejero Electoral del INE, José Martín Fernando Faz Mora: Buenas tardes a todos, a todas.
Hoy nos encontramos en la organización de la primera revocación en la historia del estado mexicano, pero también ante diversos dilemas que son producto de la reducción presupuestal.
En la Cámara de Diputados, aplicó al INE al no atender los argumentos técnico-operativos que se hicieron llegar en tiempo y forma.
El proceso de revocación de mandato se incorporó a nuestro sistema jurídico en diciembre del 2019 como un medio más de democracia directa que expandió los derechos de participación política de toda la ciudadanía.
Desde el texto constitucional, se le designó al INE como al organismo responsable de realizar las funciones para la debida implementación de los procesos de revocación de mandato y para su realización, en el artículo quinto transitorio se previó que el ejercicio de sus atribuciones se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio presente y los subsecuentes.
Posteriormente, al emitirse la Ley Federal de Revocación de Mandato, se precisó que el INE tiene la responsabilidad de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los proceso de revocación de mandato y de llevar a cabo la promoción del voto en términos de la ley, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la participación ciudadana.
Mientras que en al artículo 26 de la ley se estableció que, para la preparación de dicho mecanismo, participación ciudadana, el instituto en estricta observancia en las medidas de racionalidad y presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal correspondiente buscará el máximo aprovechamiento de los recursos humanos materiales y financieros.
En ese sentido, se puede desprender que las normas que rigen la revocación de mandato constriñen al INE en igual medida a dirigir sus tareas en apego de los principios rector de la función electoral, así como las medidas de racionalidad y máximo aprovechamiento de los recursos de que disponga.
Es por ello que no puedo acompañar la visión de que existe una completa imposibilidad para continuar y llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, porque no se cuenta, por ahora, con los recursos suficientes para hacerlo con los mismos estándares de calidad con los que este instituto organiza en las elecciones ordinarias, ya que, desde el punto de vista, la regulación nos permite hacer los ajustes y adecuaciones necesarias para realizar el ejercicio.
En primer lugar, porque si bien el artículo tercero prevé la supletoriedad y el artículo 40 de la Ley establece que la jornada de revocación de mandato se sujetará al procedimiento dispuesto para la celebración de la jornada electoral, contenido en el titulo tercero del libro quinto de la LEGIPE, con las particularidades que prevé la propia Ley Federal de Revocación de Mandato, lo cierto es que no toda la organización de dicho ejercicio puede realizarse en los mismos términos que lo dispuesto por la LEGIPE, pues, como muestra, en esta última se prevé plazos ciertos para la realización de una diversidad de actividades que no puede transferirse en términos idénticos al proceso de revocación de mandato.
En segundo lugar, porque no todos los llamados estándares de calidad y su proceso ejecutados por el INE se encuentran regulados por la LEGIPE, sino que estos forman parte de un amplio entramado de reglamentaciones y lineamientos que ha aprobado el Consejo General de este instituto, a partir del aprendizaje que arroja los procesos electorales, y los mandatos jurisdiccionales siempre bajo condiciones presupuestarias optimas.
Por ejemplo, la estrategia de capacitación es una interpretación muchísimo más compleja de lo que establece el artículo 254 de la LEGIPE, o bien, la determinación de utilizar papel seguridad en la impresión de la documentación electoral, es otra cuestión que no está considera en la ley, sino la opción de medidas de seguridad.
En tercero, porque en distintas ocasiones las reglas previstas por la ley general han sido interpretadas por este Consejo General de forma pragmática, a fin de materializar los mandatos del legislador, así sucede con lo dispuesto en el c), párrafo 1 del artículo 250 de la Ley General.
Habría que recordar, por ejemplo, las aprobaciones de este colegiado en materia de igualdad de género y acciones afirmativas en candidaturas o los acuerdos tomados para articular la reelección, solo por citar ejemplos recientes.
Por último, porque como ya lo he señalado, tanto los artículos transitorios de la reforma constitucional como los de la Ley de Revocación sumados al artículo 26, dada la situación presupuestal en la que se encuentra el Instituto, nos permiten explorar nuevas líneas y procedimientos que también puedan garantizar el cumplimiento de los principios rectores a un costo menor.
Es decir, habilitan a este Instituto a hacer los ajustes necesarios a fin de organizar el proceso con los recursos con los que dispone.
Con mayor razón porque no necesariamente se incumplirá la ley haciendo ajustes a los distintos procesos, debido a que, como señalé anteriormente, no todos los estándares de calidad se encuentran ordenados directamente por el texto legal y al ser solo una vía más a través de la cual este Instituto ha materializado los mandatos generales, no implica que sea la única forma de cumplir con los principios que rigen la función electoral.
En este contexto para poder declarar que este Instituto está imposibilitado para realizar la revocación de mandato, era fundamental que previamente se exploraran todas las alternativas reales, se revisaran propuestas, se trabajaran distintos escenarios y si una vez hecho el balance de todos estos aún no se encuentra una solución que fuera menos gravosa que parar o aplazar por completo la organización del proceso, entonces solo en ese supuesto se podría decir que efectivamente no es posible continuar con el ejercicio.
Desde mi perspectiva, tal reflexión no se realizó con la profundidad y el tiempo que el tema exigía lo cual lamento. Desde mi oficina emprendí un trabajo de revisión que buscaba, en primer lugar, distinguir lo exigido por la ley y los mecanismos implementados por este Instituto para después concretar algunas propuestas para reducir costos en áreas específicas como la estrategia de capacitación, la integración de mesas directivas de casilla, el papel seguridad y otros costos operativos, como puede ser el arrendamiento de vehículos, mobiliario o la compra de material de sanitización.
A pesar de exponer en distintas mesas de trabajo los inconvenientes de aprobar este acuerdo, de buscar realizar ajustes a las estrategias de organización para la realización de la revocación de mandato y otros tantos esfuerzos con las áreas técnicas para construir un escenario en el que se pudiera sufragar en buena medida los gastos para continuar con el proceso, las propuestas presentadas no han prosperado bajo una lógica de mantenerse en solo un escenario posible.
Por todas estas razones, reitero que no puedo acompañar el proyecto que se nos propone, porque no comparto la visión desde la que fue construido ni la interpretación jurídica en la que se fundamenta. No puedo coincidir con la afirmación de que tenemos exclusivamente tal opción, porque no hubo demasiada voluntad de explorar más posibilidades, por lo que a pesar del esfuerzo argumentativo del proyecto dicha afirmación me sigue apareciendo insuficientemente motivada y fundamentada.
En términos generales, no puedo votar a favor de esta proposición que afecte al derecho fundamental de la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa sin atender a los parámetros constitucionales que pudieran llegar a justificar su restricción, pues no nos consta que la opción propuesta sea la única y menos gravosa.
Finalmente, estimo que el proyecto no hace un análisis integral de lo resuelto por la Suprema Corte hace unos días, donde el ministro instructor determina que no procede otorgar la suspensión solicitada dada la etapa en la que nos encontramos.
Considero que tal decisión labora en el sentido de que este Instituto no se apresure y utilice ese tiempo para seguir explorando posibilidades, para que llegado el momento realice otros ajustes presupuestales necesarios de ser el caso.
Hago votos para que sea el diálogo y la construcción colectiva el método que utilice esta gran Institución para resolver de los dilemas que enfrentamos en favor de los derechos de la ciudadanía.
Gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Faz.
Tiene ahora la palabra el consejero José Roberto Ruiz.
Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Presidente.
Iniciaré refiriéndome a la propuesta que hizo el señor representante de Movimiento Ciudadano de sustituir esta consideración o fraseo sobre las razones presupuestales que conlleva a tomar esta decisión el día de hoy. Y propone que se invoque el principio de certeza.
Yo le que propondría es que más bien sean ambas consideraciones o fraseos, tanto una cuestión presupuestal, como ha quedado expuesto por alguno de mis colegas, como la necesidad de dotar de certeza a lo que está conllevando el trabajo y, sobre todo, yo diría lo que se refiere a capacitación y organización en un futuro inmediato. Ahí se requiere introducir certeza de que se necesita hacer por esta institución.
Muy próximamente, hay que recordar que ya precisamente en enero estaba pensado la instalación de los consejos locales y distritales y todo el trabajo inherente al reclutamiento de las figuras de supervisores, supervisoras, capacitadores y capacitadoras, para que el 5 de febrero pudieran comenzar a trabajar en campo, más bien a su período de contratación.
Entonces yo diría que sí es cierto, es relevante que a lo largo de proyecto se enfatice esta consideración, este fraseo que propone el representante de Movimiento Ciudadano, pero sin prescindir de lo que hoy ya se contiene de las referencias a la cuestión presupuestal.
Y por otra parte sí señalar que, por supuesto, acompaño en sus términos el proyecto que nos ha sido circulado para esta sesión, creo que sigue habiendo la necesidad, lo digo respetuosamente a la representación de Morena, pues de alguna dosis de humildad para reconocer que sí se cometió un error, un exceso en un recorte de cuatro mil 913 millones de pesos al INE, que hoy nos obliga a tomar esta decisión. Yo creo que lo peor que podría suceder es que se persistiera en que acá está la problemática de no poder aparecer dos mil 500 millones de pesos que ahora se necesitan para poder completar los recursos necesarios para este ejercicio.
Yo lo digo, de verdad, respetuosamente, pero hubiera querido escuchar más bien que iban anunciar la presentación de un recurso de apelación, pero adhesivo, para decirle al Tribunal Electoral que el INE tiene razón en que no le alcanzan los recursos para 2022 para cumplir con su tarea, ojalá esa hubiera sido la sorpresa y la noticia que nos hubieran dado en esa representación.
Pero no quiero ser pesimista, yo sí creo que se pudiera reconsiderar por esa fuerza política, si en verdad están deseando mucho que se realice este ejercicio, pues que se abran nuevos horizontes donde precisamente se generen las condiciones y posibilidades presupuestarias para esta institución, ¿hay forma, hay tiempo? Sí, pero creo que sí se necesita esa humildad de reconocer que estamos en una situación completa y que el INE necesita hacer apoyado para cumplir con estas funciones y nuevas atribuciones, que estábamos listos, por cierto, estábamos preparados, no hay nada que pueda señalarse como un atraso en la organización del proceso de revocación de mandato. Es una serie considerable de acuerdos que ya han pasado por este Consejo; otros más por la comisión temporal.
En suma, íbamos bien, hasta que se presentó esta lamentable situación de no aprobarle los recursos necesarios al INE, y tenemos que llegar a esta decisión.
Yo, en suma, expreso mi apoyo a este proyecto porque es necesario, porque es razonable, porque no tiene una cuestión ideológica, es el resultado de decisiones técnicas, de responsabilidad también, ni modo de empezar el 2022 ejerciendo recursos para que a las pocas semanas se acabaran los mismos, y nos quedáramos, pues déjenme usar esta expresión, pues parados, varados, en la organización misma del proceso de revocación, porque no iban a alcanzar los recursos para llegar hasta, prácticamente, la primera quincena de abril, porque los gastos no solo son hasta el 10 de abril, sino unos pocos días más.
Entonces, ahí están las razones por las que acompaño este proyecto, no me detendré en hacer referencia a distintas pues propuestas de distintos colegas, señalando cómo se podrían suprimir o rehacer algunos proyectos, porque creo que la ley es muy clara, eso conllevaría a no cumplir, precisamente, con la ley, o con los principios constitucionales que rigen la función electoral, que nos obligan, por supuesto, a hacer las actividades con ciertos niveles y estándares.
Si el Tribunal Electoral o, en su caso, la Suprema Corte nos dice que sí podemos rehacer esas actividades, lo haremos, claro que se hará, y ahí serán bienvenidas todas esas propuestas que ya se han empezado a esbozar. Pero por el momento, creo que sí es muy importante mantenernos con la necesidad de este mínimo que es muy bueno para fortuna de nuestro sistema democrático, de cómo se deben de hacer los procesos electorales.
Y también acompaño las consideraciones que se han hecho sobre la preocupación del precedente; claro que es muy importante que a nivel jurisdiccional se tenga esta perspectiva, que no solo está de por medio el 2022, o un proceso de revocación de mandato en concreto, que es el que va en curso, sino la posibilidad, lamentable, que en un futuro a una institución como el INE se le pueda decir que se le dan mucho menos recursos para hacer sus funciones constitucionales.
Eso sí sería un grave precedente y creo que es también lo que está de por medio.
Es cuanto, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Ruiz.
Tiene ahora la palabra el licenciado José Calzada Rovirosa, representante del Partido Revolucionario Institucional.
Representante del PRI, José Eduardo Calzada Rovirosa: Muchas gracias, señor Presidente.
Estimadas consejeras, consejeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes.
Ha sido una jornada larga el día de hoy, pero sin duda alguna muy interesante, una serie de reflexiones.
En primer término, quiero hacer constar que siempre en mi partido, Revolucionario Institucional, hemos apoyado las iniciativas del INE, en momentos francos y en momentos complejos; también somos conscientes de la falta de recursos que al día de hoy se tienen para llevar a cabo las ordenanzas de ley que tiene el Instituto.
Pero también reconocemos que tenemos un mandato constitucional, tenemos la obligación de llevar a cabo este proceso de revocación de mandato.
En circunstancias complejas, reitero, el hecho de posponer el proceso de revocación de mandato en estos momentos me parece prematuro, nos falta conocer todavía de entrada si se van a reunir o no las firmas necesarias para llevar a cabo el proceso y posteriormente conocer la opinión de la corte. El hecho de aprobar en sus términos, el posponer este proceso me parece que lo que hace es crispar las relaciones entre partidos y las relaciones con la autoridad.
Reitero que apoyamos y apoyaremos las iniciativas del INE, pero en esta ocasión nosotros, reitero, consideramos prematuro la aprobación de esta medida.
Es cuanto, señor Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor representante.
Tiene ahora la palabra la consejera Adriana Favela.
Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: Gracia, Presidente.
Y buenas noches otra vez a todas las personas.
Esta revocación de mandatos obviamente es una figura de participación ciudadana directa que por primera vez se pudiera realizar en este año 2022 que está próximo a iniciar, al haberse cumplido los primeros tres años de gobierno del Presidente de la República, y también siempre y cuando se junten las firmas de apoyo exigidas.
El INE obviamente es el órgano competente para organizar ese ejercicio de participación ciudadana y se deben de realizar todas las actividades previstas en la propia Ley Federal de Revocación de Mandato.
Debe quedar claro que el INE siempre ha estado en la mejor disposición de organizar el procedimiento de revocación de mandato, tan es así, que en forma oportuna se aprobaron lineamientos respectivos para llevar a cabo la revocación de mandato, y se previó el domingo 10 de abril de 2022 para efectuar ese ejercicio de participación ciudadana, inclusive estamos a pocos días de que concluya el plazo para que se recaben las firmas de apoyo, precisamente para que se realice este procedimiento de revocación de mandato.
En mi caso creo que es algo ya como inminente que se va a tener que realizar.
Sin embargo, nos enfrentamos a una situación complicada, porque, aunque el INE en forma responsable y oportuna, y lo subrayo, solicitó a la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión un presupuesto de 3 mil 800, bueno, para realizar este, 3 mil 830 millones de pesos para realizar este ejercicio de participación ciudadana, pero lo cierto es que no se autorizó lo solicitado.
Es decir, la Cámara de Diputados incumplió con lo ordenado en la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 no se previeron los recursos debidamente solicitados para atender este procedimiento de revocación de mandato.
Esta circunstancia ha orillado al INE a interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que se ordene al órgano legislativo que provea de los recursos necesarios para organizar el procedimiento de revocación de mandato.
La falta de estos recursos suficientes para organizar la revocación de mandato, pues ha puesto al INE en otra situación que es muy complicada y a la que le debemos de buscar la mejor solución.
Destaco que, en los últimos días, se han formulado y revisado diversos escenarios, cinco en total. Algunos propuestos por las propias áreas del INE y otros propuestos por algunas consejeras y consejeros electorales, partiendo de la base de que solamente podemos designar mil 500 millones de pesos, lo que implicaría principalmente instalar un número menor de casillas aproximadamente a 62 mil y no las 162 mil que se instalaron en el proceso electoral celebrado en 2021.
Mi razonamiento, o sea, yo creo que sí se puede continuar con este procedimiento de revocación de mandato. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto que se nos está poniendo a consideración, porque yo creo que nosotros debemos de continuar con este ejercicio y hacerlo con los recursos con los que contamos y en las condiciones en las que podamos, obviamente, garantizando todos los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y todos los principios que rigen la presión del INE.
Como yo lo había dicho, si nosotros hacemos algún tipo de ajuste y lo hacemos con estos recursos que tenemos, eso para nosotros vendría a contravenir lo que dice la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, porque el INE se encuentra en una situación extraordinaria por falta de recursos suficientes.
De ahí la necesidad de ajustar algunos aspectos de cómo sería la instalación de un número menor de casillas, pero cuidando que se cumpla con los principios que rigen la función electoral.
Yo creo que solamente se estaría en una situación de vulneración de la Constitución y de la ley respectiva, si el órgano legislativo hubiera autorizado el presupuesto solicitado por el INE para la revocación de mandato y aun así el INE optara por instalar un número menos de casillas o hacer algún tipo de ajuste a lo que ya se tenía previamente contemplado en los lineamientos, porque ese actuar no tendría ninguna justificación.
Yo también he presentado algunas propuestas que ya conocen mis compañeros.
También coincido en que se podrían cancelar algunas circunstancias. Por ejemplo, la contratación de más personal y realizar la revocación de mandato con el personal que ya se cuenta que además es especializado y tiene la experiencia técnica que requiere cada área.
Ahí también podríamos cancelar la cuestión de los visitantes extranjeros que ni siquiera está prevista en la propia ley y también los conteos rápidos, igual, porque como lo decía la consejera Carla Humphrey, finalmente los cómputos se van a realizar el mismo día de la jornada en que se realizaría la revocación de mandato, entre otras circunstancias.
Y, obviamente, bueno, pues tendría que haber un ajuste necesariamente al número de casillas que se tendría que instalar.
Y ahí también creo que podríamos actuar pues como lo hicimos al organizar la consulta popular, donde tampoco teníamos recursos asignados, pero con economías finalmente se realizó ese ejercicio de participación ciudadana.
Claro, hubo la queja de que no se instalaron las casillas suficientes, pero es que eso deberían de haber pensado si no se están dando los recursos que se necesitan para la instalación del máximo número de casillas que sean más cercanas a cada domicilio de los ciudadanos.
Y creo que en relación con esta consulta popular no queda duda que, aunque se hayan instalado el número menor de casillas que lo que se instalaron en la elección federal de 2021 y concurrente con las demás entidades federativas. Lo cierto es que no creo que alguien ponga en duda que se actuó con profesionalismo, que se cumplió con el principio de certeza y que realmente no hubo problemas en la organización, que la gente participara o no eso ya es una cuestión de la propia ciudadanía.
También creo que te pueden hacer algunos otros ajustes, inclusive, se podría poder solicitar algún tipo de apoyo a los OPLES a través de convenios de colaboración o de coordinación, inclusive, un OPLE ya se había ofrecido proporcionarnos 500 millones de pesos.
Y yo creo que deberíamos de seguir con esta organización de la revocación de mandato, porque es lo que dotaría precisamente de certeza a la ciudadanía de que se va a realizar este procedimiento, pues el 10 de abril como se tenía contemplado, obviamente una vez que se verifique que las firmas son las suficientes para convocar a este procedimiento.
Y creo que también deberíamos de seguir por este rumbo, si en el camino nos autorizan más recursos o podemos lograr más economías, pues obviamente que podremos retomar lo que nosotros ya teníamos en los lineamientos que nosotros formulamos partiendo de la base que se nos iban a dotar de los recursos suficientes para poder realizar este ejercicio tan importante de participación ciudadana.
Creo que se pueden hacer estos ajustes, para mí sería lo mejor seguir adelante.
Y también nada más decir, no se puede hacer ahorita ajustes a las cuestiones de las remuneraciones del personal del INE y de sus prestaciones, porque también tenemos una suspensión que nos acaba de dar precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de diciembre de este año.
Yo creo que podemos seguir adelante con los mismos estándares de calidad, a lo mejor con algunos ajustes.
Sería cuanto, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Favela.
Tiene ahora la palabra el diputado Humberto Aguilar, consejero del Poder Legislativo del PAN.
Consejero del Poder Legislativo del PAN, Marco Humberto Aguilar Coronado: Muchas gracias, Presidente.
Señoras consejeras y señores consejeros, señores representantes, yo creo que es responsabilidad hoy, me atrevo afirmar que estamos viviendo momentos difíciles para la democracia, hoy asistimos a la discusión de una propuesta de acuerdo de este Consejo General que por lo menos tiene que ser considerado como un acto de responsabilidad, de dignidad política y de respeto a las instituciones diseñadas y contenidas en nuestra Constitución.
La propuesta se basa en un criterio elemental, el INE no está dispuesto a incumplir sus responsabilidades jurídicas organizando un proceso de consulta pública que no cumpla con las exigencias que determina la propia Constitución y la ley.
Con rigor técnico el instituto ha sostenido que es imposible desahogar con respeto a los principios que rigen la materia electoral y con apego a las normas establecidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato un ejercicio de ese tipo con los recursos que fueron determinados para este propósito por la Cámara de Diputados al aprobar el PEF para el ejercicio 2021.
El Consejo General del Instituto propone que se termine lisa y llanamente que, en tanto no se resuelva por las instancias competentes el diferendo presupuestal, no es posible continuar desarrollando las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la Republica.
La determinación que discutimos significa la postura de este órgano constitucional autónomo de rechazar la organización de procesos selectivos que no reúnan las características de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y máxima publicidad que rigen la función electoral, según lo dispone nuestro artículo 41 Constitucional y que han sido, hasta ahora, el baluarte en el que descansa la credibilidad del instituto y, por supuesto, de los resultados electorales.
Lo que plantea el acuerdo propuesto es que el INE no puede participar en un proceso que forme parte de la función estatal electoral en la que se simule, empobrezca o desnaturalice un ejercicio electivo.
Se ha reiterado que un ejercicio de revocación de mandato del titular del poder ejecutivo tiene la misma transcendencia que la elección del Presidente de México. Nadie estará dispuesto a que en la elección del 24 se instalen menos casillas de las que mandata la ley, se deje de capacitar o se capacite indebidamente a la ciudadanas y ciudadanos que se harán cargo de integrar las mesas directivas de casilla; que no se cuente con todos los elementos de seguridad en las urnas, que no se permita el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero o que se reduzcan las características y las calidades que debe tener todo el proceso.
Así resulta inconcebible que en un procedimiento que puede tener como resultado que le sea revocado el mandato al Presidente de México, sus impulsores, que incluyen por supuesto al propio Presidente, insistan en que no es relevante el número de casillas a instalar ni el respeto y restricto a la ley federal de revocación de mandato como lo insinuó el Presidente en su rueda de prensa.
Es incuestionable que hoy discutimos el rumbo que ha de tomar la relación entre el ejecutivo y el legislativo contra este organismo constitucional autónomo.
Sin la disyuntiva, es entre la vigencia plena de la constitución y la ley para que los órganos autónomos conserven sus capacidades de control sobre el ejercicio del poder público, los grupos parlamentarios de Acción Nacional no tenemos duda de qué lado estamos y debemos estar.
En el Congreso hemos defendido la autonomía operativa presupuestaria y funcional de nuestros órganos constitucionales autónomos, si las mayorías quieren devaluar los mecanismos de participación ciudadana, al grado de convertirlos en tristes pantomimas, mantendremos la lucha para impedirlo, y garantizar a los ciudadanos la eficacia de sus derechos políticos.
Vamos a presentar en el Congreso de la Unión una reforma a la ley de revocación de mandato que permite organizar estos procesos conforme a las posibilidades presupuestarias de los organizadores, pero siguen pre velando porque se cumplan los principios rectores, señalados en el artículo 41 de nuestra Constitución, la que, de ser aprobada puede permitir resolver en el futuro este conflicto.
Esperamos que los diputados de MORENA nos acompañen en esta propuesta que presentaremos.
Así o se le quita la misma exigencia de organización del proceso de revocación de mandato, que a una elección constitucional en cuanto al número de casillas a instalar, o se le asignan al INE los recursos necesarios para su organización.
Lo dijo el representante del PRD la pasada sesión y lo comparto hoy, es increíble que en este país los partidos de oposición no estamos exigiendo ni promoviendo la revocación de mandato, pero la lógica del absurdo, la lógica de la sinrazón es el partido gobernante y sus partidos aliados los que están en esta promoción y exigencia desbocada.
Frente a la postura que reclama que el Instituto viole la ley, renuncia a sus responsabilidades jurídicas constitucionales y políticas y desconozca o renuncie a la vigencia de los principio electorales que le dan sustento, o incluso ante la amenaza de juicio político, la propuesta de acuerdo que hoy discutimos es una reacción enérgica, pero indispensable para impedir que el INE quede convertido en un organizador de consultas gansito.
Qué lástima que el representante de MORENA presuma que el pueblo se volcó en el 2018 en contra de los malos gobiernos, ojalá presumiera que el pueblo se volcó a favor de una propuesta viable, porque hasta ahora ese Presidente que tanto presumen le ha fallado a México en materia de salud; le ha fallado a México en el combate a la inseguridad; le ha fallado a México en cuanto al desarrollo económico y la inversión; le ha fallado a los niños con cáncer; le ha fallado a más de 645 mil familias que han visto morir a uno de los suyos por el pésimo tratamiento de la pandemia en esas muertes en exceso; y le ha fallado a las mujeres en la lucha por bajar los feminicidios y la violencia ejercido en su contra, en fin.
Señoras y señores consejeros, desde los grupos parlamentarios de Acción Nacional, estamos convencidos de que los conflictos electorales deben resolverse con estricto apego a las normas jurídicas sin permitir que entren en juego soluciones negociadas de corte político que destruirían a la larga la credibilidad del INE.
De aprobarse este acuerdo, el diferendo será colocado bajo la responsabilidad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de ser el caso, tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia como la Sala Superior del Poder Judicial, tendrán en sus manos la solución definitiva de este tema.
Enhorabuena porque así sea.
La solución a los conflictos constitucionales debe ser una solución jurídica y debe quedar claro a todo México que las instituciones funcionan y generan los bienes que de ellos se esperan.
Muchas gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor consejero.
Tiene ahora la palabra el consejero Jaime Rivera.
Consejero Electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente.
La reducción presupuestal determinada por la Cámara de Diputados ha creado una situación muy complicada, muy difícil de resolver no solo para el INE, también para quienes son los principales promotores de este ejercicio de participación ciudadana.
Pareciera que quienes lo han provocado no meditaron bien las consecuencias que podría haber, pero bueno, sus motivos y razones tendrán.
Pero el hecho es que hoy tenemos una situación que pareciera no tener salida.
Qué estamos haciendo frente a la falta de aprobación por parte de la Cámara de Diputados de los recursos necesarios para una actividad de grandes dimensiones, una actividad que es extraordinaria y totalmente adicional a las actividades habituales del INE.
Y que, por ser extraordinaria y adicional, exige recursos específicos adicionales para ese fin, pero no se autorizó. Como si por arte de magia se pudiera hacer algo totalmente adicional y además cuando tiene tan grandes dimensiones que es imposible extraer los recursos de pequeños ahorros, economías o mera voluntad.
El INE consciente de que es insuficiente ese dinero, ha hecho un esfuerzo de ajuste presupuestal, ya lo explicamos hace una semana, asciende casi a 700 millones, juntando los 800 millones que fue lo único que la Cámara parece haber autorizado para esta actividad adicional y extraordinaria, juntamos mil 500 millones. Es una cantidad grande, pero es insuficiente.
Tan insuficiente que nos obliga a tomar previsiones. Y una previsión elemental de responsabilidad administrativa y hasta legal, es que no podemos iniciar sin concluir algunas actividades que implican obligaciones de gasto y generación de derechos de terceros, como, por ejemplo, iniciar la contratación de capacitadores, asistentes electorales sin que podamos garantizarles el contrato por el tiempo mínimo necesario.
De tal manera que en realidad la posposición de algunas actividades es inevitable.
Estamos a 17 de diciembre. El 3 de enero, según el calendario aprobado por este Consejo General, tendría que instalarse los consejos locales que a su vez tendrán que designar a los consejos distritales y estos son los órganos colegiados por ley encargados de seleccionar y aprobar la contratación de capacitadores, asistentes y supervisores electorales.
Si no hiciéramos esto sería imposible llegar al 10 de abril. Y, por lo tanto, ya desde hoy si sabemos que no podemos emprender una actividad de esa magnitud a tiempo, pues ya de antemano se está determinando que no llegaremos al 10 de abril.
Algunos han sugerido que sacrifiquemos garantías y candados de certeza, de seguridad, de limpieza, de transparencia.
Lo cierto es que la LEGIPE obliga a aplicar a una revocación de mandato todas las reglas de organización de unas elecciones para este caso.
Y por otro lado la Ley Federal de Revocación de Mandato obliga a la letra instalar la misma cantidad de casillas que se hayan utilizado en elecciones federales recientes.
¿De verdad hay quienes quieren sacrificar garantías y candados de limpieza de imparcialidad y de autenticidad de los votos? ¿De verdad a quién quiera eso?
Yo recuerdo que en varias ocasiones he propuesto pequeñas modificaciones, como eliminar un dato de un acta de escrutinio o algunos datos bastantes superfluos del PREP. Y me han dado razones que pueden no convencerme a mí, pero de las que están convencidos varios partidos, por los cuales es inadmisible que se le quite, no quiero usar esa expresión, que no se le quite ninguna disposición que aparentemente da garantías.
Yo no creo que nadie quiera quitarle garantías de limpieza, de certeza, de imparcialidad a un ejercicio tan serio como poner en juego la posible destitución del presidente de la República.
Ha habido otras sugerencias en el sentido de disminuir gastos, no voy a entrar en detalles, ya el consejero Uuc-kib Espadas ilustró cómo las disminuciones de salarios pueden ser muy atractivas para el público del estadio, pero no resuelven el problema presupuestal, aparte de que sí violan derechos y órdenes judiciales.
Pero hay otros gastos que se han sugerido, lo digo con mucho respeto, pero con apego a la razón aritmética, son minucias y serían insuficientes.
Hay que recordar que el gasto más importante de cualquier proceso de votación nacional, cualquier elección que organiza el INE es la integración de las mesas directivas de casilla, con todo lo que implica 32 mil, en este caso serían 161 mil casillas por lo menos, con todo lo que implica para contratar 32 mil capacitares asistentes, cinco mil supervisores, etcétera. Esto asciende, por toda la integración de mesas directivas de casilla, a mil 800 millones de pesos, tan solo eso, por lo tanto, es inexorablemente, innegablemente insuficiente.
Quiero retomar un par de expresiones que he oído y que me dan aliento y que quizás para una segunda ronda pudiera explicar más.
El representante legislativo por el PT habló de no dinamitar el diálogo, un consejero, compañero mío, ha dicho también que busquemos el diálogo. Sí, diálogo para encontrar juntos una salida a un problema creado por una decisión ajena al INE, pero que como decía al principio, ha puesto en un grave problema, que pareciera no tener salida, no solo al INE, sino a los promotores de este ejercicio de participación ciudadana.
Creo que vale la pena demostrar voluntad por ambas partes, el INE lo está haciendo, para darle salida a esto.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Rivera.
Tiene ahora la palabra la consejera Dania Ravel.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: El pasado 29 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, del que se desprende que al INE se le autorizó un presupuesto de 13 mil 914 millones 742 mil 28 pesos. Lo que significa que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un presupuesto para el INE con una reducción de 4 mil 913 millones de pesos, sobre el monto originalmente solicitado.
Se trata de la reducción presupuestal más grave en la historia de esta autoridad electoral, y se realizó sin que existiera un análisis de las obligaciones que tendríamos que cumplir el año que viene, por ejemplo, la organización en conjunto con los Organismos Públicos Locales Electorales, de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, y la eventual revocación de mandato, las actividades ordinarias que realizamos con la administración y actualización del Registro Federal de Electores, la expedición gratuita de la credencial para votar, el monitoreo permanente de las emisoras de radio y televisión, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, entre otras actividades.
Por esa razón, este Instituto promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2022.
Al reducirse el presupuesto institucional en tales dimensiones, se está interfiriendo en el cumplimiento de las atribuciones constitucionales que tenemos encomendadas y, con ello, se vulnera la autonomía del INE, además de que no hay motivación ni fundamentación que sostenga la decisión adoptada por la Cámara de Diputados y Diputadas.
A pesar de esto, y con ánimo de agotar hasta la última de las posibilidades que nos permitiera seguir con los trabajos preparatorios de la revocación de mandato, el pasado 10 de diciembre aprobamos ajustes al presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, lo cuales implicaron una disminución al presupuesto base, en términos redondos, por 150 millones de pesos, y a la cartera institucional de proyectos por 294 millones.
Estos montos, sumados a los 830 millones 573 mil 799 pesos que podían ser destinados a los ejercicios de participación ciudadana, nos permitieron asignar mil 235 millones 900 mil pesos a la organización del eventual proceso de revocación de mandato.
Sin embargo, el presupuesto realizado por las áreas técnicas del INE, indica que, para poder realizar la eventual revocación de mandato en los términos exigidos por la Ley Federal de Revocación de Mandato, se requieren 3 mil 830 millones 448 mil 91 pesos, por lo que, es evidente, que aún tenemos un gran déficit, a pesar de los esfuerzos que ha hecho este instituto.
En este escenario, al no concederse los recursos financieros necesarios para la organización y óptimo desarrollo del eventual proceso de revocación de mandato, nos encontramos ante la disyuntiva de realizarlo solo con los recursos disponibles, aunque eso implique no cumplir con todas las exigencias de la constitución y la ley, o posponer su organización hasta que se cuente con los recursos que nos permitan llevar a cabo dicho proceso, cumpliendo todos los parámetros legales y apegándonos a los estándares de calidad que caracterizan las elecciones organizadas por este instituto.
Por ello, acompañaré el proyecto de acuerdo que se nos presenta.
Desgraciadamente, estamos ante un panorama adverso, no propiciado por esta autoridad, que nos coloca en una imposibilidad material para la realización del proceso de revocación de mandato, en los términos previstos en la normatividad aplicada.
Tan solo por poner un ejemplo para ilustrar la magnitud de la falta de recursos ante la que nos encontramos, en el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato se establece que se debe habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada electoral del proceso electoral previo, teniendo en cuenta la actualización de la lista nominal.
Atender esta disposición legal nos ha llevado a proyectar la instalación de 161 mil 490 casillas, pero la instalación de las casillas implica que debemos contratar a personas supervisoras electorales, capacitadores, asistentes electorales y con todos los costos que ello implica, por lo que tan solo en la integración de las mesas directivas de casilla se tiene prevista la erogación de más de mil 800 millones de pesos.
Esto es más de 500 millones de pesos adicionales a los mil 275 millones que ya se encuentran aprobados para la revocación de mandato.
Es decir, con los recursos que ya están destinados a la organización de la revocación de mandato, no nos alcanza ni siquiera para llevar a cabo la integración de las mesas directivas de casilla que se requieren para la revocación de mandato.
Estoy convencida de que suspender las actividades relacionadas con la revocación de mandato, es la decisión más responsable que podemos tomar considerando las circunstancias en las que nos encontramos, pues no podemos avalar la realización de este tipo de ejercicios democráticos si no se cumplen con las disposiciones legales y se garantizan condiciones similares a las requeridas para una elección presidencial.
No porque así lo quiera el INE, sino porque así lo exige la ley de la materia.
No existe una negativa por parte de este Instituto de realizar una eventual revocación de mandato, solo decimos que, en su caso, la llevaremos a cabo cuando tengamos las condiciones para hacerla.
Esta reducción presupuestal no debe tomarse a la ligera. No se trata solamente de un recorte arbitrario, se trata de una determinación que afecta nuestra democracia.
La determinación de la Cámara de Diputadas y Diputados daña los cimentos de la arquitectura democrática que ha sido construida por las mexicanas y los mexicanos a lo largo de varias generaciones.
Quiero ser enfática al decir que acompaño esta propuesta después de un profundo análisis y reflexión sobre las posibles alternativas que podrían adoptarse.
Sin embargo, no podemos organizar un proceso democrático de la magnitud de una revocación de mandato de manera improvisada o al margen de la ley, porque los resultados que se obtengan tendrán importantes implicaciones jurídicas, políticas y de estabilidad para el país.
Por ello, se debe procurar que no quede ningún lugar a dudas respecto de la legalidad e imparcialidad con la que en su caso se organice este proceso.
Creo también es necesario explicar por qué la decisión de suspender las actividades relacionadas con la organización del proceso de revocación de mandato se debe tomar en este momento y no en febrero, por ejemplo, cuando se presente ante este Consejo General la revisión de las firmas de apoyo que se hayan recibido hasta el 25 de diciembre.
Y para mí la respuesta es muy sencilla. Cuando aprobamos el Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato, se previó que incluso desde antes de saber si se reunirían los requisitos para la revocación de mandato, para que esta fuera procedente se debería de empezar a realizar distintas actividades esenciales para que hubiera tiempo suficiente para que fueran desahogadas, considerando que tenemos muy poco tiempo para su organización.
Por ejemplo, el procedimiento para el reclutamiento, selección y capacitación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales comenzó el 6 de diciembre con la difusión de la convocatoria, la fase de examen, entrevista y talleres de capacitación se realizarán durante el mes de enero.
La instalación de consejos y oficinas municipales se tiene prevista en los primeros días del mes de enero.
El procedimiento de contratación del sistema para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero se realizaría entre diciembre y enero, etcétera.
Si el INE no aplaza la realización de estas actividades ahora, es factible que queden inconclusas por falta de recursos, trayendo consigo demandas por incumplimientos de pagos.
No obstante, la etapa de captación de firmas de apoyo a la ciudadanía, así como su verificación y la entrega del informe que contenga el resultado de dicha verificación, sí se va a concluir, debido a que los ajustes presupuestarios que aprobamos la semana pasada nos permite hacerlo.
Poco más de 13.5 millones de pesos, ya teníamos destinado para esto.
Gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, consejera Ravel.
Tiene la palabra ahora la consejera Claudia Zavala.
Consejera Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Presidente.
Yo quisiera reflexionar sobre algunos puntos de por qué estoy de acuerdo con la propuesta que se nos formula.
Muchas cosas ya han sido señaladas por mis colegas, pero yo creo que uno de los puntos esenciales que tenemos que reflexionar es que el legislador de hoy no fue un legislador de hace años, fue el legislador del año 2021 en septiembre pasado, fue el que determinó que la revocación del mandato se llevara a cabo con exactamente las mismas garantías, la misma certeza y seguridad que se llevan a cabo las elecciones en nuestro modelo constitucional y en nuestros sistema electoral.
¿Por qué lo hizo así? Porque si lo vemos en un pasado, lo que podemos ver es que revocación, la consulta popular sí le dejó al INE una posibilidad de ajustar el modelo, pero en la revocación de mandato no lo hizo, y adoptó el mismo modelo.
¿Qué quiere decir esto? Que retomó la relevancia y la importancia de la revocación de mandato como el instrumento de participación ciudadana que constituye la otra cara de la moneda de la elección presidencial, porque a través de él, las y los ciudadanos pueden decidir que se retire del cargo a una persona a que la nombró y eligió como Presidente de la República.
Esto es una premisa que no debemos de perder de vista.
Hemos dicho, y así lo hemos pronunciado, y antes de que se aprobara el presupuesto, lo señalamos que la disminución del presupuesto del INE fue tan significativa que nos colocaba en una situación compleja y en una situación límite, porque para hacer la revocación del mandato necesitábamos recursos por las garantías y las certezas.
La asignación que se hizo por parte del INE en el ajuste presupuestal, incluso tomando en consideración la proyección de ahorro que tuvimos, no es suficiente para que desarrollemos el modelo organizacional de la revocación del mandato con las garantías y las seguridades jurídicas.
Nos lleva a tocar fibras de las certezas y de las seguridades de ese proceso, de ese modelo electoral que, reitero, eligió el actual legislador en 2021, nos lleva a tocar fibras porque el mayor gasto se encuentra justamente en la capacitación electoral y en todo ese procedimiento que nos lleva a elegir quiénes van a estar en las mesas directivas de casilla, quiénes y dónde van a estar esas casillas y en todo el programa de la asistencia electoral y también en la instalación de las autoridades ciudadanas, que son los consejos distritales y consejos locales.
No nos alcanza, ya lo han dicho, ya han dicho las cifras mis colegas.
Si ustedes me preguntan, ¿podemos derribar esas reglas que el actual legislador nos puso? No, porque eso es lo que ha generado la certeza y la seguridad jurídica en la ciudadanía.
Las reglas previstas en la Constitución, particularmente en el Artículo 126 y en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, nos vinculan a realizar todos los gastos siempre y cuando se encuentren previstos en el presupuesto y aprobados en ese presupuesto o en la ley posterior. Esa regla no se nos debe olvidar, porque si la incumplimos somos sujetos de responsabilidad administrativa.
En ese sentido cómo el INE va a poder realizar todos los actos a partir de enero o a generar los compromisos de gasto si tiene la plena certeza que no hay recursos suficientes para asumir todo lo que se requiere. No lo podemos hacer.
Si realizamos gastos sin estar en esas condiciones incurrimos en responsabilidad administrativa, no lo digo yo, lo dice la Constitución y lo dice el artículo 18 de la Ley Hacendaria.
En 2021 existió la ley posterior, porque es una cuestión novedosa que teníamos, por eso en este año pudimos asignar gasto para la etapa previa de recabación de firmas; pero para 2022 tuvimos el presupuesto precautorio y no se nos asignó. Y en el ajuste dimos suficiencia presupuestal, pero era insuficiente.
¿Qué tenemos que hacer ahora aquí? Seguir los cauces que la ley y la Constitución nos da, a eso se le llama Estado de Derecho, acudimos a la Corte a plantear una pretensión clara para ver dentro de nuestras responsabilidades qué es lo que tenemos que hacer, ¿por qué a la Corte? Porque es la que dice el derecho, es el máximo órgano jurisdiccional frente a controversias y diferencias de ver el derecho, para eso están los tribunales, ahí está el artículo 17. Y fuimos a la Corte.
La Corte tendrá que resolver, la Corte tiene caminos también para resolver de manera pronta, porque son asuntos de relevancia nacional, en esa medida como autoridades del Estado nos someteremos a lo que defina el órgano jurisdiccional. Ese es el Estado de Derecho, ahí está.
¿Por qué no podemos seguir avanzando con las cosas que representan asumir obligaciones que implican un gasto? Porque incurriríamos en una responsabilidad, y a mí me parece que el INE como órgano autónomo, en este momento, tiene esas posibilidades de posponer.
Hemos hecho todo, están todo, el INE ha preparado todo, todos los caminos, es más, en la sesión anterior todo normativamente está previsto para que se haga la revocación de mandato.
La otra decisión no está en nuestras manos.
Pediría que pudiéramos incluir estos argumentos de todo el modelo presupuestal como parte de la justificación de nuestro acuerdo para que pueda verse con claridad que lo que tenía que hacer el INE conforme al estado de derecho lo hicimos, y que la competencia para posponer se justifica.
Escuché con atención las propuestas de mis compañeros, no ahorita porque nos reunimos previamente, y no las comparto porque la única forma de que nosotros pudiéramos realizar la revocación de mandato con el recurso que tenemos es tocando las fibras de la certeza y la seguridad jurídica, y a eso no estoy dispuesta a llevarlo a cabo, porque el legislador de hoy yo digo que correctamente eligió el modelo que nos ha permitido renovar los poderes en paz.
Gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracia, consejera Zavala.
¿Alguna otra intervención en primera ronda?
Con mucho gusto, tiene la palabra el diputado César Hernández, consejero del poder legislativo del MORENA.
Consejero del Poder Legislativo de MORENA, César Agustín Hernández Pérez: Gracias, Presidente.
Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y compañeros también representantes del poder legislativo de las diversas fracciones parlamentarias.
Desde la representación del poder legislativo de MORENA, nos sumamos a las voces y expresiones de extrañamiento sobre la intención de este Consejo para suspender, prorrogar, postergar o cancelar el ejercicio de revocación de mandato.
Hay que recordar que a este Instituto le corresponde vigilar y efectuar todas y cada una de las acciones necesarias para la organización del proceso de revocación de mandato, para lo cual cuenta con todas las facultades y la Ley Federal de Revocación de Mandato le posibilita dictar los lineamientos y acuerdos necesarios para ser efectiva sus atribuciones para dicho proceso de participación ciudadana.
El artículo 35, en su Fracción IX de la Constitución, el decreto y la Ley Federal de Revocación de Mandato disponen que corresponde al INE, entre otras funciones, convocar al proceso de revocación de mandato a petición de las y los ciudadanos en un número equivalente al menos al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo ese tres por ciento de la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Quisiera aquí citar que, en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2019, el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de nuestra carta fundamental en materia de consulta popular y revocación de mandato, que dice en su transitorio quinto:
“El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato se cubrirán con base en, y los subrayo, la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes”.
Por su parte, la Ley Federal de Revocación de Mandato publicará en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de septiembre de 2021, en su Transitorio Quinto, establece que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, subrayo, serán cubiertas con los presupuestos asignados y subsecuentes.
Ahora bien, el reporte más reciente de la recolección de firmas de apoyo en la App es de un millón 250 mil 714, equivalente al 35.88 por ciento de la Lista Nominal de Electores, mientras que hay organizaciones que han entregado más de tres millones 300 mil firmas.
Si bien el acuerdo que estamos discutiendo establece que las actividades de verificación de firmas y rendición del informe no se detendrán, dicho acuerdo establece la suspensión de todas las demás actividades hasta en tanto no se resuelva la supuesta crisis presupuestaria.
Ante este panorama, es posible para el Instituto integrar al presupuesto un mil 360 millón 408 mil 970 pesos, lo cual no implica, como se dijo en la Comisión de Presupuesto, que dichos recursos no se hubieren comprometido y nos digan que tienen menos.
Pero en todo caso ante un escenario de austeridad, lo correcto desde un principio era tal vez no comprometer esos recursos.
En virtud de lo anterior, se puede revocar los fideicomisos, fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral y el Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral.
También existen otras ampliaciones líquidas a septiembre de 2021 que se pueden integrar al presupuesto del Instituto. Estas son el Convenio de Apoyo y Colaboración entre el INE y los OPLES y el Fondo de Contingencia para la Mitigación de Actividades Supervenientes, ambas por un total de 544 millones 691 mil 341 p esos.
¿Pregunto entonces a las y los consejeros, esto ya se encuentra contemplado para ejercerlo en este presupuesto al 2022?
Ahora bien, miren señoras y señores consejeros, más allá de establecer un tema de burocracia dorada, nos llama mucho la atención el Informe Anual de Gestión 2019 del Órgano Interno de Control, en donde se establece o se evidencia que hasta hay sobrecostos en adquisiciones de diversos insumos de hasta 150, sino a un 246 por ciento.
Si revisamos, si analizamos, si escudriñamos por supuesto que puede existir recurso, pero es importante ser transparentes, ser eficientes en el ejercicio del gasto y de los recursos del pueblo de México.
Escuchamos con total atención los argumentos que realizan tratando de justificar este atropello a la Constitución, porque el proyecto que se nos propone no tiene asidero jurídico.
Es evidente que molesta tener que trabajar en favor de la ciudadanía, al pueblo pensando que no tienen recursos. No, eso no les debe de molestar. Hay que trabajar, por supuesto, para empoderar al pueblo de México.
Las mexicanas y mexicanos están dispuestos por supuesto a continuar haciendo historia en este país y nos interesa mucho que se dé una democracia participativa.
No neguemos el derecho a participar en el proceso de revocación de mandato a la gente, al pueblo, porque eso va a sentar un precedente histórico.
Ya lo manifestaba el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador hoy en la Mañanera.
Es posible aun ajustar el presupuesto que se designó para el instituto por parte de la Carama de Diputados y cumplir con el ejercicio de revocación de mandato, tal y como lo señala la constitución.
Ustedes han planteado, privilegiemos el diálogo, por supuesto que podemos buscar estas alternativas, en ese entendido, los culminamos, señoras y señores consejeros, a que cumplamos con lo que instruye la ley, dejemos que sea escuchada la voz del pueblo de México y demos paso a este ejercicio de democracia participativa.
Ejemplificaríamos que estamos viviendo nuevos tiempo, donde el verdadero poder lo debe tener el pueblo, transformemos la vida pública de nuestro país, y ya lo citábamos en los transitorios, ajustemos al ejercicio a esta disponibilidad presupuestaria.
Es cuanto, Presidente.
Gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Diputado Hernández.
¿Alguna otra intervención en primera ronda?
En segunda ronda, tiene la palabra el consejero Uuc-kib Espadas.
Consejero Electoral del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias.
Señalaba yo en mi anterior intervención que, a pesar de este embate en contra del INE, la revocación de mandato sigue siendo legal y realmente un evento futuro de realización incierta, y esto sin duda impone límites muy importantes a aquello que el INE puede hacer.
El proyecto que se presenta es, sin lugar, a dudas una respuesta a esta agresión institucional, pero me parece que es una respuesta herrada.
El Instituto Nacional Electoral no puede acordar nada que derive de una insuficiencia presupuestal que aún no existe, esto no es mi opinión, esto es lo que ha establecido a través del ministro ponente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conviene recordar que el artículo 41 de la Constitución dispone que, en materia electoral, la interposición de medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado. Esta disposición es obligatoria para todas las autoridades del país, se trata, entre otras cosas, de evitar que un derecho político y humano esté en riesgo de ser vulnerado mientras se resuelve un juicio, es así aplicable para todos las actores políticos y autoridades electorales.
En esta ocasión, es el INE quien presentó una controversia constitucional, pero eso no implica necesariamente que el día de hoy tengamos que aprobar una posposición de la preparación de la consulta, porque un acuerdo de esta naturaleza, dentro del periodo de recolección de firmas, podría llegar a significar una afectación de derechos y podría tener un efecto inhibitorio en esa recolección.
El instituto ha sido metido artificialmente en una situación tremendamente difícil por la voluntad política de socavarlo, sin embargo, tenemos un estrecho margen para actuar como institución y posponer las fechas programadas, el día de hoy no está dentro de ese margen.
Son esas las razones por las que no podré votar y no votaré a favor del proyecto de acuerdo en debate.
Muchas gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Espadas.
Tiene la palabra la consejera Dania Ravel.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Presidente.
Quiero decir que estoy de acuerdo con las propuestas de engrose que ha hecho la consejera Zavala, a partir de la participación de la consejera Norma De La Cruz me parece que también debemos de hacer alusión y analizar lo que tiene que ver con el incidente de suspensión que resolvió el ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la controversia constitucional que presentamos.
Sobre todo, porque, en efecto, como lo han referido algunos de mis colegas que me han antecedido en el uso de la voz, se ha tergiversado lo que este incidente en realidad dice. El incidente nunca dijo que el INE tenía que organizar forzosamente esa revocación de mandato y que si no lo hacía los consejeros y las consejeras iban a incurrir en responsabilidades, incluso, de índole penal.
Lo que dice ese incidente es que haya una imposibilidad para pronunciarse respecto a la suspensión toda vez que se tratan de hechos futuros e inciertos, considerando que todavía no tenemos la certeza de que la ciudadanía haya recabado las firmas de apoyo necesarias para que sea obligatorio que nosotros emitamos una convocatoria.
Y esa es una razón de ser de todas las medidas cautelares que se dictan, siempre esa es una causal de impedimento para el pronunciamiento y el dictado de unas medidas cautelares que se traten de hecho futuros e inciertos.
Eso fue lo que se dijo y creo que sí es importante que se refiera en el documento que, en su caso, se apruebe.
Me parece también relevante hacer énfasis en que nosotros vamos a suspender, en su caso, a posponer algunas actividades muy específicas, pero no se va a posponer, eso va a seguir haciéndose la recabación de firmas de apoyo, esas se pueden continuar hasta el 25 de diciembre.
Y además también eso ya lo tenemos nosotros presupuestado con los ajustes que hicimos y con el dinero de este año a hacer la revisión, la verificación de estas firmas de apoyo para que se presente ante este Consejo General en febrero, como se tiene previsto en el calendario, el 3 de febrero, el análisis de estas firmas para que sepamos si efectivamente se juntaron las firmas necesarias para que se tenga que hacer una revocación de mandato.
Eso es relevante también por el hecho de lo que dice el propio ministro instructor en este incidente de suspensión cuando refiere que en este momento no tenemos la certeza de si se debe de llevar a cabo o no una revocación de mandato, porque si nosotros hiciéramos el aplazamiento de esa actividad en concreto nunca podríamos tener esa certeza. Y entonces estaríamos dejando sin materia la controversia constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nunca podrían saber si existe una voluntad ciudadana para que se lleve a cabo la revocación de mandato.
Eso en su momento lo vamos a saber porque se va a presentar el informe ante este Consejo General.
No coincido con las expresiones que dicen que el Instituto Nacional Electoral ha tratado de entorpecer este ejercicio, todo lo contrario, y no solamente en éste, sino en otras cuestiones hemos tratado de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía.
Nos hemos topado con muchas omisiones legislativas. La vivimos para poder garantizar la paridad en las gubernaturas. Después de que se hizo una reforma constitucional en 2019, pero no se hizo y sigue sin hacerse la legislación en la materia.
La vivimos también con el tema de reelección. Tuvimos nosotros que sacar normativa para que fuera factible que hubiera reelección.
Y ahora lo vivimos también con el tema de la revocación de mandato. Y por eso en su momento sacamos unos lineamientos.
Me parece eso una prueba contundente de que este Instituto ha puesto todo de su parte para que, si la ciudadanía quiere que se haga un ejercicio de revocación de mandato, existan las condiciones y medidas necesarias para que éste se pueda concretar.
En una tercera intervención referiré una jurisprudencia que me parece relevante.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Ravel.
Tiene la palabra el consejero Jaime Rivera.
Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias.
A ver, empiezo por referirme a algunos de las sugerencias de ahorro que podrían tenerse, lo han hecho algunos de mis colegas. Algunos me parecen dignos de ponderarse, aunque prácticamente todos implican sacrificar algo de lo que les ha dado fortaleza a nuestros procesos electorales.
Por ejemplo, bueno, y habrá que ponderar, ponderarlo bien a ver si estamos dispuestos a ello, si la ley lo permite y si valdría la pena.
Pero si hacemos un poco de aritmética, vemos que esto es poco significativo. Digamos, eliminar el conteo rápido de la revocación de mandato, pues nos ahorraría la fabulosa cantidad de 600 mil pesos, es decir, algo insignificante para las necesidades de las que estamos hablando.
De tal manera que no está por ahí. La única actividad que tendría un impacto suficiente para acercarnos a la suficiencia presupuestal para organizar la revocación de mandato es disminuir drásticamente el número de casillas a instalar y eso no lo podemos hacer por decisión propia, porque la ley nos obliga a instalar, como ya se ha dicho, una cantidad igual a la de las elecciones pasadas. Entonces, sí tenemos un problema.
Y retomo las expresiones a favor de diálogo y el diputado César Hernández lo ha aludido también y de verdad me parece valioso.
Tenemos oportunidad y la necesidad de comprender la situación que se ha producido y acercar las posiciones en busca de una solución. Pero tenemos que buscar quienes quieren la revocación de mandato, quienes son promotores, mejor dicho, quienes son promotores de este proceso y quiénes como autoridad competente tenemos la y debemos organizarlo y tenemos el compromiso y la voluntad de hacerlo.
El INE está demostrando su voluntad porque ha avanzado en la preparación de este proceso y continúa recabando firmas y está comprometido a hacer todo el trabajo de verificación de su validez.
El INE hizo un ajuste presupuestal considerable, y eventualmente podría hacer algunos más con algunas de las propuestas que se han sugerido y a ver si valen la pena, si son susceptibles, aceptables y si valen la pena en términos presupuestales.
Y el INE ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva un problema que en las actuales condiciones parece no tener salida, y la Corte podrá decirnos si obliga al órgano competente a otorgar los recursos necesarios o si establece una excepción algunas de las reglas necesarias para organizar la revocación de mandato.
Quienes promueven la revocación de mandato bien podrían recurrir, promover en la Cámara la dotación de los recursos necesarios para organizarla, podrían también recurrir al gobierno o el propio gobierno que parece ser promotor de la revocación de mandato algo podría hacer desde la Secretaría de Hacienda, en fin.
Ambos esperemos que la decisión de la Corte, esperamos que la decisión de la Corte nos dé luz ya sea por una vía o por otra.
Gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Rivera.
Permítanme intervenir para retomar la intervención del consejero, o seguir la lógica de la intervención del consejero Rivera y retomar ese buen ánimo, ésa, quiero verla así esa mano tendida que ahora el Diputado Hernández, que forma parte de la bancada mayoritaria, que forma parte del conjunto de legisladores que definieron ese recorte de 4 mil 913 millones de pesos, sin discutir si es recorte o no, aquí ya es una discusión que ya tuvimos, pero es respecto de lo que se había originalmente solicitado.
Para plantear que este es un proyecto que deja abierta justamente la puerta para resolver el entuerto en el que, esa decisión que me parece que no fue suficientemente, lo digo con mucho respeto, ponderada en sus consecuencias, puede resolverse, puede encontrarse.
Queda claro que con los recursos que tiene el Instituto no se puede hacer un ejercicio de revocación de mandato tal como lo pide la ley y como los propios legisladores lo establecieron hace tres meses.
Queda claro que el problema es un problema presupuestal, los argumentos aquí han sido claros y contundentes, desde mi punto de vista, en ese sentido.
Hoy tenemos una dotación de mil 503 millones de pesos, una bolsa de mil 503 millones de pesos para poder sufragar un ejercicio que tiene un costo, si se hace como lo pide la ley, como se establece en la ley, de 3 mil 830 millones de pesos, es decir, hoy hay un faltante de más de 2 mil 300 millones de pesos, a pesar de que el INE, respecto de los recursos que le autorizó la Cámara para 2022, ya constituyó una bolsa, como decía, de mil 503 millones con 830 que fueron proporcionados por la Cámara para este propósito, y casi 700 millones de pesos que se tradujeron de recortes, cancelaciones de proyectos, en fin, metas de ahorro, que ya implican un esfuerzo del INE por evidenciar, digámoslo así, su compromiso para realizar este ejercicio, así lo demanda la ciudadanía.
¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que deseo que ocurra?
Podrían ocurrir dos cosas que ya delineaba el consejero Rivera, que ni siquiera nos llevarían a tener que esperar a que la Suprema Corte resuelva el diferendo diciéndonos que hiciéramos la revocación de mandato con lo que tengamos, incluso vulnerando las garantías y certezas de la ley.
O bien, obligando a las instancias competentes a financiar los faltantes.
¿Qué podría pasar en el camino? Ya lo decía el diputado Hernández, la Cámara de Diputados podría, porque ésa es una facultad que desprende el artículo 74 constitucional, de manera permanente, modificar, ajustar el presupuesto de egresos.
Y me da la impresión de que, si la Cámara ajustará, reconsiderando la decisión que hoy nos tiene aquí, en 2 mil millones de pesos, creo que el INE podría seguir viendo cómo podríamos acercarnos para garantizar, efectivamente, un ejercicio de revocación de mandato.
No es sencillo, pero eso demostraría una voluntad de acercarnos, y el Presidente de la República, que como aquí se ha dicho, es uno de los principales promotores de ese ejercicio, también con una instrucción presencial, con una publicación en el Diario Oficial, la Secretaría de Hacienda que nos genere las ministraciones necesarias, las ampliaciones presupuestales para que ello ocurra.
Si realmente se quiere la revocación de mandato, se los digo con mucha franqueza, salidas ahí.
El acuerdo que el INE plantea aprobar es un acuerdo que deja abierta esas probabilidades, y que pone sobre la mesa si realmente hay voluntad o no de que la revocación de mandato, si lo piden los ciudadanos en la realidad, o si es meramente discursos vacíos.
¿Alguna otra intervención?
Con gusto, sí, perdónenme, tienen la palabra ahora, en este orden, estoy checando el chat, el diputado Pedro Vázquez, luego el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y luego la consejera Favela.
En ese orden.
Diputado Vázquez, por favor.
Consejero del Poder Legislativo del PT, Pedro Vázquez González: Gracias, Presidente.
Buena noches de nueva cuenta a todos los integrantes de este Consejo General.
Señoras y señores, ya lo expresé, compañeros, con mucha claridad, el Partido del Trabajo no puede acompañar en sus términos este proyecto de acuerdo, toda vez que no existe, insisto mucho en esto, no existe definitividad en el marco impugnativo que el Instituto Nacional Electoral consideró el más viable, a través de la interposición de este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tampoco existe certeza de que el ejercicio de revocación de mandato se vaya a realizar o no, derivado de que aún se encuentran en etapa de revisión las firmas presentadas por los solicitantes, aun cuando nosotros estamos convencidos y además lo esperamos que sí se llegue a cumplir con el número de apoyo necesario para llevar a cabo su realización.
El tomar una medida como la que se nos está presentando, que aparta de los principios rectores de certeza y legalidad y que el artículo 41 de nuestra Constitución y el 30 de la LGIPE regirá las actividades de este Instituto.
Este Consejo General es de tomar en cuenta que en el incidente de su función promovido por este Instituto, el ministro instructor Juan Luis Alcántara Carrancá determinó, y cito, “es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo 4° transitorio en el decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, como también dice que no se exima al instituto y a su personal de las sanciones administrativas penales o de diversa índole a que hubiera lugar.
Ésta es la respuesta del ministro ante el planteamiento que ustedes expresamente hicieron en el incidente de suspensión.
En el proyecto de acuerdo que se nos presenta en el apartado de antecedentes mencionan que en el artículo transitorio 5º del decreto que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato se señala, cito: “Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto serán cubiertas con los presupuestos asignados y subsecuentes”.
Esto no significa que se deba de circunscribir solamente al presupuesto del año 2022, sino que deja la posibilidad a esta autoridad de efectuar un gasto programado que vaya más allá al 2022.
No decimos en este punto ni afirmamos y mucho menos sugerimos que el INE se endeude a futuro, toda vez que constitucionalmente no puede contra tal deuda, sino que se pueden priorizar proyectos, diferir los mismos o en definitiva cancelar aquellos que no son esenciales para el funcionamiento de este Instituto.
SI bien el pasado 10 de diciembre este Consejo General hizo un ajuste al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados por un monto de 13 mil 914 millones de pesos y éste determinó hacer algunos ajustes presupuestarios por cancelación de algunos proyectos o por economías internas por un monto de mil 275 millones de pesos contra los tres mil solicitados para la realización de la revocación de mandato.
En ese momento el Partido del Trabajo reconoció y agradeció el esfuerzo efectuado por todas las áreas de este instituto para arribar a esta propuesta de ajuste.
En pocas palabras no se parte de cero para el inicio de las tareas de actividades de la revocación de mandato, a esto se tendrían que sumar las metas de ahorro por parte de la Junta General Ejecutiva un monto de 227 millones de pesos.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, diputado.
Tiene ahora la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
Consejero del Poder Legislativo del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Consejero Presidente, es un gusto saludarles a todos.
Es una sesión extraordinaria importantísima, muy estimulante ver el debate en los consejeros, un poco decepcionante ver que quienes esculpieron prácticamente todas estas salvaguardas que hoy tiene la democracia, el voto por voto, las boletas de seguridad, la mejor capacitación, los controles para los entes gobernantes para garantizar la transparencia y la legalidad de las elecciones. Y ahora dicen que puede obviarse todo esto en post de alcanzar la presupuestación requerida para realizar este complejo ejercicio.
La revocación de mandato, que eso es exactamente, la solicitud de remover al presidente de la República no es algo que en este momento esté pidiendo nadie, excepto quienes gobiernan. Efectivamente resulta una contradicción enorme, sobre todo porque esa contradicción va a costar miles de millones de pesos, y así costara solamente mil, sería un ejercicio innecesario si no se está requiriendo por parte de la sociedad la remoción del Presidente de la República y en ninguna parte hemos escuchado una solicitud de este tamaño, excepto por pequeños grupos de interés que, efectivamente, pues obedecen a otro tipo de instancias y razones.
Pero creo que el INE muerde una manzana envenenada.
Creo que el INE, como lo han expresado aquí algunos consejeros y particularmente el consejero Espadas, se pone los guantes antes de tiempo.
No se pueden abrir puertas después de que le das un portazo en la cara al que está golpeando a tu puerta, ni se puede entablar diálogos desde la posición de una esquina donde ya estás apertrechado para esperar nuevos embates.
Efectivamente, hay un embate contra el INE. Efectivamente, hay un embate con la democracia construida hasta hoy, pero el peor argumento es ponerse los guantes. Y creo que al tomar esta decisión hoy, el INE toma una decisión estratégica equivocada.
Debiera esperar la resolución de la Corte y por razones lógicas, además, porque si el INE en lugar de frasear que suspenderá, dice, continuará haciendo el esfuerzo de organizar la revocación, es muy importante y muy diferente. Porque si la Corte finalmente falla en contra del INE, el INE tendrá que hacer lo que ha dejado de hacer en este tiempo, no conoce cuál va a ser el sentido del fallo de la Corte. Y la Corte fue explícita, no lo conoce porque todavía no es el momento de pronunciarse ante hechos que no se han consumado.
No se sabe aún si efectivamente habrá una revocación de mandato, un proceso de revocación hasta que el INE no cuente con los elementos para eso una vez cumplido el proceso de las firmas.
Creo, sinceramente, que no puede renunciar a una obligación constitucional ya establecida, que es organizar el proceso de revocación de mandato. Pero además creo, siempre he creído que el diálogo es el mejor camino, pero no puede haber diálogo cuando los dos opositores, las dos fuerzas que chocan ya se han puesto los guantes, ya se han cerrado las puertas.
Yo soy partidario de que esta decisión se tome en el momento oportuno, no ahora. Ahora, el INE tiene que decir: Seguiremos con nuestras fuerzas y lo que tenemos, organizando hasta donde esas fuerzas nos permitan el proceso.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, senador.
Tiene ahora la palabra la consejera Adriana Favela.
Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias.
Bueno, pues ha quedado aquí evidenciado este problema que tenemos tan grande ocasionado por la falta del presupuesto que fue solicitado para realizar la revocación de mandato. Y, bueno, ya es una lástima de verdad que estemos en esta situación y, obviamente, bueno, yo respeto todas las posiciones, las he escuchado con muchísimo interés y creo que pues hay que seguir analizando distintos temas.
Pero con independencia de esto, también quiero, bueno, yo tengo una duda, o sea, viendo que tal vez haya mayoría para aprobar este acuerdo, lo que yo no entiendo es por qué se plantean los efectos, la cuestión de estar interrumpiendo los términos y plazos de la tramitación de los procedimiento administrativos sancionadores y medidas cautelares relacionados con la revocación de mandato, según se ve en la página 69 en el inciso c) de los efectos.
Me parece que se debe de continuar con la sustanciación de esos procedimientos porque la mayoría de ellos se presentaron en relación con, precisamente en la recabación de las firmas de apoyo para llevar a cabo la revocación de mandato, y ahí están denunciando algunas circunstancias que podrían ser infracciones a la legislación electoral.
Entonces, con independencia de que finalmente se llegue a la posposición de este ejercicio de participación ciudadana, creo que esos procedimientos deben de continuar y obviamente, bueno, pues si solicitan medidas cautelares tendríamos que pronunciarnos al respecto.
También seguir tramitando los distintos procedimientos administrativos sancionadores y, en su caso, mandarlos a la Sala Regional Especializada, y si son procedimientos ordinarios sancionadores pues entonces también resolverlos con el propio Consejo General del INE, con independencia de que se posponga o no la revocación de mandato.
Porque precisamente están relacionados con este tipo de circunstancias que estamos ya viviendo, que es la recabación de las firmas, la posible intervención de servidores públicos en este procedimiento para recabar el apoyo ciudadano, entre otras circunstancias, o las inconsistencias que se han estado detectando en relación con algunas personas que han estado recabando apoyos que finalmente no cumplen con todos los requerimientos legales.
Entonces, yo solamente pediría que, si lo van a aprobar, por lo menos estuviera en esta circunstancia, porque deberíamos de seguir adelante con esos procedimientos por cosas que ya ocurrieron y que pudieran ser violatorias de la legislación electoral, y que tienen que ver precisamente con la recabación de firmas.
Y lo acaba de decir la consejera Dania Ravel, este proyecto finalmente no está suspendiendo que se recaben las firmas, esta cuestión va a terminar hasta el 25 de diciembre, se va a revisar cada uno de los apoyos que se vayan presentando y, en su momento, vamos a determinar si se cuenta o no con el apoyo suficiente que exige la ley para llevar a cabo la revocación de mandato.
Y bueno, y entiendo que hasta ahí se suspendería, ahí empezaría realmente como la suspensión, bueno, no realmente la suspensión, sino que más bien, con todo este procedimiento sí se seguiría llevando a cabo y yo creo que todo lo que se presente o lo que ya se presentó tendríamos que seguirlo tramitando.
Entonces, sería cuanto.
Gracias.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Favela.
Tiene ahora la palabra el Diputado Humberto Aguilar Coronado, Consejero del Poder Legislativo del PAN.
Consejero del Poder Legislativo del PAN, Marco Humberto Aguilar Coronado: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que los que me conocen de hace muchos años en mi actuación política saben que soy un partidario, un promotor del diálogo, del acuerdo para la construcción de los mismos mediante la negociación política.
Por eso yo celebro que a diferencia del discurso mitinero de la mañana que escuchamos por parte del representante de MORENA, ya terminando la tarde y ya un poco cansados, escuchemos esta posición de apertura de diálogo por parte del representante Consejero del Poder Legislativo de Morena.
Yo celebro esa disposición que no ha existido en tres años por parte del gobierno y, mucho menos se dio en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dotar a este instituto de los recursos necesarios para la organización del proceso de revocación de mandato.
Yo sostengo que en política si vivimos en democracia debemos buscar los terrenos en los que es posible, deseable, factible y hasta obligatorio encontrar rumbos y decisiones comunes a partir del establecimiento del diálogo como instrumento primario para el entendimiento entre los actores políticos.
El auténtico diálogo implica que se busquen las mejores propuestas de solución basadas en la razón y el respeto reconociendo la necesidad de la cooperación entre todos los actores políticos.
Adolfo Cris Ibarrola, un gran parlamentario mexicano decía, que el diálogo no excluye la controversia, la discrepancia, la oposición y la pasión por las ideas, pero sí debe dejar del lado la injuria, el prejuicio y el rencor contra los hombres y ahora las mujeres.
Todos los países necesitan diálogo para encontrar soluciones a sus problemas, pero ese diálogo en donde nadie se crea poseedor de la verdad, diálogo entre todos participen con un carácter de igualdad, un diálogo que integre y respete al de enfrente tratando de convencerlo con argumentos, pero con una apertura tal que sus argumentos puedan llegar a convencer.
Yo creo que lo primero que debemos buscar es promover un ambiente de respeto utilizando ese diálogo para establecer comunicación entre los políticos e identificar el punto de encuentro.
Celebro que estemos o que estén, digamos, el consejero representante del Poder Legislativo de Morena en esta disposición, porque me parece que todavía se puede llegar a encontrar la solución al asunto que estamos discutiendo.
Muchas gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, diputado.
Tiene ahora la palabra el diputado César Hernández.
¡Ah! No, perdón, discúlpeme, entonces. Me ha parecido. Discúlpeme, diputado.
Tiene ahora la palabra la consejera Claudia Zavala.
Consejera Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Presidente.
De manera muy concreta para tres cosas.
1.- Pedir que en el documento como lo dije se incorpore toda esta parte argumentativa que tienen que ver con la disciplina presupuestal; el artículo 126 de la Constitución, los artículos correspondientes de disciplina presupuestal de la Ley Federal de Hacienda y, también.
2.- Decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha expresado la consejera Adriana.
Me parece que no se justifica que suspendamos esos plazos, es algo que se tiene que seguir atendiendo porque no implica un compromiso presupuestal, sino que es el trabajo ordinario del área y,
3.- Pedir comedidamente al Secretario Ejecutivo a manera de anexos, que tengamos dos anexos relevantes:
Uno, todo lo que ha hecho el INE para dejar en el estado de ejecución toda la parte normativa que tenemos para la revocación de mandato.
Me parece que puede ser muy ilustrativo para la Suprema Corte que vea que el INE ha avanzado todo en cuanto está en el ámbito normativo organizacional para que la revocación de mandato se pueda ejecutar.
Y el otro, como hemos estado variando las fechas por las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Electoral, que se haga un cuadro concreto en donde se diga cuál es la actividad, cuál es la fecha, porque tenemos que correlacionarlo con la asignación presupuestal, empezamos a ejercer el gasto desde enero, y ese es el supuesto que nosotros tenemos.
¿Y por qué? Este tema de los hechos futuros inciertos no es tan cierto, porque son inminentes, es tan inminente que el 3 de enero nosotros ya teníamos que estar generando un compromiso para poder efectivamente pagar las dietas de los consejos que, en su caso, se instalara.
La Corte tiene que tener todos esos insumos para que pueda resolver lo que en derecho proceda, pero es nuestra responsabilidad allegárselos a la Suprema Corte para que pueda valorar en su conjunto la pretensión que ha sido planteada.
De mi parte sería cuanto, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Zavala.
Tiene ahora la palabra la consejera Carla Humphrey.
Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidente.
También muy brevemente, en primer lugar, solo porque he escuchado en algunas ocasiones que el INE recaba firmas, y seguimos recabando firmas y no hemos suspendido esta actividad. El INE no recaba firmas, la recaban las y los ciudadanos en papel o con la App que tiene este instituto, en fin, para no incurrir en errores de que éste es un proceso de participación ciudadana y son las y los ciudadanos mediante su voto los que deciden si se realiza o no este ejercicio de participación ciudadana.
El segundo, quienes traemos propuestas a este Consejo General que parece que es muy complicado en este organismo, a lo mejor ya es muy grande, a lo mejor 30 años ya son muchos, pero que parece que es incapaz quizá de analizar y de buscar soluciones para adaptarse e innovar más tiempos, ver con Tallares Gráficos de la Nación, que finalmente es un descentralizado del gobierno, cómo abaratar los costos de impresión. Sí, sin papel seguridad, nunca dije sin medidas de seguridad, las papeletas de la consulta popular no estaban impresas en papel seguridad, sino en papel bond, pero tenían cuatro distintas medidas de seguridad.
Por supuesto los temas de difusión, de ubicación de las mesas, de centros de votación, incluso, una reforma para que los institutos no estemos en este tema cada año en el estire y afloje con el Poder Legislativo, un monto básico quizá de presupuesto para seguir funcionando de manera ordinaria, un porcentaje del presupuesto.
Por otra parte, yo también, y así lo expresé, creo que hoy no tenemos elementos para aprobar este acuerdo para suspender absolutamente, porque ya lo dijo la Corte con toda claridad que son temas de realización incierta justamente porque todavía no estamos en el momento en el que se puede determinar una afectación en el ámbito de atribuciones constitucionales que solo se revelará si se emite en la convocatoria para votar en la jornada de revocación de mandato.
Y sí, aunque tengamos nosotros que hacer determinadas actividades, lo cierto es que la revocación de mandato en este momento es de realización incierta porque depende de dos requisitos esenciales.
El primero que ser reúna el 3 por ciento de firmas; y el segundo, que sean 17 entidades federativas.
Por lo tanto, una cosa es las actividades que el Instituto tiene que hacer por si eventualmente tiene que llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato; y otro, saber si constitucional y legalmente se cumplen estos requisitos.
Y, por último, también creo que podemos, yo seguiré votando en contra de este acuerdo. No me opongo a que se incorporen determinados acuerdos, pero pues solo pongo en la mesa y a consideración que la Suprema Corte no tiene ningún plazo para resolver este tema y en la ocasión de revocación de mandato, pues interpuso la controversia el 11 de diciembre y se resolvió el 9 de junio, es decir, 6 meses después.
Así que creo que no es la única ruta en la que tenemos que basar la eventual realización de mandato y buscar rutas alternas para cumplir con ese deber constitucional y legal.
Gracias, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, consejera Humphrey.
Tiene ahora la palabra el licenciado Ángel Ávila, representante del PRD.
Representante del PRD, Ángel Clemente Ávila Guerrero: Muchas gracias, Presidente.
Pues aquí habría que ser muy claros y por eso hay que respaldar este acuerdo que se nos está presentando y tal vez llamar a la reflexión a las y los consejeros de este Consejo General que no se suman a este acuerdo.
Hoy creo que es importante destacar que la mejor forma de proteger el derecho de las y los ciudadanos, es teniendo las reglas claras y la certeza sobre cómo se puede llevar a cabo una posible o no revocación de mandato.
Y lo digo así y entiendo que pudiéramos entender este acuerdo como un acuerdo precautorio para tratar de acelerar definiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber si hay o no las posibilidades económicas y materiales de llevar a cabo un proceso de revocación de mandato.
Es decir, recordemos que se ampliaron los plazos hasta el 10 de abril para llevar a cabo el tema de la revocación.
Si el INE no toma en estos momentos cartas en el asunto y como lo recordaba la consejera Humphrey, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene plazos, puede tardar mucho más, pudiera emparentarse o, digamos, emparentarse las elecciones en los próximos 6 estados que vamos a tener el próximo año con el proceso de revocación de mandato.
Entonces, ahí estaríamos ante una disyuntiva todavía más complicada sobre si el proceso de revocación de mandato solamente se pudiera llevar a cabo en los estados que no tienen elección o si incluiríamos el proceso de revocación de mandato en los estados con elección y cómo sería el proceso de difusión.
Por eso creo que es un buen tiempo para en estos momentos que no hay la certeza de dos cosas: No hay ni la certeza de las firmas, pero hoy sí hay la certeza de que no va a haber dinero para hacer la revocación de mandato.
Es decir, ahí sí hay certeza. Y en este caso, el Instituto Nacional Electoral tiene que tener la certeza de que va a haber materialmente los recursos para poder llevar a cabo la revocación de mandato.
Por eso, hoy creo que estamos a buen tiempo o se está buen tiempo de que se haya presentado el día de hoy esta propuesta en el Consejo General y que se tenga que suspender por la certeza de que en estos momentos no hay recursos materiales para llevar a cabo con la calidad necesaria y con la seguridad jurídica y legal un proceso de revocación de mandato.
Y aquí sí me gustaría discrepar de algunos compañeras y compañeros que me han antecedido en la palabra.
Por supuesto que no hay diálogo con el partido político MORENA.
Hoy está claro, y lo digo con mucho respeto, que en un sistema de partido único al que está caminando este país, el único que tiene la decisión se llama: el Presidente de la Republica, y que es quien tomó la decisión a través del presupuesto del recordarle dinero al INE, es decir, las y los diputadores federales de MORENA y los satélites partidos que lo acompañan, son empleados del Presidente de la Republica.
Entonces, yo no veo aquí posibilidad de diálogo, el Presidente de la Republica ya decidió que se aproveche esta circunstancia para atacar al árbitro electoral, yo, al contrario, felicito al Instituto Nacional Electoral porque finalmente está recurriendo a los caminos del derecho y a los caminos que marca la constitución para resolver este tipo de conflictos, para eso existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debiéramos nadie satanizar un posible acuerdo como el día de hoy se pueda tomar de este Consejo General de suspender lo que tiene que ver con parte de la organización de la revocación de mandato, porque se está acudiendo a las vías constitucionales que para eso existen.
Entonces, creo que no hay dialogo con MORENA ni con el Presidente y hay que recurrir al otro poder que, finalmente, es quien tendrá la última palabra.
Es cuanto, señor Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante.
¿Alguna otra intervención?
El consejero Ruiz Saldaña, por favor.
Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Presidente.
En esta intervención, también quiero aprovechar para referirme a propuestas que han sido formuladas, diría que me sumo a la que formuló la consejera Claudia Zavala en su primera ronda que tiene que ver sobre unos aspectos de mayor argumentación, y en su segunda ronda hizo, o logre distinguir, dos propuestas: una era doble que le sugirió al Secretario Ejecutivo pudiera agregarse este lenco, precisamente, de acuerdos que ya han sido aprobados a manera ciertamente de anexos que revelan todo lo que ya se ha hecho por esta institución en este tema; y por otra parte, también, un elenco de todas las fechas del plan de calendario de revocación que están concatenadas, por cierto, y dar una muy buena evidencia de todo lo que vendría en lo inmediato y de aquí hasta abril.
Y, por otra parte, también entendí que se adhirió a la propuesta, consideración que hizo la conseja Adriana Favela de no suspender la parte relativa a los procedimientos de quejas.
Creo que, en efecto, no pasa nada, creo que da para los dos lados, pero si se va perfilando jurídicamente esa propuesta de excluir de la suspensión los procedimientos de quejas, yo sin problema alguno también me adhiero a dicha propuesta.
En suma, esta segunda ronda, a manera de ir cerrando y pronunciándose sobre las propuestas día, en suma, me adhiero a lo que ha propuesto la consejera Zavala.
Es cuanto, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, consejero Ruiz.
¿Alguien más desea intervenir en la segunda ronda?
Bien, en tercera ronda tiene la palabra el consejero Jaime Rivera.
Consejero Electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez: Gracias, consejero Presidente.
En aras de una mejor claridad sobre aquellos aspectos en los que nos vemos obligados a buscar un aplazamiento para no incurrir en responsabilidades y compromisos que después no se puedan cumplir, pero para distinguir esto de lo que sí podemos y debemos continuar, quiero proponer que en los puntos de acuerdo se ponga, en primer lugar, un acuerdo que diga que se continuará la recepción de firmas, bueno con la redacción apropiada, que se continuará la recepción de firmas para respaldar la revocación de mandato, y los trabajos de revisión de éstas para la verificación de su validez.
Esto correspondería a lo que se dice en el considerando 19, que se habla de que esto va a continuar; sin embargo, esta misma actividad se menciona solo en el mismo párrafo en el que se hace referencia a la insuficiencia de recursos y la imposibilidad de continuar.
Sugiero que también en ese considerando se separe cuando se habla de la insuficiencia y se ponga en un considerando especial a fin de darle mayor claridad, que se continuará esta actividad de recepción de firmas y la consecuente revisión y verificación.
Creo que esto además ayudará a poner en armonía este aplazamiento con lo que estamos proponiendo todos de esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y lo que la misma Corte dijo al respecto de la incertidumbre que hay todavía sobre esta revocación de mandato, incertidumbre que se acabará una vez que se verifique la recepción de firmas suficientes.
Es cuanto.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias consejero.
¿Alguna otra intervención en tercera ronda?
La consejera Dania Ravel.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Únicamente quisiera añadir que, si bien es cierto, es incierta la concreción de la revocación de mandato, lo que sí es cierto, real, y está ocurriendo en este momento, es que estamos erogando recursos públicos porque se tienen que hacer cuestiones preparatorias, existe una etapa preparatoria si no sería imposible que, en su caso, si llegáramos a la fecha en donde nosotros hiciéramos la verificación de las firmas de apoyo recabadas por la ciudadanía interesada en llevar a adelante una revocación de mandato y viéramos que se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución y por la ley y con la dispersión necesaria, sería imposible que pudiéramos concretarlo si en ese momento empezáramos a hacer, por ejemplo, la capacitación de CAES y supervisores electorales, la contratación, si estuviéramos en ese momento, viendo cómo vamos a implementar los sistemas para que pueda existir el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.
Por eso, es real ya los recursos que tenemos que erogar en este momento para que, en su caso, si existe esta solicitud, podamos llevarla a cabo y sacarla adelante en el tiempo que tenemos nosotros en nuestro calendario.
Y en ese momento, o quizá la pregunta debe ser ¿cómo vamos a asegurar que nosotros podemos cumplir con todas estas etapas preparatorias?
Ahora no lo podemos asegurar, no tenemos los recursos para cumplir con estas etapas preparatorias, y lo que podría ocurrir es que quedarán inconclusos y que, entonces, nosotros generáramos responsabilidades para este Instituto porque ya contratamos algunas cosas que estaríamos impedidos para pagar.
Es tan relevante el tema de los recursos que, incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una jurisprudencia en materia constitucional, 87 de 2017, ya ha dicho que se puede dejar de observar el principio de progresividad de los derechos humanos si no se tienen recursos, si se acredita que no se tienen y que se hizo todo lo posible por obtenerlos.
Así es que me parece que estamos en sintonía con esta jurisprudencia.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Ravel.
¿Alguna otra intervención en tercera ronda?
Dado que no hay más intervenciones, le voy a pedir al señor Secretario que tome la votación correspondiente.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Presidente.
Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como punto único, tomando en consideración en esta votación las observaciones de forma que hizo llegar la consejera Dania Ravel antes del inicio de la sesión la propuesta del señor representante de Movimiento Ciudadano para incorporar el criterio de certeza, con las consideraciones que hizo el consejero José Roberto Ruiz Saldaña al respecto, el engrose propuesto por la consejera Claudia Zavala, al igual que los dos anexos que ella también propuso y finalmente la propuesta del consejero Rivera a fin de incorporar un nuevo punto de acuerdo para hacer expresa que el instituto seguirá trabajando en la verificación de las firmas que lleguen y, en consecuencia, tener un considerando en lo particular para hacer referencia a eso, que sería la segunda parte del considerando 19, básicamente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario, solamente por claridad, lo dijo el consejero Ruiz y la consejera Zavala, pero para que el punto de acuerdo que interrumpía los plazos para los procedimientos que quede claro y explícito que estarían incorporados en esta versión que se somete a votación, Secretario.
Una moción del representante del PRD.
Representante del PRD, Ángel Clemente Ávila Guerrero: Me sumo a la propuesta que ha hecho la doctora Favela, para que no se suspenda la investigación de los hechos que han estado sucediendo en el tema de la recolección de las firmas.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Justo era el objeto de la moción que planteaba para que quedara claro esto, señor representante.
Sí, en efecto.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: De acuerdo, incorporando esto que de hecho viene de la misma propuesta del consejero Rivera.
Con toda esa serie de consideraciones.
Consejera De la Cruz.
Consejera Electoral del INE, Norma De la Cruz Magaña: En contra.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejera Adriana Favela.
Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: En contra.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejero Martín Faz.
Consejero Electoral del INE, José Martín Fernando Faz Mora: En contra.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejera Carla Humphrey.
Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: En contra.
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: En la sala quienes estén a favor.
Gracias.
¿En contra?
Es aprobado el proyecto por seis votos a favor, cinco votos en contra. Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a hacer el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, Presidente.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor Secretario, le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Señoras y señores consejeros y representantes, se agotó el asunto único del orden del día de esta sesión, por lo que se levanta la misma.
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