VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Este es un proyecto de acuerdo trascendental para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con el ajuste al presupuesto para el ejercicio 2022, en virtud del recorte determinado por la Cámara de Diputados al monto solicitado originalmente por el INE y que, con plena justificación y argumentación técnica, fue aprobado por este Consejo el pasado mes de agosto y remitido a la Secretaría de Hacienda, para que ésta, a su vez, lo enviara en sus términos a la mencionada Cámara Legislativa.
Cabe destacar que por cuarto año consecutivo la Cámara de Diputados ha ajustado la baja a la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral.
En el ejercicio 2019, se trató de un recorte de 950 millones de pesos.
En 2020, fue de más de mil 071 millones de pesos.
En 2021, a pesar de ir a la elección más grande de la historia, el recorte fue de 870 millones de pesos, además de que la Cámara negó al INE los recursos para organizar el primer ejercicio constitucional de Consulta Popular que se tuvo que llevar a cabo con los ahorros generados por el Instituto, gracias a sus buenas prácticas administrativas.
Y para el año fiscal 2022, según lo aprobado por la mayoría legislativa de dicha Cámara, el recorte fue del orden de 4 mil 913 millones de pesos, el más grande de la historia del Instituto Nacional Electoral y del otrora Instituto Federal Electoral. Negándole a esta institución las partidas precautorias solicitadas para eventuales procesos de Consulta Popular y Revocación de Mandato que, cabe aclarar nuevamente, fueron incluidas en el anteproyecto de presupuesto, siguiendo las directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace unos meses resolvió que el INE debe considerar la posibilidad de que estos ejercicios puedan ser solicitados por la ciudadanía y, en el caso de la Consulta Popular, por los otros actores legitimados para ello de los términos del artículo 35 constitucional.
A pesar de que este año se llevó a cabo un ejercicio inédito, de diálogo con las diputadas y diputados, gracias a la gentil invitación que me fue formulada para asistir al pleno de la Cámara el pasado 5 de noviembre, para explicar el presupuesto del INE, para eso se me invitó, la decisión de la mayoría fue hacer este recorte, aunque paradójicamente es esa misma mayoría la que promueve activamente la celebración de la Revocación de Mandato en el próximo año.
Mediante este proyecto de acuerdo que fue revisado y validado por la Comisión de Presupuesto y aprobado por la Junta General Ejecutiva en su componente de la Cartera Institucional de Proyectos y que ahora es del conocimiento del Consejo General, el INE está manifestando su plena disposición para cumplir con sus obligaciones constitucionales y con la Ley Federal de Revocación de Mandato que estipula que el INE debe hacer los ajustes presupuestales para llevar a cabo el proceso, en caso de que sea solicitado por la ciudadanía.
En términos generales los ajustes que se plantean son los siguientes: una deliberación de recursos del orden de 445.4 millones de pesos, provenientes del presupuesto base y de la cartera institucional de proyectos.
Más de 830.5 millones de pesos, que son los recursos que, de acuerdo a lo aprobado por la Cámara de Diputados, podrían destinarse para la revocación de mandato.
A estos mil 275.9 millones de pesos, el proyecto está proponiendo a este Consejo General sumar 227.1 millones adicionales, provenientes de una meta de ahorro calculada por la Dirección Ejecutiva de Administración, con la que se estarían comprometiendo diversas áreas del Instituto.
De esta forma y en caso de aprobarse el proyecto de acuerdo que se pone a nuestra consideración, el INE contaría en total con una bolsa de mil 503 millones de pesos para un eventual ejercicio de revocación de mandato, misma que resulta clara y abiertamente insuficiente para llevar a cabo este proceso con las características y la amplitud que las y los legisladores establecieron en la propia ley federal de la materia hace unos cuantos meses y que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal.
Es decir, más de 160 mil casillas, que es la base de cálculo que se hizo para solicitar la partida precautoria que la Cámara se negó aprobar y que como se recordará era de 3 mil 830 millones de pesos.
Aún con los ajustes y la meta de ahorro que se propone, el INE estará avanzando hacia la organización de la Revocación de Mandato con un déficit de más de 2 mil 550 millones de pesos, lo que pone, hay que ser claros, en grave riesgo la organización adecuada de este ejercicio inédito de participación ciudadana, lo que supone que éste se realice, pues en los términos en los que lo mandata la ley de la materia.
Un ejercicio que, por la gravedad de sus posibles consecuencias, ni más, ni menos que la eventual conclusión anticipada del periodo de gobierno del Presidente electo en 2018, debe llevarse a cabo con absoluto rigor técnico, profesionalismo, legalidad, certeza, transparencia y estándares de calidad que este Instituto Nacional Electoral, siempre ha garantizado en todos y cada uno de los procesos electorales que organiza, a nivel federal y en el plano local, en colaboración con los OPLES.
Dicho en pocas palabras, este Instituto jamás ha encauzado la ruta de organizar un ejercicio o un mandato constitucional, sin las debidas garantías que establece la propia ley.
Es por ello que el pasado martes el INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea nuestro máximo tribunal constitucional, el que le determine si el INE debe avanzar hacia un proceso de revocación de mandato, sin los recursos requeridos para ello, aunque ello implique una eventual violación a las condiciones que establece la ley federal de la materia, o si se orden a las instancias competentes, proveer al INE de los recursos necesarios para que dicho proceso se lleve a cabo con las dimensiones, características, garantías y mandatos establecidos en la Constitución y en la ley referida.
Es importante que quede nuevamente muy claro, que no es el INE el que pone en riesgo la celebración de un eventual proceso de Revocación de Mandato, si así lo demandan las y los ciudadanos, si así lo solicitan las y los ciudadanos, en los términos constitucionales; todo lo contrario, prácticamente desde que concluyeron la Jornada Electoral del 6 de junio y la Consulta Popular del 1º de agosto pasado, el INE ha venido diseñando y aprobando lineamientos, calendarios, programas, materiales y tomando acuerdos como los que hoy tomamos justamente en esta sesión, para que se concrete todo lo necesario ante la eventualidad de que este ejercicio inédito estipulado en nuestra Constitución, se lleve a cabo.
Prueba de ello es que a la fecha se ha aprobado ya destinar más recursos por más de 117 millones de pesos, que se están ejerciendo durante 2021, a actividades relacionadas con la Revocación de Mandato, incluida la captación de las y los apoyos de los promotores de este ejercicio que inició el pasado 1º de noviembre y que concluirá, como se sabe, el próximo 25 de diciembre.
Insisto, no es el INE el que bloquea u obstaculiza la eventual Revocación de Mandato, quien afirme lo contrario simple y sencillamente miente.
El INE como siempre, busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía, en las condiciones que requiere un proceso de esta naturaleza y de esa importancia.
Muchas gracias.
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