Versión estenográfica de la Sesión Extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, 8 de diciembre de 2021

Escrito por: INE
Tema: Discursos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA DE MANERA VIRTUAL 

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenas tardes, damos inicio a la Sesión Extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, convocada para el día de hoy. 

Por lo que le pido al Secretario verifique si hay cuórum para sesionar. 

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, muy buenos días a todas y a todos, tenemos cuórum para sesionar el día de hoy.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario.

Colegas, está a su consideración el orden del día.

Si no hay intervenciones, por favor, señor Secretario, someta a votación la aprobación del orden del día, así como la dispensa de la lectura del documento que se hizo circular previamente.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa a la lectura del documento que contiene el asunto previamente circulado, para así entrar directamente a la consideración del mismo, en su caso.

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables.

Muchas gracias, es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario.

Dé cuenta del punto único del orden del día. 

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Éste corresponde al asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Administración, y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban modificaciones a la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, así como los indicadores del Instituto, aprobados mediante Acuerdo INE/JGE172/2022. 

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Colegas integrantes de la Junta, están a su consideración el proyecto de acuerdo. 

La maestra Ana Laura Martínez, Directora Ejecutiva de Administración, tiene la palabra. 

Directora Ejecutiva de Administración del INE, Ana Laura Martínez de Lara:Gracias, señor Presidente.

El 29 de noviembre de 2021 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en el que la Cámara de Diputados realizó una reducción de cuatro mil 913 millones de pesos al Anteproyecto de presupuesto Aprobado por el Consejo General de este instituto mediante acuerdo INE/CG1445/2021. Y éste es el monto más alto de reducción que ha sufrido el INE, lo que lo coloca ante una situación presupuestal crítica ya que representa un 26 por ciento del presupuesto operativo necesario para la operación.

Es de destacar que el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral tiene como base el costo total del sistema electoral, esto es el cumplimiento de cada una de las atribuciones que son ordenadas por ley.

En ese tenor considerando que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 establece que el gasto para el Ramo 22 asciende a la cantidad de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos, de los cuales para el Instituto Nacional Electoral es un monto de 13 mil 914 millones 742 mil 268 pesos y cinco mil 821 millones 851 mil 704 pesos para el financiamiento público en el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el ejercicio fiscal 2022.

La Cartera Institucional de Proyectos que se pone a consideración de este órgano colegiado es por un monto total de dos mil 839 millones 909 mil 930 pesos, de los cuales se incluye un presupuesto de mil 275 millones 900 mil pesos para proyectos asociados con la Revocación de Mandato contemplada en el artículo 35, fracción IX de la Constitución. Esto con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía para votar y participar en tales actos.

Lo anterior, con la finalidad de que el INE cuente para el ejercicio 2022 con los recursos financieros para el caso que se determine procedente la realización de la misma.

Los proyectos específicos que se presentan tienen la finalidad de cumplir a cabalidad las atribuciones de la Constitución y la Ley Electoral otorga a este Instituto, se determinó preservar las previsiones presupuestales para hacer frente a lo que se consideran actividades ordinarias, es decir, cubrir de manera prioritaria los gastos del presupuesto base y la Cartera Institucional de Proyectos, los cuales sostienen las funciones prioritarias del Instituto encaminadas a cumplir con la función electoral depositada en el propio instituto y en los organismos públicos locales, lo que implica entre otras actividades, la necesaria celebración de elecciones en aras de contribuir a la estabilidad política del país, permitiendo la debida integración de los órganos del Estado, así como atender las políticas generales trazadas en el Plan Estratégico del Instituto para el periodo 2016-2026.

En ese sentido, para la aprobación de los proyectos asociados para la organización de la posible Revocación de Mandato, las unidades podrán solicitar nuevos proyectos específicos o la modificación de los que tengan que ver atendiendo a las necesidades derivadas de situaciones no previstas o supervenientes en términos de lo que se dispone en el inciso a) del párrafo primero del artículo 14 de los lineamientos para la administración de la Cartera Institucional de Proyectos, sujetándose a la disposiciones que al respecto emita el Consejo General.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Junta General Ejecutiva, la propuesta de modificación de la Cartera Institucional de Proyectos para incorporarse en el Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022.

Es cuanto, señor Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ana Laura.

¿Alguna otra intervención?

Permítanme intervenir en este punto.

Quiero, en esta intervención hacer, para claridad de los integrantes de esta Junta, pero, sobre todo, para el público que nos escucha, una reconstrucción histórica de cómo llegamos al día de hoy y a esta propuesta de ajuste a la Cartera de Proyectos que le corresponde hacer, por mandato de ley, a esta Junta General Ejecutiva.

Para el año 2022 el Instituto Nacional Electoral solicitó un monto total de financiamiento de poco más de 24 mil 649 millones, incluyendo tres grandes rubros: uno, el gasto operativo, es decir, lo que se necesita para que esta institución cumpla con los servicios básicos a la ciudadanía, como la expedición de la Credencial Para Votar, la organización de elecciones, la fiscalización, el monitoreo de los medios de comunicación, etcétera.

Un segundo gran bloque, irreductible, intocable, de cerca de más de 5 mil 800 millones de pesos que corresponde al financiamiento de los partidos políticos.

Y un tercer bloque del orden de 5 mil 800 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ordenó incluir en nuestra propuesta presupuestal y que correspondería a los montos necesarios para realizar dos eventuales ejercicios de participación ciudadana, que podrían ocurrir en el año 2022, que son la Consulta Popular y una eventual Revocación de Mandato.

La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto en el que se le aplicó a esa solicitud presupuestal del INE un recorte de casi 5 mil millones de pesos, 4 mil 913 millones de pesos, con lo que, el monto autorizado para el próximo año para el Instituto Nacional Electoral fue un monto de poco más de 19 mil 700 millones de pesos.

Sin embargo, dado que el dinero de los partidos políticos no se puede tocar por parte de esta autoridad, en realidad, al Instituto Nacional Electoral, como lo mencionaba Ana Laura, se le otorgaron para cumplir con todas sus funciones constitucionales 13 mil 914 millones de pesos.

Estoy hablando de cifras gruesas, cifras redondeadas. Entre los cuales debe fondear todos los servicios que ya mencionaba a la ciudadanía, pero también la eventual realización de los mecanismos de participación ciudadana a los que había hecho referencia.

Hoy sabemos, porque el 30 de noviembre se venció el plazo para que pudiera solicitarse una Consulta Popular, que en 2022 no va a haber Consulta Popular, pero como ustedes saben hoy está en curso la recopilación de firmas que hasta el 25 de diciembre pueden ciudadanas y ciudadanos compilar para solicitar la realización de una Revocación de Mandato.

Este ejercicio es probable, pues, que se lleve a cabo. Todavía no hay una certeza absoluta, pero existe la posibilidad real de que el mismo tenga que realizarse de acuerdo con lo que mandata la Constitución.

Si atendemos a los ajustes, las reducciones que le aplicó el presupuesto solicitado la Cámara de Diputados, eso quiere decir que se generaron recursos para este Instituto del orden de 830 millones de pesos para un ejercicio, el de Revocación de Mandato que tiene un costo, si se cumple lo que dice la ley, del orden de 3 mil 830 millones de pesos.

Esto quiere decir que la Cámara de Diputados le generó al Instituto Nacional Electoral fondos para poder llevar a cabo este eventual ejercicio de 830 millones y un déficit del orden de 3 mil millones de pesos para que pueda llevarse a cabo.

Creo que es importante subrayar que ese monto estimado por el INE para llevar a cabo la Revocación de Mandato no es un monto arbitrario, sino es la aplicación de todos los procedimientos, reglas y lineamientos que determina la Ley de Revocación de Mandato, empezando por el más relevante, que tiene que instalarse, y es algo que me parece correcto, el mismo número de casillas para la Revocación de Mandato que para una elección federal, por eso el monto de 3 mil 830 millones de pesos que va a costar la Revocación de Mandato, si se lleva a cabo, es indispensable para cumplir con lo que dice la ley.

El recorte de la Cámara de Diputados, que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el INE es de tal magnitud que el INE de entrada no tiene condiciones financieras para poder cumplir con lo que dice la ley, en la realización de dicho ejercicio.

Por eso se ha venido haciendo un esfuerzo de cancelación de proyectos, de reducción de montos de los proyectos que existen, y que ayer aprobó la Comisión de Presupuesto, que hoy nos permite, a esos 830 millones de pesos que se nos habían otorgado, sumar un monto de cerca de 500 millones de pesos, adicional, casi 500 millones de pesos.

Hoy, el proyecto que estamos conociendo, plantea fondear con alrededor de mil doscientos sete… o sea, generar recursos para poder fondear la Revocación de Mandato, por un monto de dos mil 700, perdón, mil 275 millones de pesos.

Quiero informar a esta Junta, que, dado que es una responsabilidad, en la Presidencia del INE, llevar el Proyecto de Ajuste de Presupuesto al Consejo General, el próximo viernes voy a plantear, que además de este monto que ya está, que hoy conocerá la Junta, y aprobará, se pueda generar recursos adicionales, se puedan liberar recursos adicionales, pero esto lo deberá decidir el Consejo, por 227 millones de pesos adicionales. Con lo cual, si así lo decide el Consejo General, el INE habrá hecho un esfuerzo para generar mil 503 millones de pesos, para que puedan ser utilizados en la eventual realización de una Revocación de Mandato.

Sin embargo, la información o la falta de información, así lo quiero ver, con la que la Cámara de Diputados tomó su decisión coloca en una comprometida situación al Instituto Nacional Electoral de cara a la eventual realización de este ejercicio.

Incluso con ese esfuerzo adicional que quiero proponerle al Consejo y que llevará a esta Junta General Ejecutiva la próxima semana a tener que ajustar la cifra final de lo que podemos disponer para la realización de mandato, llevándola al orden de mil 503 millones de pesos, como decía, para la realización de ese ejercicio en los términos que dice la ley, todavía habrá un faltante de dos mil 327 millones de pesos, es decir, a pesar de los esfuerzos que ha hecho esta autoridad, que hará esta autoridad, vamos a tener, apenas, capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que va a costar ese ejercicio.

Es por eso que hemos presentado el día de ayer una Controversia Constitucional para que la Suprema Corte de Justicia resuelva si este Instituto debe realizar la Revocación de Mandato con la tercera parte del presupuesto necesario, esto implicará evidentemente violar las disposiciones de la ley en esa materia o si se ordena a los órganos que son responsables de generar los recursos para que se cumpla la Constitución, para que el ejercicio, si así lo deciden las y los ciudadanos, pueda llevarse a cabo.

Ésta es una situación inédita y no quiero exagerar en los tonos, pero grave, porque por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados ha colocado al Instituto Nacional Electoral en una situación en la que, por la falta de recursos, están en entredicho la realización de sus funciones constitucionales y el ejercicio de las y los derechos de quienes quieran, en su caso, implicar, o aplicar, instrumentar la primera Revocación de Mandato de nuestra historia.

Así que, de aprobarse este proyecto, insisto, y si así lo decide el Consejo General el próximo viernes a propuesta de la Presidencia del Consejo, la próxima semana tendremos que seguir ajustando esta cifra en un claro y nítido esfuerzo de que este Instituto está haciendo todo lo que puede en la situación en la que se le ha colocado para que, si así lo deciden las y los ciudadanos la Revocación de Mandato pueda llevarse a cabo.

Pero desde ahora hay que ser claros, a pesar de esos esfuerzos por una decisión de un órgano que no generó los recursos suficientes para que la Constitución se cumpla a cabalidad, la Cámara de Diputados, la Revocación de Mandato está en entredicho.

Y quiero ser enfático, si así lo deciden las y los ciudadanos este Instituto quiere hacer la Revocación de Mandato con la calidad técnica y los requisitos que demanda la ley, pero hoy es claro que no puede, por la situación inédita en la que la Cámara de Diputados ha colocado al INE.

¿Alguna otra intervención?

Si no hay…

Con mucho gusto, tiene la palabra el licenciado Jesús George, Titular del Órgano Interno de Control. 

Titular del Órgano Interno de Control del INE, Jesús George ZamoraMuchas gracias, señor Presidente y buena tarde a todas las integrantes y todos los integrantes de esta Junta General.

Primero quisiera hacer un reconocimiento a todas las Unidades Responsables de gasto de este Instituto Nacional Electoral, porque de nueva cuenta ha mostrado la posibilidad de poder reducir más el presupuesto, en este caso de 500 millones o con el anuncio que hoy nos hace el Consejero Presidente, el Presidente de esta Junta General, de otros 200 o 300 millones de pesos, lo que aumentaría 800 millones de pesos aproximadamente este ejercicio de racionalidad y austeridad, porque es un principio establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del ejercicio del gasto en el Instituto.

Y esto debe reconocerse porque significa que los servidores públicos de la institución, haciendo o más bien en aras del principio de eficiencia, de ser más eficientes, pues dan muestra de esto una vez más.

Me parece es un esfuerzo considerable, 800 millones de pesos, y que no estaban considerados en el proyecto, en lo solicitado a la Cámara de Diputados. 

Eso es lo primero que quisiera destacar y que es muy importante en la institución.

Y, en segundo lugar, sí quiera hacer una reflexión respecto a las facultades que tiene este Instituto Nacional Electoral, en particular a su Consejo General y los órganos colegiados como es esta Junta General, por lo que hace a la Cartera Institucional de Proyectos, respecto a la autonomía presupuestal que tienen para priorizar en dónde se deben de ejercer los recursos. 

Y esta parte de reflexión respecto a la autonomía, creo que debe reconocerse que sí fue respetada por la Cámara de Diputados y además ejercida por este Instituto Nacional Electoral.

¿A qué me refiero? A que si bien dejando, con independencia del monto de lo aprobado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo que no puede decir es en qué debe gastar el Instituto Nacional Electoral. 

Y eso quien tiene la facultad son los órganos colegiados del Instituto Nacional Electoral, y en este caso es precisamente lo que propone tanto como propuesta la Comisión Temporal de Presupuesto y ahora lo que se propone en el proyecto acuerdo que aprobará la Junta General Ejecutiva.

De tal forma, que me parece que también debemos reconocer que se ha respetado y el Instituto ha ejercido la autonomía presupuestaria que tiene de destinar los recursos correspondientes.

Y esto me lleva a una siguiente reflexión. La reflexión de que esta facultad, esta facultad que deriva de la autonomía del Instituto puede ser ilimitada y es la parte en la que quisiera hacer la reflexión.

Desde luego, cualquier facultad como la autonomía no puede ser ilimitada ésta debe de tener ciertos cánones de razonabilidad o siguiendo los principios de ejercicio del gasto, fundamentalmente, de economía y eficiencia.

Y ahora el Instituto está en una posición de establecer verdaderamente la priorización de las actividades y los actos que necesitan recursos económicos y cómo deben de ser priorizados. 

El Instituto, entonces, ante una bolsa que da la Cámara de Diputados, es decir, no diciendo que este monto es para Revocación de Mandato, este monto es para consulta popular, este monto es para presupuesto base, etcétera, etcétera.

La Cámara nunca ha dicho que se reduzca para un cierto, una cierta actividad o función de la institución. A la institución es a la que le corresponde decidir cómo distribuir esos recursos, cómo priorizar esos recursos y el proyecto que nos tiene ahora en la Junta General, es distribuirlos haciendo un esfuerzo considerable, otra vez el reconocimiento, pero también la mayor disminución se encuentra en el tema de Revocación de Mandato, es decir, una de las funciones constitucionales que tiene el Instituto Nacional Electoral y esa es la parte en la que creo que debemos reflexionar si verdaderamente no existen otras posibilidades de reducción presupuestal.

Déjenme poner un ejemplo, que es duro, pero con mucha realidad.

El tema de salarios de mandos medios y superiores. 

Muchos de los funcionarios de la institución interpusieron amparos en los ejercicios 2019 y 2020, respecto a la supuesta reducción salarial que en un primer momento hizo la Junta General Ejecutiva, los amparos fueron contra Junta General Ejecutiva del INE, intentando cumplir lo que señala la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Austeridad Republicana.

¿Qué sucedió en esos amparos?

Si bien se dieron suspensiones provisionales por las cuales los funcionarios mantuvieron los salarios íntegros de años pasados, de 2018, lo cierto es que, absolutamente todos los amparos han sido sobreseídos por falta de interés jurídico, es decir, porque carecen de derecho los servidores públicos a quienes se les da este tipo de salarios para que se les reconozca como un derecho inamovible.

Lo que dicen los jueces de distrito en dicho es, que esta clase, el monto se establece anualmente por la Junta General Ejecutiva y, por lo tanto, no genera un derecho respecto al siguiente ejercicio anual.

¿Y esto qué significa?

Significa, entonces, que este órgano colegiado, la Junta General Ejecutiva, puede hacer también modificar el monto de los salarios porque no es un derecho. Eso es lo que dicen los jueces de distrito, leyendo en todos sus términos en estrictos términos jurídicos las sentencias de amparo por las que se han sobreseído todos los amparos. 

Y en esta parte, es en lo que yo me refiero, yo no estoy diciendo que lo reduzcan, lo que digo es que sí existen posibilidades, y lo pongo simplemente como ejemplo, de que la Junta General, de que los órganos colegiados de la institución pueden buscar otras formas de poder obtener mayores recursos y sobre a base de ello priorizarlos, priorizarlos para las funciones para las que existe la institución. Y ahora a partir de 2014 una de las funciones principales constitucionales es la Revocación de Mandato.

En el caso que señalo, por ejemplo, de los salarios es una cuestión personal, muchos funcionarios y funcionarias interpusieron estos amparos que, repito, fueron sobreseídos por carecer de derecho de interés jurídico, dicen los jueces de distrito; cuestión distinta es la controversia constitucional que aún está en trámite y de decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y en este caso, que también se alega el tema salarial, lo que está en juego es la facultad precisamente de la autonomía de la institución de poder decidir hasta qué monto puede señalar los salarios; que es una cuestión distinta a establecer que es un derecho de un servidor público como un derecho laboral, que es lo que se vio en los amparos.

De tal forma que mientras la controversia constitucional no se haya decidido y existe una suspensión sobre ello, creo que eso es importante señalarlo, una suspensión que le permita a la institución seguir con una política salarial que decidió autónomamente.

Pero cuando nos enfrentamos en crisis, como las económicas, presupuestales de la institución, me parece que sí es importante visualizar, analizar, evaluar otras posibilidades que nos da la propia norma sin violar la ley. Yo no veo que se viole la ley, yo lo único que llamo la atención es cuidar mucho el límite que tiene esta institución en cuanto a su autonomía presupuestal.

Y como ya se me terminó el tiempo, Presidente, ofrezco disculpas y continuaré en segunda ronda.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Con mucho gusto, gracias, Jesús.

El maestro Gabriel Mendoza tiene la palabra. 

Director Jurídico del INE, Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Presidente.

Pues ciertamente estamos ante un proyecto de acuerdo que es inédito, la situación económica en la que se ha puesto a este Instituto pues sí es grave, ya usted lo señalaba muy bien en su intervención, y no voy a redundar más en eso.

Pero con motivo de lo que señala el titular del Órgano Interno de Control sí quisiera hacer una precisión, porque ciertamente a partir de la decisión de la Cámara de Diputados en el año de 2018 todavía, de ajustar el llamado RTA, en la Remuneración Total Anual que sirve de base para calcular todos y cada uno de los salarios de las y los funcionarios que prestan sus servicios en el Estado Mexicano, se dieron, no solo en este órgano, sino pues a nivel prácticamente nacional, una serie de litigios constitucionales de diversas índoles. 

Hubo acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, como se señala, juicios de amparo. 

Y, efectivamente, se ha hecho un entramado jurídico bastante complejo y la situación de esos derechos laborales que quienes han querido reclamarlos ante la justicia constitucional, han logrado pues diversas resoluciones.

Sí me parece, con todo respeto, que hay una imprecisión en señalar que todos han sido sobreseídos por falta de interés jurídico, porque hemos tenido resoluciones de diversos tipos, hay algunas que han otorgado el amparo, hay otras que efectivamente han sobreseído por diversas razones no solo por el interés jurídico, sino por haber quedado sin materia. 

Ha habido una serie de recursos también interpuestos por las autoridades responsables, porque la única autoridad responsable no fue esta Junta General Ejecutiva, fueron interpuestos en contra de la Cámara, contra el Presupuesto de Egresos de los respectivos ejercicios fiscales. 

Y sí, efectivamente, como autoridad ejecutora termina siendo pues no solo esta Junta General Ejecutiva, sino también el Consejo.

En ese sentido, solo quería hacer la precisión, porque efectivamente es algo que tenemos que atender y que, en ejercicio de esa autonomía presupuestaria que también este Instituto está reclamando sea respetada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque creo que es un tema bastante complejo y nos podríamos llevar aquí muchas horas debatiendo sobre los alcances de la misma, pero afortunadamente pues será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que nos defina cuáles son esos alcances.

En ese sentido, nada más quería hacer la precisión y sí pues señalar para la confianza de las y los integrantes de este órgano, que se ha hecho un análisis pues muy minucioso de cuál es la situación jurídica que prevalece en el tema para cuando se tengan que tomar las determinaciones correspondientes por este órgano. 

Muchas gracias, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Gabriel. 

Tiene la palabra el ingeniero René Miranda.

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda Jaimes: Gracias, Presidente. Buenas tardes a todas y todos. 

Nada más y aprovechando que el señor titular del Órgano Interno de Control ya anunció una segunda intervención.

Nada más preguntar si tenemos claridad sobre ese diferencial, digamos. Se ha planteado que esa disminución eventual de salarios me da la impresión que es un monto menor para efectos de lo necesario justamente que se ha platicado que se requiere para poder cumplir con los compromisos y mandatos legales.

Nada más agradecer si pudiese tener idea, digamos, nos compartiera ese diferencial. 

Pero, además, también señalar, se mencionaba que ese recurso podía incluso ser utilizado para cumplir los compromisos producto de reformas que todos conocemos.

Pero me da la impresión de que esos recursos, eventualmente, podrían ser útiles un ejercicio fiscal, es decir, los demás ejercicios fiscales pues ya no existirían, tendría de todos modos que estarse buscando siempre cómo atender esos compromisos y dada la, pues, evidente, pues, actitud, digamos, del Poder Legislativo en el sentido de no atender los recursos, ¿cuál sería, digamos, la forma desde la óptica del Titular del Órgano Interno de Control de poder realmente estar echando manos de esos recursos? Básicamente, es eso.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, René.

Tiene la palabra el Secretario Ejecutivo.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Presidente.

De nueva cuenta, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

En primer término, quisiera, ya lo hace el Presidente en su primera intervención, pero sí como dejar muy claro, el alcance del proyecto que está a nuestra consideración y que, si ustedes tienen a bien, aprobaran o aprobaremos en un momento más.

Ya se ha mencionado que, dado el ajuste a la propuesta que esta institución hizo a través del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, de más de 4 mil 900 millones de pesos, eliminando ya lo que no fue posible realizar que la Consulta Popular y que era una incertidumbre cuando se elaboró el presupuesto de la institución el año pasado.

Realmente, haciendo los ajustes y no tocando lo que está solamente definitivo como prerrogativas para los partidos políticos quedan 830.5 millones de pesos para eventualidad de atender el ejercicio de Revocación de Mandato.

Subrayo, eventualidad, porque aún no conocemos si se van a reunir el número de firmas necesarias de la ciudadanía para solicitar este ejercicio de participación, lo sabremos hasta el próximo año, sin embargo, si llegara a realizarse conocemos también que el presupuesto que se requiere para cumplir con lo que está ya estipulado en la ley de la materia, se requieren 3 mil 830 millones de pesos.

Haciendo lo que traemos hoy a este órgano colegiado es un ajuste de 445.4 millones de pesos de lo que se aprobó para el presupuesto base y los proyectos estratégicos de la institución en donde, como ya se ha mencionado, pues está lo que es la operación regular, que en buena parte el costo de la operación regular viene definido desde la ley, es algo que quiero seguir insistiendo sistemáticamente, el legislador nos define la estructura con la cual operamos, tenemos 332 oficinas en todo el país, que el mismo legislador en la ley en la materia define, incluso, la estructura con la que deben operar cada una de esas oficinas en el país.

Obviamente, están los costos de la credencial para votar que es el instrumento privilegiado de identidad en el país y que se expide gratuitamente.

Se atienden del orden de los 16 millones de ciudadanas y ciudadanos todos los años en el país y se expide esta credencial, insisto, instrumento privilegiado de identidad de manera gratuita a quien lo solicite, mayor de 18 años.

Y como esto otras muchas atribuciones que el legislador a lo largo de los años le dio al Instituto Federal Electoral y amplió cuando se creó el Instituto Nacional Electoral.

De buena manera que los costos de operación de la institución están predeterminados en la manera sustantiva por las mismas disposiciones constitucionales y legales. 

Haciendo un esfuerzo sobre lo que se planeó para el próximo año es que traemos, insisto, a este órgano colegiado la propuesta de ajuste por 445.9 millones de pesos, que sumados a los 830.5 que dispuso el legislador, de la Cámara de Diputados asciende a la cifra de mil 275.9 millones de pesos, que podría dedicarse a la Revocación de Mandato. 

Más el anuncio que acaba de hacer el Presidente de llevar a Consejo General la propuesta para que hagamos un esfuerzo durante el ejercicio del próximo año en todos los órganos operativos de la institución por 227.1 millones de pesos de ahorros durante el ejercicio del próximo año, podríamos entonces tener la bolsa inicial de mil 503 millones.

En este momento lo que la Junta General Ejecutiva estaría considerando es el fondo de mil 275.9. Si el Consejo General tiene a bien ordenarnos este esfuerzo de ahorro por 227.1, como ya mencionaba el Presidente, tendremos que volver a sesionar la próxima semana para hacer el ajuste.

Ahora bien, con estos recursos lo que se está haciendo es un fondo, porque como bien se mencionó, no alcanza para hacer frente al costo que emanado de las reglas que define la ley tendría la Revocación de Mandato. 

Ya lo mencionó bien el Presidente, apenas con estas cantidades tendríamos uno de tres pesos que se requieren para hacer ese ejercicio.

En este momento además no podemos tener un destino específico de esos recursos en virtud de que el Consejo General tendrá que decirnos cuáles son esas reglas sustantivas sobre las cuales tendríamos que organizar el ejercicio de Revocación de Mandato, excepto por una cuestión que creo que es muy importante dejarla asentada. 

En este acuerdo sí estaríamos aprobando el fondo que requiere la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para continuar con los trabajos de verificación de las firmas que la ciudadanía está dando para realizar eventualmente el ejercicio de Revocación de Mandato. Esas tareas se están realizando en este momento, se van a continuar realizando, si ustedes tienen a bien aprobarlo estaríamos fondeando por un orden de 13 millones de pesos al Registro Federal de Electores para continuar con las tareas de verificación de las firmas. 

Y atendiendo además una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este ejercicio no es menor ya que no solamente se van a recabar firmas por la vía de la aplicación electrónica, que es mucho más económica, certera, segura y demás, ya se ha argumentado mucho al respecto, sino el Tribunal ordenó también que se pudiera recabar firmas por la vía tradicional del papel, eso implica obviamente una operación, un ejercicio mucho más costoso. Y por eso estos fondos para ese propósito.

Esa tarea de ninguna manera se detiene, al contrario, continuamos con él para cumplir con nuestras obligaciones. 

Por otro lado, a ver, el esfuerzo de austeridad ese se hizo desde el momento que se elaboró el presupuesto para el próximo año, y no solamente para el 2022, lo hemos venido haciendo sistemáticamente año con año.

Esta institución, sin duda, con el despliegue territorial que tiene en todo el país, conoce de viva voz directamente las necesidades de nuestra población, también las consecuencias de la pandemia en el país. 

Y estamos atendiendo sistemáticamente a 60 mil ciudadanas y ciudadanos que acuden a nuestros módulos y no solamente hacen un trámite por una credencial, sino convive esta Institución con la ciudadanía en ese gran despliegue nacional. 

Además, en la organización de las elecciones cuando tocamos la puerta de millones de hogares para buscar funcionarios de mesas directivas de casilla, indudablemente conocemos las necesidades de este país. Somos sensibles a ellos, somos copartícipes de eso. Y hemos venido haciendo año tras año, un esfuerzo de ajuste lo más posible a los costos de operación de la Institución atendiendo a esas necesidades. 

Y, una vez más, desde el año pasado que el Consejo General en agosto aprobó el presupuesto para el 2022, se hizo ese ejercicio una y otra vez, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años. 

Pero, obviamente, eso tiene un límite y un tope. El límite es, primero que nada, cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y legales, como lo hemos venido haciendo sistemáticamente, e insisto, esto tiene un costo. 

El legislador al tomar decisiones, de atribuciones para esta Institución y para cualquier otra, tiene que pensar que eso tiene consecuencias y tiene un costo. 

Y el otro límite es el respeto también a los derechos laborales de quienes trabajamos en esta Institución. 

Sería cuándo, Presidente. 

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario. 

Con gusto el maestro Carlos Ferrer. 

Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Alberto Ferrer Silva: Muchas gracias. Muy buenas tardes. 

Dos cuestiones de manera muy concreta: La primera tiene que ver con que quiero resaltar que el Instituto Nacional Electoral, tiene como una de sus notas características la transparencia y hemos llevado a cabo elecciones, procesos electorales muy complejos que han sido los más explicados y más detallados de la historia.

Pero fíjense ustedes que esta característica, también se traslada en la solicitud, aplicación y complejidad a la hora del presupuesto. Es un aspecto también detallado, es un aspecto también muy explicado de frente a la ciudadanía, todo con absoluta claridad y transparencia. 

La solicitud presupuestal, las razones que el Instituto Nacional Electoral estableció para solicitar esos montos, los destinos de esos montos y ahora el problema con el que nos enfrentamos, lo hacemos de cara y de frente a la ciudadanía. 

Y esto me parece de lo más relevante y es propio y natural, por supuesto, de un órgano constitucional autónomo como éste. 

Y lo segundo, tratándose de los salarios, porque por supuesto que es un derecho humano y que la reducción salarial es un tema complejo que deberá ser resuelto en tribunales, aún no hay una definición de fondo por parte de esto respecto de la limitación, restricción a un derecho humano como el de percibir un salario, mucho menos cuando proviene de algún acto que pudiera considerarse arbitrario, injusto o infundado. 

Estas dos precisiones, quisiera hacer yo en esta mesa. 

Es cuánto, gracias. 

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Carlos. 

¿Alguna otra intervención en primera ronda?

Con gusto, tiene la palabra el ingeniero Sergio Bernal. 

Director Ejecutivo del Organización Electoral del INE, Sergio Bernal Rojas: Gracias, Presidente. 

Simplemente agregaría en el tema del punto del que estamos tratando el tema de la complejidad, desde luego agradezco los comentarios que hace el Presidente en relación a los esfuerzos que se están haciendo. 

Sin embargo, a veces por temas técnicos, operativos o a veces muy especializados para la ejecución de los procesos electorales las condiciones técnicas para llevar a cabo la Revocación de Mandato, como se ha dicho por parte del Secretario Ejecutivo, en su momento de que se presupuestó se contempló todo este modelado que está establecido en la ley y que es acercar la casilla a las y los ciudadanos.

En este sentido, acercar la casilla a las y los ciudadanos nos lleva a cifras de 162 mil casillas, las casillas como elemento importante en el costeo, pero agregaría también otra variable, el tiempo de ejecución para organizar un proceso electoral.

A lo largo de la historia, primeramente, como Instituto Federal Electoral, después como Instituto Nacional Electoral y lo hacen también los organismos públicos locales, tienen un tiempo para llevar y organizar todo este procedimiento.

Recordemos que las elecciones, las y los ciudadanos se adueñan de ellas porque son participes no sólo en los consejos, el Consejo General, sino en el Consejo Local, consejos distritales, en los 332 consejos en el territorio nacional.

Pero también en cada una de las casillas electorales son las y los ciudadanos los que, efectivamente, llevan a cabo los procesos electorales.

Estos tiempos hoy se ven reducidos, hoy en día estamos trabajando, incluso, ya con lo que puede ser la Revocación de Mandato no sólo en el ámbito de la revisión de firmas, sino también en ejercicios de dónde se van a ubicar, en su momento, esas casillas.

Yo veo loable, efectivamente, este tema de ir buscando en este sentido lo que comentó el Presidente, los recursos, sin embargo, 162 mil casillas con los recursos que hoy en día se tiene destinados y con los que se busca hacer el modelo como tal, que es un modelo que está establecido en la ley no nos permite llevar a cabo ejercicios de estas características, ejercicios en el respeto de los derechos democráticos de las y los ciudadanos, y como se mencionó, estos ejercicios de participación ciudadana como es la Revocación de Mandato.

En este sentido, creo que sí es importante explicar en esta pedagogía pública que tenemos que tener como Instituto Nacional Electoral que, en efecto, para llevar a cabo la elección no solamente son los recursos sino los tiempos y hace cada día más complejo.

Si bien es cierto como mencionó mi compañero Carlos, hemos tenido retos en el camino, lo vivimos en el pasado proceso electoral donde instalamos 162 mil casillas en tiempos pandemia y donde la institución ganó valor público y reconocimiento internacional.

En este sentido, creo que es importante que, en su conjunto mexicano, valore la importancia de los ejercicios democráticos y, en segundo, se propicie que, efectivamente, este ejercicio de los derechos tenga los elementos sustanciales para que, efectivamente, en cada ejercicio llevemos a buen puerto estos ejercicios y la satisfacción que tenga las y los ciudadanos de los ejercicios en los que participa en los derechos político-electorales de los mismos.

Gracias, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Sergio.

¿Alguna otra intervención?

El segunda ronda tiene la palabra el licenciado Jesús George, el Titular del Órgano Interno de Control.

Jesús, por favor.

Titular del Órgano Interno de Control del INE, Jesús George Zamora: Muchas gracias, Presidente.

No quiero que se malentienda mi intervención, lo que quiero es que los órganos colegiados del Instituto cuidemos a la Institución, al Instituto Nacional Electoral, fundamentalmente con vistas a lo que se está presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué? Porque lo que se va a ponderar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, sí la autonomía presupuestal de la institución para cumplir sus funcionales constitucionales, pero, paradójicamente también, lo que va a determinar la Suprema Corte es analizar hasta dónde llega la facultad de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación de la Cámara de Diputados. Es decir, una facultad soberana también establecida en la Constitución, y entonces tiene la misma naturaleza.

Paradójicamente esta controversia está también poniendo en la mesa de la Suprema Corte de Justicia hasta qué punto la soberanía popular, que así lo señala la Constitución, la Cámara de Diputados puede distribuir los recursos públicos del país en distintas actividades. Lo mismo exactamente que es la autonomía presupuestal del instituto aquí al interior. 

Entonces lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá considerar es el poder ordenar, que es la pretensión del Instituto Nacional Electoral, a la Cámara de Diputados ordenar se dé mayores recursos al Instituto Nacional Electoral, también eso signifique reducir, desde luego, recursos que la Cámara de Diputados, que la soberanía popular destinó a otras cosas. 

La verdad es que muy interesante jurídicamente y hasta filosóficamente sobre lo que decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Yo lo único que invito a la reflexión es, dentro de esta facultad, muy poderosa que tiene la autonomía presupuestal del Instituto Nacional Electoral, es visualizar, evaluar, analizar otras cuestiones, dentro de otras. 

Y aprovecho para contestar al director del Registro Federal de Electores, salarialmente hay aproximadamente 300 funcionarios que tienen de mandos medios y superiores que tienen un salario superior, según lo que se está en la litis, en los amparos, repito, yo no conocía que habían otorgado un amparo, pero la gran mayoría que yo he visto, yo he visto sistemáticamente que los juzgados de distrito han sobreseído por carecer de derecho, por carecer de interés jurídico estos servidores públicos de reclamar un salario superior anualmente. Es decir, como derecho laboral. 

Hasta ahorita no podemos afirmar con toda categoría que es un derecho laboral, pero ahí podríamos meter otras prestaciones que anualmente aprueba la Junta General, es decir, que no son derechos laborales, según estos sobreseimientos de los juzgadores de distrito, gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada.

Incluso podríamos también considerar los fondos que no necesariamente se destinan a funciones sustantivas de la institución, me refiero a los fideicomisos que, si bien de manera adjetiva ayudan a cumplir las funciones constitucionales, pero no necesariamente son para cumplirlas. 

Yo a lo que invito a la reflexión es la responsabilidad que tiene esta Junta General y los órganos colegiados de la institución a priorizar en qué puede ajustarse el gasto o distribuir de mejor forma todos los recursos que se dan al Instituto Nacional Electoral. Y no simplemente distribuirlos en una actividad que, y en eso coincido totalmente con el Secretario Ejecutivo, me agrada que tenga consciencia de esa importancia primero en cumplir las funciones constitucionales, así lo señaló con todas sus letras. Y creo que es la parte en la que quiero llevar a la reflexión.

Y, en segundo lugar, no menos importante, pero sí segundo lugar los derechos laborales que conforme a las resoluciones que ya señalé de los jueces de distrito podrían no ser derechos laborales.

Muchas gracias, señor Presidente. 

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Jesús. 

Permítanme intervenir para coincidir esencialmente con lo que ha planteado el licenciado George, en términos de la importancia de la controversia de lo que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tema de primer orden en términos constitucionales. 

Porque se trata de resolver si la facultad del artículo 74 constitucional que tiene la Cámara de Diputados de manera exclusiva de definir el presupuesto, es discrecional o no, ese es el gran tema. 

Y si, consecuentemente, esa soberanía puede hacer lo que quiera o si es, como es un órgano constituido, está subordinada, como yo digo que está, a lo que dice la Constitución. 

Este es el gran tema y coincido. Coincido también con lo que decía Jesús a propósito de la autonomía.

Sí, efectivamente, la Cámara de Diputados respetó la autonomía presupuestal de este Instituto, yo digo que no le quedaba de otra, porque si no lo hubiera hecho hubiera violado la Constitución. Pero de todos modos hay que reconocer que, en efecto, no se nos dice en qué vamos a gastar el dinero porque eso habría sido absolutamente ilegal por parte de la Cámara. La Cámara define los montos no en qué los va a gastar el INE, porque es un órgano constitucional autónomo.  

Ahora, en ese ejercicio esa autonomía sí me gustaría señalar una cosa. En las semanas previas, cuando se definió lo que hoy estamos conociendo y se va a definir en el propio Consejo que es la última instancia de decisión en este Instituto, sí se hicieron priorizaciones.

Tuvimos que priorizar, de hecho, por ejemplo, qué era más importante, lo pongo así sin medias tintas, continuar con el plan de construcción el programa inmobiliario y construir dos juntas que nos van a ahorrar dinero porque vamos a dejar de rentas o destinar esos recursos a la Revocación de Mandato, pues está clara la priorización, se destina a la Revocación de Mandato. 

Abaratar los costos de los servicios de informática o Revocación de Mandato, pues abaratamos los costos de servicios de informática.

Vamos a imponerle a los miembros de la Junta, como ya decía Edmundo, tener metas de ahorro al que van a tener que cumplir para destinar esos recursos a la Revocación de Mandato.

Pero la Revocación de Mandato en esta escala de prioridades no es la prioridad número uno de esta Institución.

Complemento lo que decía Edmundo, hay tres elementos que para el INE son todavía más importantes, incluso que la Revocación de Mandato: 

Uno, los derechos ciudadanos. 

No vamos a dejar de dar credencial para hacer la Revocación de Mandato, porque entonces le estamos fallando a la ciudadanía a la que nos debemos. 

Dos, las atribuciones constitucionales.

Y, en primer lugar, la realización de las elecciones. 

No vamos a poner en riesgo las seis elecciones de gubernatura el próximo año para sacar recursos de ahí, comprometer la buena realización de esas elecciones para hacer la Revocación de Mandato. 

Y tres, los derechos laborales. 

Y aquí hay una diferencia que van a resolver los propios tribunales, en efecto, como ya lo señalaba Gabriel y lo señalaba el mismo Jesús en su última intervención. 

La suspensión es un acto intraprocesal, todavía no hay ninguna sentencia de fondo en este sentido y mucho menos, la más importante, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la que emitió las bases sobre las que estamos operando prácticamente todos los órganos constitucionales autónomos, en términos de los recursos destinados a derechos laborales. 

Y yo me atrevería a decir: Los derechos laborales están en la Constitución, pero también están en el Estatuto, porque así lo mandata la Constitución y los seguros que están en el Estatuto, se derivan del Estatuto.

Entonces, esas son las priorizaciones que hay que hacer. Tomo y lo tomo como miembro del Consejo, de veras, en el mejor de los sentidos esta lógica de seguir generando y ver cómo podemos generar más recursos. 

Se hablaba del tema de los salarios, si violáramos el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la ley, eh, porque eso lo dije en la Cámara de Diputados y lo vuelvo a insistir aquí, los miembros del Consejo General que ganamos más que el Presidente de la República, lo hacemos sustentados en la ley de remuneraciones que se publicó en mayo pasado.

Entiendo que haya legisladores que no leen los transitorios, entiendo que tienen mucho trabajo, pero pues una vez, pero no implica que los transitorios no sean válidos y hay un transitorio de dicha ley que exime a todos los miembros del Consejo General, a los integrantes del Consejo General, de lo que dice el 127 constitucional, digo, pero ésa es otra historia.

Ahora, el tamaño del boquete es tan grande y termino, que por mucho que hagamos, no vamos a lograr juntar el dinero necesario para hacer una Revocación de Mandato, como lo manda la ley.

Y creo que eso nos tendría que resolver también la Suprema Corte de Justicia, si la Suprema Corte dice que lo tenemos que hacer con los mil 500 millones de pesos que logramos fondear o poco más que podríamos, eventualmente, recuperar, pues perdón, lo digo de una vez, vamos a hacerlo, pero no vamos a cumplir lo que dice la ley porque no hay modo. 

O la otra cosa que yo espero que es lo que diga la corte, es que la facultad soberana de definir el presupuesto también tiene límites, es decir, no es soberana, porque la Cámara de Diputados no es un órgano constituyente, es un órgano constituido y su obligación es, en efecto, fondear el presupuesto, pero garantizarles a los demás órganos del estado las condiciones materiales para que se cumpla lo que diga la Constitución.

El asunto no es menor y lo dice la controversia, lo que se tiene que definir, que presentamos, lo que tendrá que definir la Corte es si el presupuesto de egresos, que es una norma secundaria, está por encima de lo que la Constitución obliga o no.

Jurídicamente es un tema de una enorme transcendencia, pero bueno, aquí estamos como funcionarios públicos, involucrados en el dilema y no como constitucionalistas que se pueden regodear del dilema constitucional en el que hoy estamos metidos.

Digo yo porque la Cámara de Diputados tomó decisiones con datos falsos, lo digo sin medias tintas, y ponemos un ejemplo, el coordinador de las bancadas parlamentarias dijo públicamente que los fideicomisos del INE tenían 2 mil 500 millones de pesos y eso es falso, tal vez es impertinente que los informes trimestrales que conoce esta Junta y que son públicos, pues sean leídos con mayor detenimiento por quienes toman decisiones tan graves como la de definir el presupuesto. 

Pero bueno, el tema está en curso.

Termino, perdón que me he excedido yo también del tiempo.

Termino diciendo que, como miembro del Consejo General, hago mías las preocupaciones y la sugerencia del licenciado George en esta lógica de la mejora permanente de las decisiones presupuestales del Instituto y su compromiso con el mejor, permanente mejor uso de los mismos. 

Gracias.

¿Alguna otra intervención?

Pues si no hay más intervenciones, Secretario, procedamos con la votación, por favor. 

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Presidente.

Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.1.

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables. 

Muchas gracias.

Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor Secretario.

Colegas, se agotó el único punto del orden del día que teníamos agendado para esta sesión, por lo que se levanta la misma.

Tengan buenas tardes y, bueno, todavía no, pero dentro de un ratito más buen provecho.

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