Número: 537
- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujerrealiza el Conversatorio ¿Cómo mejorar la medida Tr3s de Tr3s contra la violencia? Desafíos para los próximos procesos electorales
- Erradicar la violencia política de género, una de las condiciones para fortalecer el sistema democrático: Lorenzo Córdova
- Partidos políticos, autoridades, medios de comunicación y sociedad deben sumar esfuerzos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mexicanas: Norma De la Cruz
Como una forma de ratificar su compromiso de avanzar para combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo el conversatorio “¿Cómo mejorar la medida Tr3s de Tr3s contra la violencia? Desafíos para los próximos procesos electorales”.
Durante la inauguración el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que hay mucho camino por andar todavía para erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito de la política.
La democracia supone una vida libre de violencia, dijo, por lo que celebró la realización del conversatorio para realizar un diagnóstico y “construir las alianzas institucionales necesarias e impulsar el diseño de las herramientas normativas y adecuaciones legislativas que se requieran para que las elecciones sean un espacio libre de violencia”.
Explicó que el INE hizo todo lo posible por instrumentar la Tres de Tres Contra la Violencia en el pasado Proceso Electoral Federal y sólo fue posible llevar a cabo una revisión muestral para su cumplimiento en mil 177 personas candidatas y se concluyó que únicamente tres contaban con elementos suficientes para acreditar que incumplieron con los supuestos, pero por resolución jurisdiccional esas candidaturas fueron restituidas.
Señaló tres factores que impidieron que la Tres de Tres tuviera éxito en el pasado proceso electoral: en primer lugar, se adoptó iniciado el proceso electoral; en segundo lugar, al ser una medida novedosa no se contaban con las bases jurídicas o normativas que facilitaran solicitar información a otras instituciones del Estado sobre personas que hubieran sido sentenciadas por agresión sexual, violación, violencia familiar o bien, aquellas personas que fueran deudoras alimentarias morosas y como no había la obligación legal de homologar registros con personas sentenciadas por dichos delitos y faltas y, finalmente, no existían bases de datos confiables que permitieran que el INE las tomara como referencia para negar o cancelar el registro de alguna candidatura.
El Consejero Presidente enfatizó que combatir la violencia política contra las mujeres “no es un asunto sólo de mujeres, eso nos lo ha enseñado largos años de luchas en las que hay un compromiso de muchos que estamos convencidos de avanzar no sólo en la agenda de género, sino en la agenda de la erradicación de la violencia política, incluida aquí la violencia política de género como una de las condiciones de fortalecimiento en nuestro sistema democrático”.
El conversatorio, agregó, refleja el genuino interés de consejeras, consejeros, sociedad civil y de las personas que participan en este evento, por avanzar en el análisis de las medidas que debemos tomar para que en los próximos procesos electorales la iniciativa contribuya de manera más efectiva a erradicar, efectivamente, la violencia que sufren las mujeres de la vida política.
Llamado a la sociedad a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mexicanas
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña, sostuvo que la violencia no es el costo que las mujeres deben de pagar para participar en el espacio público.
Recordó que el 28 de octubre del 2020 el INE aprobó el acuerdo donde se emitieron los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, que en su artículo 32 estableció la medida Tres de Tres Contra la Violencia.
Lo anterior obliga a las y los aspirantes a una candidatura a firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesten que no se encuentran en alguno de estos tres supuestos: haber sido persona condenada o sancionada mediante la resolución firme por violencia familia y/o doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber sido persona condenada o sancionada mediante la resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso.
Por ello, celebró la realización del conversatorio como uno de los espacios de diálogo para abordar desde distintos enfoques los logros, los obstáculos y desafíos identificados en la aplicación de esta medida durante el proceso electoral.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, De la Cruz llamó a los partidos políticos, autoridades, funcionariado público, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a sumar esfuerzos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las ciudadanas y las políticas mexicanas.
Sumar esfuerzos para evitar la postulación de personas violentadoras
En seguida, la Consejera Electoral del IEE de Sinaloa, Gloria Icela García Cuadras, también presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, recordó que en el reciente proceso electoral 2020-2021 se implementó por primera vez un marco normativo que dispuso como requisito para ocupar un cargo no contar con una sentencia que lo haya condenado por violencia política, violencia familiar, así como el ser deudor alimentario.
Destacó la relevancia del evento organizado por el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, ya que se analizará el cómo mejorar la Tres de Tres Contra la Violencia y se llegará a conclusiones que dirijan una estrategia eficaz “para que en el próximo proceso electoral contemos con unas herramientas que permita la postulación de personas que deben de ocupar los cargos públicos”.
Al intervenir, la Consejera Dania Ravel Cuevas consideró como “oportuno y urgente” revisar el impacto y el efecto que han tenido las medidas institucionales implementadas para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
“Quizá una de las enseñanzas más claras que nos han dejado los últimos procesos electorales en México, es que la postulación de mujeres no necesariamente garantiza su acceso efectivo al poder, tampoco que ejerzan un cargo o sus funciones en igualdad de condiciones, así como en entornos libres de violencia y discriminación”, agregó.
Refirió que el INE actualizó su normativa interna para armonizarla con las disposiciones legales en la materia, pero “no ha sido una labor tan sencilla el asegurar que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales a plenitud”.
Sin embargo, consideró que los esfuerzos sustantivos por combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, “están lejos de ser un eco del pasado”, por lo que se deben seguir sumando esfuerzos para maximizar y garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones vanguardistas, sobre todo tomando en cuenta los procesos electorales en curso y frente al próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Violencia no debe ser el costo para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos
Posteriormente, en el panel “La implementación de la 3 de 3 Contra la Violencia y cómo mejorar la medida”, la Consejera Claudia Zavala Pérez reiteró que la violencia no debe ser el costo para que las mujeres ejerzan sus derechos a plenitud.
Recordó que la iniciativa fue impulsada desde la sociedad civil que buscó y encontró el cauce institucional, pero debe ser evaluada para mejorar su efectividad en todos los ámbitos, pues el objetivo es erradicar la violencia política.
En ese sentido, la Consejera Carla Humphrey Jordan marcó los retos a los que se enfrentaron las autoridades como el que la reforma en la materia estableció las bases sustantivas de los ilícitos, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, pero faltan procedimientos adecuados para lograr que personas violentadoras no ocupen cargos de elección popular.
También definió que hay muchos retos a futuro, como es el de establecer procedimientos adecuados que protejan de manera óptima los derechos de las mujeres con medidas idóneas como medidas de protección o cautelares y que sean permanentes.
“Creo que uno de los retos a los que nos enfrentamos es perfeccionar la Tres de Tres Contra la Violencia. Primero asumiendo también que debemos ponderar el principio de presunción de inocencia con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Me parece que en esta ponderación también podemos incidir sobre los altos índices de impunidad que hay en estos casos en nuestro país y, sobre todo, en el que las mujeres son las víctimas de distintos delitos”, agregó.
Tolerancia cero a la violencia política contra la mujer
La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), Mónica Aralí Soto, dijo ser una convencida de “cero tolerancia, ni poquita, ni verbal, de ningún tipo y de ningún nivel, no debemos aceptar ninguna violencia hacia las mujeres”.
Afirmó que el Tribunal está firmemente convencido en el camino de avanzar hacia la participación de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos político- electorales libres de toda violencia.
Explicó que en la aplicación de la medida Tres de Tres Contra la Violencia, el TEPJF resolvió por unanimidad que “al INE no le corresponde determinar en el tema de estos requisitos de Tres de Tres porque tiene que ser a través de una autoridad jurisdiccional que se decrete esta violencia política hacia las mujeres por razón de género”.
Finalmente, la Diputada con licencia, Wendy Briceño Zuloaga ponderó que la elección de 2021 significó un primer escenario para demostrar que el arduo trabajo alcanzado desde el principio de paridad constitucional y la violencia política contra las mujeres en razón de género, “debería de tener frutos a favor de nuestros derechos políticos”.
Lamentó que los agresores sigan buscando otras formas más sofisticadas para detener las aspiraciones legítimas de las mujeres y como prueba mencionó algunos datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que muestran que de enero a septiembre de 2020, se abrieron 166 mil 810 carpetas de investigación por delitos de violencia familiar, mientras que por delitos de violación sexual, 12 mil 241 carpetas de investigación.
Reconoció que el INE haya aprobado los Lineamientos Tres de Tres Contra la Violencia de Género para que los partidos políticos nacionales y locales comprometan a sus aspirantes a candidaturas a cargo de elección popular a firmar, bajo protesta de decir verdad, que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual o la intimidad corporal y no está registrado como deudor de una pensión alimentaria.
Consideró importante que las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, se discutan, se actualicen y se visibilicen a la luz del proceso electoral que recién culminó a fin de contar con mejores medidas para las elecciones futuras.
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