La violencia contra las mujeres es uno de los problemas más reprobables que persisten en las sociedades contemporáneas. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir recalca que la opresión hacia nosotras nace de las diferencias sociales entre las mujeres y los hombres, pero se apoya en la mirada masculina. Por décadas, las mujeres hemos tenido que pelear para que se reconozcan nuestros derechos y hacer frente a estas distinciones que dan paso a la violencia de género.
Para visibilizar esa lucha, desde el año 2000, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como una fecha en la que recordamos el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y Teresa Mirabal por oponerse a la dictadura del entonces gobernante dominicano Rafael Leónidas Trujillo, pero también es un día en el que visibilizamos su lucha incansable por la libertad. Un día en el que las voces de las que estuvieron antes de nosotras, de las que nos arrebató la violencia en razón de género, de las que seguimos aquí y de las que vienen se unen en una sola para exigir alto a la violencia, para exigir la plena garantía de nuestros derechos humanos.
El color naranja nos enlaza para recordarnos en todo momento que la prevención y erradicación de todas las violencias contra las niñas y mujeres es un asunto apremiante, que es urgente tomar medidas y sumar esfuerzos para construir contextos favorables para todas y todos; nunca debemos olvidar que la construcción de la igualdad es una tarea de la sociedad en su conjunto, incluidos los hombres.
No podemos ni debemos perder de vista que la violencia contra las mujeres en razón de género no es algo normal ni natural y es por ello que miles de mujeres, desde diversos ámbitos, trabajamos a diario e incansablemente para implementar acciones y políticas que la combatan efectivamente. Desde el ámbito electoral, la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) es, posiblemente, el mayor obstáculo al que se enfrentan las mujeres que participan en política para ejercer plenamente sus derechos político-electorales.
Si bien la VPG ha estado siempre presente, no fue sino hasta la reforma legal en materia de VPG, publicada el 13 de abril de 2020, que contamos con el marco legal necesario para prevenirla, atenderla, sancionarla, repararla y erradicarla. Esto significó un avance sustantivo para el fortalecimiento de nuestra democracia pues se estableció una definición de VPG, lo que ha permitido identificarla y visibilizarla, además se delimitaron los ámbitos de competencia de las autoridades y se señalaron de forma concisa las facultades de cada una en la materia, así como los procedimientos por medio de los cuales se atenderían las conductas denunciadas.
Desde el INE fue necesario que actualizáramos nuestra normativa interna para armonizarla con la reforma y que emitiéramos los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, Locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la VPG en los cuales señalamos las bases mínimas para que los partidos sean espacios libres de este tipo de violencia.
En estos lineamientos incluimos por primera vez el formato “3 de 3 contra la violencia” a través del cual las personas aspirantes a una candidatura tuvieron que firmar un formato de buena fe y, bajo protesta de decir verdad, señalando que no habían sido condenadas mediante sentencia o resolución firme por violencia familiar o doméstica; agresiones de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y que no eran deudoras alimentarias morosas. Con esta medida buscábamos elevar los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las personas que ocuparán cargos de elección popular, fortaleciendo con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia.
Sin embargo, aunque contamos con normas de vanguardia, uno de los retos más importantes es lograr que todas las personas que tienen contacto con estos casos implementen la perspectiva de género. Es necesario imponer sanciones ejemplares ante la comisión de conductas de este tipo, como sucedió en el caso de Iliatenco, Guerrero, en el que la Sala Superior (SUP-REC-1861/2021) ratificó la decisión de la Sala CDMX (SCM-JRC-225/2021) de anular la elección en donde se acreditó la pinta de 14 bardas con frases misóginas que constituían VPG. En esta ocasión, el mensaje fue contundente pues ha implicado un criterio histórico con el que se señala que la violencia no puede pasarse por alto en ningún contexto y la sanción impuesta cumple también la finalidad de inhibir conductas similares.
Si bien la VPG es un problema grave que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, es sólo una de las modalidades que afecta a las niñas y a las mujeres de todo el mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de violencia[1], lo cual nos habla de la gravedad del problema que enfrentamos y que tenemos que abatir desde nuestras trincheras.
Como autoridades electorales, nuestro compromiso es lograr que las mujeres que buscan un cargo de elección popular puedan participar en condiciones paritarias y en entornos libres de violencia y discriminación, pues eso repercutirá también en que cada vez más mujeres lleguen a estos puestos y desde ahí puedan promover los cambios sociales y culturales que se requieren, para así conseguir que el 25 de noviembre sea una fecha en la que se recuerde la violencia que alguna vez vivimos las mujeres como un hecho del pasado y no como un grave problema que aqueja nuestro presente.
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