VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA, RELATIVO AL PRIMER INFORME PARCIAL DE PLAN INTEGRAL Y CALENDARIO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2021-2022
Permítame intervenir brevemente en el mismo, agradeciendo en primera instancia su presentación.
Y, en segundo lugar, señalando, me importa subrayarlo, que este Instituto está cumpliendo con todo lo que está en su esfera de responsabilidades, como da cuenta este primer informe parcial, para la adecuada realización del proceso de revocación de mandato que eventualmente, si así lo desean las y los ciudadanos que le han perdido la confianza al Presidente y le solicitan la realización del mismo, pueda llevarse a buen puerto.
Como este informe da cuenta, este Instituto no solamente ha tomado las acciones pertinentes para que, dada la estrechez de tiempos establecida para ejercicios de esta naturaleza, si así lo desean las y los ciudadanos, todo esté puesto, todo esté realizado y concretado para que el mismo pueda realizarse debidamente.
Vale la pena señalar que las actividades que en este informe parcial se señalan, no solamente se han cumplido puntualmente, sino además, vale la pena señalar que, este Instituto ha venido realizando ya las erogaciones a partir de la generación de partidas presupuestales, con el presupuesto de 2021, que han sido necesarias y que son el resultado de una serie de economías derivadas de las medidas de austeridad que han sido instrumentadas para este año, pero también, de las mejores prácticas administrativas, vuelvo a insistir aquí como lo hice en la Cámara de las y los Diputados, en este Instituto el 70 por ciento de los gastos se realizan a partir de licitaciones, como lo aconsejan las mejores prácticas, hay otros ámbitos de la administración pública en donde las licitaciones solamente suponen o abarcan el 40 por ciento de los gastos, estas buenas prácticas han permitido generar suficiencias presupuestales para el ejercicio 2021 que le han permitido al Instituto Nacional Electoral, digamos, generar las difusiones presupuestales necesarias para estas actividades, que sin lugar a duda son preliminares.
Eso no obsta, insisto, que este Instituto no haya hecho o cumplido con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, de generar en el presupuesto de egresos para el año siguiente una serie de requisitos presupuestales que son indispensables para que esta autoridad pueda cumplir con el mandato constitucional en esta materia.
Es de todos ustedes sabido, y no me interesa a mí entrar ahora en este espacio en una polémica, creo que hay decisiones que se han tomado, decisiones con las que por supuesto no estoy de acuerdo, decisiones que ponen en riesgo, lo he dicho y lo sostengo, la realización de esta Revocación de Mandato si así lo decide la ciudadanía, por parte de la Cámara de Diputados, que es soberana por supuesto en la determinación de presupuesto, pero que también es, en consecuencia, responsable el órgano del estado, responsable de acuerdo con la Constitución, de generar las suficiencias presupuestales al resto de los órganos del Estado para que sus funciones constitucionales puedan llevarse a buen puerto.
Estamos en estos momentos, y me importa hacerlo público, del conocimiento público, trabajando en dos rutas como Instituto Nacional Electoral a propósito de la revocación de mandato, la primera es, haciendo un análisis que tendrá que traerse a este Consejo para que se realice las adecuaciones presupuestales, se apruebe el presupuesto ya a partir de los montos generados por, autorizados por la Cámara de Diputadas y Diputados para el próximo año, en donde tendrán también que hacerse los ajustes necesarios, y desde ahora lo digo con todas las letras, este Instituto hará todo lo que tiene que hacer para tratar de que el ejercicio de revocación de mandato llegue a buen puerto.
Lo que sí es cierto, es que el boquete presupuestal, que el recorte aplicado por la Cámara de Diputados es de tales dimensiones que es prácticamente hoy muy complicado a pesar de que haremos todos los esfuerzos, muy complicado de que pueda subsanarse o generarse los recursos a partir de lo aprobado, suficientes para que se puedan cumplir con lo que la propia legislatura, la actual legislatura, la Cámara de los Diputados y la Cámara de Senadores le impuso como obligación legal a este Instituto.
Es decir, este Instituto no tiene margen para poder pensar en ejercicio, en un ejercicio de revocación de mandatos con menos casillas de las que corresponde a una elección federal a menos que queramos violar la ley.
Es decir, la propia legislatura le colocó requisitos legales a este Instituto para la realización de una revocación de mandato que tienen un costo y que justamente fueron los que nutrieron la solicitud presupuestal que fue desatendida.
Hoy el Instituto está frente a un problema, pero desde aquí quiero decir que, por un lado, estamos haciendo todo lo que se pueda y reportaremos a este Consejo y tenemos este Consejo en su momento los ajustes que sean necesarios y que sean posibles sin poner en riesgo los demás servicios que se brinda a la ciudadanía.
Es decir, este Instituto no va a entrar en una lógica de ponderar lo que son derechos ciudadanos frente al ejercicio de Revocación de Mandato como, por ejemplo, el de la identificación que se proporciona a través de la Credencial Para Votar con Fotografía.
No vamos a poner en riesgo la fiscalización, no vamos a poner en riesgo el monitoreo de radio y televisión que, por cierto, merced de un convenio que tenemos suscrito con la Secretaría de Gobernación, le genera sustanciosos ahorros a esa instancia del Gobierno Federal.
No vamos a poner en riesgo, pues, las tareas sustantivas ni mucho menos los derechos laborales del personal del Instituto, visto una condición en la que fue colocado el Instituto por una instancia del Estado distinta.
La segunda ruta que estamos explorando es eventualmente el camino, las estrategias, las acciones jurídicas que tendremos que emprender para que, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia resuelva este diferendo, para llamarlo de alguna manera, esta disyuntiva en la que se ha colocado el Instituto Nacional Electoral y establezca con todas las letras si este Instituto por la escasez de recursos puede jurídicamente sin incurrir en responsabilidades violar lo que el Congreso estableció en la Ley de Revocación de Mandato y, en consecuencia, hacer un ejercicio con menos casillas o, en todo caso, establezca las decisiones correspondientes para que las instancias competentes sea la Cámara de Diputados o sea la Hacienda Pública, le genere a esta Institución los recursos necesarios para que pueda, como es menester y característica de la actuación de esta Institución, cumplirle a las y los ciudadanos.
En este momento, insisto, el INE está haciendo todo lo que puede, porque tiene un compromiso con la ciudadanía, aunque las decisiones que son ajenas a este Instituto, presupuestales tomadas por la Cámara de Diputados, ponen en riesgo el ejercicio mismo. Y esto tiene que quedar claro a las y los ciudadanos.
Si en algún momento la Revocación de Mandato está en entredicho, esto no es responsabilidad de esta Institución, sino de quien tiene la obligación de generarle a las instancias del Estado Mexicano los recursos suficientes para tal efecto.
Termino simple y sencillamente diciendo que más allá de este dilema, los trabajos de la revocación de mandato, como este informe parcial da cuenta, siguen adelante por parte de esta Institución hasta que esas circunstancias ajenas, en su momento, no las comprometa.
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