Hace más de un siglo, que la lucha por el sufragio femenino se empezó a gestar en México. En setenta años, nuestra democracia se ha visto nutrida por participación de electoras a nivel nacional y no obstante que desde 1922 Elvia Carrillo Puerto fue la primera congresista en Yucatán; para la gran mayoría de las mujeres, votar, ser votada y electas para ocupar cargos de representación y ejercicio de poder político, ha sido un derecho acotado e inclusive violentado.
Aunque la lucha por la ciudadanía plena de las mujeres tiene larga data, la democracia paritaria marca un hito con la Reforma Constitucional de 2019 que establece la «paridad de género» en todos los cargos de elección popular, nombramientos del poder ejecutivo federal, en órganos jurisdiccionales, y la definición de procedimientos para su cumplimiento a lo largo y ancho de nuestro país.
Esta reforma tiene gran relevancia no sólo en términos históricos, sino por las posibilidades político-prácticas que desencadenó. Sin embargo, una cosa es el mandato constitucional y otra lograr que se aplique de manera transversal.
Los resultados de las elecciones federales de junio de 2021, por primera vez en la historia de México arrojaron ambas Cámaras Legislativas paritarias: 250 mujeres y 250 hombres; inclusive algunos Congresos Locales tienen más mujeres que hombres, y las gubernaturas de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Tlaxcala y Guerrero, están a cargo de mujeres. Si extendemos el balance aún más, sólo el 25.6 % de los ayuntamientos disputados quedaron encabezados por mujeres. Cuentas sin duda dignas de regocijo. Pero no hay que perder de vista que estos resultados no fueron por el mandato en sí mismo de nuestra valiosa Carta Magna. El Instituto Nacional Electoral (INE) desde el ámbito de sus responsabilidades y en congruencia con sus atribuciones, ha dispuesto una serie de acciones para atajar viejos obstáculos que buscan simular, evadir o violentar el derecho constitucional a ejercer la paridad.
Uno de estos obstáculos ha sido la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG). Noción que resume una terrible realidad que ha plagado la trayectoria de mujeres militantes, candidatas, representantes o titulares en instancias de los poderes en todos los ámbitos y órdenes, e inclusive la de sus vidas y familias. Una realidad de prevalencia es histórica y profundamente arraigada en la cultura política, dado su carácter multidimensional y estructural. De ahí la complejidad para su cabal identificación, atención y sanción.
A partir de las reformas legislativas en esta materia publicadas el 13 de abril de 2020, el Consejo General del INE aprobó una serie de mecanismos y acciones para prevenir, atender y sancionar la VPMG, algunas a destacar en este breve espacio son: la emisión de lineamientos para la aplicación de la paridad constitucional por parte de todos los actores a nivel nacional, como la obligación de los partidos políticos de destinar por lo menos el 40% del financiamiento público para sus candidatas y campañas, lo mismo para los tiempos de radio y televisión; monitorear la erradicación de estereotipos en las mismas (del cual este año se tendrán los primeros resultados); promover la identificación y la magnitud, como lo arrojó el Informe de la Red de Candidatas, de las conductas que violentan a las mujeres en esferas de participación política ; la cultura de la denuncia y la implementación de Protocolos para la denuncia y oportuna atención a víctimas; las sanciones y registros de personas reincidentes.
No podemos omitir la mención a la Sentencia Histórica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitiendo la nulidad de elección en el municipio de Iliatenco, Guerrero por violencia contra la candidata a la presidencia municipal.
Arropar la democracia paritaria y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género es objetivo clave de todas las instituciones del Estado Mexicano, y lograrlo depende de la confluencia entre partidos, poderes, instituciones y sociedad. Emitir leyes, sanciones y monitoreos; quedarnos en las cuentas alegres, y dar por sentado «ya la alcanzamos», numéricamente es insuficiente hasta lograr paridad sustantiva. Desde el INE, estaremos alertas velando -como si fuera la única fogata en medio del bosque invernal- para que cada conquista sea ejercida por las generaciones actuales y venideras.
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