VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), UUC-KIB ESPADAS ANCONA, EN EL PANEL: EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO FRENTE A LOS DILEMAS ACTUALES, EN EL MARCO DEL XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: COALICIONES ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA
Muchas gracias.
Bueno, no puedo evitar robarme un par de minutos, primero que nada, para agradecer especialmente a la doctora Gómez Tagle la invitación para participar en esta mesa-panel.
Tampoco puedo dejar de expresar mi frustración porque siendo este congreso en Chetumal formalmente, ciudad en la que participé intensamente en la vida política durante algunos años y que jugó un papel muy importante en mi formación, y bueno, resulta contradictorio y frustrante, reitero, estar tan cerca y tan lejos otra vez de esa ciudad tan cara para mí.
Bien, el tema para el que se nos convoca me parece no sólo pertinente, sino crucial; es decir, más allá de lo amplio que pueden plantearse los dilemas del sistema electoral en el México contemporáneo, lo cierto es que hay elementos sumamente importantes de relevancia estructural e histórica que se vinculan a esto.
Empezaría yo repitiendo algo que dije hace algunas semanas y que no se tomó muy en serio porque lo dije en broma, lo bueno de decir en broma, pero es en serio, muchos de los problemas de funcionamiento del sistema electoral y del sistema político que vivimos son culpa de Fox.
Y, esto es muy concreto, durante ese sexenio que se presenta la oportunidad, hasta el momento única en el desarrollo democrático del país, de tener una transición a la democracia que formalizara a través de un nuevo régimen político, lo cual implicaba necesariamente cambios de mucho fondo en la Constitución.
El Presidente Fox decide que esto no es así, que él no está ahí para transformar el sistema político, sino para utilizarlo como está para hacer un buen gobierno, la decisión queda saldada con la designación de Porfirio Muñoz Ledo como Embajador en la Unión Europea, con lo cual queda excluido de la tarea que se le había encomendado desde el equipo de transición del Presidente de desarrollar el debate y, posteriormente, las propuestas de cambios legislativos para concretar la transición mexicana en un nuevo texto constitucional como ha ocurrido en la inmensa mayoría de las transiciones de cómo ocurren, de la inmensa mayoría de las transiciones democráticas de la segunda mitad del siglo XX.
Esto significa que nuestro sistema electoral, que es un sistema que se ha fraguado con lentitud, con mucha consistencia también, a lo largo de su última etapa, algo más de 30 años, es un sistema que forma parte de un sistema político que en sus reglas fundamentales es el mismo sistema político que fraguó en la década de los años treinta desde el siglo pasado.
Esto no es un asunto menor, la prescripción de que el régimen político y el sistema electoral de una democracia plural puede regirse por las mismas bases estructurales que el sistema del partido de Estado, me parece que no sólo es demasiado pedir, sino que, en un análisis puntual se demuestra falso.
Aparejado a esta ausencia de una transición plasmada en la Constitución y cuyas implicaciones en el sistema político van mucho más allá de los electoral, en lo electoral tenemos también una pérdida teleológica; es decir, desde 1979, en realidad en el 77 y hasta el año 2000 fue creciendo un consenso social que llegó a ser amplísimo en relación con las necesidades de ciertas condiciones para el sistema electoral, todas las cuales se traducían en la exigencia de tener elecciones libres y auténticas y que, uno de sus síntomas tendría que ser, en algún momento, que el entonces partido de Estado pudiera perder cualquiera de las elecciones a las que se sometiera.
Esto ocurre en el año 2000 y, de manera casi automática una lucha social de consenso que reunió a muy disímbolas fuerzas políticas pierde el objetivo; es decir, una vez conquistada la meta no hay una meta clara al frente y, en consecuencia, el consenso se disuelve y comenzamos a asistir no sólo a una amplia diversidad de propuestas, lo cual por sí mismo podría ser muy positivo, sino a propuestas internamente contradictorias, inconsistentes, con una propuesta general más amplia para la transición democrática del país y que, poco a poco van perdiendo un horizonte que durante décadas fue muy amplio y se va reduciendo su expectativa temporal cada vez más hasta alcanzar una situación como la que hoy vivimos en la que lo fundamental en las disputas electorales es rigurosamente la próxima elección con muy poca atención a las características del sistema político a los efectos que cada proceso coyuntural tiene en la transformación del país y del sistema político y del sistema electoral en el largo plazo.
De forma tal, que las transformaciones que se han venido impulsando que, en todo caso no han tocado muchas de las bases estructures del sistema, son inconsistentes ante sí mismas, cambian de un momento a otro y los diversos actores políticos entran en severas contradicciones con lo que se han planteado, lo cual, ya sería suficientemente malo.
El problema no es nada más ese, que los actores políticos se contradigan, sino que la realidad es que, como nación hoy no tenemos una ruta de transformación democrática ni consensuada ni prevista para el largo plazo y, en consecuencia, los problemas que se presentan se van acumulando materialmente como un muégano sin que ni las soluciones, ni la perspectiva política de largo plazo sea satisfactoria en términos del desarrollo democrático del país.
Quiero plantear, porque, bueno, como siempre el tiempo vuela, algunos puntos que el día de hoy me parecen especialmente graves y que tendrían que ser discutidos a futuro, es decir, en condiciones en las que como nunca la ciudadanía pude incidir en la vida política, en que, a diferencia de lo que pasaba antes de la transición, perdón, antes de la alternancia y que ya comienza a ser como hablar de historia antigua, hoy el Estado no tiene la posibilidad de reprimir a la diversidad de fuerzas políticas y voces ciudadanas que participan en este contexto, la paradoja de esto es que el debate ha reducido su alcance temporal y estructural y que, en conjunto, la vida política del país parece estar cada vez más sujeta a las condiciones de cada coyuntura política y no a una perspectiva de diseño institucional en el largo plazo.
Veo con particular preocupación la pérdida del derecho a votar como el punto central del sistema electoral, es decir, en esta democracia difícil que construimos los mexicanos de tres generaciones para que los votos contaran y se contaran, el derecho de que el voto de cada quien, que cada persona tuviera un voto realmente efectivo, que era lo que movilizaba políticamente, primero, institucionalmente, paralelamente al desarrollarse la vida partidista hacia un sistema en el que este derecho, inexistente en la práctica en el momento de iniciar este proceso de transformación, a partir de la reforma política de 1977 y bueno, ahora, que este derecho fuera el eje del sistema electoral. Ha dejado de serlo.
El voto libre se toma como una premisa dada y a partir de ello se construyen otros elementos y otros instrumentos de nuestro sistema electoral, sin embargo, me parece que en el día a día podemos apreciar que el peso funcional del voto libre se ha ido reduciendo. Un ejemplo clarísimo de esto y de muy especial relevancia lo encontramos en la Representación Proporcional.
El debate sobre la Representación Proporcional se ha degradado terriblemente en el país, de forma tal que, si a mediados de los años ochenta eran pocos los participantes en la vida pública, incluyendo informadores que no tuvieran una noción aproximada de cómo funcionaba la Representación Proporcional y que, desde luego, tuvieran como evidencia que quienes son electos por Representación Proporcional son electos, es decir, detrás de cada diputada de Representación Proporcional hay votos; estadísticamente tres veces más votos que por quienes ganan en Mayoría Relativa.
Esta idea se ha perdido, entre otras cosas, por la fusión de las dos boletas, es decir, si hasta 1985 la gente no debatía si se votaba por Representación Proporcional, porque materialmente había una boleta en la cual sufragar, el día de hoy que esta creencia, esta noción que no se sustenta ni en el derecho ni en la realidad concreta de que los diputados de Representación Proporcional no son votados, se ha extendido de manera gravísima, no nada más hasta ciertos personajes, incluso han hecho peticiones formales ante el Congreso de desaparecerlos, sino que ha subido la escala política hasta llegar a la Presidencia de la República en al menos tres sexenios y lo que es mucho peor, es una concepción que de alguna manera ha permeado en el aparato electoral mismo y hasta, aunque en menor medida todavía, en la academia.
Es decir, en los procesos electorales no se ve el centro de los procesos electorales el día de hoy, no son las personas que ejercen su derecho a votar, sino la disputa entre actores políticos. Esto a mí me parece sumamente grave.
La democracia, la mexicana o cualquier otra tiene que tener su foco, sin lugar a dudas, en el derecho de la ciudadanía a darse representación, todo lo demás que no deja de ser importante es, sin lugar a dudas, accesorio a esta característica.
Y esto ha tenido efectos no nada más en propuestas de tres Presidentes de la República, de desaparecer la vía de la Representación Proporcional que, en números concretos es la más representativa de los ciudadanos, la Representación Proporcional, por ejemplo, lleva al Congreso la voz del 60 por ciento de los ciudadanos que, consistentemente pierden la votación en su propio distrito.
Esta descentralización ha tenido también efecto en el desempeño de las autoridades electorales, muy especialmente en el desempeño del Tribunal, en este sentido, me parece que el último proceso electoral que a muchísimos de mis colegas entusiasmó en alta medida y lo han declarado urbe e orbe, como la elección más inclusiva que este país ha tenido, me parece que refleja el abandono del foco de las elecciones en el voto del ciudadano para ponerlo en la disputa entre los políticos y, adicionalmente, con un profundo desprecio a la capacidad de la ciudadanía de darse su propia representación
Esto tuvo, en el proceso anterior, momentos extraordinariamente críticos que no comentaré ahora por falta de tiempo, pero que me parece que en su conjunto sí reflejan este abandono, es decir, a la hora de juzgar lo que pasa en las elecciones, el derecho de quienes votan es una consideración secundaria y la consideración central se tiene justamente en qué merecen aquellos que disputan las candidaturas y los espacios de poder.
En este sentido también podemos observar como el antipartidismo, que es un fenómeno que siempre ha existido en nuestro país, es un fenómeno que crece, que se consolida con un cierto estado de normalidad en el nuevo sentido común mexicano, es decir, la idea distinta pero no clara de que los partidos políticos son organizaciones de gentes que quieren rapiñarse el poder público, y que, en consecuencia, pues, la ciudadanía tiene que ser naturalmente escéptica de eso.
Algunos procesos y creencias enteras se han fundado en esto y el paso de los años ha mostrado su enorme contradicción, por ejemplo: las candidaturas independientes.
La idea básica de que los partidos no son una legítima expresión ciudadana, sino que, por el contrario, mediatizan esa expresión ciudadana, llevó a la idea de los candidatos ciudadanos, arrastrando algunos de los viejos problemas del sistema político que no han sido superados en esta transición detenida.
Vamos a ver.
De acuerdo con las viejas concepciones de la Revolución Mexicana, o de la Post Revolución Mexicana, el voto por sí mismo, no era el valor preminente de la decisión popular; esto se concretó primero en la formación de un partido hegemónico, que convertido más o menos de manera simultánea –no es exacto esto, pero temporalmente se parece- en un partido de Estado.
Esta idea se ha mantenido ochenta años después, y es una parte estructural del sistema político y del rechazo al ciudadano como centro de la democracia. Qué quiere decir esto: En nuestro sistema político el Estado tiene que autorizar a los contendientes electorales, y es una autorización difícil, es una autorización que exige demostrar que se tiene una estructura territorial muy amplia –en 20 estados o 200 distritos-, de forma tal que, frente al estado mexicano, lo que el voto pueda decir está previamente condicionado porque los contendientes garanticen que tienen una estructura semejante a la del PNR, es decir, la legitimidad para ser votado, no deriva en última instancia lo que decida el electorado, sino que se acredite una presencia orgánica, una estructura orgánica, que de acuerdo con los códigos post revolucionarios es lo que da la legitimidad de la verdadera representación del pueblo, y ya acreditada la organicidad, entonces los ciudadanos se pueden someter a votación.
Esto entra en evidente contradicción con el antipartidismo que se ha venido desarrollando con más intensidad después de la alternancia que antes, y surge la propuesta de los candidatos independientes que al final se establecen en la ley con el mismo criterio callista para permitir su participación.
Un candidato independiente no puede participar por que quiera participar y porque corresponda a la ciudadanía decidir si ocupa un espacio dentro del poder del Estado o no; un candidato independiente puede participar porque tiene la capacidad orgánica de recabar, si estamos hablando de la Presidencia de la República, cerca de un millón de firmas. Por cierto, si luego las falsifica y esto se demuestra, la autoridad electoral, el Tribunal en este caso, va a decir –que eso no importa-, porque lo importante es que haya competencia contra los partidos políticos; que no tenga el sustento ciudadano que dice la ley, que se hay violado la ley, esto es irrelevante “denle por favor registro a estos candidatos”
¿Pero qué ocurre? ocurre lo que el sentido común nos dictaría. ¿quién puede recoger un millón de firmas en el país? Pues quien haya participado mucho tiempo en la política ¿y quiénes han participado mucho tiempo en la política? Pues los miembros de los partidos políticos. De forma tal que, para efectos de las candidaturas independientes del 2018, los dos candidatos que logran la candidatura, no solo la logran falsificando firmas, sino que además son dos militantes de décadas de partidos políticos.
Entonces esto genera un juego de mascaradas en los que por un lado hay un rechazo formal a los partidos políticos, y por el otro lado la estructura impuesta por la ley y por la constitución, sigue fortaleciendo una dinámica de partidos políticos, no de partidos políticos contemporáneos, sometidos como criterio principalísimo a la gestación social manifestada en el voto, si no con el enorme filtro de ser previamente, demostrar previamente, que se dispone de una base estructural –otra vez-, en el mismo modelo del Partido Nacional Revolucionario. Es decir, cuando yo digo que estamos manejando el México Post Alternancia con reglas estructurales que vienen del pasado, no lo hago ni abstracto, me refiero a elementos particulares importantísimos del sistema político que no se han transformado.
El registro electoral en las condiciones actuales, que en la democracia mexicana se tenga que tener autorización del estado para disputar el voto popular, y que esta autorización sea muy difícil de obtener, y que solo se pueda solicitar cada seis años, son criterios que me parecen extraordinariamente incompatibles con una democracia abierta y plural como en la que, en mi opinión, tendría que seguirse fraguando en México.
Esto es uno de los elementos en donde me parece, después de la Representación Proporcional, que el peso del voto, es decir, lo que el voto de la ciudadanía importa en los procesos electorales, tiene hoy un lugar que ocupar.
A esto hay que agregar esta intrusión materialmente disruptiva de la vida de los partidos por parte de la autoridad electoral, que alcanzó dos momentos culminantes en el proceso de las elecciones federales del 6 de junio.
El primero, cuando el Tribunal Electoral no sólo ordena el establecimiento de candidaturas de residentes en el extranjero, que no están previstas en la Constitución, sino que, ejerciendo su facultad de control constitucional de una manera muy extraña, no sólo ordena una acción afirmativa para este tipo de candidaturas, sino que le ordena a la soberanía nacional corregir la Constitución en función de sus criterios.
¡Hombre!, yo sé que el Derecho ha cambiado mucho desde que estudié el librito de “Introducción al Derecho Positivo Mexicano” en 1982, pero me parece que no corresponde a un tribunal de control constitucional dictarle al constituyente permanente lo que la Constitución debe decir.
El otro gran momento es cuando después de la elección el Tribunal decide que lo votado por la gente puede estar equivocado y que corresponde al Tribunal corregir los errores de votación. En consecuencia, se retira una diputación a un candidato votado y se le asigna a una candidata no votada.
A ver, yo no discuto el principio de paridad de género a estas alturas, pero me parece que tampoco es discutible el dictado de las urnas. La voz en última instancia de la ciudadanía. Y que, en tanto que el Instituto Electoral estableció una enorme cantidad de condiciones para garantizar la paridad en la competencia, decidir que una composición de 252 varones y 248 mujeres: Uno, no era paritaria. Y dos, que como la gente había votado de manera equivocada correspondía a cuatro de siete notables corregir el sentido de que la ciudadanía se equivocó, pues me parece que, por un lado, es un exceso de autoridad, sin lugar a dudas, pero me parece que pone otra vez en el centro de debate lo que mencionaba yo.
Es decir, se ha perdido de vista que el centro de cualquier elección es el derecho de quienes votan a darse representación. En consecuencia, que la voluntad popular es un dictado, no una propuesta sometida a la mejor consideración de nadie.
Este conjunto de factores, al día de hoy, hacen que sea, vamos, que la guía del debate electoral se haya desprendido de lo que en mi opinión tiene que volver a ser su eje central, independientemente de esto enfrentamos, estrictamente no de manera totalmente independiente, pero no tan cercana.
Enfrentamos otro severo dilema en el sistema electoral, y con esto cierro mi intervención, y es el de la fantasía modernista.
Hay una noción cultivada y, a ver, es que yo he sido crítico del neoliberalismo desde 1982, entonces, espero que cuando asumo críticas al neoliberalismo no se suponga que estoy haciendo eco de ninguna figura política notable el día de hoy.
Pero lo cierto es que una de las cosas que trajo el neoliberalismo en su paquete es una idea de modernidad, una idea de modernidad muy semejante a la del Siglo XIX.
Si en el Siglo XIX la modernidad eran máquinas que echaran humo, generaran calor, y para cuya instalación hubiera que desbrozar bosques, en el Siglo XXI la noción de modernidad son aparatos que consuman electricidad, tengan hartos chips y muchos foquitos, y que es una meta humana avanzar al uso de foquitos.
Y esto a mí me preocupa brutalmente, y otra vez, en relación a los derechos de los electores, cuando por ejemplo se plantea en los más altos niveles del aparato electoral que es ineludible transitar al voto por internet para que cada quien pueda votar en la comodidad de su hogar.
He discutido esto con 20 personas distintas y mi pregunta es la misma, y sigue sin ser respondida. Suponiendo que los sistemas digitales fueran inviolables, nadie puede violar el sistema digital, ¿Cómo puede el sistema electoral mexicano garantizar la secrecía del voto si se vota por internet?
¿Cómo podemos garantizar que cuando el sindicalizado ejerce su derecho a votar no lo esté viendo el líder sindical? Que cuando el empleado ejerce su personalísimo derecho a votar desde su celular no esté siendo vigilado por el empresario que le da empleo.
Que el marido no vigile cómo vota la esposa, que el padre no vigile cómo vota el hijo, y la más importante, que el organizador de la operación tamal no pueda garantizar que a cambio de cada tamal efectivamente se produce un voto por el partido de su preferencia.
Es verdad que el modelo de urnas no garantiza al 100 por ciento la secrecía del voto. Hay quienes se han visto obligados a enviar fotos por celular, etcétera.
Pero quienes hemos vivido décadas en este proceso también hemos sido testigos de enormes acarreos de electores que a la hora de llegar a la urna votan por el partido que quieren y no por el partido por el que se les exige votar.
Establecer el voto por Internet en este país es simple y sencillamente anular el derecho básico al voto secreto, y yo por muy moderno, por muchos foquitos y muchos transistores que ilustren la modernidad del voto por internet sigo pensando que es más moderno un sistema que mejor garantiza el derecho de que cada persona acuda a la urna a votar en plena libertad.
Dejo ahí muy brevemente lo que yo considero los grandes dilemas del sistema electoral mexicano, y algunos de los problemas concretos que en mi opinión derivan de ello.
Muchas gracias.
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