VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), NORMA DE LA CRUZ MAGAÑA, EN EL PRIMER FORO REGIONAL SOBRE RESULTADOS, BUENAS PRÁCTICAS Y PROSPECTIVA DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021
Muchas gracias, buenos días.
Primero saludo con afecto a la maestra María de los Ángeles Lozano Mac Donald, Directora General de Política Criminal y Vinculación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República; así como al licenciado Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del estado de Nuevo León y Presidente de la Asociación Nacional de Fiscalías Electorales.
Saludo también a todas las personas que nos acompañan de forma presencial a este evento y a quienes lo hacen también de manera virtual a través de las plataformas por las que se transmite este foro.
En representación del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, quiero manifestar nuestro beneplácito por la realización de este “Primer Foro Regional Sobre Resultados, Buenas Prácticas y Prospectivas en las Acciones de Prevención y Atención a la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género Durante el Proceso Electoral 2020-2021”, de la mano de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR.
Y, en ese sentido, quiero agradecer a las áreas técnicas de ambas instituciones por coordinar y hacer posible la realización de este evento. En el caso de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación y, por parte del Instituto Nacional Electoral, por supuesto, a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
De igual forma queremos reconocer a todas las personas participantes en este Foro Regional y gracias por sumar aportes, ideas a este espacio colectivo a través de las mesas de trabajo previstas para el día de hoy.
El Foro de este día se realiza en un momento propicio, en términos de poder revisar, reflexionar y analizar todas aquellas medidas y acciones que las instituciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal, implementamos en el reciente proceso electoral de 2020-2021 tendentes a prevenir, atender y sancionar de manera efectiva la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Con ello, con el propósito de identificar tanto las buenas prácticas, que es necesario fortalecer, así como las áreas de oportunidad que requieren mejoras sustantivas desde una mirada de prospectiva hacia los próximos procesos electorales.
En este tenor, el ejercicio de diálogo y análisis colectivo al que nos convoca este Foro, que será el primero de varios, me parece que debemos inscribirlo con toda claridad en el marco de las reformas legislativas del 13 de abril del 2020, que impactaron a ocho leyes fundamentales en materia, no sólo político-electoral, sino de forma integral en el ejercicio del servicio público en México.
Así, la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se definió y reconoció a la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercido dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar tanto el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherente a su cargo, labor o actividad y, también, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y el ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o a cargos públicos del mismo tipo.
Mientras que, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, esta modalidad de violencia contra las mujeres se reconoció como delito autónomo, cuyas sanciones prevén agravantes cuando las conductas sean realizadas por el funcionariado público o partidista, aspirantes y personas candidatas o cuando dichas conductas se cometan contra mujeres indígenas.
La vigencia de este nuevo marco normativo motivó que en el proceso electoral 2020-2021 se aplicaran por primera vez diversas medidas para buscar asegurar no sólo que las mujeres pudieran participar en el terreno político-electoral en condiciones de igualdad, sino que lo hicieran con la garantía de que su participación debería ser libre de cualquier hecho de violencia y que, en caso de sufrir alguna agresión u ofensa, contarían con vías directas y expeditas para denunciar, ya fuese por la vía administrativa o jurisdiccional, electoral, penal o de responsabilidad administrativa.
Bajo este contexto, las instituciones implementamos, todas en el ámbito de nuestras atribuciones, medidas inmediatas para estar en posibilidad de aplicar los diversos mandatos en materia de prevención, atención y, en su caso, sanción de expresiones en materia de violencia política en razón de género.
En el caso del Instituto Nacional Electoral creamos y reformamos varias normas internas y aprobamos una serie de acuerdos y lineamientos orientados a prevenir y atender de forma efectiva situaciones de violencia política contra las mujeres, entre los que se encuentran el Reglamento de Quejas y Denuncias en la Materia; los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres; así como los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Locales Prevengan, Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
La aplicación de estos y otros mecanismos normativos en el proceso electoral reciente trajo consigo múltiples desafíos que es importante, ahora, analizar para su cabal comprensión, así como potenciar los alcances y resultados de las medidas identificadas como buenas prácticas en los próximos procesos electorales, ello, bajo la convicción de que la violencia política contra las mujeres es una problemática que atenta contra la calidad de la democracia porque desincentiva e inhibe la participación, ingreso y permanencia en la toma de decisiones de las mujeres en la esfera político electoral, impidiendo el cabal ejercicio de la igualdad sustantiva, constituyéndose así como uno de los principales obstáculos, quizás e principal, para garantizar una democracia paritaria en el ejercicio del poder público en el país.
El carácter histórico, estructural, multidimensional e incluso simbólico, profundamente arraigado en la cultura política que distingue a esta modalidad de violencia contra las mujeres motiva la necesidad de articular los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado Mexicano para trabajar en estrecha vinculación y coordinación.
Por ello, celebramos la realización de este Primer Foro Regional como un espacio de diálogo, que nos permita revisar, conversar, analizar desde distintas miradas, las acciones realizadas, los logros, los obstáculos y los desafíos que identificamos en el ámbito de la prevención, atención y sanción a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
El proceso electoral reciente nos deja con la certeza de que la discusión, las ideas compartidas y conclusiones de los trabajos del día de hoy abonarán a la hoja de ruta que nos permita fortalecer las capacidades institucionales en la atención de todas aquellas conductas que atentan contra el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y que, por ende, violentan el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia.
Enhorabuena por este foro y el mayor de los éxitos a todas las mesas de trabajo.
Muchas gracias.
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