VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2022
Calcular el monto del financiamiento público que deben recibir los partidos políticos es un mandato constitucional que el Instituto Nacional Electoral debe realizar año con año.
Para 2022, al aplicar la fórmula dispuesta en el artículo 41 constitucional, que ya señalaba la Consejera Zavala, el monto total de prerrogativas que se distribuirá a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias asciende a cinco mil 821.8 millones de pesos.
Cabe subrayar que la distribución por partido político, también conforme a los porcentajes establecidos en la Constitución, se hará una vez que el Tribunal resuelva las impugnaciones respectivas, y se determine qué institutos políticos se mantendrán en el sistema de partidos para el próximo año. De hecho, en el siguiente punto del orden del día de esta sesión implica el informe de las acciones preventivas que se han realizado, en relación con los tres partidos que están en riesgo de perder su registro.
Como ustedes saben, dicho monto y la forma de calcularlo no admite debate o negociación alguna, ni para esta autoridad electoral ni para la Cámara de Diputados, aunque ésta tenga la facultad exclusiva para determinar el presupuesto anual de la federación. Ello, en tanto como se ha apenas explicado, la Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella, y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral.
En tal sentido permítanme hacer una reflexión sobre la importancia del financiamiento público en nuestro sistema democrático, especialmente ante las reiteradas menciones que se han realizado en tiempos recientes sobre el inicio de una eventual reforma electoral.
Desde la reforma política de 1977 y, particularmente en las de 1996 y 2007, se estableció en sus líneas generales y el modelo de financiamiento público a los partidos políticos, y el mismo, ha constituido a lo largo de este tiempo, una columna vertebral del sistema de partidos en nuestro país y el fundamento de la equidad en la competencia y de la recreación del intenso pluralismo que caracteriza nuestra sociedad.
Paralelamente, las reformas electorales apostaron a transparentar la forma en la que se ingresan y se gastan los recursos de los partidos políticos a partir de una fiscalización cada vez más robusta y exhaustiva.
En la reforma de 1996, que ya mencionaba, en la que se configuró con mayor claridad el modelo de financiación a la política, y que estableció en términos generales los grandes ejes que todavía rigen dicho modelo, se establecieron tres características de gran centralidad para la competencia democrática:
Primera, que se transparente el dinero que recibirá cada partido político para los gastos ordinarios y de campaña, mediante una fórmula clara y conocida, una fórmula, repito, intocable para este órgano electoral debido a que está establecida en la Constitución.
Segundo, determinar anticipadamente los límites individuales y totales del financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos.
Y, tercero, clarificar de antemano las fuentes de dinero lícito en las contiendas.
Aunque estos tres rasgos están vigentes en nuestra democracia, es un hecho que las reformas electorales sucesivas a la que mencione, la de 2007-2008 y la de 2014, sí impactaron en la fórmula para calcular el financiamiento público de los partidos.
La reforma de 2007-2008 simplificó la fórmula y estableció los parámetros actuales. Repito y esto es importante reiterarlo una y otra vez, no es un monto que el INE arbitrariamente define, el INE es solamente un aplicador de una fórmula pactada, establecida, instituida desde la Constitución.
Y la reforma de 2014 sentó las bases para que ese monto de financiamiento se replicara en las 32 entidades federativas; ninguna de esas reformas, hay que decirlo, se planteó disminuir tales prerrogativas. Por el contrario, diversos académicos y especialistas han señalado que las mismas propiciaron que se incrementara y casi se duplicara el dinero público que se entrega a los partidos políticos año con año, a través del financiamiento local que se incrementó en 2014 de manera consistente.
Por eso es pertinente que se propicie un debate nacional sobre el financiamiento a la política, constructivo, con altura de miras con visión de Estado. Un debate sobre el modelo de financiamiento de la política exento de revanchas, de filias y fobias y de mentiras que contaminan y distorsionan la conversación pública.
Es claro que la situación económica que atraviesa nuestro país, que la ha atravesado en los últimos años, no ha sido el mejor contexto para un debate serio sobre el modelo de financiación a la política;(desde los terremotos de 2017 y ahora con los profundos efectos económicos y sociales de la pandemia), no ha sido el mejor contexto para un debate serio sobre el modelo de financiación de la política.
Sin embargo, desde mi perspectiva, hay suficiente evidencia histórica para nutrir desde ahora ese debate; evidencia que, por ejemplo, acredita que el modelo vigente de financiamiento de las elecciones ha contenido el que los intereses particulares, que inevitablemente gravitan detrás del dinero privado, se impongan sobre el interés general que caracteriza a la autonomía que propicia los recursos públicos.
En ese sentido hay evidencia sobre, al menos tres efectos benéficos del financiamiento público para la convivencia democrática en nuestro país:
Uno, el modelo mixto de financiamiento ha permitido que las contiendas federales y locales, todos los políticos, sin importar su orientación ideológica, puedan ganar y perder en las urnas.
Segundo, la experiencia de los últimos siete años ha dejado una gran lección: el dinero, si bien se dice es indispensable para la política y las campañas, no es un determinante del triunfo en las urnas. En México no gana el que gasta más, sino el candidato o candidata que conecta mejor con la ciudadanía.
Y tercero, el financiamiento público es una forma de reconocer la importancia de que minorías y mayorías participen en la competencia electoral y en las decisiones legislativas con equidad.
Los datos anteriores de ninguna manera implican que el modelo de financiamiento no deba someterse a un análisis profundo y menos aún que no deban actualizarse las variables para su cálculo, e incluso, racionalizar su monto
Con esos datos lo que quiero subrayar es la importancia de que, si se da ese debate aislado o como parte de una reforma electoral mal planeada, las prerrogativas de los partidos políticos adolecerían en su definición y visión de futuro, un análisis integral.
No se trata, en ese sentido, me parece, de acordar únicamente una cifra o un porcentaje para disminuir el monto de los recursos públicos que reciben los partidos políticos cada año. Se trata de revisar, integralmente las modalidades de ese modelo de financiamiento y el impacto que eventualmente tendrían las eventuales modificaciones en la calidad y la equidad de las elecciones, en la convivencia democrática, en el pluralismo político y en la rendición de cuentas.
De llevarse a cabo en las próximas semanas o meses una reforma electoral, es importante definir los objetivos: qué se quiere modificar y para qué se quiere modificar.
Para que una eventual reforma llegue a buen puerto es indispensable que se dé un debate informado, objetivo, con datos, con altitud de miras, apuntando a mejorar nuestro sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Una reforma hecha a partir de objetivos de parte o de partido con base en filias y fobias a partir de rencores o enconos personales o de partido está condenada al fracaso y hacer inevitablemente regresiva.
Avancemos, pues, en una lógica de consolidar nuestra democracia, nuestro pluralismo político, la diversidad y la inclusión que son base en la fortaleza de lo que hemos construido a lo largo de décadas.
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