A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo el pasado domingo 1 de agosto la primera Consulta Popular a nivel federal, el proceso electoral federal y locales 2020-2021 no han concluido por múltiples razones, entre las que apunto dos. La revisión de la fiscalización por parte de la autoridad electoral que, con la reforma constitucional de 2014 tiene a su cargo la revisión de los ingresos y egresos de partidos políticos, candidatos y candidatas de los procesos electorales federales y locales que ahora toca a las autoridades jurisdiccionales electorales resolver las apelaciones en esta materia. Y, por otra parte, los diversos medios de impugnación interpuestos ante diversas instancias jurisdiccionales que sus resoluciones impactan en la administración electoral.
Justamente en este contexto el INE ha comenzado a analizar y plantear los retos para llevar a cabo otro ejercicio de participación ciudadana a través de la figura de revocación de mandato que, eventualmente, se llevaría a cabo en el primer trimestre del año que entra, pero cuya organización debe comenzar en este año. Asimismo, está inmerso en la planeación estratégica y presupuestal para el año 2022 en donde, de nueva cuenta habrá elecciones en diversas entidades federativas e, incluso, podría haber alguna consulta popular.
Si bien en cada entidad federativa hay un Organismo Público Local Electoral (OPLE) responsable de la organización y desarrollo del proceso electoral local, el INE interviene, por mandato legal, en la generación de diversos insumos que buscan unificar criterios y normas para mejor proveer las elecciones en nuestro país.
En este sentido, el INE conformó su plan integral y los calendarios de coordinación con los OPLE que son los instrumentos por medio de los cuales se establecen de manera conjunta una serie de actividades para el buen desarrollo de las elecciones que se llevarán a cabo en 6 entidades federativas que tendrán elecciones el año que entra.
El domingo 5 de junio de 2022 se estarán renovando un total de 436 cargos de elección popular, destacando que en los Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se estará renovando la titularidad del Poder Ejecutivo local, además, con excepción de los estados de Hidalgo y Quintana Roo, sus connacionales podrán votar desde el exterior por la gubernatura de la entidad; en Durango además, habrá elecciones para la renovación de 39 ayuntamientos (39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías), y en Quintana Roo habrá elecciones para la renovación de su Congreso local compuesto de 25 diputaciones, 15 electas por mayoría relativa y 10 por la vía de la representación proporcional.
Ahora bien, independientemente de las facultades legales de los OPLE en estas elecciones locales, el INE tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: desarrollar los esquemas de la capacitación electoral; determinar la geografía electoral, es decir, la delimitación de los distritos electorales locales; la conformación tanto del padrón como del listado nominal de electores; la ubicación de las casillas electorales, así como la designación de los funcionarios y funcionarias que las atenderán en la jornada electoral respectiva; la emisión de diversos insumos normativos como criterios y lineamientos para la conformación de los programas de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, la fiscalización de los recursos de todas las campañas, la garantía del cumplimiento del principio constitucional de paridad total, entre otros.
De igual manera y, por si fuera poco, el INE se encuentra integrando, con base en una metodología, un proceso de redistritación federal considerando los resultados obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del INEGI correspondientes al año 2020, con lo que seguramente el marco geográfico cambiará respecto a la geografía electoral utilizada en la elección de 2018.
Todos estos procesos son los que enmarcan el rumbo del INE en la construcción y consolidación de nuestro sistema democrático con el único objetivo de que las elecciones sean un referente de certeza, legalidad y participación ciudadana en los procesos electorales tanto federales como locales de nuestro país.
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