VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ MORA, EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL PRIMER FORO: PARTICIPAR Y VOTAR EN IGUALDAD
Qué tal, buenos días a todos y a todas, desde luego a quienes me acompañan en este panel, así como también a todos quienes y todas quienes nos acompañan a través de las redes sociales.
Agradezco la invitación para participar en esta inauguración, pues considero de particular importancia la disposición de construir un espacio para socializar, dialogar y discutir sobre los retos que tenemos en la construcción de procesos electorales más justos e igualitario, así como la definición de acciones específicas dirigidas a eliminar restricciones y limitaciones para el ejercicio de los derechos político-electorales de los y las ciudadanas mexicanas que viven en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.
Saludo con gusto a quienes participan en esta mesa inaugural, a mi colega al Consejero José Roberto Ruiz Saldaña y a la doctora Teresa González Luna, quien no sólo es una gran especialista en materia de derechos humanos, sino una asidua colaboradora en este Instituto y con quien hemos construido algunos de los protocolos de los que seguramente estaremos hablando en estos ciclos.
La democracia, en general, pero en específico, los procesos electorales son el escenario ideal para el despliegue de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.
No obstante, el ideal democrático de participación se encuentra ineludiblemente inmerso en un contexto y condiciones que muchas veces no favorecen que sus principios y anhelos se cumplan a cabalidad.
En tal sentido, si bien existe un lazo fundamental entre el ejercicio de los derechos humanos y la gestión de quienes organizamos las elecciones, con el paso del tiempo hemos tenido que diseñar e implementar acciones y medidas de nivelación e intrusión orientadas a garantizadas el ejercicio igualitario de los derechos político-electorales.
Comienzo señalando que el INE no es sólo un órgano que administra elecciones, ello es así, porque la naturaleza de la democracia trasciende la organización de comisiones con determinados niveles de calidad: legalidad, certeza, transparencia, libertad, etcétera.
Es decir, que no basta la celebración de elecciones democráticas para elegir a nuestros representantes como forma de participación política universal si ésta no se realiza con total respeto a los derechos fundamentales que prevé la Constitución y los tratados internacionales en la materia, de los que nuestro país forma parte.
Los derechos humanos son el piso sobre el que se debe desplegar la conformación de los gobiernos, es decir, del poder político, en condiciones de plena libertad e igualdad.
El ejercicio de los derechos político-electorales entonces es inseparable del respeto al conjunto de los demás derechos fundamentales de los que todas y todos tenemos derecho a gozar.
De lo contrario el modelo democrático puede verse no sólo cuestionado, sino, incluso, comprometido en sus fines.
Es por esa mirada que en el Instituto se han aprobado e implementado diversas buenas prácticas que es importante considerar aquí para analizarlas, estudiarlas, y en su caso, repensarlas para seguir profundizando en su utilidad, tanto operativa como respecto de los fines de inclusión perseguidos.
Son muchos los momentos y temas en los que el INE ha debido ver sus procedimientos técnicos para adaptarlos con el objeto de garantizar el derecho de algún o algunos grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad o discriminación.
Sin embargo, con el objeto de introducir este evento quisiera tocar de forma general aquellos relacionados con la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el actual proceso electoral 2020-2021, por tratarse de temas que se vinculan de una u otra forma con el ejercicio del voto el día de la Jornada Electoral.
En primer lugar, existen dos grandes protocolos que fueron aprobados en el marco de los procesos electorales 2016-2017 y 2017-2018 como medidas de nivelación que se han extendido a los procesos subsecuentes con muy buenos resultados y que se mantienen vigentes para el proceso actualmente en curso.
Se trata, por un lado, del protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla en el cual, por cierto, la doctora González Luna fungió como una articuladora fundamental de la propuesta, el cual plantea ajustes razonables con el objeto de garantizar la participación de personas con discapacidad como funcionarias de casilla, entre las que destaca principalmente la posibilidad de ser acompañado por un familiar o persona de su confianza para el correcto desempeño de sus labores el día de la Jornada Electoral.
Asimismo, se aprobó el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en la credencial para votar, el cual tiene como objeto garantizar el derecho a la comunidad transexual, la cual ha sido objeto de discriminación en éste y otros ámbitos de forma recurrente.
Ambos protocolos fueron aprobados no sin cierta discusión y resistencias en torno a las posibles afectaciones a la certeza en la emisión del voto y la seguridad de las casillas, no obstante, me congratulo de poder decir que hoy ambas medidas han demostrado ser efectivas para la atención de los fenómenos que buscaban nivelar y que hoy, se implementan con absoluta normalidad en la totalidad de las casillas y así deberá ocurrir la próxima Jornada Electoral.
Esas son, digamos, las dos grandes medidas que se han adoptado recientemente y que operan en la estrategia de capacitación, sin embargo, también existen otras acciones de las que sería importante hablar.
En el contexto actual de la pandemia ha quedado suspendida temporalmente, sin embargo, se ha eliminado la restricción de la ley para que, por ejemplo, las personas adultas mayores de 70 años puedan participar como funcionarias de casilla, cierto que, por la contingencia sanitaria, en esta ocasión se ha resuelto que, personas mayores de 60 años no formen parte de las mesas directivas de casilla como una situación totalmente excepcional y dado el contexto de la pandemia.
En un apartado distinto, pero igualmente relevante, los consejos distritales que son quienes tienen la atribución para aprobar la ubicación de las casillas han incorporado a sus trabajos de visita y revisión a los domicilios donde se instalarán, el hecho de que cuenten con las condiciones adecuadas de accesibilidad y en caso de presentar algunas problemáticas y cuando no existan otros domicilios apropiados, los consejos aprueban la instalación de aditamentos que garanticen la accesibilidad a los domicilios como pueden ser rampas móviles o fijas, acordonamientos, pasamanos o señalamientos.
En última instancia de lo que se trata es de garantizar que todas y todos podamos ejercer nuestro derecho al sufragio y que las condiciones geográficas, físicas, materiales o de infraestructura de los domicilios no sea obstáculo para ello.
En ese mismo sentido se aprueba en los documentos y materiales medidas de accesibilidad para garantizar este ejercicio como es la inclusión del sistema braille en los mismos.
No es posible abarcar la gran complejidad y la forma en que se han intentado construir cada una de estas medidas siempre de la mano de los grupos a los que están dirigidas, pero me gustaría concluir señalando que una democracia cimentada sobre una base constitucional y convencional de derechos humanos obliga a los órganos estatales a obedecer la profunda interconexión que existe entre la totalidad de los derechos y que la violación a cualquiera de ellos incide y empobrece la propia solidez de ese Estado democrático, constitucional y en esa responsabilidad el trabajo del INE, en lo que le compete, es fundamental para reducir las brechas de desigualdad y discriminación en los procesos electorales.
Por eso le deseo mucho éxito a este ciclo de foros y les agradezco profundamente su interés y acompañamiento.
Muchas gracias.
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