Ha iniciado la fase decisiva del proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia. Con la aprobación del registro de las 3 mil 471 fórmulas de candidaturas que han presentado partidos políticos y coaliciones a la Cámara de Diputados, comenzó la campaña electoral federal y, coincidentemente, han arrancado también las campañas locales en las 32 entidades del país.
Miles de candidatas y candidatos están saliendo a pedir el voto de la ciudadanía, en una campaña que se extenderá durante 60 días. Es el momento de la política, entendida ésta en su más noble acepción: presentación, discusión y contraste de ideas, plataformas y proyectos de país; debate y conocimiento de los perfiles de quienes aspiran a un cargo de gobierno o de representación popular.
En un contexto social y político caracterizado por las tensiones, la polarización, los problemas estructurales irresueltos y agravados por la pandemia de Covid-19, desde marzo de 2020 el INE ha venido trabajando para garantizar que el derecho fundamental a la salud no se vea afectado por el ejercicio de los derechos políticos y para evitar que la democracia mexicana sea una víctima más de la pandemia.
Así, el inicio de las campañas electorales es un motivo más para convocar a todas las fuerzas políticas, candidatas y candidatos, a realizar sus estrategias electorales y labores de proselitismo con respeto a los protocolos sanitarios y a evitar actos o acciones que contribuyan al incremento de las curvas de contagio.
Es también, momento propio para recordar que, al día siguiente de la jornada electoral del 6 de junio, México seguirá siendo nuestra casa común. Ahí estará la nación, con sus problemas, con nuestras diferencias y coincidencias, con las variables mayorías y minorías y con la indudable necesidad de encontrar, juntos, buenos derroteros para nuestra democracia.
En el contexto actual, puede entenderse que haya quien considere, como parte de su estrategia electoral, recurrir a la descalificación del INE por aplicar la Constitución y las leyes. Pero es inevitable que en las contiendas democráticas quienes violan la ley sean sancionados, y es necesario reiterar que el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político; el INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea.
Es evidente que, de cara a los comicios, el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar. Nadie puede pedirle a una institución con esta historia, con estas consejeras y consejeros, con este servicio profesional, que no aplique la ley, que encoja los hombros ante incumplimientos olímpicos a las normas. Estamos aquí exactamente para lo contrario: para hacer cumplir la ley. Y esto lo debe entender el ciudadano de a pie, los militantes, los dirigentes y las autoridades: la Constitución está por sobre todos nosotros. Y eso es lo que hace inquebrantable al INE y a la limpieza de las elecciones mexicanas: el respeto cabal a la Constitución.
No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que han asumido diversas fuerzas políticas, organizaciones e incluso grupos empresariales a lo largo de los últimos años. Sin embargo, esas expresiones son minoritarias y suelen perseguir intereses muy particulares.
La sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones, y así lo demuestra la Encuesta de Cultura Cívica 2020 difundida recientemente por el INEGI, que señala que las tres instituciones a las que la población les tiene mayor confianza son el Ejército y la Marina (63.8%), la Guardia Nacional (60.5%) y el INE (59.6%), lo que significa que es la institución civil con mayor nivel de confianza entre la ciudadanía.
A siete años del nacimiento del INE, como heredero de la fuerza institucional del anterior IFE, es importante reiterar que el instituto seguirá siendo un árbitro vigilante y, sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley.
En la era de la desinformación y en un contexto tan polarizado como el actual, el INE no puede ser un árbitro silente; por el contrario, estamos obligados a explicar todas las decisiones y pasos que damos.
Con imparcialidad, diálogo y responsabilidad de Estado, el sistema electoral mexicano seguirá superando los obstáculos que impone la conflictividad social, la pandemia y la polarización existente, para que las elecciones más grandes de nuestra historia sean otra experiencia de éxito y una prueba más de que la sociedad mexicana sigue apostando hoy por la democracia.
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