VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO ÚNICO DE LA SESIÓN ESPECIAL, EN LA QUE SE APROBARON LOS REGISTROS DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021
Llegamos a la fase decisiva del proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia.
Con el acuerdo que se pone a consideración de este Consejo General, mediante el que se aprueban los registros de las candidaturas que han presentado partidos políticos y coaliciones, darán inicio, a partir de las 0:00 horas del día de mañana, las campañas electorales de miles de candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados que saldrán a pedir el voto de la ciudadanía en los próximos 60 días. Es el momento de la política, entendida ésta en su más noble acepción.
En un contexto social y político caracterizado por las tensiones, la polarización, la intolerancia, los problemas estructurales irresueltos –y agravados por la pandemia de COVID-19, desde marzo de 2020 el INE ha venido trabajando para garantizar que el derecho fundamental a la salud no se vea afectado por el ejercicio de los derechos políticos y para evitar que la democracia mexicana sea una víctima más de la pandemia.
Así, el inicio de las campañas electorales es un motivo más para convocar a todas las fuerzas políticas, candidatas y candidatos, a realizar sus estrategias electorales y labores de proselitismo con respeto a los protocolos sanitarios y a evitar actos o acciones que contribuyan al incremento de las curvas de contagio.
Esto es importante porque las campañas tienen un doble impacto como mecanismo ordenador de la vida pública del país.
Por una parte, implica que el proceso electoral avanza conforme lo marca la ley y las normas; esto significa que las plataformas electorales se han registrado; que las y los candidatos han cumplido con los requisitos; que las candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional están distribuidas de manera paritaria entre mujeres y hombres; que se ha cumplido con las cuotas para los pueblos y comunidades indígenas, así como para la diversidad social y sexual que conviven en nuestra nación, y que se ha cumplido con las obligaciones en materia de transparencia y fiscalización de las precampañas.
Por otra parte, el inicio de las campañas permite que el pluralismo político se convierta en el centro de la discusión pública y que se abra el lapso en el cual el perfil de las candidatas y candidatos, el contraste de propuestas políticas y de prioridades legislativas atraigan el interés de la conversación pública en medios tradicionales y digitales, y exige que esos contenidos sean retomados con equidad y sin estereotipos de género por los medios de comunicación para contribuir al derecho a la información y que las y los electores decidan el sentido de su voto de manera informada, que es una condición para el ejercicio del voto libre.
Además, llegamos a las campañas federales de 2021 con las mejores herramientas para detectar los delitos electorales y para fiscalizar el dinero invertido en las contiendas.
La reforma legal que clasificó a los delitos electorales como delitos graves, el modelo de riesgos que ha diseñado la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y los convenios de colaboración suscritos con autoridades fiscales y financieras e incluso legislativas, son medidas que nos están ayudando a construir un sólido entramado para la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas de quienes competirán en este proceso electoral.
De ahí la importancia de que una y otra vez llamemos a las y los contendientes al apego y respeto de la ley.
Recordemos que las elecciones son una escuela de democracia y, por ello, el tamaño de esta elección abre la posibilidad, la esperanza diría yo, de que el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, también sea recordado como el mayor ejemplo de respeto a la legalidad, transparencia, paridad, inclusión y erradicación de la violencia de género de nuestra historia.
Es indudable que las democracias en todo el mundo -y México no es la excepción-, están inmersas en los efectos de la era de la posverdad.
En ese contexto, puede entenderse que haya quien considere, como parte de su estrategia electoral, recurrir a la descalificación del INE por aplicar la Constitución y las leyes. Pero es inevitable que en las contiendas democráticas quienes violan la ley sean sancionados.
En tal sentido, es necesario reiterar en esta sesión lo que las y los consejeros electorales hemos venido diciendo en diversos medios de comunicación en estos días: que el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político; el INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea.
No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones.
Así lo demuestra la Encuesta de Cultura Cívica 2020 difundida recientemente por el INEGI.
Con base en dicha encuesta, aplicada en más de 25 mil hogares, las tres instituciones a las que la población les tiene mayor confianza son el Ejército y la Marina con 63.8 por ciento; en segundo lugar, la Guardia Nacional , con 60.5 por ciento y en tercer lugar el Instituto Nacional Electoral, con 59.6 por ciento.
Ello significa que el INE es la institución civil con mayor nivel de confianza de todas las instituciones de la vida pública en México, y esa confianza nos obliga a seguir como hasta ahora, siendo guardianes incondicionales de la legalidad e imparcialidad de las elecciones.
En este contexto, hago un llamado a todas las fuerzas políticas, candidatas, candidatos, gobernantes y medios de comunicación para que se respete la ley y que los recursos públicos se ejerzan con absoluta imparcialidad.
Recordemos que la democracia es una obra colectiva y que nuestra nación se ha construido con la participación de minorías y mayorías, como ocurre en una nación plural, diversa y democrática.
El INE seguirá siendo un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley.
En la era de la desinformación y en un contexto tan polarizado como el actual, el INE no puede ser un árbitro silente; por el contrario, estamos obligados a explicar todas las decisiones y pasos que demos.
No tiene ningún sentido institucional ni político ni procedimental ocultarlo: el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar.
Nadie puede pedirle a una institución con esta historia, con estas consejeras y consejeros, con este Servicio Profesional, que no aplique la ley, que encoja los hombros ante incumplimientos claro y evidentes a las normas.
Estamos aquí exactamente para lo contrario: para hacer cumplir la ley. Las reglas del juego que los actores políticos han pactado y plasmado e la Constitución y legislación electoral. Y esto lo debe entender el ciudadano de a pie, los militantes, los dirigentes y las autoridades: la Constitución está por sobre todos nosotros. Y eso es lo que hace inquebrantable al INE y a la limpieza de las elecciones mexicanas: el respeto cabal a la Constitución.
Las contiendas electorales, por definición, constituyen disputas entre rivales leales, que no pelean en la jungla sino en un Estado de Derecho.
Consideren todas y todos que, al día siguiente de la jornada electoral, el 7 de junio, los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad, seguirán ahí, y todas y todos, trabajadores, gobernantes y empresarios, mayorías y minorías, se van a necesitar para construir acuerdos e inyectarle viabilidad y futuro a nuestra nación y a nuestra democracia.
Con imparcialidad, diálogo y responsabilidad de Estado, seguiremos superando los obstáculos que impone la conflictividad social, la pandemia y la polarización existente, para que las elecciones más grandes de nuestra historia sean otra experiencia de éxito de nuestra sociedad y una prueba más de que la sociedad mexicana apuesta hoy por la democracia, como lo ha hecho desde hace ya 30 años.
Muchas gracias.
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