VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS, EN LA PRESENTACIÓN DE LIBRES PARA ELEGIR. OBSERVATORIO DE ELECCIONES Y DERECHOS POLÍTICOS EN PRISIÓN, ORGANIZADO POR DOCUMENTA AC Y CEA JUSTICIA SOCIAL
Gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la presentación de este proyecto Libres para elegir, Observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión.
Agradezco de verdad mucho la invitación que me hicieron Ángela Guerrero Alcántara de CEA Justicia Social y María Sirvent de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social AC para participar en este evento.
Es un gusto para mi estar con todas y todos ustedes el día de hoy, como ya lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en este proceso electoral se implementará por primera vez una prueba piloto vinculante, inédita y de gran trascendencia, encaminada a que las personas que están en prisión preventiva y, por ende, no han recibido sentencia condenatoria puedan ejercer su derecho al sufragio lo que constituye una medida de gran importancia en favor de los derechos humanos.
La sentencia que nos ordenó la implementación de esta prueba piloto tiene como punto de partida el principio de presunción de inocencia, un principio fundamental para la protección de los derechos humanos que busca dar el beneficio de la duda a la persona acusada y que se resume muy bien en el aforismo “nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario”.
Permitir que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto respeta y atiende al principio de presunción de inocencia, aunado a que abona a que no pierda el vínculo político con la sociedad, la Sala Superior resolvió que el impedimento para el ejercicio del voto era en realidad la existencia de un obstáculo material que evitaba que la persona procesada acudiera a votar, es decir, la prisión preventiva.
Debo confesarles que este tema me hace recodar otro en el que he insistido un tanto de manera infructuosa en distintas comisiones del Instituto Nacional Electoral y que tienen que ver con la obligación del INE de garantizar que todas las personas que tienen derecho a votar lo puedan hacer, porque es responsabilidad del Estado garantizar que eso ocurra.
A través de unos foros de inclusión que hicimos en 2019 y 2020 en las entidades federativas que tuvieron elecciones locales pude conocer de primera mano que existen personas con discapacidad que, a pesar de todos los esfuerzos que hacen el INE para garantizar la accesibilidad a las casillas, resulta que cuando llegan, encuentran que no hay condiciones para que puedan ingresar. En esos casos yo he referido que es nuestra obligación garantizar el derecho al voto a estas personas y tenemos que adoptar los protocolos, medidas, instructivos, lo que sea necesario para que esas personas puedan votar, no importa si le tienen que sacar la urna afuera de la casilla, pero tienen el derecho a hacerlo.
Encuentro paralelismo entre ese caso y este porque estamos hablando de personas que no tiene suspendidos sus derechos políticos, pero que se enfrentan a un obstáculo materia para poder ejercerlos, la privación de su libertad. Así que garantizar que pueda ejercerlos a pesar de esa circunstancia es obligación de la autoridad electoral.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2018 México tenía una población total de 197 mil 988 personas privadas de la libertad en los 308 centros penitenciarios del país, de los cuales 37.9 por ciento estaban en espera de una sentencia definitiva o en proceso.
Y, si bien estoy convencida que garantizar los derechos humanos no depende del número de personas que se encuentren en determinada situación; es decir, si sólo fueran 10 personas las que no pudieran ejercer plenamente sus derechos humanos, también nos deberíamos de ocupar, pero en este caso además se advierte una afectación que ha llegado a muchos ciudadanos y ciudadanas.
En esta primera prueba piloto hemos buscado atender la directriz que nos dio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tener una perspectiva de género e intercultural incorporando el CEFERESO, un CEFERESO femenil y otro de población indígena.
En principio, según el censo preliminar que nos proporcionaron las autoridades penitenciarias, podrán votar dos mil 185 personas en prisión preventiva, mil 680 son hombres y 505 personas son mujeres.
Refiero en principio porque este número podría disminuir si, por ejemplo, alguna de estas personas no manifiesta su interés de participar o si las que lo hicieren detectáramos que no están inscritos en el Padrón Electoral.
Analizamos diversas formas de aplicación de la prueba y consideramos que la más viable era a través del voto postal anticipado.
Enviaremos un paquete de correspondencia personalizado que incluirá un instructivo de votación, el resumen opciones electorales, la boleta electoral y un sobre para enviar el voto, este voto. Este voto postal anticipado se implementará el 17 de mayo y podrá extenderse hasta por tres días consecutivos de ser necesario.
¿De qué se dependerá que se extienda o no? Pues básicamente del número de personas que ejerzan su derecho a votar en cada CEFERESO y el tiempo que tarden en hacerlo.
Hemos pedido expresamente que se les dé el tiempo necesario para ejercer su voto, y aquí quiero hacer una precisión, todos los protocolos de inclusión que tenemos y que aplicamos en las casillas, digámoslo así, ordinarias, se van a aplicar también en estos CEFERESOS, así es que si, por ejemplo, llega una persona que no sabe leer y escribir puede pedirle ayuda al funcionariado del Instituto para que pueda ejercer su derecho a votar.
Otra cuestión que nos pareció pertinente cuidar fue la secrecía del voto, así que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar lugares que garanticen la privacidad y en donde sea posible colocar la mampara especial.
En ese espacio deberán estar nuestro funcionariado del Instituto que va a recoger los sobres-voto, desde luego una persona que garantice la seguridad y la persona electora que va a ejercer su derecho a votar.
Ahora, no obstante, reitero, al momento de ejercer su voto la persona en prisión preventiva deberá estar cubierta por la mampara especial.
El escrutinio y cómputo de los votos se va a llevar a cabo el 6 de junio por funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, en las mesas de escrutinio y cómputo del voto de personas en prisión preventiva, en las Juntas Locales de la entidad en donde se encuentra cada uno de los CEFERESOS.
Las y los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo se capacitarán para atender este tipo de elección que es muy similar a las mesas de escrutinio y cómputo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.
Creo que el derecho de ciudadanía más fundamental que tenemos es el derecho a votar.
Estoy convencida que estamos en falta o estábamos en falta, en la medida que no estábamos garantizando este derecho a personas que, según nuestra propia Constitución lo tienen, así que me parece que este ejercicio comienza a trazar el camino para resarcir una omisión grave.
Celebro la materialización de esta prueba y agradezco la instalación de este observatorio.
Tener la retroalimentación de organizaciones especializadas en el acceso a la justicia social y la reinserción de población, familias y comunidades con experiencias de violencias y conflictos con la ley mediante el fortalecimiento, la participación cívica y el ejercicio efectivo de sus derechos, como lo son todas las organizaciones que están participando en este observatorio, además de personas expertas en el tema, de verdad es invaluable.
En 2024 tendremos que hacer un trabajo de mayor calado, así que contar con su evaluación respecto a la implementación de esta prueba piloto y sus recomendaciones para mejorar la organización del proceso electoral, será muy valioso.
Uno de los retos al que nos hemos enfrentado tiene que ver con cómo garantizar el derecho a la información de estas personas, garantizar que conozcan las propuestas de las coaliciones, los partidos políticos, las y los candidatos. Así es que, ver que uno de los objetivos específicos del observatorio es justamente ampliar el ejercicio al derecho a la información de las personas privadas de la libertad en prisión preventiva, es algo que agradezco mucho.
Y justo con esto cierro, con mi agradecimiento a ustedes, a todos y a todas ustedes.
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