VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA INAUGURACIÓN DEL CONVERSATORIO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A LA ACCIÓN: LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos.
Gracias por permitirme participar en la inauguración de este conversatorio que forma parte de una serie de espacios de discusión que se han abierto, justamente, para discutir las decisiones que se han tomado desde el propio Instituto Nacional Electoral para generar los recíprocamente contextos de exigencia.
Finalmente, la lucha por los derechos democráticos siempre ha sido tal, nunca han caído del cielo, ha sido una lucha y este, los vemos como espacios para generarlos, vuelvo a insistir, recíprocamente, estos contextos de exigencia entre especialistas, activistas, autoridades electorales y representaciones de los propios partidos políticos.
Bienvenida pues la celebración de este evento y agradezco, en particular, a la Consejera Adriana Favela que ha sido promotora e impulsora de estos temas, pero, sobre todo, al acompañamiento que, en el ámbito de la Comisión de Género y No Discriminación de este Instituto, de sus integrantes, que están aquí presentes prácticamente todas, falta Martín, pero se incorporará en unos minutos más, y a la Directora de la propia Unidad, a Liselotte, el empuje y la confluencia de esfuerzos para que hoy estemos aquí reunidos.
Las saludo y los saludo a todas y todos con muchísimo afecto.
Una de las deudas más ominosas de nuestra sociedad es la que tenemos con las personas que viven con alguna o algunas discapacidades.
De acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, cerca de 21 millones de personas, la fotografía más reciente del estado de nuestra sociedad, cerca de 21 millones de personas en México fueron identificadas con alguna discapacidad o que enfrentan alguna limitación para realizar sus actividades cotidianas (incluido caminar, ver, comunicarse, oír o concentrarse, entre otras).
Esto significa que el 16.5 por ciento de la población de nuestro país vive con alguna condición que en los hechos le dificultan o le impiden integrarse plenamente a la vida en comunidad, aunque en un estado democrático de derecho eso no debería ocurrir. Estamos hablando de una de cada seis personas.
Este dato es particularmente preocupante porque, con información del CONAPRED, las personas que cuenta con alguna discapacidad padecen mayor exclusión y discriminación que el resto de la población, lo cual, en una sociedad que como el propio CONAPRED ha venido señalando reiteradamente es una sociedad caracterizada, lamentablemente, por el grado de discriminación por distintas razones que se practica, es particularmente grave.
Esto, además, porque suelen experimentar obstáculos para incorporarse a la vida productiva, a la educación, y casi la mitad de estas personas, viven además en esa condición que acrecienta la desigualdad oceánica que padece nuestra sociedad, que es que vivan en condiciones de pobreza, además.
De ahí que para las autoridades electorales el tema de la inclusión, en general, que está íntimamente vinculado con el de la igualdad para el ejercicio de los derechos políticos, sea un tema de una gran importancia para el desarrollo de la vida democrática que por definición se funda en el principio de igualdad y en el de no discriminación.
Desde finales de los años 90 el entonces IFE, y desde 2014 en el INE, hemos venido tomado una serie de decisiones que fortalecen el carácter incluyente de la democracia mexicana en su dimensión electoral y hemos asumido el compromiso de combatir los problemas de la inclusión y la discriminación en todos aquellos ámbitos que se encuentren en nuestra esfera competencias.
El uso de mascarillas braille y de mamparas especiales, la disposición para ubicar las casillas en lugares que no dificulten el acceso a personas con discapacidades motrices, la elaboración de audios con nombres de candidatos y candidatas, y el contenido de las boletas para personas ciegas, son algunas de las medidas que hemos tomado para contribuir a erradicar los factores que obstaculizan la inclusión de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Para complementar estas medidas y seguir contribuyendo al carácter incluyente de la democracia mexicana, de cara al proceso electoral de 2018, el INE tomó otras decisiones que hoy estamos, de cara a la elección de 2021, que retomamos y reforzamos, como, por ejemplo, el acuerdo para facilitar la participación de personas con discapacidades como funcionarios de casilla, teniendo la posibilidad, si así lo requieren, de contar con el apoyo de personas de su confianza.
Lo gramos, en aquel momento, una decisión, por cierto, inédita a nivel global, a nivel mundial, que fue habilitar a las personas de apoyo que eran requeridas, como funcionarios electorales para que pudieran estar legalmente en las casillas.
También, establecimos, determinamos la utilización de un prototipó de casilla especial para instalarse en hospitales, se diseñaron carteles con imágenes gráficas y textos que se referían a facilidades para el ejercicio del voto con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, ello entre muchas otras medidas de inclusión e igualdad que se tomaron en las elecciones de 2018 y que estaban relacionadas, por ejemplo, con la participación política de las mujeres o de las personas trans para no ser discriminadas en las casillas durante la emisión de su voto.
En congruencia con ese compromiso con la inclusión y con la creación de condiciones más favorables para la participación política de todos los grupos sociales, el 15 de enero pasado, como se mencionaba por Carla, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo que fortalece las acciones afirmativas que ya habíamos tomado en 2018 y se fortalece con nuevas disposiciones que amplían de manera significativa las obligaciones de las coaliciones y de los partidos políticos para postular más candidaturas indígenas, personas afromexicanas, personas con algún tipo de discapacidad, así como candidaturas que reflejaran la diversidad sexual del país.
En este sentido, entre las novedades de dicho acuerdo, destaca el incremento a 21 en el número de candidaturas en los distritos conocidos como distritos indígenas y que de estas candidaturas 11 deberán ser mujeres; o bien, la postulación de candidaturas integradas por personas afromexicanas, o la de candidaturas de personas con algún tipo de discapacidad; así como aquellas que tienen que reflejar o postular personas de la diversidad sexual, tanto en distritos de Mayoría como en las listas de Representación Proporcional
Para decirlo en una nuez, nos encaminamos a la elección más grande y compleja de nuestra historia, pero, también, a la que pinta para ser la más incluyente que hayamos vivido.
Recordar, a 17 días que empiecen las campañas electorales y a 79 de la Jornada Electoral, que el 16.5 por ciento de la población del país enfrenta alguna discapacidad para realizar sus actividades cotidianas, es una oportunidad invaluable para recordar a todas las fuerzas políticas que nuestro país necesita de políticas públicas para que las personas que enfrentan alguna discapacidad puedan incorporarse con facilidad, sin discriminación a la vida productiva, laboral y también política.
Lo que hemos hecho ha sido solamente, y así lo queremos ver, como un punto de partida de una discusión incluyente que nos oriente hacia las rutas futuras hacia las decisiones, que todavía habremos de tomar, para que los procesos electorales sean espacio, no solamente los espacios en donde, tal vez el único, en donde todas las personas somos totalmente iguales con independencia de nuestras condiciones físicas, de nuestras condiciones sociales, de nuestras condiciones económicas, de nuestras creencias y convicciones ideológicas, sino también, espacios que sean cada vez más incluyentes y que concreten la idea democrática de una sociedad igualitaria en los hechos con claridad.
Que nuestro país haya registrado 21 millones de personas con alguna discapacidad nos debe alertar que son varios miles de familias que esperan que su voz sea escuchada en el Congreso y sus demandas reflejadas en políticas públicas y en leyes que eliminen esos factores que obstaculizan su incorporación a la vida en comunidad y su desarrollo pleno como personas. De ello depende que nuestra democracia sea una democracia de cada vez mejor calidad, y eso implica una democracia cada vez más igualitaria en la que la discriminación se erradique.
En ese sentido, agradezco la invitación para participar en este conversatorio, pero, sobre todo, la celebración del mismo, y aprovecho para reiterar mí, y si se me permite, nuestra convicción de que una democracia que no es incluyente es siempre, invariablemente, una democracia deficitaria, y el compromiso de todas y todos aquí es que la nuestra sea una democracia cada vez más incluyente y, por ello, de mejor calidad.
Muchísimas gracias
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