Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que tiene verificativo el 25 de noviembre de cada año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en México, con el objetivo de dar a conocer la dimensión de este cáncer que aqueja a nuestra sociedad.
Para ello, el INEGI concentra la información de tres instrumentos que le nutren de datos para entender la gravedad del problema: la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.
En este sentido, entre los datos más significativos encontramos los siguientes:
- 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más, han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida.
- Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de su vida, son las que residen en zonas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), las que ostentan un nivel de educación superior (72.6%) y las que no pertenecen a un hogar indígena (68.8%).
Si nos referimos ahora exclusivamente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, vale la pena mencionar a un estudio realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que analizó la violencia política de género en prensa y redes sociales durante el proceso electoral local 2018-2019.
Entre los principales resultados de este estudio destaca que la violencia verbal se presentó de 6 formas diferentes en las campañas electorales: calumnia, desprestigio, invisibilización, denigración, ofensas y misoginia.
Así, en 48 de cada 100 mujeres se les violentó mediante el desprestigio contra las candidatas; en 78 de cada 100 mensajes en las plataformas digitales y en la prensa, se incluían roles de género y estereotipos sobre las mujeres y 3 de cada 10 mensajes presentaron a las mujeres como objeto sexual.
Asimismo, las candidatas sufrieron en 7 de cada 10 mensajes algún tipo violencia de género, así como las candidatas a una diputación local experimentaron 52 de cada 100 mensajes con violencia política en redes sociales, aunque en prensa la proporción creció hasta en un 80%.
Estos datos, por demás demoledores nos evidencian que aún falta un largo trecho para alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, muestran que con la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo” de 2019 y la legislativa para prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”, publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2020, la elección de 2021 puede convertirse en un parteaguas que sea referencia de la paridad de género, por un lado, y por el otro, en un ejercicio que permita que las mujeres se desenvuelvan en un ambiente libre de violencia.
Por ello, la autoridad electoral debe estructurar y difundir ante toda la población las conductas que pueden ser constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género que, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son 22 conductas las que configuran violencia política de género.
Ante la acreditación de cualquier de las 22 faltas, las autoridades electorales, el INE, y los 32 organismos públicos locales electorales, están obligados a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en el ámbito de su competencia, así como sustanciar de forma sumaria las denuncias relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las autoridades electorales tienen facultades para conocer y sancionar las conductas presuntamente constitutivas de violencia política en razón de género por lo que, además, deben brindar acompañamiento a las víctimas.
Para conocer a detalle la forma para denunciar la violencia política, les recomiendo el siguiente link que determina, paso a paso, la forma de presentar denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género aprobada por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
Consulta el artículo en El Universal.