El voto electrónico no es un tema nuevo para nuestro país. Desde hace más de tres lustros, al menos los otrora institutos electorales locales, han realizado desde diversas pruebas piloto, pasando por ejercicios sociales, hasta su puesta en operación para recibir, de manera vinculante, el voto de las y los ciudadanos que participan en un proceso electoral.
Ahí tenemos, por ejemplo, las elecciones con urnas electrónicas en el estado de Coahuila en 2005 y, desde entonces, el 62% de los ahora llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han utilizado estos mecanismos inclusive para ejercicios de participación ciudadana con lo que se logra un mayor acercamiento entre la ejecución de diversas políticas públicas y las demandas de obras y servicios de la población.
Es importante referir que la experiencia que la población manifiesta con el uso de urnas electrónicas ha sido muy satisfactoria. De hecho, en el proceso electoral local que tuvo verificativo en octubre del año pasado tanto en Coahuila, donde se instalaron 54 urnas electrónicas, como en Hidalgo en donde se utilizaron estos mecanismos electrónicos de votación por primera vez en 40 casillas, los resultados fueron muy satisfactorios ya que las y los electores indicaron que 7 de cada 10 encuestados les generó mucha confianza la utilización de las urnas electrónicas.
Sin embargo, y a pesar del avance logrado por los OPLE en materia de voto electrónico desde hace varios años, y teniendo en puerta la elección más grande en la historia de México en el que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular en las 32 entidades federativas, en las que participarán más de 93 millones de electores y que más de 163 mil casillas recibirán el voto de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el INE aprobó, para esta elección, la utilización de sólo 100 urnas electrónicas: 50 para el Estado de Coahuila y 50 para el Estado de Jalisco. Es decir, sólo 6 urnas electrónicas más a las utilizadas en las dos entidades federativas en 2020, lo que va en sentido contrario a la modernización de los procesos electorales.
Esta proporción, es de apenas el 0.06% del total de casillas a instalar en el país, lo que resulta claramente insuficiente como parte de los trabajos que debe encaminar el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar mejores esquemas de votación y generación de ahorros presupuestales con la utilización de estos mecanismos de votación.
En este sentido, como consejera electoral del Consejo General del INE, que se constituye como su máximo órgano de decisión, emití un voto concurrente al acuerdo de dicha instancia no por la utilización de la urna electrónica, sino por la falta de impulso real a la implementación de dichos dispositivos en otras entidades federativas en donde ya se tienen experiencias con este tipo de votación en elecciones constitucionales.
De acuerdo con información del propio INE, además de las entidades ya referidas en las que se utilizarán urnas electrónicas, los estados de Michoacán, Yucatán, Chihuahua y Quintana Roo cuentan con estos dispositivos, por lo que podría haberse considerado que estas entidades hicieran algún ejercicio vinculatorio con urnas electrónicas.
Asimismo, el INE cuenta con su propio modelo de urna electrónica, sin embargo, el mismo no será utilizado en esta elección concurrente.
Varias ventajas presenta la utilización de estos mecanismos que van desde la participación de los actores políticos en la revisión de estos mecanismos, pasando por la prontitud en la emisión del voto de las y los ciudadanos, hasta sus bondades respecto a la generación de resultados que pudieran generase casi en tiempo real, hasta un ahorro presupuestal en un mediano plazo en favor de nuestra democracia que, hoy, sigue siendo muy costosa.
Apostemos por la utilización de estos mecanismos de votación, que lleven a nuestro país a dar certeza a los procesos electorales con mayor participación de la ciudadanía.
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