VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, EN EL CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS MECANISMOS Y CRITERIOS TENDENTES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020-2021
Y permítanme hacer una sola intervención para establecer mi posicionamiento central sobre este punto de acuerdo en los siguientes dos del orden del día, en tanto que los tres están estrechamente vinculados y contribuyen y tienen el propósito de contribuir a las condiciones de equidad e imparcialidad del proceso electoral 2020-2021, que el INE está obligado a salvaguardar por mandato constitucional.
Para entender la importancia que tienen los principios de equidad e imparcialidad en nuestras elecciones es necesario recordar de dónde venimos en materia electoral, prácticamente durante nueve décadas del Siglo XX, nuestro país experimentó la frustración de tener elecciones sin competencia y en las que, la intervención de los servidores públicos a favor de su partido, del partido otrora oficial, evidenciaba que los recursos del Estado se utilizaban para beneficiar al mismo o a partidos y candidatos afines al gobierno.
Ciertamente, el ciclo electoral se cumplía de manera rigurosa, pero la intervención del Gobierno que organizaba las elecciones y competía en ellas a través de un partido imposibilitaba que éstas fueran contiendas auténticas, equitativas y en las que el voto se ejerciera libremente, en suma, contiendas verdaderamente democráticas.
En esos años se vivieron fenómenos que a la luz del robusto sistema democrático que hemos configurado en las últimas tres décadas, parecían absurdos y serían absolutamente inaceptables.
Así los medios de comunicación eran censurados y los periodistas, articulistas e intelectuales críticos al gobierno eran perseguidos, las movilizaciones políticas eran frecuentemente reprimidas, la izquierda y buena parte de la derecha hacían política en la clandestinidad y el gobierno que controlaba el registro de los votantes decidía quién podía votar y en dónde.
Llegamos a vivir, en 1976, una elección presidencial sin oposición.
Más tarde, en 1988, el total del tiempo que los medios de comunicación dedicaron a cubrir las campañas, implicaron que el partido gobernante llegó a tener más del 83 por ciento de cobertura.
Y, probablemente el caso más reciente de un intento por distorsionar la equidad en las contiendas se tuvo en 2006, cuando diversos actores políticos, incluido el Presidente de la República, aprovecharon su acceso a los medios de comunicación para tratar de influir en la opinión de los votantes, en la información que los mismos tenían, intención que por cierto, luego de dicha elección dio lugar a la reforma al artículo 134 constitucional hoy vigente, para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y el comportamiento de los servidores públicos.
Esos son los antecedentes del sistema electoral que hoy tenemos, de ahí venimos, y de ahí la importancia de que la autoridad electoral sea autónoma e independiente, que el acceso a los medios de comunicación sea equitativo y que el uso de los recursos públicos no altere las condiciones en las contiendas.
Ése es el sentido de los tres proyectos de acuerdo que analizaremos en este punto y en los siguientes dos del orden del día, es decir, garantizar la equidad y la imparcialidad del proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, y asegurar con ello una cancha pareja en la competencia, por los poderes públicos federales y locales en las urnas, el próximo 6 de junio de 2021.
Al respecto, quiero ser muy claro sobre el contenido de estos tres acuerdos.
En esencia, son los mismos acuerdos que el INE ha emitido en elecciones anteriores, para robustecer las reglas del juego democrático y evitar que el ejercicio de una responsabilidad pública pueda distorsionar los comicios.
No hay novedad ni sorpresa en estos acuerdos, los cuales incluyen también como en otras ocasiones, el sentido de los criterios y sentencias que han sostenido a esta institución y que han sido ratificadas o en ocasiones, incluso, definidas por las resoluciones del Tribunal Electoral.
Permítanme señalar de manera muy sintética, algunas de las premisas que sustentan estos proyectos de acuerdos:
Uno. Evitar vacíos interpretativos en la legislación electoral y establecer criterios, sobre los cuales actuará esta institución, que den certeza y favorezcan la imparcialidad de los recursos públicos, entre otros, en la ejecución de los programas sociales.
Segundo. Evitar que el acceso al dinero público o privado, o a otros bienes que no estén en el acceso de todos, se convierta en una ventaja desleal e indebida en los comicios, por parte de quienes aspiran a competir por un cargo de elección popular mediante la difusión anticipada de su nombre, imagen y voz por cualquier vía, ya sea en medios electrónicos, medios impresos, internet o redes sociales.
En otras palabras, establecer cuáles son las condiciones para que no existan actos anticipados de precampaña o de campaña.
Otro punto es asegurar que, desde el próximo 23 de diciembre próximo, que inician las precampañas, la política transcurra sin la contratación y adquisición de gastos de propaganda.
Cuarto. Que la pauta en radio y televisión sea una herramienta de equidad para las precampañas y campañas, y que contribuya a establecer una cancha pareja entre todas las contiendas y de todos los cargos de elección que se disputen en las urnas.
Finalmente establecer una reglamentación para garantizar la equidad en la propaganda que complemente las disposiciones del modelo de comunicación política que, como se sabe, están dirigidas exclusivamente a la radio y la televisión.
Naturalmente estos lineamientos por la base constitucional que los sustenta y el ejercicio de la facultad de atracción que está llevando a cabo el INE el día de hoy son de carácter general y serán, de ser aprobados, aplicados a los comicios federales y locales.
Quisiera subrayar que estos lineamientos no afectan la libertad de expresión, ni el derecho de la libertad de prensa, y menos aún impiden que las autoridades gubernamentales, tanto federales, como locales, sigan cumpliendo con sus funciones y sus responsabilidades a través de los programas sociales ya establecidos y reglamentados.
En tal sentido, estos lineamientos son preventivos, para que quienes aspiren a un cargo de representación puedan iniciar el proceso electoral en las mismas condiciones que el resto de las y los ciudadanos interesados en integrar los órganos de representación incluyendo, por cierto, a quienes podrán ejercer su derecho legítimo a la reelección.
En síntesis, los lineamientos de este punto del orden del día y los dos siguientes pretenden fortalecer el ejercicio libre del sufragio mediante el establecimiento de una cancha pareja para la competencia democrática en el Proceso Electoral 2020-2021.
Concluyo haciendo un llamado a nombre de las consejeras y consejeros electorales a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, desde la Presidencia de la República, hasta la Presidencia Municipal más alejada o pequeña del país, incluidos, por supuesto, las y los legisladores federales y locales, a que cumplan el mandato del artículo 134 Constitucional que obliga a todos al ejercicio imparcial de los recursos públicos y a que se apeguen a los lineamientos que el día de hoy en consonancia con la legislación vigente en la materia aprobará el Instituto Nacional Electoral.
La mejor forma de contribuir al buen desarrollo de nuestra democracia es respetando las reglas, es respetando la ley, es cumpliendo con las reglas del juego democrático que han sido una construcción colectiva a lo largo de las últimas décadas y que nos han permitido enriquecer, fortalecer una competencia auténticamente democrática en donde no solamente el voto tiene la garantía de ser emitido de manera libre, sino también, las condiciones son justas.
Debo insistir que con estos lineamientos no queremos inhibir la actividad proselitista de quienes legítimamente aspiran a contender por un cargo de elección popular, y menos aún, acotar la libertad de expresión de quienes hacen política.
El INE no intenta silenciar a nadie, a ningún actor político, a ningún medio de comunicación, a ningún candidato; simplemente queremos evitar que las elecciones de 2021 sean elecciones en donde el uso de recursos públicos o privados rompan la equidad electoral y nos haga regresar a tiempos de un México predemocrático que es incompatible con una sociedad plural informada y crecientemente participativa, como la que caracteriza a nuestra nación en la segunda década del Siglo XXI.
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