Número: 397
La Consejera participó en la mesa “Diversidad, Inclusión y no discriminación” que contó con la intervención de María Teresa González Luna, Katia D´Artigues y José Luis Caballero
La transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) a lo largo de 30 años incluye garantizar que toda la ciudadanía pueda ejercer sus derechos político- electorales libres de discriminación, aseguró la Consejera Dania Ravel.
Durante el último día de las actividades conmemorativas de los 30 años del IFE-INE, la Consejera reconoció que, a pesar de que estos ejes no fueron contemplados desde la creación de la autoridad electoral, con el tiempo se ha logrado esta diversificación.
“Es cierto que la democracia en sus orígenes no contemplaba la igualdad como uno de sus valores intrínsecos, pero la democracia contemporánea no se concibe sin todas, todos y todes”, apuntó.
“Los principios de transparencia e igualdad han estado presentes desde la creación del IFE-INE como uno de los elementos fundamentales para dar certeza a las elecciones, pero con el tiempo las tareas de este Instituto se han diversificado para garantizar que toda la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, libre de toda discriminación”, sentenció
Frente a ello recordó que el objetivo de la democracia no es sólo el ejercicio de un sistema de gobierno, sino también la búsqueda de bienestar de la ciudadanía, por lo que en la actualidad no se puede hablar de la existencia de democracia sin el ejercicio del resto de los derechos humanos.
La también integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación afirmó que el respeto y garantía de los derechos debe darse para todas las personas sin ningún tipo de exclusión, por lo que resulta fundamental reconocer que en México hay un problema de discriminación para poder revertirlo.
Pese a los avances alcanzados hasta ahora por el INE, como resultado de una escucha activa de la ciudadanía y de expertos en el tema, reconoció, que éstos han estado acompañados de simulaciones.
Destacan retos en materia de inclusión
Al participar en la mesa, José Luis Caballero, miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que a nivel mundial existen tres modelos para alcanzar la igualdad sustantiva y el acceso a los derechos.
El primero, dijo, el autoritario, que busca evadir; el segundo, reaccionario a lo que la sociedad por sus medios trata de abrir brecha y, el tercero, es aquel que se adelanta al cambio cultural y provoca una transformación en la forma de pensar.
“En México, las instituciones caminan lentamente. Ojalá desde el Estado y sus instituciones, incluido el INE a pesar de todo lo que han hecho, surjan los instrumentos de protección y de garantía sin esperar a que la sociedad empuje”, indicó.
En su oportunidad, María Teresa González Luna, ex consejera electoral del IFE y miembro de la Coordinación Nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación evidenció los enormes y complicados retos que han existido para lograr la inclusión y eliminar la discriminación electoral en una sociedad tan diversa y plural como la que tiene nuestro país.
No obstante reconoció el trabajo que el INE ha desempeñado de forma progresiva para propiciar la participación en los procesos comiciales, a la par que adopta medidas afirmativas para atender a grupos de la población que históricamente enfrentan desventajas estructurales.
“Los derechos políticos-electorales no pueden cumplirse de manera satisfactoria y plena sin considerar el conjunto de los derechos humanos y en particular el derecho a la no discriminación, son derechos políticos-electorales sin distinción alguna, sin discriminación por ningún motivo, ni por ninguna condición”, manifestó.
La discusión también contó con la participación de la periodista Katia D´Artigues, quien evidenció que a la fecha se mantienen elementos discriminatorios en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que incluye una restricción de acceder a la casilla a “personas privadas de sus facultades mentales”.
Consideró que este elemento evidencia las dificultades que enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad al ponerse en duda constantemente su capacidad jurídica al ser puesta a consideración, en este caso, de un funcionario de casilla.
Por ello enfatizó la importancia de caminar hacia un sistema de toma de decisiones asistido para garantizar a cualquier persona con una discapacidad que cuente con el apoyo necesario sin que ello implique una negación de sus derechos.
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