VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA, POR EL QUE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DE BAJA CALIFORNIA Y DE LAS CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CIUDAD DE MÉXICO, COLIMA, ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, MICHOACÁN, MORELOS, NUEVO LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SONORA, TABASCO, YUCATÁN Y ZACATECAS
Este proyecto de proyecto de acuerdo reviste una gran importancia para el funcionamiento de lo que hemos llamado sistema nacional de elecciones.
La reforma constitucional del año 2014 originó un modelo basado en la coexistencia de una autoridad nacional, el INE y 32 Organismos Públicos Locales Electorales que vinieron a sustituir a los anteriores Institutos Electorales de las entidades de la República.
Los cambios institucionales provocados con esta reforma modificaron el modelo plenamente federalizado que había prevalecido hasta entonces, y estableció un único sistema nacional electoral, con un diseño normativo e institucional mucho más homogéneo y sistemático, que tenía un propósito explícitamente declarado por los autores de dicha reforma, que era el de homologar la calidad técnica y certeza jurídica y política de los procesos federales con los procesos locales; esto es, blindar el ejercicio de la función electoral frente a posibles injerencias de poderes políticos locales, empezando por la conformación de los consejos de los organismos electorales en las entidades federativas.
Ese propósito se ha venido cumpliendo a lo largo de los ya seis años de instrumentación de la reforma, en un proceso que ha sido paulatino, no carente de problemas y tensiones, pero con una ruta fija y clara hacia el objetivo primordial: dotar de certeza a los comicios en todo el territorio nacional y para los cargos de elección de todos los niveles de gobierno y representación popular, garantizando así la efectividad del derecho ciudadano al sufragio efectivo, libre y secreto.
Permítanme recapitular algunos datos que dan fe de lo alcanzado en los seis años de la instrumentación del modelo INE-OPLE desde 2014. De entonces, a la fecha, hemos llevado a cabo 198 elecciones federales y locales; una de Presidencia, una de Senado, dos de Cámara de diputados y diputadas; y, 194 comicios locales: 36 de gubernaturas, 62 de Congresos locales y 95 de ayuntamientos. Llegaremos a 200 comicios organizador con los que están en curso en Hidalgo y en Coahuila.
Tras las elecciones locales de 2019, todos los cargos públicos de elección popular en el país han sido ya renovados, al menos una vez, bajo el nuevo modelo del sistema nacional electoral.
En estos comicios se ha logrado reducir, aunque no erradicar del todo, los conflictos postelectorales, y hemos alcanzado el periodo de mayor alternancia en la historia de nuestra democracia.
De las 36 elecciones de gubernaturas que se han realizado en estos años, en 23 ha habido alternancia en el partido político que gobernaba la entidad. En el caso de las mil 325 diputaciones locales electas en este mismo periodo, 760 cambiaron de partido. Y de los 3 mil 423 ayuntamientos en los que ha habido elecciones, en 2 mil 302 ha habido cambio de ganador.
Esto es, los niveles de alternancia alcanzan el 63.8 por ciento en el caso de las gubernaturas, el 57.3 por ciento en las diputaciones locales y el 67.2 por ciento a nivel municipal.
La alternancia ciertamente no implica por sí misma que hayamos alcanzado una democracia plena, pero sin duda es un dato que refleja una realidad mucho mejor a la que teníamos hace más de una década, en términos de competitividad electoral, y es el hecho de que ningún partido, personaje o grupo político puede perpetuarse en el gobierno, ni a nivel federal ni a nivel local. Lo que se ha traducido en un innegable empoderamiento de la ciudadanía a través del voto.
En el andamiaje institucional creado por la reforma electoral de 2014, el constituyente permanente diseñó un esquema para que el nombramiento de las consejeras y consejeros de los OPLE fuera una atribución del Instituto Nacional Electoral, y en particular de este Consejo General, que a la fecha ha emitido 111 convocatorias de las que han derivado 351 nombramientos para renovar una o varias veces los integrantes de los 32 Organismos Públicos Locales del país.
Desde las primeras designaciones, aprobadas a finales de 2014, en la segunda mitad de ese año, el Consejo General ha ido modificando el método de selección y haciendo adecuaciones y reformas al Reglamento respectivo, lo que sin duda ha mejorado los procesos de designación y los perfiles emanados de ellos.
Con base en dicha normativa, en los últimos meses esta autoridad electoral instrumentó el proceso de selección, que hoy culmina, para cubrir las 47 vacantes abiertas por la conclusión de los periodos de elección de quienes hace seis años fueron designados y algunos más por motivos extraordinarios, como la lamentable muerte del Consejero Presidente de Baja California, Clemente Custodio Ramos, y el nombramiento de un Consejero de Querétaro como magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
Así, se pone a consideración de este Consejo las designaciones de las entidades mencionadas por el Consejero Rivera, con lo que cabe recordar que los nombramientos que estamos por discutir y aprobar son el resultado de un largo proceso que inició con una convocatoria pública a la que acudieron, a la que respondieron 2 mil 139 aspirantes que inscribieron, de los cuales mil 990 pasaron la revisión documental relativa al cumplimiento de los requisitos legales para participar en el concurso.
Estas fueron convocadas a un examen de conocimientos diseñado y aplicado por el CENEVAL, del que resultaron 396 perfiles como los mejor calificados que pasaron a la siguiente etapa, la del ensayo presencial, aplicado en las Juntas Locales por especialistas del CIDE.
Finalmente, 259 aspirantes (149 hombres y 110 mujeres) fueron entrevistados por las y los integrantes de este Consejo General, en sesiones que se hicieron públicas transmitidas públicamente en la página del INE.
Todas estas fases nos han permitido hoy, con apego a los criterios de idoneidad y de paridad de género, presentar la propuesta de nombramientos de 49 potenciales integrantes de los órganos electorales de los estados, de los cuales 29 corresponden a mujeres.
Finalmente, vale la pena señalar que las designaciones de este Consejo, como lo mencionó el Consejero Rivera, no son cheques en blanco para las futuras y futuros consejeros. Existen normas y procedimientos que nos permiten vigilar y supervisar que las actuaciones de los integrantes de los OPLE se apeguen a los principios rectores de la función electoral, y al tiempo que acompañaremos la labor de los organismos públicos locales, el INE, como lo ha venido siendo, vigilante de su actuación, como ha ocurrido, insisto, en estos años.
Nadie tiene un cheque en blanco y su actuación será vigilada y supervisada por este Instituto.
Con los 49 nombramientos que se aprobarán el día de hoy, de hacerlo, habremos llegado a 400 designaciones de consejeras y consejeros de OPLE hechas por el INE de 2014 a la fecha, y al mismo tiempo, habremos dado un paso fundamental para la organización y el arbitraje de las elecciones que habrán de realizarse en 2021, que como hemos señalado insistentemente, serán las más grandes y complejas de nuestra historia.
En un momento complicado, tanto por la pandemia como por las circunstancias económicas derivadas de esa crisis sanitaria, nos corresponde a las autoridades electorales –nacionales y locales– seguir garantizando los derechos políticos de la ciudadanía, y con ello, mantener vigente y robusta nuestra democracia constitucional, que es construcción y patrimonio colectivo de todas y todos los mexicanos.
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