VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, DURANTE LA FIRMA DE LA CARTA DE INTENCIÓN EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, CON EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRPCIÓN, REALIZADA DE MANERA VIRTUAL
Muchísima gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos.
Saludo con mucho afecto y agradecimiento a la maestra Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción y a sus integrantes, el doctor Alfonso Hernández Valdez y al maestro Jorge Alberto Alatorre.
Muchas Gracias por reiterar la confianza y la colaboración con el Instituto Nacional Electoral a los tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Saludo también con mucho afecto al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, licenciado Edmundo Jacobo y a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión en directo de la firma de esta Carta de Intención.
Pocas conductas afectan tanto a la convivencia democrática como lo hacen los actos de corrupción y su percepción, el impacto que ésta tiene en la sociedad.
Ciertamente, este fenómeno no es exclusivo de las autoridades gubernamentales, ni del sector público en general, e incluso podríamos decir que es un mal transversal de prácticamente todas las sociedades contemporáneas.
De ahí que la famosa definición de Transparencia Internacional sobre esta patología política y social, que como ustedes recuerdan, consiste en cito: “el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados pueda desdoblarse hacia el sector privado, el sector público y por supuesto hacia una combinación de estos”.
Y de ahí también que las campañas de este organismo, de Transparencia Internacional, se desplieguen en todo el mundo para crear alianzas entre individuos, especialistas y organizaciones de la sociedad para impulsar los valores de la transparencia y la rendición de cuentas como la mejor forma de combatir este fenómeno y como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta todo sistema democrático.
Desde mi perspectiva, la corrupción asociada al ejercicio del poder público es incluso más grave y más dañina para nuestras naciones que la que se da en el sector privado, en tanto que traiciona los principios básicos de los gobiernos representativos.
Cuando esta patología social se da entre particulares, seguramente se distorsiona el proceso de acumulación de capital, la distribución de éste y por supuesto, la competencia comercial y por qué no decirlo también, se violan los derechos desde el punto de vista de actores particulares, pero ahí tiende a quedarse, como un mal circunscrito entre particulares, aunque afecte a muchos.
Pero cuando se presenta en las autoridades gubernamentales, se magnifican sus consecuencias.
Se distorsiona el crecimiento económico y la obra pública, se merma la eficacia de los servicios que debe prestar el Estado, se vulnera la correcta impartición de justica y con ello se afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y las expectativas de una comunidad sobre el desempeño de sus autoridades.
De acuerdo con los estudios que miden los humores públicos, la corrupción es un fenómeno tan complejo y tan poderoso para la convivencia democrática que pueden dañar drásticamente de un año a otro, la percepción sobre la satisfacción con la democracia en un país.
Por ejemplo, de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2016, la satisfacción con la democracia en Brasil cayó en un solo año, del 54 al 32 por ciento ante los descubrimientos de corrupción que involucraron a decenas de políticos de esa nación, a partir de ese año.
En el mismo sentido, en un estudio sobre el fin de la tercera ola de las democracias, Marta Lagos señala que, de una revisión de los principales problemas que ha afectado la consolidación de las democracias en el Continente, es claro que el principal problema que éstas enfrentan en América Latina está el deterioro de las elites, la corrupción y la desconfianza ciudadana en las instituciones de la democracia.
México no se escapa al nocivo impacto de la corrupción en la vida pública. En el informe de 2018, Latinobarómetro registra a México como el cuarto país en el que la población considera que la corrupción es el principal problema del país, sólo superado por Colombia, Perú y Brasil.
Y esa percepción, como lo han demostrado recientes estudios de opinión, sigue manteniendo a la corrupción como uno de los principales problemas que afecta y erosiona el tejido social.
En un ejercicio autocrítico tendríamos que reconocer que la corrupción asociada al ejercicio del poder público, junto con la desigualdad y la pobreza, constituyen probablemente las mayores promesas incumplidas, los problemas estructurales que sigue teniendo la democracia mexicana.
Esto no significa que en nuestro país no hayamos avanzado, por supuesto y menos aún que no hayamos detectado la importancia del escrutinio público de contar con leyes de transparencia e instituciones especializadas para el combate a la corrupción.
La incorporación del Sistema Nacional Anticorrupción al artículo 113 constitucional del que surge justamente el Comité de Participación Ciudadana y las reformas a las leyes que rigen el funcionamiento en nuestro sistema reflejan un compromiso, un avance en el ámbito legislativo por crear un contexto de prevención y probidad en el ejercicio de la función pública.
Pero, también es cierto, que las expectativas generadas por la creación del Sistema Nacional Anticorrupción están todavía lejos de haberse concretado en su totalidad.
En materia electoral el Instituto Nacional Electoral desde hace mucho tiempo se ha sumado a la lucha contra la corrupción y al impulso de la rendición de cuentas.
Esta autoridad fue pionera en la incorporación de las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas hace ya casi 20 años y hemos incluido en nuestros procesos administrativos múltiples recomendaciones de Transparencia Mexicana, de nuestro Órgano Interno de Control, de la Auditoría Superior de la Federación, para garantizar la probidad y el mayor beneficio para el erario púbico en nuestras actuaciones administrativas.
En el mismo sentido, para contribuir a la rendición de cuentas, en este caso del dinero invertido en las elecciones, en el Sistema Integral de Fiscalización se diseñó un módulo de transparencia para que la sociedad pueda conocer, prácticamente en tiempo real, en qué y con qué proveedores gastan los partidos políticos, candidatas y candidatos los recursos que reciben para sus campañas. Y hemos construido un modelo de riesgo para ser mucho más asertivos en nuestros esfuerzos para detectar a tiempo operaciones ilícitas que influyan en la vida política-electoral del país.
Y estos son justamente, como lo hemos platicado con los integrales del Comité de Participación Ciudadana, áreas de oportunidad para que, gracias a este convenio, a esta Carta de Intención, podamos potenciar el escrutinio, el uso y la explotación pública de estos mecanismos de escrutinio para la vida política y el actuar de los actores políticos en nuestro país.
Adicionalmente, convencidos de la importancia de generar sinergias entre distintas instituciones del Estado para combatir la corrupción en la política, hemos suscrito convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y múltiples convenios con instituciones financieras del país, precisamente para (inaudible) la rendición de cuentas.
Por ello, hay que celebrar, creo yo, que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y el INE hayamos refrendado el día de hoy, con esta nueva Carta de Intención la continuidad de la colaboración del trabajo conjunto entre ambas instancias.
Esta Carta de Intención, como ya se ha dicho, reitera el compromiso del INE con el acompañamiento ciudadano en las elecciones y contribuye a generar insumos que eleven el contexto de exigencia en dos sentidos: uno, sobre el desempeño de la autoridad electoral y de los actores de las contiendas y otro, en el seguimiento a la información que se tuna a otras instituciones para contribuir al combate a la corrupción.
Es decir, el combate a la corrupción no es un fenómeno que pueda achacarse o que pueda ejercer una sola autoridad del Estado, es la sinergia entre distintas autoridades en sus respetivos ámbitos de competencia lo que permite que el combate a la corrupción sea eficaz.
Mucho se ha hablado del eslabón electoral en la cadena que constituye, digámoslo así, el contexto de corrupción que aqueja al país, evidentemente el INE tiene una responsabilidad en un ámbito de ese gran conjunto de actuaciones que traslapa atribuciones de una autoridad y que requiere, en consecuencia, la sinergia entre todas ellas.
Creo que la firma de esta Carta de Intención permite elevar el contexto de exigencia respecto del INE, pero también respecto de las otras autoridades que habiendo sido habitualmente informadas que aquello en el INE en el ámbito de sus competencia identifica, tiene la responsabilidad de continuar indagatorias y eventualmente fincar responsabilidades en otros espacios de competencia.
Creo que la continuidad que el CPC, del Sistema Nacional Anticorrupción puede dar a esta conjunción de esfuerzos necesaria para que la corrupción sea efectivamente combatida, es fundamental.
A 20 días de haber iniciado la que volverá a ser la elección más grande y compleja en este caso, de nuestra historia, es de gran relevancia que sumemos esfuerzos para impedir que la corrupción y el dinero de origen ilegal ingrese en las campañas, pero también como se decía, que la actuación de los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno se apegue al principio de imparcialidad que mandata la Constitución.
No hacerlo, es también otra faceta de la corrupción. Es aprovechar el poder público, para intentar incidir en la voluntad de las y los ciudadanos.
Especialmente esto es importante como lo hemos venido sosteniendo. En 2021 no se pondrá a prueba el modelo electoral, ni la capacidad técnica del INE, del Tribunal Electoral o de los OPLE, para organizar con legalidad, imparcialidad y transparencia una elección en la que se renovarán más de 21 cargos públicos en todo el país y en el que estarán involucrados todos los estados en el llamado a las urnas.
En mi opinión, el mayor desafío que enfrentaremos en el 2021 tiene que ver con el contexto, los problemas estructurales de una oceánica pobreza y desigualad, con una inseguridad que parece no tener frenos, el aumento en los feminicidios y las crecientes agresiones que sufren las mujeres en todos los ámbitos.
La intolerancia a la crítica y la polarización intolerante en la conversación pública, el descontento de la sociedad con los partidos y con la clase política y, por supuesto, los efectos disruptivos en términos sociales y económicos de la pandemia retratan el medio ambiente en el que hemos iniciado la elección más grande y más compleja por ello, de la historia.
Por ello, creo que en el contexto 2021 se nos presenta una disyuntiva o se refrenda la madurez de una democracia que se ha venido perfeccionando poco a poco y como decía Rosa María, con muchos faltantes aún por supuesto, durante los últimos 30 años y que ha permitido la convivencia pacífica de nuestro pluralismo y el logro de diversos propósitos como la representación del mismo y la equidad en las contiendas o se acelera la degradación de la vida pública y la erosión del tejido social social exacerbada por la polarización y la intolerancia que se está impulsando en la conversación pública.
En tal sentido, considero que elevar el contexto de exigencia de los partidos y actores políticos, pero también, a las autoridades electorales, para inhibir, impedir y sancionar cualquier acto de corrupción es una contribución muy importante para la recreación de nuestra democracia.
Estoy convencido que las instituciones y las organizaciones de la sociedad debemos sumar esfuerzos para erradicar la corrupción de la política y de las elecciones. La colaboración de las instituciones para acabar con la corrupción debe ser de ida y vuelta para generar de a deveras sinergias.
En el mismo sentido, estoy convencido que en la impartición de justicia y en el combate a la corrupción debe privar la imparcialidad, erradicarse el uso faccioso de las facultades institucionales y evitar que las filias y fobias políticas, tarde o temprano manchen, mermen la convivencia democrática.
Estoy filialmente convencido que la Carta de Intención que hoy suscribimos contribuirá a que la democracia el próximo año se recree y se fortalezca.
Muchísimas gracias.
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