“Covid-19: la responsabilidad democrática”, artículo escrito por el Consejero Ciro Murayama, publicado en la revista Nexos

Escrito por: INE
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La pandemia Covid-19 amenaza a escala planetaria la salud de la humanidad al tiempo que las necesarias medidas de aislamiento social dañan las actividades económicas del mundo. Caen la producción, el comercio y el consumo, lo que se traduce en ventas disminuidas, en menor recaudación fiscal y, lo peor desde el punto de vista social, en la destrucción de puestos de trabajo y pérdida del ingreso familiar con el que subsisten las inmensas mayorías poblacionales.

La doble crisis de salud y económica se presenta en una era de intensa globalización, pero sus efectos, sean inmediatos o de mediano y largo plazos, en buena medida se definirán por las decisiones que cada nación logre adoptar en los planos sanitario y económico. La responsabilidad nacional es intransferible.

En México la combinación de ambas crisis es el mayor desafío que se haya presentado en décadas. Pero ahora disponemos de un sistema político democrático del que carecíamos en otros momentos graves, como cuando estalló la crisis de la deuda en 1982 o la del “efecto tequila” en 1994-95.

A diferencia de entonces, México no tiene más un régimen autoritario de partido hegemónico sino un sistema plural de partidos; se acotó el omnímodo poder presidencial y se hizo realidad la división de poderes; el pluralismo político está presente en los gobiernos de las entidades federativas y con mayor intensidad aún en los ayuntamientos a lo largo y ancho de la república; la alternancia dejó de ser un anhelo para convertirse en una constante (tres cambios de gobierno en la presidencia en lo que va del siglo, índices de alternancia de dos tercios en las elecciones a gubernaturas en el último lustro, cambio de partido en el gobierno en seis de cada diez elecciones municipales); tenemos obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para gobiernos, poderes e instituciones públicas; existen sólidas instituciones autónomas con mandatos específicos —como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía—; los medios de comunicación no se alinean ya a una sola voz ni reproducen un solo discurso sino que reflejan el vasto pluralismo de la sociedad; hay múltiples organizaciones sociales activas en los diferentes ámbitos de la vida del país; contamos con una ciudadanía participativa, exigente. En suma, entre el fin del siglo XX y el inicio de la tercera década del XXI, desde el punto de vista político estamos viviendo la época más democrática que haya tenido México desde su fundación como nación independiente.

Desde esa realidad democrática debería responderse a los desafíos colectivos que impone la pandemia Covid-19. A diferencia de los regímenes autoritarios donde opera la simple mecánica de mandar y obedecer, en democracia la deliberación abierta, plural e incluyente es condición para la toma de decisiones, sobre todo si éstas van a afectar, como ocurre con las que se adopten o dejen de adoptar en los días y semanas por venir, de forma drástica el rostro actual de la sociedad mexicana y mucho de lo que será en el futuro.

A propósito de la crisis actual, el premio Nobel de economía Amartya Sen subrayó los incentivos que sólo la democracia ofrece para que los gobiernos trabajen en defensa del interés público, y recordó a John Stuart Mill cuando advertía que la democracia implica “gobernar a través de la discusión”.

Pero hoy, en México, lejos estamos de ello. Hay que reconocer que en plena crisis sanitaria y ante la evidencia de una severa contracción económica, nuestra discusión pública deja mucho que desear. La maniquea alineación de bandos a favor o en contra del gobierno —o peor aún, del presidente—, la  descalificación del que piensa distinto, la intolerancia rayana en el odio que incendia las redes sociales contra toda opinión discordante, desplazan lo que debería ser un amplio diálogo constructivo que, con todo, la sociedad merece y la realidad reclama con urgencia.

La democracia no sólo consiste en tener gobiernos legítimamente electos: supone división de poderes, pesos y contrapesos, desconcentración del poder y límites al mismo, respeto a las reglas y el funcionamiento de sus instituciones imprescindibles —aunque con frecuencia menospreciadas— como son los parlamentos y los partidos políticos. El ejercicio democrático trasciende a los gobernantes, representantes populares y políticos profesionales: requiere de una amplia deliberación con múltiples voces en distintos foros y a través de medios libres y críticos, así como la participación de distintas organizaciones de la sociedad en la atención de los problemas públicos.

Este escrito busca subrayar la responsabilidad que tienen el sistema político democrático y sus principales actores en la actual emergencia. México no puede, o más bien no debe, enfrentar la crisis en curso bajo un formato y usos y costumbres predemocráticos como viene sucediendo.

Cifras ciertas, verificables y transparentes

Un primer asunto en el que conviene desactivar la espiral de desencuentros tiene que ver con los datos de la pandemia y la gravedad de la misma sobre la salud de la población.

Las cifras no pueden ser sino las oficiales que por atribución y por responsabilidad corresponde generar a las autoridades sanitarias y, en particular, al gobierno federal que tiene la rectoría en materia de salud en el país. Se sabe que en el mundo entero hay distintos problemas para detectar y clasificar el número de contagios, fallecimientos, altas médicas por la enfermedad y que, por tanto, las cifras pueden estar siendo aproximaciones de distinta precisión respecto a lo que ocurre en cada lugar. Si bien no se trata de “creer” en las cifras del gobierno, pues no puede ser un acto de fe, es preciso reconocer que la única manera de dar seguimiento a los hechos es a partir de datos comunes, compartidos y verificables, lo que también quiere decir que las autoridades deben de conducirse con apego a los principios constitucionales en la materia (artículo 26): accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. Hay suficiente masa crítica en México de matemáticos y estadísticos, epidemiólogos y médicos, entre otras disciplinas especializadas, para revisar y mejorar la calidad de la información que publica el gobierno sin que ello implique descalificar sin más las estadísticas oficiales.

Algunos avances se han conseguido pues, por ejemplo, a solicitud de quienes realizan análisis diarios de los datos de la pandemia, se logró que las tablas con la información no sólo se hicieran públicas impresas sino en un formato que permite el tratamiento estadístico de las cifras. A la vez, queda pendiente que las autoridades presenten datos de la capacidad hospitalaria disponible, día a día y con la mayor desagregación posible por región e institución de atención médica.

En democracia se pueden tener lecturas distintas de los hechos, pero no es dable que cada quien “tenga sus datos”. Sin una base de información objetiva y compartida, coincidente entre los distintos órdenes de gobierno, sin hechos constatables, no puede haber deliberación racional que es lo que exige la gravedad del momento.

Lo mismo vale para la economía. Las cifras del INEGI, la institución autónoma que por mandato de ley genera la información económica, no pueden ser ignoradas ni sustituidas por “otros datos”. Tampoco pueden descalificarse las proyecciones sobre el comportamiento de la economía que, también por mandato legal, genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presentar los pre criterios1 o los criterios de política económica. Están ahí, también, las previsiones de acreditados organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que señalan las malas perspectivas de México en los meses por venir. Nunca se ha enfrentado una crisis, y menos aún se ha resuelto, por el método de su negación.

Atendiendo las voces de los especialistas y a la evidencia empírica, sumando opiniones, analizando escenarios, deliberando sin descalificar, es como pueden forjarse los acuerdos para hacer frente a la emergencia.

En democracia no sólo el presidente

México requiere de una estrategia de Estado democrático contra la doble crisis, la de salud y la económica. En esa estrategia tiene la posición clave la presidencia de la República. No hace falta llamar a darle un voto de confianza al presidente López Obrador para encabezar las acciones contra la pandemia y la recesión: ese voto, formal, se lo dio el electorado en 2018. Pero además de obtener la confianza a través en las urnas, la investidura presidencial confiere la más alta responsabilidad para actuar como jefe de Estado, en nuestro caso como jefe de Estado democrático.

La Constitución señala que el actual presidente fue electo para el periodo del 1.º de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. Y si bien el año pasado se incorporó a la Carta Magna la figura de revocación de mandato, tal ejercicio podrá ser convocado al concluir el tercer año de gobierno —diciembre de 2021— para celebrarse, de proceder, en 2022. Así que no tienen fundamento legal los llamados de distintos colectivos en redes sociales pidiendo el cese de funciones del titular del ejecutivo. Se trata de una apuesta irresponsable que, por fortuna, hoy es marginal. (Al momento escribir este texto, el propio presidente sugirió adelantar la revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2021 y si bien esa intención carece de viabilidad —la oposición se negó y se requiere una reforma constitucional—, poco halagüeño resulta que desde la presidencia se abran prematuramente temas propios de disputas político electorales. Durante la emergencia sanitaria, el presidente ha hecho otras dos propuestas que pueden afectar el marco político electoral, como es la idea de reducir el financiamiento público a los partidos o la devolución a los concesionarios de los tiempos oficiales de Estado en radio y televisión. Sería lamentable tomar la emergencia como pretexto para alterar las reglas del juego democrático que han demostrado su valía: financiamiento público transparente y repartido con reglas claras, equidad en el acceso a radio y televisión, y exclusión de los gobernantes de las campañas electorales).

Ahora bien, que la presidencia esté llamada a encabezar la acción del Estado frente a la emergencia no implica que se trate de la única figura con legitimidad popular para proponer, procesar y adoptar decisiones. En las cámaras del Congreso de la Unión se representan la pluralidad política de la sociedad mexicana y el pacto federal. Sin duda, distintas decisiones legislativas serán necesarias para enfrentar el delicado momento en que el Covid-19 nos coloca.

En las elecciones de 2018, los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvieron al congreso la minoría de votos en las urnas (44 %), mientras que los demás partidos reunieron la mayoría del respaldo ciudadano (56 %), lo que fue un claro mandato popular para construir contrapesos legislativos al ejecutivo. En otro espacio he explicado porqué la mayoría de votos se volvió minoría de escaños en las cámaras y viceversa, pero ahora quiero enfatizar que las voces que representan a esa pluralidad democrática expresada en las urnas en 2018 no pueden ser desdeñadas en este momento crítico.

En el congreso, si bien las condiciones actuales dificultan la celebración de sesiones presenciales, el uso de tecnologías hace factible el trabajo de los cuerpos colegiados de ambas cámaras y de la comisión permanente, que deben jugar un importante papel en la definición de la agenda para hacer frente a la doble crisis que se cierne sobre México. Si el congreso renuncia a esa responsabilidad y sesiona únicamente para convalidar iniciativas del ejecutivo —como la ley de amnistía— en los hechos estaremos siendo privados del espacio democrático por excelencia, el parlamento. México vive una emergencia sanitaria, no una cancelación del orden constitucional. El Congreso no puede echar el cerrojo.

Lo mismo vale para el tercer poder, el judicial. La crisis va a hacer necesarias medidas extraordinarias pero éstas no deben comprometer derechos humanos. El rol del Poder Judicial como último garante de los derechos fundamentales es crucial también en esta coyuntura. Salvaguardar, como ya se hizo, los derechos de los migrantes confinados es un ejemplo del tipo de resoluciones necesarias en estos días. Y se han escuchado ya propuestas, como la de de eliminar el pago de aguinaldo a los trabajadores de la administración pública federal que, de sostenerse, pueden afectar derechos laborales básicos. A la vez, la caída en la actividad económica puede disparar los conflictos entre particulares —incumplimiento de contratos o de obligaciones no sólo en el ámbito mercantil sino en el familiar— que hacen necesaria la actividad de jueces y tribunales en los órdenes común y federal, a riesgo de que la justicia por propia mano y la ley del más fuerte ganen terreno.

Las democracias representativas son impensables sin partidos políticos; para decirlo de en una nuez, sin partidos no hay democracia. Los partidos, a pesar del déficit de confianza que registran en distintos estudios de opinión, son en nuestro marco constitucional “entidades de interés público” y no meras agencias de postulación de candidatos a cargos de elección. Por ello, los partidos políticos tienen también responsabilidades que asumir en esta crisis y, como organizaciones de ciudadanos, deberían contribuir a un clima de entendimiento, de pedagogía de conducta política responsable —sobre todo cuando presenciamos actos de indignante anomia social como las agresiones al personal médico—, dejando a un lado, por una vez, su agenda político electoral. Hasta donde se sabe los presidentes de los partidos políticos no se han convocado para discutir colectivamente qué pueden hacer para contribuir a enfrentar la emergencia desde sus distintos ámbitos de responsabilidad: gubernaturas, presidencias municipales, regidurías, Congreso de la Unión y congresos locales. Es preocupante la ausencia de deliberación política democrática que, en general, están protagonizando los partidos. Entre las excepciones pueden identificarse el llamado de los gobernadores de Acción Nacional para implementar un programa económico de emergencia, el documento del grupo Pensando en México del consejo ciudadano de Movimiento Ciudadano, así como la propuesta del presidente de Morena para un “Acuerdo de unidad y solidaridad nacional”. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado una reflexión interpartidista.

El vacío de política democrática durante la emergencia sanitaria en México no es tanto un problema de diseño institucional, sino que es un déficit de cultura democrática en los actores políticos de mayor responsabilidad.

Más allá de los partidos

Organismos empresariales representativos,2 colectivos de economistas de diferentes corrientes del pensamiento de la disciplina, prestigiosas personalidades, han formulado propuestas para hacer frente a la recesión económica3 y han solicitado al presidente que se convoque a un amplio acuerdo nacional para proteger el empleo y el ingreso de la población trabajadora. Ninguna de esas convocatorias ha encontrado eco. Es paradójico que aun en la época del presidencialismo con facultades metaconstitucionales, se convocara a los actores económicos a suscribir pactos que las condiciones exigían, como fue el pacto para el control de la espiral inflacionaria en los años ochenta.

La ausencia de respuesta a los llamados a diálogo un real y constructivo ha dejado vía libre a distintas manifestaciones que no pueden sino calificarse como inquietantes para el presente y el porvenir. Por ejemplo, la idea de romper el pacto fiscal, esgrimida por cuatro gobernadores de entidades de alta actividad industrial (Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas), puede lesionar los mecanismos de solidaridad fiscal que, con todo, tiene un país tan desigual regionalmente como México.

Lo anterior no obsta para dejar de reconocer la escasez de sensibilidad y atención del ejecutivo federal a las necesidades de los estados. Convocar y fortalecer los trabajos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y, desde ese espacio institucional, proponer soluciones incluyentes antes que la autoexclusión de los acuerdos fiscales de la república, puede ser una vía más constructiva. Porque, en efecto, México carece desde hace décadas de un acuerdo en lo fundamental que permita dejar atrás la penuria fiscal y dé paso a una recaudación y unos niveles de gasto e inversión públicos mínimamente acordes con las dimensiones geográficas y demográficas del país.

También resulta inquietante el llamado a la desobediencia fiscal por parte de ciertos sectores empresariales. Apostar por el incumplimiento de la ley sólo hace más frágil el Estado de derecho. Y de nuevo, sin embargo, la evidencia muestra que mientras el grueso de las naciones está tomando medidas de apoyo a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas para preservar el empleo —por ejemplo se pospone el pago de impuestos y de contribuciones a la seguridad social e incluso se dan subsidios para cubrir costos siempre y cuando no se despida a trabajadores—, en México la respuesta gubernamental ha sido no aplicar medidas extraordinarias ante una situación económica tan extraordinaria como ominosa.

Empresarios, gobierno y sindicatos no pueden prescindir del diálogo social en este momento. Son ellos, los actores económicos, quienes deberían de procurar los acuerdos que, en primer lugar, reviertan la destrucción del empleo formal que ya comenzó a ritmo acelerado. Antes de la crisis del Covid-19, sólo cuatro de diez trabajadores mexicanos eran formales; dejar que el mercado, es decir que la contracción de la demanda, “ajuste” a la baja la ocupación formal puede generar daños duraderos sobre el ingreso y la de por sí precaria seguridad económica de la mayoría de las familias.

Desde hace años el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo propuso que México cuente con un Consejo Económico y Social, similar a los que operan en la Unión Europea, para generar un espacio institucional donde los distintos agentes de la economía se encuentren y busquen coincidencias. La creación de ese consejo puede ser una de las tareas a las que se avoque el congreso para contribuir a una deliberación sustantiva de cara a la crisis actual.

El grueso de los trabajadores labora en la informalidad y van a ser necesarias también, para amplios sectores de la población, transferencias de recursos. El presidente ha puesto énfasis en este tipo de medidas como parte de su política social y, vista la prolongación del aislamiento y la contracción de las actividades de servicios —donde se ocupa la mayoría de los informales—, va a ser necesario ampliar los apoyos monetarios y en especie.

México tiene una amplia experiencia en la operación de programas sociales y algunos de ellos han sido evaluados de manera favorable por las agencias internacionales para el desarrollo. No obstante, varios de los programas sociales más robustos y eficaces, junto con sus reglas de operación, fueron desaparecidos en la presente administración, lo que puede hacer menos factible que los recursos lleguen a la población necesitada cuando más se requieren. Recuperar la institucionalidad de la política social, que es un mandato de la Ley General de Desarrollo Social, se antoja un imperativo para hacer frente de mejor manera a la pandemia y sus efectos. De nuevo, el papel de control del Congreso sobre las acciones gubernamentales es indispensable.

Si bien no hay actor político o económico en México que no coincida en la necesidad de proteger la salud de la población, el empleo de los trabajadores y el ingreso de las familias, el consenso en esos fines debe volverse acuerdo en medidas concretas y explícitas para decidir cómo se protege el empleo y se movilizan apoyos para la protección de la población más desfavorecida. Y, algo más, que condiciona la viabilidad de cualquier estrategia que pueda mitigar las crisis, ¿de dónde y por qué monto se obtendrán los recursos necesarios para ampliar las capacidades del sistema de salud y para inyectar recursos a la economía?

Como en ningún otro momento, la política económica debería de ser abierta, documentada e incluyentemente discutida.

La democracia mexicana vive el mayor de sus desafíos: demostrar que es un sistema político que puede ofrecer alternativas para enfrentar las crisis en curso. Si en vez de la voluntad de inclusión, de la tolerancia, del reconocimiento del federalismo y del pluralismo, de la sensibilidad a argumentos e intereses distintos, de la vocación de consenso, persisten la negación de los hechos, la obstrucción de los canales de comunicación política, la descalificación de los llamados al diálogo y al acuerdo, no habrá política de Estado democrático ante la crisis, y puede que no haya política de Estado a secas. En ese caso, a las crisis sanitaria y económica habrá que sumarle otra, que sí pudo ser evitable, pero que ya asoma también con una capacidad de destrucción mayor sobre el horizonte mexicano: la crisis política.