Número: 343
Los últimos procesos electorales en México han significado, para millones de mexicanas y mexicanos, la posibilidad de ejercer con entera libertad el derecho a elegir a sus autoridades y, con ello, permitir el mayor número de alternancias posibles en la historia moderna del país.
Ha sido el voto de la ciudadanía –y nada más que el voto- el mecanismo por el cual los partidos políticos han podido acceder al poder público o han dejado de tenerlo. Ese es el juego político que permiten las reglas democráticas construidas a lo largo de las tres últimas décadas.
La realización de elecciones en todo el país, supone la puesta en marcha de un engranaje que no inicia ni termina el día de los comicios –son procesos que arrancan al menos con diez meses de anticipación y en el ínter hay miles de actividades permanentes, como la entrega de millones de credenciales para votar, la atención de miles de quejas y litigios, la fiscalización del gasto de los partidos políticos y el monitoreo de radio y televisión, por mencionar algunas-, e involucra a una estructura profesional y a cientos de miles de personas que con talante democrático y enorme compromiso con el país, reciben y cuentan los votos.
El INE es la institución ciudadana que da cauce a la correcta organización de los comicios y facilita a esos miles de ciudadanos y ciudadanas el cumplimiento de su deber el día de las elecciones. La fórmula ya clásica para definir a la democracia es: certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. En el caso mexicano, ambas se han cumplido a cabalidad. Como hemos sido testigos, desde la fundación del Instituto Nacional Electoral, nadie ha podido anticipar el resultado de los comicios.
Por todo ello, es lamentable la reciente andanada en contra del Instituto y de quienes –consejeras y consejeros- lo dirigen. Específicamente, lamentamos y rechazamos la reciente iniciativa legislativa que busca disminuir, sin sustento racional, la duración de la Presidencia del Consejo General, para poner un supuesto nombramiento rotativo del Consejero Presidente, al servicio de los vaivenes políticos en la Cámara de Diputados.
La razón para contar con una Presidencia del Consejo General del INE por nueve años, estuvo basada en una lógica transexenal de garantizar que ese nombramiento —producto del consenso de las fuerzas políticas— no respondiera a la lógica de los ciclos electorales. Hoy se busca la disminución de ese periodo para afectar la conducción del árbitro electoral, lo que atenta directamente contra su autonomía. Hay que repetir el argumento ad nauseam: un árbitro independiente y autónomo es la mejor garantía para la recreación en paz de la democracia. De renovarse la Presidencia cada tres años, a la víspera de cada proceso electoral federal, cambiaría la conducción del Instituto, lo cual desestabilizaría y sometería el proceso a una carga política adicional por el nombramiento.
Lo decimos sin ambages: esta iniciativa de decreto, como otras presentadas recientemente en la misma lógica, son una clara e injustificada intromisión en la vida interna del Instituto y una flagrante violación a la autonomía del INE plasmada por el propio Legislativo en la Constitución Política del país.
Las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada del Instituto Nacional Electoral –algunos de los cuales tenemos más de 20 años trabajando en la institución-, rechazamos esa iniciativa y reivindicamos la labor profesional y el compromiso democrático de las y los consejeros electorales.
Corresponde a la Junta General Ejecutiva del INE, entre otras cosas, coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del Instituto, y coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas. De ahí que resulte preocupante un eventual rompimiento de la continuidad de la función institucional. Por ello, consideramos que la iniciativa señalada pone en riesgo la independencia e imparcialidad con que se debe conducir la autoridad electoral.
Exhortamos a los legisladores que conforman el Congreso de la Unión y las 32 legislaturas locales a analizar detalladamente las implicaciones de una reforma constitucional de esta magnitud que, de prosperar, significaría un retroceso en la certidumbre de las reglas vigentes y, por tanto, en la confianza en los resultados electorales.
- Rubén Álvarez Mendiola / Coordinador Nacional de Comunicación Social
- Cecilia Azuara Arai / Directora de la Unidad de Transparencia
- Patricio Ballados Villagómez / D.E. de Prerrogativas y Partidos Políticos
- Roberto Cardiel Soto / D.E. de Capacitación Electoral y Educación Cívica
- Manuel Carrillo Poblano / Coordinador de la Unidad de Asuntos Internacionales
- Daniela Casar García / Directora del Secretariado
- Carmen Colín Martínez / Encargada de despacho de la D.E. de Organización Electoral
- Carlos Ferrer Silva / Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral
- Edmundo Jacobo Molina / Secretario Ejecutivo
- Rafael Martínez Puón / D.E. del Servicio Profesional Electoral Nacional
- Gabriel Mendoza Elvira / Director Jurídico
- René Miranda Jaimes / D.E. del Registro Federal de Electores
- Bogart Montiel Reyna / D.E. de Administración
- Carlos Morales Domínguez / Encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización
- Mónica Páez Villa / Encargada de despacho de la Unidad de Género y No Discriminación
- Miguel A. Patiño Arroyo / Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales
- Jorge Torres Antuñano / Unidad Técnica de Servicios de Informática
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