121119_AUDIO Y VE_INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INE, JAIME RIVERA VELÁZQUEZ-FORO NACIONAL ENFRENTANDO LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES PARA GARANTIZAR LA #PARIDADENTODO
Gracias a todos.
Muy buenos días a todas, a todos.
En nombre del Instituto Nacional Electoral agradezco la invitación y la, sobre todo, la organización de este Foro para enfrentar la violencia política contra las mujeres, y para garantizar la paridad en todo.
Para mí y para el Instituto Nacional Electoral, en su conjunto, es un honor participar en este foro, por el compromiso que este Instituto ha tenido y demostrado desde hace muchos años, aun cuando existía como Instituto Federal Electoral, con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y, sobre todo, por la ampliación de los derechos políticos que, es una de las condiciones de la democracia del siglo XXI.
No puede haber una democracia auténtica cuando la mitad, o algo más de la mitad de la población, puede, se encontraba, se encuentre en condiciones de desventaja de exclusión, o simplemente, con restricciones de participación en la vida política y de representación política simplemente por razones de género.
Se ha avanzado mucho en este camino, pero hay mucho todavía por avanzar y por construir.
Esta participación que me ha encomendado el Instituto Nacional Electoral para mí representa también un refrendo personal, demostrar que los asuntos de los derechos, relacionados con los derechos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y su derecho a una representación política plena, ahora, conforme al principio de paridad, no es un asunto que incumba sólo a las mujeres, no, es una cuestión y un deber que involucra a toda la sociedad y, como se ha demostrado, sólo en la medida que los esfuerzos de las mujeres y de los hombres se unen para este fin podemos tener avances muy significativos.
La inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y pública es uno de los grandes avances de la democracia en el siglo XXI.
Los sistemas políticos representativos, para serlo, deben incluirlas. Esto parecería un razonamiento lógico, casi obvio, pero ha sido necesario introducir mecanismos para garantizar que así suceda, después, además de que se han producido grandes cambios sociales y una serie de medidas legislativas y reglamentarias para fortalecer este impulso.
La demanda por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres se inició en la arena electoral. Las Sufragistas a principios del siglo XX demandaban su derecho al voto y, al hacerlo, encontraron resistencias en las élites políticas y en la ciudad. Vencer esas resistencias ha requerido persistencia, imaginación y paciencia. Un siglo después, el balance les favorece, aunque todavía hay disparidades inocultables.
En los últimos 14 años en México, bueno, de hecho, a nivel mundial, en los últimos 14 años se ha más que duplicado el porcentaje de mujeres en parlamentos a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria ha pasado de 11 a 24 por ciento.
En nuestro Continente el saldo ha sido aún de mayor magnitud, se incrementó casi 2.5 veces al pasar de 13 por ciento en 1995 a 31 por ciento en 2019.
Luego de la elección de 2018 México se colocó como el cuarto país con mayor porcentaje de mujeres en el parlamento, México en ese terreno ha avanzado en los últimos años de una manera muy acelerada y esto debemos apreciarlo, festejarlo y, sobre todo, defenderlo para que, no se frene y para que no se elude en su cumplimiento.
Infortunadamente el incremento en la representación ha tenido como correlato indeseado el incremento en la violencia política contra las mujeres. Líderes partidistas, adversarios políticos, incluso comunicadores y funcionarios públicos han ejercido a veces algún tipo de violencia contra mujeres que disputan o ejercen algún cargo público.
Estas conductas van, desde presiones para ceder candidaturas o ceder espacios de representación popular ya ganados y, también, ha habido descalificaciones, ofensas y amenazas.
Estas agresiones tienen que ser sancionadas para evitar que se naturalicen y sean percibidas como el costo intrínseco de la participación. Pareciera que, cuando las mujeres ganan presencia en el espacio político quedan expuestas a la violencia política como una expresión de resistencia y de inercias ancestrales de exclusión y de predominio patriarcal.
En 2018, el Instituto Nacional Electoral tomó una serie de medidas para fortalecer la participación política de las mujeres; algunas fueron dirigidas a evitar que se les colocara en lugares con pocas probabilidades de triunfo, tanto si se trataba de postulaciones por el Principio de Mayoría, como si se trabaja de la Representación Proporcional.
También en 2018 el Instituto atendió agresiones contra candidatas por su condición de género; esto quiere decir que muchas mujeres candidatas, en campaña, recibieron descalificaciones basadas en estereotipos, cuestionando su capacidad de gobernar por el hecho de ser mujeres. Cuestionando también sus méritos y capacidades para ejercer el cargo.
Quizá el caso que tuvo más difusión pública fue uno que ocurrió en Puebla, en el que dos adversarios atacaron a la contrincante con mayores posibilidades de triunfo: una mujer, Martha Érika Alonso.
Los oponentes centraron su campaña en desacreditar características personales de la candidata, particularmente su matrimonio, por lo que el Instituto decidió aplicar medidas cautelares para defender la difusión de propaganda y de comentarios injuriosos.
Ese tipo de materiales, cito la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese tipo de materiales, de argumentos, niegan la individualidad y personalidad de la candidata como una mujer con visión y proyecto propio para el cargo, independientemente de la filiación política de las mujeres que participan en la competencia electoral, el Instituto Nacional Electoral está comprometido a defender su integridad, el respeto que merecen y a evitar cualquier forma de discriminación o de violencia verbal basada en estereotipos, en prejuicios y en exclusiones.
Otros casos relevantes fueron por comentarios en medios de comunicación que descalificaron a candidatas por aspectos de su vida personal y ésta es una constante, a menudo a las mujeres no se les descalifica por su desempeño en el ámbito público, sino por aspectos de su vida privada y, hay que decirlo, esto es mucho más frecuente en contra de las mujeres que en contra de los hombres.
Las mujeres aquí presentes sabrán que estas conductas son más recurridas de lo que quisiéramos y tienen que ser denunciadas y combatidas si queremos garantizar la paridad en todo; sin embargo, muchas de las denuncias que se presentan no concluyen en sanciones, debido a la falta de normas específicas para tipificar estos delitos.
Este es un pendiente que se aborda en este foro y confiamos en que deberán salir normas más específicas, mecanismos de comunicación y de coordinación interinstitucional para hacer efectivas esas normas que protegen a las mujeres de la violencia política, pero que tienen que traducirse en acciones, en políticas, en normas y en mucha vigilancia para hacerlas efectivas.
Quiero concluir con una invitación que nos propone Mary Beard, “si las mujeres no son reconocidas en las estructuras del poder, lo que necesitamos entonces es redefinir al poder, no a las mujeres”.
Redefinamos entonces un poder inclusivo y plural que refleje en su composición la riqueza y diversidad de la sociedad mexicana.
Espero que en este foro se planteen alternativas viables y efectivas para redefinir las estructuras del poder en México.
Enhorabuena, muchas gracias.
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